Por Juan Huerta Peres (*)

La resolución de los conflictos laborales en México fue por muchos años confiado a las autoridades judiciales en tribunales generales, en donde el trabajo era visto como una mercancía, sujeto a las leyes mercantiles y de comercio, dándose con ello abusos y atropellos al sector obrero, pues las resoluciones y sentencias eran apoyadas en criterios de “estricto derecho” y atendiendo a una técnica de interpretación fría y estricta, en donde no se reconocía el sentido social y humano del trabajo ya que no existía una Ley labora.

Es por ello que los trabajadores exigieron al Estado una solución, siendo para ello parte fundamental de la Revolución de 1917, que culminó con la primera Constitución Política con sentido social del mundo que generó nuestra Ley Federal del Trabajo.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco fue creada por Decreto el 21 de octubre de 1920, como una respuesta a las exigencias de impartición de justicia laboral, conformado de manera tripartita por un representante del gobierno, uno de los patrones y un representante de los trabajadores, erigiéndose en un verdadero tribunal laboral, que se alejó de la interpretación literal y restrictiva de la Ley, para dar paso a una impartición de justicia con visión social, mediante el equilibrio del capital y el trabajo.

Sin embargo la normatividad Constitucional no se vió reflejada del todo en la realidad, con años de abandono presupuestal, el mínimo personal jurisdiccional, bajos salarios, poca oferta de empleo, uso incorrecto de la subcontratación laboral, competencia desleal, la falta de acción de un sindicalismo real y efectivo, entre otros factores, dio como resultado una saturación en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, teniendo como consecuencia lógico-necesaria una justicia laboral lenta, poco eficiente y que quedaba mucho a deber a los fines de la justicia social.

Es por ello que se hizo necesario cambiar nuestro modelo de impartición de justicia y Siguiendo el lineamiento marcado por la negociación de tratados internacionales, en última instancia el T-MEC, el primero de mayo de dos mil diecinueve se materializó la reforma en materia de justicia laboral que aquí nos ocupa, hoy las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen fecha de caducidad, pero su sentido inicial de justicia social debe seguir vigente, dando paso a la impartición de justicia laboral en dos fases, la conciliación obligatoria a cargo de un Organismo Público Descentralizado y la fase del arbitraje en tribunales judiciales especializados en materia laboral del Poder Judicial.

Con la citada reforma se da paso a una nueva realidad laboral la cual se rige principalmente en 3 ejes rectores mencionados a continuación:

Antes de demandar, será obligatorio intentar alcanzar un acuerdo. Para ello, se crean Centros de Conciliación Laboral integrados por profesionales capacitados en medios alternos de solución de conflictos.

De no lograr conciliar, las partes podrán acudir a los Tribunales Laborales dependientes del Poder Judicial, con juicios orales, ágiles, modernos, expeditos y en presencia de un juez. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje desaparecerán, una vez que concluyan su rezago. Se regula por los artículos 684-A al 684-E de la Ley Federal del Trabajo. Es una instancia gratuita, imparcial y confidencial. Además, es rápida y ágil pues tiene una duración máxima de 45 días.

De no lograr un acuerdo, se emitirá una constancia de no conciliación para poder iniciar un juicio ante los Tribunales Laborales competentes.

No será necesario agotar esta instancia en casos de discriminación, acoso y violencia laboral, y en general, violaciones a los derechos humanos; así como para la designación de beneficiarios, entre otros. Se regula por los artículos 870 al 891 de la Ley Federal del Trabajo.

El nuevo procedimiento laboral se rige por principios de oralidad, inmediación, continuidad, concentración y publicidad. La fase escrita consiste en la presentación y contestación de la demanda, incluyendo las pruebas; y en la admisión de réplicas y reconvenciones.

ETAPA DE CONCILIACIÓN Y ETAPA DE JUICIO

Audiencia preliminar. Se depura el procedimiento, se establecen hechos no controvertidos, se admiten o desechan pruebas y se cita a audiencia de juicio.

Audiencia de juicio. Se desahogan pruebas, se formulan alegatos y se emite sentencia.

Los trabajadores podrán decidir, sin discriminación ni represalias, si desean afiliarse a un sindicato, cambiar de sindicato o no pertenecer a ninguno. Además, los trabajadores podrán participar en las decisiones fundamentales de su sindicato a través del voto personal, libre, directo y secreto, pues serán consultados sobre la elección de sus directivas y la aprobación de sus contratos colectivos y revisiones, entre otros procesos democráticos. No más sindicatos simulados y líderes sin representatividad.

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje desaparecerán, una vez que concluyan su rezago.

LIBERTAD Y DEMOCRACIA SINDICAL: Los trabajadores serán consultados y habrá elecciones de dirigentes sindicales.

Se regula por los artículos 371 y 371 Bis de la Ley Federal del Trabajo, y por el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Se prohíben las votaciones a mano alzada o a través de delegados.

En la conformación de las planillas, se deberá garantizar la representación proporcional de género.

La autoridad laboral podrá verificar la elección en cualquier momento, a solicitud del sindicato o de por lo menos el 30% de sus afiliados. En caso de irregularidades, la elección será nula y la autoridad organizará una nueva.

OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE REPRESENTATIVIDAD

Se regula por el artículo 390 Bis de la Ley Federal del Trabajo.

El sindicato que pretenda negociar un contrato colectivo inicial deberá acreditar previamente el respaldo de por lo menos el 30% de los trabajadores.

En caso de que dos o más sindicatos soliciten la misma constancia de representatividad, la autoridad organizará una consulta a los trabajadores para determinar cuál tiene el respaldo mayoritario.

No será posible emplazar a huelga para solicitar la firma de un contrato inicial si no se cuenta con la constancia de representatividad.

Se regula por los artículos 390 Ter y 400 Bis de la Ley Federal del Trabajo.

Los trabajadores deberán aprobar los acuerdos negociados por su sindicato con el empleador sobre los términos del contrato colectivo inicial o del convenio de revisión integral (cada dos años).

La consulta será convocada y organizada por el sindicato que solicite la firma o la revisión contractual. Para ello, deberá dar aviso a la autoridad sobre la convocatoria y los resultados de la consulta.

Si la mayoría de los trabajadores no aprueban el acuerdo negociado, el sindicato podrá estallar la huelga o prorrogar la pre huelga para negociar y consultar un nuevo acuerdo.

La autoridad podrá verificar la consulta en cualquier momento. En caso de irregularidades, la consulta será nula y deberá organizarse una nueva.

Se regula por el Artículo Décimo Primero transitorio de la Ley Federal del Trabajo.

Los trabajadores deberán aprobar el contenido de los contratos colectivos de trabajo vigentes que se hayan depositado ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

La consulta será convocada y organizada por el sindicato titular del contrato colectivo. Para ello, deberá dar aviso a la autoridad sobre la convocatoria y los resultados de la consulta.

APROBACIÓN DE CONTRATOS COLECTIVOS Y CONVENIOS DE REVISIÓN: Legitimación de contratos colectivos existentes

En caso de que la mayoría de trabajadores desapruebe el contrato colectivo o el sindicato no realice la consulta antes del 1° de mayo de 2023, éste se tendrá por terminado. Sin embargo, los trabajadores conservarán todos los derechos y prestaciones establecidos en el contrato colectivo.

Un organismo público responsable de la conciliación laboral en materia federal; del registro sindical de asociaciones, contratos colectivos, contratos-ley y reglamentos interiores de trabajo a nivel nacional; y de la verificación y seguimiento de procesos de democracia sindical.

El Centro es un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Su Junta de Gobierno está integrada por la STPS; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); el Instituto Nacional Electoral (INE); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El personal del Centro es reclutado y seleccionado a través de concursos públicos y abiertos, con perspectiva de género, que garantizan el derecho a participar en igualdad de condiciones al personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

La capacitación del personal incorpora en sus programas los más altos estándares metodológicos acordes a cada rama de especialidad, así como contenidos en materia de orientación y en asesoría de derechos humanos a personas en situación de vulnerabilidad.

CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y RESGISTRO LABORAL

El centro contará con oficinas de conciliación y registro en las 32 entidades federativas, las cuales ofrecerán orientación y asesoría especializada.

Dicho espacio apuesta por la modernización tecnológica para ofrecer un mejor servicio, permitiendo al público realizar en línea solicitudes de conciliación o trámites de registro.

* Por Juan Huerta Peres es Secretario Adjunto encargado de despacho de la Federación de Trabajadores de Jalisco.

Por Pedro Vargas Avalos //

El reciente sábado seis de noviembre, en Antigua, Guatemala, se registraron dos ceremonias, una religiosa y otra de índole festivo; ambas se generaron por un acto social, con el cual se alegraron algunos, se alarmaron no pocos y se sofocaron muchísimos; con tal motivo se pusieron a prueba los principios de la Cuatro T, así como a sus funcionarios.

El asunto fue una boda que, debiendo por razones sociopolíticas, ser austera y discreta, revistió atributos lujosos, o como lo calificó el presidente López Obrador, “Es un asunto escandaloso, … aun cuando se trata de un acto privado”, comentando que de esa clase de hechos, antes se realizaban y no se conocía nada, aunque “había mucha ostentación, mucho derroche, pero todo se silenciaba…” y concluye el mandatario: “Ahora no, por eso hay que recomendarles a los funcionarios públicos que actúen con moderación, con austeridad y que sigan el ejemplo de Juárez que decía que ‘el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía’…” (Mañanera del 8-XI-021).

Los actores de este casorio de relumbrón, fueron, en el papel de contrayentes, dos elevados servidores públicos; como asistentes, alrededor de 300 concurrentes refinados, y con perfil de arbitrantes, la gobernadora de la Ciudad de México y el primer magistrado de la República.

Una frase anónima dice que “El amor es ciego, pero el matrimonio le devuelve la vista”: a los nuevos cónyuges les pasó eso, porque no previeron ceñirse al régimen que sirven, donde la mesura es regla y lo opulento, tabú. Ellos, los nuevos consortes, consumaron su unión y declararon su redoblado amor; a cambio, el desposado (Santiago Nieto Castillo, cuya gestión se califica como exitosa) dejó su importante cargo de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (IEF), y su esposa, Karla Humphrey Jordán (consejera del INE) quedó sujeta al escrutinio público, cuando su evento realmente fue de orden particular: antes, casi nadie sabía de su primer unión con el panista Roberto Gil Zuarth, valido de Felipe Calderón durante su mandato (2006 a 2012); luego se divorció. Ahora, todo mundo lo comenta y enjuicia.

Hubo otra sacrificada con motivo del casorio que comentamos: la ahora exsecretaria de turismo de la ciudad de México, Paola -Gálico- Díaz Félix, (descendiente del Gral. Félix Díaz, razón por la que se quitó su primer apellido y, por tanto, también sobrina del célebre dictador Díaz que forjó el Porfiriato) quien, para asistir al multicitado acontecimiento social, se acompañó de un proveedor beneficiado por ella, viajando en un avión privado, donde para su mala suerte, allí se detectaron 35 mil dólares (propiedad del dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, crítico acérrimo de la Cuatro T y que, paradójicamente, también asistió al casamiento). Cometió la felicista tres errores: utilizó una aeronave privada, estuvo con un empresario al que favoreció (Alejandro Gou) y viajaba por cortesía de un impugnador de AMLO. Claudia Sheinbaum, gobernante de la ciudad de México, fue implacable y se deshizo de su colaboradora. En la empresa de medios La Octava, se entrevistaron (8 de nov. En contexto) a personas del pueblo sencillo, y todas coincidieron afirmando que la renuncia de la Secretaria de Turismo, estuvo correcta y era necesaria. Vox pópuli, vox Dei.

Ciertamente, con el librepensador francés conde de Mirabeau podemos afirmar que: “El matrimonio es la escuela segura del orden, de la bondad, de la humanidad, que son cualidades mucho más necesarias que la instrucción y el talento”, por lo que nadie debería escandalizarse de que se llevaran a cabo los esponsales que comentamos. Pero algo que debió ser discreto y sobrio, evidentemente, salió al revés.

La socióloga Ivonne Acuña Murillo, escribió en relación a los ahora esposos y a la dimitente secretaria de turismo chilanga: “¿Es acaso que no acaban de entender que el contexto político ya cambió, que no están en sexenios ni del PRI ni del PAN y que justo la honestidad y la austeridad son los valores por seguir? Más aún, ¿por qué invitar y viajar con una persona cuyo medio se usa para golpear a la actual administración?” Además, seguramente ambos exfuncionarios, no se empaparon de otro valor central para la Cuatro T: la “lealtad”. (Portal Julio Astillero, 8-XI-021).

Los medios informativos se dieron vuelo con este casorio revuelto: “Escándalo por boda tumba a Santiago Nieto”, fue la noticia de primera plana de El Informador. Mural y Reforma, publicaron: “Tumba AMLO a Nieto tras boda y efectivo”. En Milenio, se dijo: “Recién casado, Nieto sale de la UIF y lo releva Pablo Gómez”. En El Heraldo de México, la principal fue: “Relevo en la UIF; llega Gómez”. Muy cruel fue El Sol de México: “Destituyen a Santiago Nieto”. En el diario La Jornada se divulgó: “Santiago Nieto sale de la UIF tras el escándalo de su boda”. Finalmente citamos a El Economista, que informa: “Tras casarse, Santiago Nieto renuncia a su cargo en la UIF; al relevo Pablo Gómez.”

En efecto, el nuevo titular de la UIF es el veterano político de izquierda Pablo Gómez Álvarez, destacado líder estudiantil en 1968, y tras el cruento 2 de octubre, preso hasta 1971. Fue organizador de la protesta que, reprimida el 10 de junio de ese año, se conoce como El Halconazo, o “matanza del jueves de Corpus”. En 1976 se recibió de licenciado en Economía (UNAM) y en 1979, una coalición de izquierda lo llevó a la diputación federal. De 1982 a 1988 desempeñó la Presidencia del PSUM (Partido Socialista Unificado de México). Coadyuvó para crear el PRD, partido del cual fue presidente, tras la salida de AMLO como su líder, en 1999. Diputado local en la ciudad de México, varias veces legislador federal y senador, tiene una vastísima experiencia parlamentaria, semejante a su trayectoria como luchador por la libertad, la democracia y contra la corrupción. Además, es autor de media docena de libros sobre esos temas primordiales.

A pesar de ese currículum singular, o quizás por eso, los dirigentes de oposición actuales criticaron su designación. El panista Jorge Triana, expresó el 10 de este mes, para el diario Reforma: “Ese nombramiento es una terrible noticia, Pablo Gómez es un perfil vengativo, con agenda de rencores personales y nada, nada técnico”. El MC, por voz de Jorge Álvarez Máynez, apuntó: “Deseamos que no se repita el protagonismo desmedido de Santiago Nieto.” Y en conclusión se lee en el portal de noticias INFOBAE: “Para los opositores, el nuevo titular de la UIF es una mezcla de ingredientes de inexperiencia y venganza.” (10 nov.2021). El flamante titular de la UIF, contestó en entrevista con Aristegui: “Nosotros no tenemos necesidad de andar haciendo venganza política… estamos tratando de desmontar el Estado corrupto, eso es lo más importante, mucho más que andar ajustando cuentas”, pero a nadie le tapará ilícitos.

Al respecto, el presidente de la república, luego de afirmar que la renuncia de Nieto fue apropiada e idóneo el nombramiento de su sustituto, manifestó el miércoles retropróximo: Pablo Gómez, “Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible. ¿Tengo que decir más?”. Es oportuno recordar que esta designación debe ser ratificada por el Senado, pero nadie duda de que así será.

De esa forma, se continuará la guerra sin cuartel contra la corrupción, con el objetivo manifiesto de apartar plenamente al dinero (capital) de la política, a los empresarios del gobierno. De lograrse, el hecho será igual de trascendente que la separación de la iglesia y el estado, logrado por Juárez en el siglo XIX.

Finalizamos esta colaboración, aludiendo el casorio realizado en Antigua, la romántica ciudad colonial vecina de la metrópoli de Guatemala: Se asegura que, para casarse no se debe ser muy joven, porque se está inexperto; pero tampoco cuando se está muy maduro, casi viejo, porque resulta tardío; pero eso sí, se debe estar lo suficientemente enamorado para aspirar con índice de éxito, a la felicidad. Esos consejos de muchos eruditos, están presentes en el revuelto casorio Humphrey-Nieto, por eso es de desearles la dicha, como lo hizo saber Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, luego del acontecimiento: Feliz enlace matrimonial del doctor Santiago Nieto y de la consejera Carla Humphrey.

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Lo que no suena lógico suena a metálico, dijo el presidente López Obrador al descalificar un reporte del Laboratorio Nacional de Energía Renovable, NREL por sus siglas en inglés, una agencia del gobierno estadounidense, que señaló con contundencia que la reforma constitucional que promueve el gobierno mexicano incrementará las emisiones de carbono entre 26 y 65% y los costos de generación aumentarían entre un 32 y 54%.

Como es costumbre, la descalificación no fue acompañada de argumentos que refuten las afirmaciones de la agencia mencionada, sino solo la desdeñosa frase: “no saben lo que estamos haciendo en México.” Deslizó luego la suspicacia pícara que alude a un interés económico detrás de este reporte, también sin aclarar o especificar.

Noches atrás, en un programa televisivo de análisis con comentaristas prestigiados, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, desdeñó también los comentarios acerca de los riesgos que traería eliminar o minimizar la participación de los productores privados, sin aclarar convincentemente, como sustituiría la CFE la energía que producen estas entidades, si en cumplimiento del artículo transitorio de la reforma propuesta, sus contratos vigentes y nuevas autorizaciones serían canceladas, como también eludió la respuesta acerca de la intención claramente expropiatoria de dicho artículo, lo que negó y a cambio deslizó la intención de dialogar con las empresas afectadas para renegociar sus contratos con nuevas condiciones. Es decir nos vamos a sentar a platicar pero la pistola en la mesa la tengo yo.

Lo que trasluce detrás de las declaraciones gubernamentales, como las del director de la CFE, es que más que un rescate de soberanía o de la energía eléctrica en manos de particulares, es el innegable rencor que sienten contra empresas como Iberdrola, compañía que tuvo la desgracia de contratar a Felipe Calderón como asesor de una de sus filiales, y por ello tal vez sea el origen del encono.

Sin demostrar con números donde está el robo que en sus declaraciones denuncian, donde está la ilegalidad de los contratos que descalifican y donde están las demandas y denuncias que debieran haber interpuesto ante esos ilícitos, si fueran ciertos; sin demostrar tampoco como se evitará generar más carbono al utilizar plantas que funcionan con combustibles fósiles para sustituir a los productores privados, y ante la lluvia de amparos y demandas que ocasionaron con la fallida y controvertida ley eléctrica, han optado por intentar una reforma constitucional, con el pleno conocimiento de que hay una alta posibilidad de que no sea aprobada, pero que ofrece la oportunidad de mantener en ebullición la arena política mexicana.

Estamos llenos de declaraciones patrióticas y descalificaciones patrioteras y muy escasos de datos duros que demuestren que tienen la razón y no solamente la habilidad de inducir percepciones en una sociedad de por si desinformada. Esta actitud opaca y obtusa del gobierno, que no aporta datos convincentes, le dan la razón al dicho del presidente, solo que aquí, lo que no suena lógico suena a electoral.

Porque no suena lógico que se emprenda una cruzada nacionalista en contra de empresas extranjeras productoras de energías limpias, como excusa para fortalecer a una empresa, CFE, que no deja de tener pérdidas. Según sus estados de resultados entre enero y septiembre de este año registra una pérdida de 20,853mdp, menor a la registrada en 2020 que fue de 142,908mdp. Y menos lógico suena cuando en esos estados de resultados se explica la pérdida en razón de la inestabilidad cambiaria, el alto precio del gas y la carga de los pasivos laborales y de deuda, nunca en la “perniciosa” presencia de los productores independientes de energía, como lo exponen en sus tronantes y patrióticas exposiciones.

No se habla de la desconfianza que ocasionará en los inversionistas, no solo del ramo energía, el que en México se cambien las reglas para la inversión según las ocurrencias del gobernante, como tampoco se habla de las advertencias que se han hecho sobre el incremento de la tasa de carbono y el incumplimiento de tratados y convenios.

No es lógico hablar de eso cuando lo que se quiere es que la sociedad se enoje contra esos abusivos empresarios que obtuvieron concesiones por la corrupción, tampoco demostrada o perseguida, pero útil para mantener el discurso del resentimiento y la polarización. Es un hábil recurso político pero afecta directamente al riesgo nación, inhibe el crecimiento y retarda el desarrollo tan necesario para combatir la desigualdad y la pobreza con algo más que dadivas gubernamentales.

Urge conocer los números reales, que la sociedad tenga la información suficiente para que sus determinaciones se orienten por la razón y no por las vísceras. Le urge esa información a los partidos políticos, esa oposición desorientada, reactiva a los temas de la conferencia mañanera y ausente de los importantes temas nacionales. A que debate puede convocar el PRI, ese acomodaticio indeciso, si no se discute sobre datos duros que puedan o no exhibir la inviabilidad de la propuesta y hasta del propio sistema eléctrico nacional, ideologizado, técnica y ambientalmente deficiente al que le auguran, estudios internacionales, un aumento hasta del 35% en apagones. No suena lógico, pero si político, que en el dialogo nacional se mienta y banalice mientras se elude profundizar en lo importante.