OPINIÓN
Honrar la historia y servir al pueblo

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Lugar común es decir que el pueblo padece hambre y sed de justicia. Los políticos, los funcionarios, los empresarios, los religiosos y en general toda la población, hacen suya esa verdad. La constante repetición de ese concepto, parece disco rayado.
En nuestro sistema republicano, con su referente de división de poderes, toca a la rama judicial impartir la justicia. No porque a los otros dos ramos (legislativo y ejecutivo) se les impida, en su ámbito de competencia, hacer actos justicieros, sino porque la clásica concepción sobre administración de la justicia así lo contempla.
Los característicos órganos emblemáticos de los tres poderes públicos (judicial, legislativo y ejecutivo), son a nivel federal, la Suprema Corte de Justicia, las Cámaras de la Unión (diputados y senadores) y el presidente de la república. Todos y cada uno debe actuar ajustados a derecho, lo que implica realicen acciones justas: dictar sentencias ecuánimes, redactar leyes equitativas y ejecutar operaciones intachables.
El grave problema del servicio público en cualesquiera de los ramos predichos, es que sus integrantes relegan la noción de que deben desempeñarse no por disfrutar cargos, posiciones o privilegios, sino por principios y convicciones. Al respecto tenemos suficientes ejemplos tanto en magistrados, ministros, jueces y miembros de organismos autónomos, que prefieren salvaguardar sus canonjías a conducirse con legitimidad, que es muy diferente a conforme la ley. La legitimidad incluye lo justo y lo razonable a la par de la norma; en cambio lo legal, solo requiere apego a la legislación, aunque esta sea inicua.
Por ello es indispensable que quienes ocupen los cargos en la administración pública, sean personas ajenas a la hipocresía, que no sean falsarios ni venales, es decir, ciudadanos competentes, honestos, con mística de servicio y sólida conciencia cívica, que actúen con rectitud, aplicando el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.
Hoy por hoy se ha proclamado una cruzada contra la corrupción. Ésta penetró hasta lo más recóndito del sector público, contagiando a veces al privado. La corrupción resulta incongruente en las áreas gubernamentales, pero cuando lo que se prostituye es la justicia, resulta degradante e inexcusable.
En consecuencia, el desafío por adecentar, modernizar y hacer genuina la administración de justicia mexicana, se tiene que vencer. Y el esfuerzo debe abarcar tanto el fuero federal como el estatal, porque en unos y otros, afirma el presidente del más encumbrado juzgado de la Nación: “quien diga que en los tribunales no hay corrupción, o no ha estado en un Tribunal o miente descaradamente”.
Pero ante lo tardo del actuar estatal, donde todo se soslaya ante la ansiedad por devengar jugosos salarios y disfrutar apetecibles privilegios, por lo pronto tocó el turno a la justicia federal, en virtud de lo cual comentaremos los avances que se registran en ese contorno, que ojalá sirvan de orientación para que los órganos judiciales en las Entidades Federativas, asuman su turno y los adopten o hasta mejoren.
El presidente de la república manifestó el 10 de agosto: “Los ministros que vienen del antiguo régimen, están acostumbrados a servirle a los potentados, no al pueblo. Menos van a estar pensando como Morelos, que decía: ‘Que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte’. ¿Ustedes creen que ellos coinciden con eso? Nada más están al servicio del fuerte, no protegen, no ayudan a los débiles, a los pobres, a los que no tienen agarraderas”. Sobre este tema, es pertinente aclarar que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, ha tomado decisiones para encarrilar al máximo tribunal, superando recias oposiciones de sus mismos pares y de infinidad de subalternos.
El mismo ministro Zaldívar, calificado por el primer mandatario como gente honrada, seria y responsable, declaró (El Universal, 9-8-21) que “tres redes de corrupción operaban en el poder judicial”, siendo una conformada por despachos de abogados muy influyentes, otra armada por políticos poderosos y finalmente la generada por la venalidad, todo agravado por la enraizada cuanto nefasta tacha del nepotismo dentro de la estructura de la Corte. Para erradicar esos vicios, se demanda poder, talento y voluntad férrea.
La tarea es de romanos, o sea, muy difícil, pero no imposible. A la fecha se aplica la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente desde el 7 de junio anterior. Este ordenamiento, se asegura trae muchísimos adelantos para que el poder judicial sea renovado, moderno, fresco, con mayor sensibilidad social y humana, dispuesto a servir de mejor manera al pueblo de México. Dentro de ello, enfatiza el ministro Zaldívar, “La justicia federal debe ser una vía de conciliación y de pacificación social; coadyuvar a tener un mejor país como instrumento para el desarrollo económico y social pero también para emparejar la cancha a quienes nunca han tenido acceso a la justicia”.
De lo anterior se deduce que ahora sí actuarán los jueces y magistrados anteponiendo el interés público, el de la nación y desde luego, impartiendo una justicia con rostro humano que llegue a los más pobres y marginados. Para lograr este último objetivo, anunció que se fortalece como nunca la Defensoría de Oficio, con lo cual se evitará, “La justicia de las clases burguesas”, que, según la notable luchadora social Rosa de Luxemburgo, es una especie de malla que permite escapar a los tiburones voraces, y solo atrapa a las indefensas sardinas. Desde luego, que no solo basta tener buenos juristas defensores, sino que los jueces apliquen las líneas socráticas: escuchar educadamente, acordar con conocimiento de causa, valorar sensatamente y resolver con prontitud e imparcialidad.
Otra meta del dirigente de la SCJN, es alcanzar la paridad de género, exponiendo que “ha sido y seguirá siendo una prioridad en mi administración y por ello se incluye en la reforma. Queremos más y mejores mujeres en más y mejores cargos.” Eso sí, agregamos nosotros, ni con varones ni con damas, debe contemplarse una vuelta al pasado, ni más corrupción, ni una cultura de nepotismo.
Ojalá que en Jalisco se retomaran las ideas de nuestros grandes jurisconsultos, tales como Mariano Otero, Ignacio L. Vallarta y Luis Manuel Rojas, para que muy pronto, el poder judicial y el foro jalisciense, volvieran a ser el faro de la justicia y la guía del derecho nacional, que en otros tiempos fue.
Por todo lo anterior, es que consideramos que ya es tiempo de que el poder judicial del Estado, tome su turno y a la par de la justicia federal, honre nuestra historia y sirva verdaderamente a nuestro pueblo, lo cual solo puede ser si sus sentencias siempre se ajustan al precepto de que, “fuera de la ley nada y por arriba de ella, nadie”.
NACIONALES
Que no son lo que son

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
En el oficialismo, que incluye en este caso al gobierno, Poder Legislativo y partido, se han empeñado en no reconocer y negar lo que es evidente: la construcción de un Estado policial y la oficialización de la censura gubernamental atacando la libertad de expresión. La conversación se ha seguido en los medios públicos y privados con las voces del régimen negando y la oposición acusando la coartación de las libertades civiles.
Dos son los argumentos oficiales destacados; el primero es la necesidad que tiene el estado de combatir con mayor eficacia al crimen organizado y el segundo es que la oposición exagera para beneficiarse electoralmente y que en realidad ya todo está en la legislación y solo se adecua.
Se puede coincidir en que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, así como también en que el Estado requiere mejores instrumentos para combatirla; y que bueno que así se piense, pues eso implica que el Estado retome su potestad del uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la observancia de la ley.
En lo que no se puede estar de acuerdo es en que para hacerlo tenga que convertir a toda la población en potenciales delincuentes, sospechosos solo por poseer teléfonos celulares o participar en redes sociales. Poco importa que digan que se requerirá una disposición judicial para escudriñar las vidas de particulares, cuando el nuevo poder judicial está poblado por incondicionales del régimen.
Aceptemos que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, pero también que las competencias de las policías municipales y de los estados está severamente limitada por falta de recursos que la federación ha preferido destinar a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas, y que la expansión de los grupos delincuentes fue posible por la desidia y la indiferencia de las fuerzas federales dedicadas por seis años a solo hacer presencia y dar abrazos y no balazos, sin descontar la posible connivencia o complicidad de políticos, policías y gobernantes, tolerada con conveniente disimulo.
El giro de timón que ha tenido la estrategia gubernamental, persiguiendo y apresando delincuentes, no sabemos si obedece a una real voluntad de acabar con el problema o solo ha administrarlo en tanto baja la presión del gobierno estadounidense que ha exigido un combate a fondo de los grupos criminales y su asociación con los poderes del Estado. En todo caso, a pesar de los resultados estadísticos favorables, los carteles avanzan y controlan amplias franjas del territorio nacional y no se entiende cómo la censura y el uso faccioso y político de los datos personales puedan coadyuvar a detenerlos.
Se dice también que la nueva CURP con datos biométricos coadyuvará en la búsqueda de personas desaparecidas, así como unificar datos de la población para trámites y servicios. Esto implica un peligro adicional para la ciudadanía, porque conocemos la ineptitud del gobierno para manejar este volumen de información con seguridad y secrecía, y no sería remoto, dada la penetración del crimen en las estructuras gubernamentales, que los datos personales cayeran en malas manos.
Sin embargo, podríamos dar el beneficio de la duda y abonar las buenas intenciones del gobierno, si no fuera por la estructura totalitaria que se está construyendo alrededor.
El ogro filantrópico se ha venido construyendo sistemáticamente. Las bases se sentaron el sexenio anterior y no mintieron al decir que seguiría un segundo piso. Hoy el Estado subsidia y anestesia la pobreza, censura y cohesiona a medios y comentaristas, hizo ficción a la división de poderes, eliminó los órganos e instituciones autónomas e independientes y desnaturalizó a las fuerzas armadas garantes hoy de la seguridad pública.
Lo que queda por hacer es dominar, controlar y sujetar las libertades individuales para hacer imposible la disidencia.
En ese objetivo es donde encuadran todas estas reformas que presentan como útiles para recobrar la seguridad y hacer más efectiva la actuación de las fuerzas armadas utilizando las herramientas de la inteligencia y equipos cibernéticos. No existe en las leyes que han propuesto límite alguno para que el Estado utilice los datos personales para los fines que juzgue convenientes, sean en efecto para perseguir delincuentes o para presionar e intimidar a opositores o a simples ciudadanos.
Ejemplos recientes nos muestran el uso selectivo de la justicia, al menos en el Tribunal electoral en casos de violencia de género y no hay garantía de que esa conducta no se vuelva rutinaria en el régimen en configuración, especialmente cuando desde la tribuna presidencial se trata a los críticos como adversarios y a los opositores como traidores. El uso y abuso faccioso del poder es propio de tiranos, aunque digan que no lo son. La democracia es a partir de ahora, escenografía.
NACIONALES
Nombramientos sin mérito

Opinión, por Iván Arrazola //
La discusión sobre si los cargos públicos deben asignarse con base en el mérito o la lealtad es tan antigua como la política misma. Se trata de una tensión permanente entre dos principios fundamentales: por un lado, el mérito, entendido como la selección de personas con competencias técnicas, experiencia comprobada y formación adecuada para desempeñar sus funciones con eficacia; y por el otro, la lealtad, asociada a la necesidad de los gobernantes de rodearse de personas de su confianza ideológica o personal para garantizar cohesión, control y ejecución política.
Si bien ambos criterios pueden coexistir en ciertas circunstancias, en la práctica se suele imponer uno sobre el otro, con consecuencias directas en la calidad del gobierno y en la percepción pública sobre la legitimidad de los nombramientos. En este sentido, vale la pena analizar dos casos recientes que han generado amplia polémica en México.
El reciente nombramiento de Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha generado una fuerte polémica. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, defendió su decisión señalando: “Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y creo que va a desempeñar un buen papel en la Organización Mundial de la Salud”. Sin embargo, no profundizó en los criterios específicos que motivaron su designación. Frente a las críticas, la presidenta ha atribuido los cuestionamientos a motivaciones políticas.
Desde una lógica institucional, este nombramiento resulta difícil de justificar bajo criterios de mérito. La gestión de López-Gatell durante la pandemia de COVID-19 fue severamente criticada por múltiples sectores sociales y médicos: desde la negativa inicial para recomendar el uso generalizado del cubrebocas, la falta de aplicación masiva de pruebas rápidas, la centralización opaca de la estrategia de vacunación, hasta su retórica polarizadora, como cuando llamó “golpeadores” a los padres de niños con cáncer que protestaban por el desabasto de medicamentos.
A pesar de que Sheinbaum defendió el nombramiento señalando su formación académica (es egresado de Johns Hopkins), lo cierto es que la percepción social de su desempeño es negativa. Informes independientes estiman que el número real de fallecimientos por la pandemia superó los 800 mil, muy por encima de las cifras oficiales que hablan de 300 mil muertes.
En este contexto, el nombramiento de López-Gatell no parece responder a una evaluación técnica o a un reconocimiento por resultados, sino más bien a un acto de lealtad política. Se premia a un aliado, se protege a una figura del obradorismo, aunque su desempeño haya sido profundamente cuestionado.
El segundo caso ilustra otra faceta del problema: el uso patrimonialista de los recursos públicos. Se trata de la comunicadora Eli Castro, quien recientemente fue exhibida por ocupar una plaza como asesora técnica en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en Jalisco, con un salario de más de 73 mil pesos mensuales. La polémica surgió a partir de una transmisión en vivo, en la que un ciudadano cuestionó sus capacidades técnicas para desempeñar el cargo.
En lugar de presentar credenciales técnicas, Castro se limitó a presumir su trayectoria en el gobierno, señalando que ha trabajado con diversas administraciones y que ha ocupado cargos en cada una de ellas, incluyendo el Consejo Estatal de Trasplantes, las Fiestas de Octubre y la entonces Secretaría de Vialidad. Concluyó su intervención afirmando con orgullo: “por eso estoy donde estoy”. En la misma transmisión, reconoció que estaba comisionada y no realizaba funciones técnicas, lo que agravó la controversia. El SIAPA, en respuesta, emitió un comunicado para deslindarse, afirmando que el contrato era temporal y que no se renovaría. El propio director del organismo señaló que las tareas de comunicación que Castro debía realizar ya las ejecutaba él mismo.
Este caso no solo revela una designación sin méritos técnicos, sino además una falta total de control institucional: la autoridad estatal no tenía conocimiento del nombramiento, y las explicaciones posteriores resultaron insatisfactorias. En un contexto de crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con colonias que enfrentan desabasto, agua sucia y aumentos en las tarifas, el caso profundiza la desconfianza ciudadana hacia las autoridades responsables del servicio.
Ambos casos ejemplifican la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y el debilitamiento del principio del mérito como criterio de selección. En el caso de López-Gatell, se premia a un funcionario sin rendición de cuentas por decisiones que costaron miles de vidas. En el caso de Eli Castro, se revela un uso discrecional de la nómina pública como si fuera propiedad privada del funcionario en turno.
Lo más preocupante es que, en ambos casos, el daño no se limita al escándalo mediático, sino que impacta directamente en la calidad de los bienes públicos: la salud y el acceso al agua, derechos fundamentales que hoy están en entredicho.
JALISCO
Los excesos, ¿son garantía?

Opinión, por Gerardo Rico //
Con una agenda 2030 el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) informó el pasado 30 de junio sobre los “Lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados, en la postulación en la de candidaturas a diputaciones y munícipes en el Proceso Electoral Local Concurrente 2026-2027”
Consejeras electorales de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación precisaron que: La paridad de género no fue una concesión del poder, sino el resultado de una lucha histórica impulsada por mujeres, activistas y feministas que denunciaron la exclusión estructural de las mujeres en la vida pública. Aunque se han logrado avances significativos, persisten barreras institucionales y socioculturales que impiden una participación plena, no solo de las mujeres, sino también de otros grupos históricamente excluidos, por lo que estos nuevos lineamientos buscan corregir esas desigualdades.
Se informó, además, que los lineamientos aprobados resultaron de un diagnóstico cuantitativo con información y datos del proceso electoral 2024 y luego de un amplio procedimiento incluyente y técnicamente sustentado, atendiendo principios de progresividad, paridad sustantiva y acceso igualitario a los derechos político-electorales.
En lo personal, estoy de acuerdo en el avance significativo que se ha tenido en los últimos años en los derechos de las mujeres y de grupos vulnerables en la sociedad que históricamente han sido discriminados en diferentes ámbitos, sobre todo en la actividad política. Aparte de la discriminación, han sido atacados de diferentes formas, impidiendo su desarrollo pleno en lo profesional y social, y esto sin duda se ha modificado en los últimos años a su favor.
Pero las acciones aprobadas por el IEPC Jalisco son un exceso de facultades que se atribuye el organismo y que pueden afectar la paridad y organización de los comicios intermedios del 2027. Mientras por un lado “resuelven” la participación femenina y de grupos discriminados, por el otro vulneran y limitan la participación política y las aspiraciones de quienes legítimamente aspirarán a algún cargo de elección popular y que por aras del destino son hombres.
Se trata de buscar un equilibrio en la representación y participación de ambos géneros en diversos ámbitos, incluyendo el político y el laboral.
La discusión puede enfocarse en cómo la paridad beneficia a toda la sociedad, incluyendo a los hombres, y cómo se pueden crear condiciones más equitativas para todos, sin perder de vista los retos específicos que enfrentan las mujeres y los grupos vulnerables.
De acuerdo a las disposiciones del organismo electoral en Jalisco, el total de candidaturas a diputados locales por mayoría relativa se integrará de manera paritaria entre ambos géneros, pero la postulación de personas no binarias y todas las identidades de género distintas al binario, se contabilizarán al género masculino.
Para los candidatos a diputados de representación proporcional, cada partido deberá presentar una lista de 18 personas alternadas por género (mujer-hombre-mujer), incluyendo al menos 9 candidaturas femeninas, y se permite que la lista pueda ser encabezada indistintamente por una mujer o un hombre, desde mi punto de vista, una situación más equilibrada.
Aunque establece en otra parte de su comunicado que en los primeros ocho lugares de la lista de representación proporcional se incluirá a algún miembro de los siguientes grupos: personas indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual (LGBTTIQ+) jóvenes y personas residentes en el extranjero. En caso de no incluir a alguien de dichos grupos en las listas de representación propocinal, el partido político deberá postular a las personas de estos grupos para diputaciones por mayoría relativa, en cualquiera de sus cinco distritos electorales más competitivos.
Pero luego viene el asunto de los municipios, aquí las candidaturas a la presidencia municipal en ocho demarcaciones deberán ser exclusivamente femeninas. Estos son: Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán.
Lo anterior se definió luego de identificar municipios en donde nunca ha sido electa una mujer para presidir el cabildo. De esos 49 se revisó donde no hay posibilidad de reelección al cargo; esto es en 16 demarcaciones y se ordenaron del más al menos poblado y eligieron la mitad: los ocho municipios con mayor población dentro del listado y de acuerdo al censo 2020 del INEGI.
Ante todas estas maromas cuantitativas y cualitativas y en las que reitero, desde mi punto de vista, quienes dirigen el IEPC Jalisco se han excedido en sus atribuciones, todas estas propuestas: ¿nos garantizarán mejores gobernantes?, ¿una clase política más preparada que realmente responda a las expectativas de quienes la eligen?
El 50% de mujeres y el 50% de hombres, así como la inclusión de grupos vulnerables en puestos de elección popular, ¿son garantía de mejores gobiernos?
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