Sistema Estatal Anticorrupción

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

En México la opacidad, la corrupción y la impunidad, son sin duda los peores males nacionales que nos aquejan, invaden los gobiernos, coartan el funcionamiento de las políticas públicas diseñadas para el desarrollo estratégico de las entidades, limitan la participación social y marcan periodos gubernamentales con grandes daños y retrasos reflejados en la sociedad.

El combate a esos tres males, requiere trabajo coordinado, representación y voluntad política; sin embargo son el pan de cada día, pero deben ser contrarrestados con sistemas diseñados estratégicamente para que convengan diversos y variados entes generales, como parte integral del desarrollo público, político, comercial y social, para lograr a cierto plazo concebir la certeza en la viabilidad del combate contra el cáncer de la corrupción en el país.

La reforma constitucional que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en mayo del 2015, nos permite de una manera más organizada y plural atacar de fondo ese complicado fenómeno que limita la democracia, obstaculiza la economía, profundiza la desigualdad social, retrasa el desarrollo y produce graves violaciones, en nuestro país es un doloroso fenómeno y lo llamamos corrupción, su desarticulación puede resultar todo un proceso colmado de transparencia, denuncia, vigilancia, rendición de cuentas, participación social y coordinación de diversos sectores, en resumen la mezcla de los sistemas anticorrupción, lograr resultados implica compromiso de todos y plazos para efectos en el combate.

En Jalisco el sistema anticorrupción, es un engranaje compuesto por diversos actores sociales y autoridades de distintos órdenes de gobierno, con la encomienda de prevenir, investigar y sancionar la corrupción, entre la estructura general de este sistema necesario, pero complejo de entender por la sociedad civil, tenemos los perfiles sociales en el Comité de Participación Social, parte medular del sistema estatal anticorrupción porque representa el contrapeso de la sociedad en el sistema, apuntala en el cumplimiento de la labor del Comité Coordinador, funge como el vínculo con las organizaciones sociales y académicas concernientes a los trabajos del Sistema Estatal Anticorrupción (SEAJal).

El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, es la convergencia de la sociedad en el sistema y se integra por cinco personas, con probada y destacada contribución profesional a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción; el aporte de esta parte social es de invaluable interés y carácter en el sistema anticorrupción local.

En contexto, el sistema anticorrupción estatal es una parte fundamental de la nueva forma de hacer y ver las políticas públicas de nuestro entorno gubernamental, es una estructura poderosa de combate especializado contra la corrupción, estabiliza y descentraliza el poder público en aras de la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y la elaboración de políticas públicas expuestas a diversos sectores, elaboradas y concientizadas en conjunto y al descubierto, bajo la observancia general y especializada, no al margen del interés político.

Vamos iniciando con los sistemas anticorrupción en el país, fácil y rápido no será, falta mucho por hacer y demasiado por divulgar, por lo que resulta necesaria la cultura de la denuncia, el derecho a la información y la libre expresión de la sociedad, para que los sistemas avancen en el combate y no se estanquen políticamente como un adorno de las nuevas formas de gobierno.

En este sentido, los sistemas anticorrupción son la manera de generar en el país y en las entidades federativas la participación gobierno-sociedad, lo cual permite promover la mejoría de la gestión pública e involucrar a la sociedad y el sector privado, dando como resultado el refuerzo a los sistemas anticorrupción, otorgando la validez y certidumbre ineludible para que la sociedad confíe en las formas de fiscalización y vigilancia del actuar en los gobiernos y que además se conceptúe otra lucha contra de la arbitrariedad y el abuso de poder de las autoridades en función; la importancia radica en la participación de la sociedad y el sector privado, en dar el aval a los elementos que componen los sistemas anticorrupción, traducido en un avance generacional en la materia, reconociendo la potestad que ostenta la sociedad.