OPINIÓN
Poder Judicial del mariachi
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
El Poder Judicial del Estado de Jalisco, es un poder teóricamente autónomo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y el encargado de la impartición de justicia en el Estado a través de los juzgados de primera instancia ubicados en la Ciudad Judicial en el municipio de Zapopan, del Supremo Tribunal de Justicia y del Instituto de Justicia Alternativa; el correcto funcionamiento de estas instituciones de impartición de justicia e interpretación de la ley, permiten que una sociedad lleve a cabo de manera general y práctica el ejercicio de sus derechos y la actividad jurisdiccional del país, es de este supuesto de donde debería brotar una imperiosa necesidad de quienes son parte de la judicatura en este Estado de actuar con la debida congruencia y absoluta empatía a los ciudadanos.
En este sentido, nuestros juzgados de primera instancia alojados en el complejo llamado Ciudad Judicial del Estado de Jalisco, están causando un perjuicio en la actividad jurisdiccional. La táctica implementada para la atención al público en estos tiempos de pandemia y cuidado de la salud pudo ser precisa cuando los jaliscienses vivíamos una situación de encierro citado como cuarentena, en el que la atención por citas en línea hubiera sido útil, pero permanecieron cerrados casi cuatro meses, para abrir bajo el sistema de citas en línea que de hecho es una manera de asistir a los juzgados que debe permanecer.
Desde hace casi dos meses que Jalisco funciona a un 70% de operatividad, por lo que la activación de los sistemas judiciales es vital y una ineludible obligación del Consejo de la Judicatura, buscar la efectiva y real atención general de los juzgados en Jalisco, resulta sorprendente que todo en Jalisco se encuentre abierto de lo privado a lo público y la Ciudad Judicial con solo un sistema de citas en línea que logra en 5 días saturar la agenda de un solo juzgado de lo familiar hasta por dos meses.
Actualmente la situación de pandemia por Covid-19, ha vuelto el sistema judicial en Jalisco más ineficaz de lo que ya era y prácticamente inactivo, casi blindado por lo menos para la sociedad y para los postulantes del derecho independientes, es un nicho del que sólo reciben eficiencia y atención aquellos grandes corporativos o despachos que a su vez pertenecen a los ex magistrados, ex jueces, políticos o académicos, pero la población en general deseosa de reactivar sus cuestiones judiciales o de ejercer sus derechos u obligaciones, tiene que esperar y sacar una cita en línea o presentar demandas por el mismo sistema, de esta estrategia corta no han salido aún sabiendo que se está generando un cuello de botella, es increíble que no se examinen diversas opciones para generar su labor y satisfacer a la sociedad, son servidores públicos no son sector privado su trabajo y servicio es para la ciudadanía, pero actúan como grupo de poder.
Es de vital importancia que el Consejo de la Judicatura y su presidente Ricardo Suro Esteves, observen las condiciones en las que se encuentra el servicio al público y la atención del Poder Judicial.
También deben encontrar más de dos formas que permitan que los ciudadanos consigamos atender de los juicios y propósitos judiciales necesarios, sin que se arriesgue al personal de juzgados ni a los que precisan del servicio, incorporar formas suficientes como la aplicación de tecnologías, vía correo electrónico para notificación e informes de estado procesal de un juicio, video conferencias para el desahogo de cierto tipo de audiencias, sistema de fichas para asistencia presencial limitada en aforo por día.
Así constan una gran cantidad de estrategias implementadas en tiempo de pandemia por otros poderes judiciales y pensados a favor de la sociedad, porque al parecer revisar un expediente o presentar tres demandas en Jalisco el día de hoy nos arrogaría una cita aproximada para finales del mes de noviembre por cuestiones sanitarias y de salud, pero festejar con mariachi al interior de un juzgado, eso es más fácil requiere solamente de una gran ocurrencia que después se acompaña de una justificación planeada de último momento y por necesidad de cambiar el reflector mediático invocado, argumentando falazmente que el motivo fue el día del servidor público según el sindicato de trabajadores del Poder Judicial.
Sin embargo, producto de las múltiples carencias que nuestra sociedad debe soportar respecto de nuestro sistema político y gubernamental, también debemos incorporar a nuestro sistema judicial inoperante, lento e insatisfactorio y es que la realidad de la actividad judicial y la función pública han sido durante décadas sobre escándalos de corrupción e impunidad, secuestro o sometimiento de otros poderes quizás como muchos en el país, pero en este caso corresponde levantar la voz cada vez que sea necesario la sociedad y su exigente participación debe ser constante acorde con la realidad de hartazgo que vivimos.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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