OPINIÓN
Repensar a México
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
La pandemia que tiene paralizado a México y buena parte del mundo ha hecho monotemática la conversación pública. Ha exhibido las limitaciones del sistema de salud y el ingobernable carácter del presidente de la república, para quien no existen normas ni disposiciones que impidan que haga lo que a su soberana voluntad se le antoje y acomode.
La displicencia con la que ha enfrentado esta emergencia nacional, que le ha “quedado como anillo al dedo” para consolidar la cuarta transformación, obliga a pensar seriamente sobre la salud mental del mandatario, pues obsesionado como está por sus atavismos, parecen importarle poco las muertes de mexicanos y la enfermedad de miles con tal de consolidar su proyecto político, mismo que, por la ambigüedad de su discurso, la incoherencia de sus acciones, la falta de reglas y seguimiento de sus programas, tiene a la sociedad en creciente incertidumbre y desconfianza.
Desde el poder nos han dicho que estamos en una cuarta transformación, sin explicar en qué consiste o cuando menos describir la utopía. Si vamos a cambiar el régimen republicano, democrático, representativo, ¿por cual será sustituido? ¿Será un cambio gatopardiano? Si vamos a cambiar el régimen de economía mixta y libertad económica, ¿cuál será el modelo siguiente?, ¿estatismo, socialismo u otro? Si vamos a cambiar el régimen actual de representación democrática representativa, ¿será sustituido por uno de democracia participativa como lo esbozan en las “consultas populares” realizadas? ¿Vamos a cambiar el sistema de impartición de justicia por otro en el que no importe la ley sino el concepto de lo justo, a juicio de la plebe, no de los jueces? Las decisiones de infraestructura y muchas más de gobierno ¿serán decididas a mano alzada como ha sucedido ya en algunas ocasiones?
Hasta el momento, todas las señales de cambio, incluso el concepto de cuarta transformación salen de un solo mensajero: el presidente de la república, a cuya voz se mueve el Congreso, el gabinete y hasta “el tigre” que alguna vez amenazara soltar en una reunión de banqueros.
Iván Krastev, politólogo búlgaro, citado por Jean Meyer en “El Universal” (29/03/20) argumenta que la revolución de la comunicación inmediata ha ocasionado que pasemos de una república de ciudadanos a una república de “fans”, y añade, que los populistas cuando tienen el poder, se comportan psicológicamente como víctimas, como si estuvieran en la oposición: “si eres víctima puedes comportarte como villano”
Se entiende tal vez por eso su permanente afán de polemizar y descalificar opiniones divergentes, sus desplantes populistas y decisiones desconcertantes, que parecen llevar al país al vaivén de su talante y temperamento, dando lugar no solo a la incertidumbre, sino también a la expectación paralizante y hasta la alarma.
Antes de la aparición de la pandemia COVID19, la economía ya presentaba indicadores alarmantes. Todo un año sin crecimiento y pronósticos negativos, para 2021 ya son indicios de que es necesario revisar no las acciones sino todo el proyecto (si existe) que engloba la llamada “cuarta transformación”.
Revisar las contradicciones del régimen que se define humanista pero desdeña las demandas femeninas, que dice promover valores pero entrega la educación a una corriente sindical que carece de ellos, que dice combatir la corrupción pero impera el desorden y la arbitrariedad en las compras del gobierno, que dice que nada fuera de la ley todo por la razón y el derecho, pero utiliza la justicia para revanchas e intereses políticos.
Se han presentado ya, por la Secretaría de Hacienda, los pre-criterios económicos sobre los cuales se elabora el presupuesto 2021, para que la Cámara de Diputados discuta el proyecto de presupuesto a partir de septiembre. Sus estimaciones, fueron puestas en duda, y desconocidas por el presidente, pues reconocen que habrá disminución en la recaudación, reducción de los ingresos petroleros, y crecimiento negativo del PIB, condiciones que niega el mandatario y se aferra a hacer del petróleo palanca de desarrollo.
Es tiempo de dejar atrás concepciones ideológicas y trabajar con bases reales para que los recursos, que serán escasos, vayan a satisfacer las necesidades de las familias mexicanas y no los apetitos políticos de un cambio de régimen, centrado en la concentración del poder en el ejecutivo y en la dominación de las estructuras democráticas por una hegemonía partidista.
La visión de un México en el que solo existe una verdad, la del presidente, no es el camino para escribir una nueva historia producto del delirio de quien construyó su propio mito a fuerza de falacias. La realidad de México no es dual, no son solo pobres y ricos los que viven en este país y no es tampoco una visión clasista la que corresponde a un gobierno del siglo XXI.
Es tiempo de repensar a México como país y revisar si éste es el gobierno que queremos todos los mexicanos o solo la nación de “fans” que han construido las redes sociales.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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