OPINIÓN
Se debe legislar la gestación subrogada
Bioética, por Omar Becerra Partida (*) //
Un tema que causa polémica en algunos sectores de la sociedad moderna es el contrato que se efectúa para el alcance de la maternidad y la paternidad. El tema del que se habla es precisamente el arrendamiento de vientre, una práctica posible en México regulada jurídicamente y que permite a las parejas satisfacer la necesidad percibida por ser padres o madres a través de este acuerdo que obliga el cumplimiento obligatorio de ciertas condiciones.
Se habla aquí de “percepción necesaria” puesto que hombres y mujeres adquieren la sensación de experimentar la maternidad y la paternidad y es aquí donde esta condición se convierte en un problema conceptual y no de otra índole.
La maternidad y la paternidad son definidas por el diccionario de la real academia de la lengua como la cualidad de ser madre o padre, en ese sentido, la cualidad se presenta como una distinción de un hombre o de una mujer frente a otros. Por lo tanto, experimentar la maternidad o la paternidad no tiene razón de ser en la relación que establece la madre o el padre con el hijo, sino con la diferenciación que le será posible al hombre y a la mujer respecto a otras personas, es decir, desde el aspecto conceptual, la mujer y el hombre no desean mantener una relación con un hijo, sino satisfacer la necesidad de experimentar la maternidad o la paternidad y que eso posibilite la diferenciación con el otro.
Es así como la maternidad y la paternidad no garantiza en el niño el establecimiento de una institución social como es la familia, sino que responde a una acción egoísta del hombre y de la mujer por experimentar la cualidad de ser padre o madre.
Hoy en día la maternidad y la paternidad se alcanzan no sólo con un proceso biológico o social, sino a través de un contrato jurídico que establece los lineamientos necesarios para que una pareja, de cualquier tipo, pueda mantener un lazo legal con un menor que llegará para satisfacer la necesidad de los adultos por experimentar la maternidad y la paternidad.
Visto desde la perspectiva anterior, el arrendamiento de vientre sólo garantiza al menor el derecho a vivir en familia constituida legalmente, sin embargo, la garantía de pertenencia a una familia se puede dar sin la necesidad de un contrato comercial, en ese sentido, satisface mayormente a una necesidad personal por experimentar aquello que sea socialmente ser madre o padre.
Desde la Enfermería Por María Sofía Jiménez Chávez Lic. En Enfermería, Maestría en Ciencias de la Enfermería, Doctorante en Bioetica y Derechos Humanos.
El derecho humano al fundar y establecer una familia se encuentra consagrado en el artículo 16, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismo que establece: “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio”. “El derecho a fundar una familia implica, en principio, la posibilidad de procrear y de vivir juntos”. De lo anterior, al no establecerse la manera de procreación, esta no se reduce únicamente a la reproducción tradicional. (Alonso, 2020)
De esta forma nace la necesidad de tutela y reconocimiento del derecho de la gestación subrogada, originada a consecuencia de diversas condiciones médicas y personales de las personas que desean la integración de una familia. Las limitantes en la procreación de las personas pueden ser originadas por diversos factores y causas por lo que acudir a diversos métodos médicos como las de técnicas de reproducción asistida para tener descendencia es acertado. Técnicas de Reproducción Asistida (TRA): “Todos los tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación tanto de ovocitos como de espermatozoides o embriones humanos para el establecimiento de un embarazo. (Alonso, 2020)
Esto incluye, la fecundación in vitro y la transferencia de embriones, la transferencia intratubarica de gametos, la transferencia intratubarica de zigotos, la transferencia intratubarica de embriones, la criopreservación de ovocitos, embriones, la donación de ovocitos y embriones, y el útero subrogado. La Organización Mundial de la Salud define a la mujer gestante como: “Gestante subrogada: mujer que lleva adelante un embarazo habiendo acordado que ella entregará el bebé a los padres previstos los gametos pueden originarse de los padres previstos y/o de terceros”. (Alonso, 2020)
El primer niño concebido por la tecnología in vitro nació el 25 de julio de 1978 en Inglaterra. En Estados Unidos en 1993 se reguló por primera vez la gestación subrogada. En Canadá se permite la gestación subrogada para todos los modelos de familia, en donde la ley da las bases para llevar a cabo este método y son las siguientes: La gestante debe ser mayor de 21 años. (Alonso, 2020)
En Jalisco aún no se cuenta con gestación subrogada y técnicas de reproducción Asistida (TRA), la prestación de útero en México no es ilegal, pero tampoco están reconocidos los derechos de los padres subrogantes hasta que nazca él bebe y la madre ceda sus derechos como madre. (Omar, 2015)
Bibliografía
Alonso, C. C. (19 de marzo de 2020). La Gaceta. Obtenido de Senado.gob, mx: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104638
Omar, B. P. (2015). Cuaderno de Bioética y Bioderecho. Guadalajara: académica española.
En este orden ideas…
Luz María de las Mercedes Hernández Moreno, licenciatura en Cirujano Dentista, maestría en. ciencias de la Familia, Doctorante en Bioetica y Derechos Humanos.
Pienso que las personas que desean un bebe y se ven en la penosa realidad que no pueden concebir, ya sea por alguna situación biológica de pate de la mujer o del varón, viven situaciones de angustia e impotencia, ya que en cada mes en el que la madre se puede embarazar no hay tal embarazo. Esto conlleva a tener relaciones desgastantes, que se pueden convertir en un problema psico-emocional, social, económico y hasta de intimidad con su pareja, que si no logran ponerse de acuerdo en buscar otras alternativas la relación puede terminar.
El arrendamiento de un vientre es una alternativa para concebir un hijo, en la actualidad vivimos un momento histórico en el que coincide el desarrollo de las técnicas de reproducción humana asistida y la trasformación del rol de la mujer durante este siglo XX; esto me parece que impacta en el desarrollo profesional de la mujer y en la postergación de la maternidad y como lo mencione, en la dificultad de tener un hijo.
Cada caso presenta características y particulares diferentes, y es necesario analizar el contexto de cada situación específica para determinar su contenido Ético.
Se debe legislar la gestación subrogada y Tener un consentimiento informado (medico Jurídico)
En México hay muchos vacíos legales y poco interés, y creo que no se legisla porque esto no representa dinero para los legisladores, solo para la parte que renta su vientre y que se puede convertir en un negocio, y dejar a un lado el Bioderecho y la Bioética.
Más sin embargo creo que es una alternativa en la que puede equilibrar la necesidad de un hijo y la ayuda económica a la mujer gestante.
Valdría la pena tener clínicas y albergues bien organizados, legislados y adecuados para controlar y beneficiar tanto a los padres que alquilan el útero, como a la madre gestante.
(*) Omar Becerra Partida es presidente del Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco A.C.
CARTÓN POLÍTICO
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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