Retos 2021: Construir una sociedad pacífica e inclusiva (pacto por la seguridad II)

Opinión, por Armando Morquecho Camacho //

Aunque no lo crean, el pensamiento filosófico griego es fundamental, nuestra cosmovisión, está en gran medida condicionada e influida por el modo de pensar de los antiguos griegos, cuya filosofía pertenece al pensamiento occidental de una manera mucho más profunda de la que creemos, ya que ésta representa el punto de arranque de una serie de teorías, especulaciones y formas de ver la vida que han durado a lo largo de los siglos.

La filosofía griega sienta las bases para el discurso político y lógico del pensamiento occidental que se caracteriza por el uso de la retórica y del pensamiento racional para resolver los problemas del ser humano usando el conocimiento y los sentidos, por ello si le dedicáramos algo de tiempo a estudiar con detenimiento y profundidad los pensamientos que nos heredaron personajes como Aristóteles, Sócrates, Platón y Demócrito, probablemente tendríamos más herramientas para hacerle frente a una gran cantidad de problemas sociales a los que hoy nos enfrentamos.

Es así, que tal vez uno de los pensamientos de mayor importancia para el desarrollo de políticas públicas y estrategias gubernamentales, es el telos, una idea que define toda una filosofía de trabajo enfocada en único objetivo. Para Aristóteles, telos es el fin o propósito en un sentido bastante restringido, es aquello en virtud de lo cual se hace algo y si queremos entender lo que es ese algo, debemos hacerlo en términos de un fin último.

Por ejemplo, si extrapolamos este pensamiento de la filosofía griega a un problema actual, como lo es la inseguridad que vive nuestro país y nuestro estado, podemos concluir de una forma muy sencilla, que el objetivo de la estrategia de seguridad es o debería ser, alcanzar la paz, y en ese orden de ideas, la estrategia en cuestión debe ser construida con una serie de pasos lógicos y ordenados que permitan alcanzar el fin último.

La semana pasada cerré mi participación en este espacio mencionando que la única manera de construir una sociedad pacífica e inclusiva, es a través de políticas públicas dirigidas a todos los grupos sociales, y con justicia para todos, pero la realidad tristemente refleja que estamos muy lejos de poder consolidar una sociedad pacifica e inclusiva, ya que en los últimos años, las diversas estrategias para combatir el mal endémico de la inseguridad han demostrado ser ineficientes y han dejado claro que probablemente el propósito en ellas, no está bien definido.

El crimen organizado ha crecido y ha rebasado por completo la capacidad de reacción de nuestras autoridades, también, los asaltos, los asesinatos, las violaciones y los feminicidios han alcanzado cifras sumamente alarmantes y esto continúa a la alza sin importar cuantas veces manden al ejército a la calle, cuantos operativos policiacos se organicen alrededor de las ciudades o que tan altas sean las penas para sancionar delitos.

Las estadísticas señalan que en México, la posibilidad de que un delito se esclarezca es del 1.3%, lo cual refleja que en nuestro país, quienes delinquen en realidad no lo hacen porque haya pocos operativos, o porque las penas para sus delitos sean pequeñas, sino que lo hacen porque saben que reina la impunidad y que las posibilidades de ser atrapados son mínimas.

Ciertamente, las estrategias para combatir los diferentes rostros de la inseguridad y la violencia en México han sido erróneas, y esto no lo digo solo yo, lo dice también la realidad y lo dicen los datos, y es que en los últimos años los planes para atacar la inseguridad se han dedicado a hablarnos de paz, enseñándonos las armas y han buscado reparar el tejido social imponiendo altas penas para los delitos, situación que nos hace pensar que el telos de la estrategia para combatir el crimen no está bien definido. ¿Qué se está buscando en realidad? ¿La paz o la intimidación?

Pero no me mal entiendan, el papel de las fuerzas armadas, de los cuerpos policiacos y de las penas son fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad; las fuerzas armadas, tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad interior haciéndole frente a situaciones que pongan en riesgo el Estado de Derecho, por su parte, los cuerpos policiacos tienen el objetivo de vigilar y cuidar el orden público en el territorio que les corresponde, para así, proteger la integridad, el patrimonio y los derechos de sus habitantes, mientras que las penas, como consecuencia jurídica por la comisión del delito, no solo tiene la finalidad de sancionar una conducta indebida, también, tiene la finalidad de prevenir y de rehabilitar para lograr la reeducación y la reinserción social.

Sin embargo, aunque su rol es fundamental, es necesario entender que su papel en la estrategia debe de ser meramente preventivo y que éste, necesita estar respaldado por una estrategia en materia de seguridad con raíces tan profundas que logren alcanzar a los órganos encargados de impartir justicia que tienen el compromiso de hacer valer el Estado de Derecho garantizando certeza y seguridad jurídica, ya que cualquier cambio social, debe de ir de la mano del fortalecimiento de los sistemas encargados de impartir justicia, por ello un verdadero pacto por la seguridad, debe tener claro que cometer un delito, no es más que el segundo mal en cuanto a magnitud; pero cometerla y no ser castigado, es el primero y el más grande de los males.

Por ello, si el fin último es la paz, el pilar fundamental del proceso debería ser fortalecer al poder encargado de hacer valer y aplicar las leyes alrededor de todo el territorio nacional, para así lograr disminuir gradualmente el índice de impunidad que reina en nuestro país, para que posteriormente se pueda reiniciar un proceso de formación cívica y de conciencia social que lleva años estancado.

El ejército, los cuerpos policiacos y el populismo punitivo no pueden ser el telos de nuestra estrategia para combatir la inseguridad, a menos claro, que el fin último sí sea la intimidación, por esto, debería preocuparnos que ningún partido, ningún aspirante y ningún actor político plantea grandes cambios para nuestro sistema de justicia.