OPINIÓN
Reforma fiscal
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Como es obligación del Presidente, en días pasados, se envío a la Camara de Diputados el llamado “Paquete Fiscal” para el ejercicio 2021, el cual solo contempla herramientas para fortalecer una fiscalización, que en algunos casos pareciera más terrorismo fiscal que el cumplimiento voluntario de esa obligación, que como deber de solidaridad del pago de impuestos tenemos los mexicanos.
Sin embargo sus proyecciones parten de cifras casi imposibles de alcanzar, con el estado en el que se encuentra nuestro país. En ese documento estiman que el crecimiento económico para 2021 estará entre 3.6% y 5.6%, utilizando para sus cálculos un crecimiento del 4.6% con una inflación de solo el 3%.
Así mismo proyectan el precio del barril del petróleo en 42.1 dólares (USD) por barril y se estima un incremento gradual en la tasa de Cetes a 28 días, para ubicarla en 4.75% en 2021,(congruente con la política del Banco de México).
En cuanto al tipo de cambio su promedio anual se estima en 22.1 y 21.9 pesos por dólar para el cierre del año. Si el Presidente sigue atacando a la Iniciativa Privada y dividendo a los mexicanos y apoyando a Pemex en la forma en que la operan actualmente, jamás se lograrán esas metas.
Para evitar mayor fuga de capitales se reduce la tasa del Impuesto sobre Intereses del 1.45% actual al 0.97% que deberá retener el sistema financiero a las personas físicas durante 2021. Este año se adicionó la “regla general antiabuso”, a través de la cual pretende combatir actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y generen beneficios fiscales a los contribuyentes, pero ahora eliminan la parte en que dichas estimaciones o “efectos fiscales” como les llaman, no tendrían consecuencias o efectos en el ámbito penal, supuestamente para evitar que sea utilizado indebidamente en perjuicio del erario federal en las investigaciones penales seguidas tanto por operaciones simuladas como por defraudación fiscal, situación falsa, ya que el delito de defraudación fiscal es completamente diferente a una reclasificación de operaciones que en materia fiscal será muy difícil de realizar con éxito por parte del fisco y que solo genera inseguridad jurídica en lo penal, no deben existir delitos en base a estimaciones y menos presunciones cuando las operaciones que se pretenden desestimar son reales.
Si usted planea realizar una escisión de su empresa, le recomiendo efectuarla antes de que finalice el año ya que si ésta da lugar a partir del próximo año a la creación de conceptos o partidas que no existían antes de la escisión a las sociedades escindidas, se considerara como enajenación aunque se cumplan la totalidad de requisitos que actualmente establece el Código Fiscal.
Asimismo se plantea el uso del buzón tributario para el envío a los contribuyentes, por parte de SAT de “mensajes de interés”, incluso hasta a los celulares de los contribuyentes, solo que no se aclara, de que naturaleza serán estos mensajes de interés, y cuando estamos por entrar en una etapa electoral da terror que quieran utilizar el buzón tributario para hacer grilla barata, disfrazada de logros fiscales o el envío de amenazas veladas.
Se adiciona que el aviso que presenten las personas morales al Registro Federal de Contribuyentes deberá incluir la información de sus socios, accionistas o asociados, y ademas la información de aquellas personas que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o la legislación bajo la cual se encuentre constituida la sociedad; información que deberá presentarse cuando exista alguna modificación o incorporación de los mismos.
Dos situaciones que se consideran una practica inconstitucional es que se pretenda, en el caso de medidas de apremio y en lo que respecta al aseguramiento precautorio, extender la aplicación de dichas medidas no solamente a los contribuyentes o responsables solidarios, sino también a los terceros relacionados con los mismos, a fin de evitar que dichos terceros se resistan al desarrollo de las atribuciones de la autoridad por lo cual permitirá a la autoridad allegarse de la información que resulte necesaria para conocer la situación fiscal del contribuyente revisado, el cual podrá efectuarse hasta por la tercer parte del monto de las operaciones, actos o actividades que dicho tercero hubiera realizado con el contribuyente o responsable solidario, o del monto con el que la autoridad pretenda comprobar con las solicitudes de información o requerimientos dirigidos a éstos.
Se incorpora el uso, de herramientas como pueden ser cámaras fotográficas y de video, grabadoras, teléfonos celulares u otros, (incluso Drones) que permitan recabar información que sirva de constancia de los hechos detectados por la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades. Es pésima forma en que está redactada dicha facultad, pudiendo provocar una grave intrusión a la vida y posesiones de las personas.
En el resto de leyes fiscales hay cambios de naturaleza eminentemente recaudatoria. Pronto invitaremos a la comunidad a la tradicional conferencia de Reformas Fiscales del CUCEA de la UdG, donde reconocidos especialistas hablarán de estos temas.
En otro tema, que gran pérdida de oportunidad de Manuel Andres López Obrador (MALO) al hablar, mediante un video ante cientos de jefes de estado en la Asamblea de las Naciones Unidas al celebrar los 75 años de su fundación, degradando su participación a una “mañanera” mas, invocando a Mussolini quien fue un dictador fascista pro Nazi, diciendo que Miguel Hidalgo y Costilla y José Maria Morelos fueron los primeros en abolir la esclavitud (ya le ganamos a la Revolución Francesa) y lo peor, que: “había un avión presidencial, existe todavía, pero está en venta. Ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo” (qué gran mensaje al mundo) Su mensaje dejó entrever que se siente al nivel de Hidalgo, Juárez y otros héroes más. ¿Qué, el canciller Ebrad no le puede sugerir evitar estos ridículos mundiales? Apenas se estaba olvidando la de Rocío Nalhe con los árabes en la OPEP. La verdad da pena ajena nuestro Presidente.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
