OPINIÓN
Seguridad en manos de malandros
Serendipity, por Benjamín Mora Gómez //
“Caemos por la fuerza de gravedad, pero nos levantamos con la fuerza de voluntad”.
En los tiempos de la Cuarta Transformación no hay coincidencias sino pejecidencias. El 1 de febrero de 2019, Andrés Manuel López Obrador nos sorprendió cuando, en relación con el combate a los criminales de las drogas, nos dijo: “Oficialmente ya no hay guerra”.
Aquel día el gobierno mexicano claudicó al conculcar su poder ante los delincuentes de la droga: En aquel día, Ciro Gómez Leyva nos advirtió: “Los criminales siguen ahí y si no se les derrota, allí seguirán”, y hoy, a más de tres años de la Cuarta Transformación, ahí siguen, tomando al Estado mexicano, ganando elecciones para Morena como en Tamaulipas y cobrando derecho de piso por todo y a todos.
La decisión del presidente López Obrador de no combatir a los criminales organizados tiene implicaciones ideológicas, económicas y sociales, más profundas de lo imaginable. Es, en principio, ilegal. La Organización de Estados Americanos (OEA), en el artículo primero de su Declaración, señala: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. La propia OEA nos explica que “la criminalidad -común y organizada- y las diferentes formas de violencia interpersonal y social ponen en riesgo el derecho a la vida de todas las personas que integran la sociedad”; la OEA se pronuncia porque los “Estados Miembros actúen con la debida diligencia en el momento de prevenir y perseguir a los autores de este tipo de hechos”. México, como miembro de la OEA, tiene la obligación jurídica de tomar medidas específicas en cuanto la capacidad operativa de las instituciones del sistema de seguridad ciudadana (Guardia Nacional, Ejército y Marina) pero no lo cumple. La Corte Interamericana se ha pronunciado a favor de que los Estados usen la fuerza, incluso si ello implica la privación de la vida de los delincuentes y criminales, en especial en los casos estrictamente inevitables para protegerse o proteger a otras personas contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Abundan ejemplos y sobran muertos.
A Vincent de Gournay, fisiócrata del XVIII, debemos la frase “Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même” (“Dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo”), pilar del Liberalismo económico que se pronuncia en contra del intervencionismo del gobierno en la economía. Hoy, “Los abrazos y no balazos” de López Obrador podrían ser el pilar del Liberalismo criminal mexicano. El presidente ha dado permiso al criminal de actuar con impunidad y ha ordena a quien debiera combatirlos, dejar hacer, dejar pasar y ser amorosos.
Algo se pudre en México cuya hediondez llega hasta Colombia e irrita la sensibilidad norteamericana. La vicepresidente y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha señalado que, durante el gobierno de López Obrador, la cooperación de México en la lucha binacional contra el narcotráfico “ha bajado”.
En el informe “México: crimen organizado y organizaciones traficantes de drogas”, del Congressional Research Service, revelado el 14 de junio pasado, el Congreso norteamericano advirtió al presidente López Obrador sobre el crecimiento de los cárteles mexicanos desde 2018 (año en que AMLO se hizo presidente). El informe señala claras fallas del gobierno. Los más beneficiados han sido el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, el primero, de los hijos del Chapo Guzmán.
Anne Milgram, vocera del gobierno norteamericano, ha advertido a los gobiernos y líderes del mundo que, si abusan corruptamente de su poder para apoyar a los cárteles de la droga, si toman dinero de drogas para sus elecciones, si protegen a cárteles criminales de la droga, y si dejan que la violencia de los cárteles de la droga florezca, se les hará responsables de lo que suceda… y en México todo esto sucede a diario.
No hay duda, nuestro presidente sufre de incontinencia verbal. A nadie sano de sus facultades de discernimiento cabe tanto descaro y tal estupidez. Mira que atreverse a señalar que “en donde predomina una banda fuerte” de narcos no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. Este gobierno tocó fondo… o solo se descaró a fondo. Ahora es tiempo de tomar conciencia plena de la bipolaridad del presidente, quién, viviendo una realidad paralela, hunde a su gobierno y nos hunde como nación.
A todo se acostumbra uno, incluso a creer a quien nos ahoga en medio del mar del sargazo de la mentira y el engaño. El chairo se ha acostumbrado a oír sin escuchar, a ver sin mirar, y a sonreír con una mueca fría e inerme. Por unas dádivas mensuales se ha vuelto capaz de permanecer inmóvil en el agujero de la 4T, oscuro y angustioso, carente de un futuro responsable y liberador.
En el fondo, la Paz de los Sepulcros de Andrés Manuel López Obrado y la de Porfirio Díaz Mori, tienen semejanzas opresoras; mientras para el presidente Díaz, la “paz era mantener al país sin luchas, protestas o levantamientos para que los terratenientes, empresarios y los capitales extranjeros siguieran saqueando la economía de México” (Pedro Echeverría, 1912), la paz para López es algo que debemos a la presencia y apropiación de vidas y destinos de gente de bien por parte de los cárteles de narco en gran parte del territorio nacional.
A decir de Julen Rementeria, senador por Veracruz (PAN), “en los primeros cuatro meses de 2022 se contabilizaron, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo, más de 8 mil 200 homicidios dolosos en todo el país, 310 feminicidios, casi 200 secuestros y casi 200 mil robos”.
El gobierno de la 4T se retuerce en sus complacencias de ilegalidades. Una y otra vez, AMLO nos propina golpes de los que difícilmente nos repondremos. La estructura jurídica el Estado mexicano se desmorona; la sociedad mexicana, dividida, se desliza hacia un despeñadero que bien cabría en alguno de los infiernos de la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia. A estas alturas de la comedia del Peje, pareciera que no hay más por perder; pero no, aun queda mucho por destruir y me temo que aun tiene tiempo de sobra.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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