OPINIÓN
¿Qué hacemos con las redes sociales?
Opinión, por Armando Morquecho Camacho //
La privacidad ha muerto y las redes sociales la mataron. Definitivamente, las redes sociales han tenido un gran impacto en nuestras vidas en los últimos años. A través de ellas, se ha construido una generación interconectada en todos los sentidos.
Tan es así, que la semana pasada me encontraba, a través de twitter, intercambiando ideas acerca de la estrategia global para enfrentar la pandemia con Fran Carrillo Guerrero, político español Portavoz Adjunto de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía. Definitivamente, hace 20 años, nadie se imaginaba que algo así pudiera darse, sólo se veía en los supersónicos como algo que jamás pudiera ocurrir.
Para bien o para mal, las redes sociales han cambiado la manera en la que nos desarrollamos e incluso la manera en la que pensamos y opinamos acerca de ciertos temas. Esto es para bien o para mal, porque con ellas y en general, a través de toda la red, se puede encontrar un mundo oscuro que se ha prestado para un sinfín de prácticas ilegales que van desde la pornografía infantil y la venta de órganos, hasta la creación de campañas digitales que buscan difundir el odio y el rencor para consolidar proyectos políticos en diferentes territorios.
Sin lugar a dudas, la influencia de las redes sociales y el mundo digital en la vida política y la toma de decisiones de los ciudadanos alrededor del mundo, hacen que su manejo y regulación se conviertan, junto con el cambio climático, en uno de los retos del milenio.
Pero la regulación y el manejo de las redes sociales hasta la fecha es un tabú, ya que, una excesiva regulación puede convertirse en una política autoritaria para limitar la libertad de expresión, tal como sucede en China, donde existe un control total del Estado sobre todos los medios de comunicación, o tal y como sucedió durante la Primavera Árabe, cuando los gobiernos comenzaron a controlar y limitar lo que se difundía en redes sociales para que no se expusiera las atrocidades cometidas contra los manifestantes.
Para hacerle frente a los retos del milenio no solamente necesitamos voluntad política, también necesitamos tener la capacidad de construir políticas públicas con una perspectiva global que nos permita tomar tanto lo mejor, como lo peor del primer mundo, esto para tener un claro ejemplo de qué hacer y qué no hacer.
Y si bien es cierto que este tema es un tabú por todas las implicaciones que tiene, también es cierto que el miedo a limitar la libertad de expresión, no puede ser un pretexto para no atender el problema, nadie dijo que para regular, y proteger la libertad y privacidad de la ciudadanía, sea necesario limitar la libertad de expresión – pareciera que este tipo de temas solo sirven para proyectar las verdaderas intenciones de nuestros legisladores- Trabajar por regular esta gran herramienta, tiene finalidad de contener su uso y abuso para fines comerciales de propagación de información falsa, exacerbación del odio entre comunidades y evitar la venta y difusión indebida, sin consentimiento y sin límites de los datos personales de millones de usuarios.
Los retos del milenio, reflejan que necesitamos legisladores y políticos con otro chip, y como lo dije la semana pasada, ya no basta con entregar despensas, nuestros políticos tienen que comenzar a entenderse como parte de un todo, deben entenderse como factores de cambio dentro de un mundo que está en constante revolución. Por eso el 21 y el 24 serán fundamentales, porque podemos impulsar un cambio generacional.
El caso de Cambridge Analytica, sobre el cual profundizaré más la siguiente semana, y su influencia en el Brexit y la elección de Donald Trump debe de prender focos rojos en los gobiernos del mundo entero, ya que ahora, no solo nos debe de preocupar que el Estado influya en los procesos electorales, también nos tiene que preocupar que empresas dedicadas al manejo y creación de campañas digitales influya en las elecciones y altere la libertad de elección de la ciudadanía durante las votaciones haciendo uso del odio y el miedo.
Ciertamente, antes de hablar de cómo podemos construir una regulación eficiente de las redes sociales debemos tener muy presente todo lo que se acaba de mencionar, ya que últimamente, a los políticos les sobran razones para construir proyectos autoritarios y no queremos darles un pretexto más para que lo sean. Pero, por otro lado, en este caso, como en el del cambio climático, no tenemos que perder de vista que sí hay mucho trabajo por hacer; es la democracia, la privacidad y la libertad de expresión lo que está en juego.
¿Cuál es el reto?
Dar el primer paso y comenzar con un proceso de reflexión para poder generar leyes que sean capaces de mantener un equilibrio y la bondad de los medios electrónicos. Este trabajo le toca a nuestra generación.
MENSAJE:
Entramos al mes patrio y en estas fechas tenemos que recordar el valor de la democracia y la libertad, por ello, a lo largo de este mes, aprovecharé para reflexionar un poco acerca de los retos que enfrenta la democracia moderna y espero poder crear un espacio de reflexión para mis nuevos y fieles lectores.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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