OPINIÓN
Sólo 4% de la humanidad ha sido vacunada: Llegó el “pasaporte de la salud”

Política Global, por Jorge López Portillo Basave //
En la segunda semana de mayo del 2020 indiqué que el Covid19 podría ser usado como pretexto para obligar a la gente a contar con un pasaporte de salud. A 11 meses de distancia nuestro pronóstico se ha vuelto toda una realidad, los 27 países de la Unión Europea anunciaron que para verano habrá un documento digital y físico que permita a sus habitantes poder viajar en la región, dicho documento está siendo acordado también con la Organización Mundial de la Salud para que sirva en otras partes del mundo.
El movimiento se da como una respuesta a la necesidad real y ficticia de saber si los turistas o viajantes ya son inmunes al Covid19 por haber sido vacunados o por tener inmunidad a consecuencia de haber sufrido y superado dicha enfermedad en semanas recientes. La noticia fue dada a conocer por Thierry Breton, jefe del grupo de trabajo de la Unión Europea contra el Covid19.
Europa sigue los pasos de otros países como Japón e Israel quienes ya cuentan con el llamado “Green Passport”, que tiene una duración de 6 meses y es emitido por las autoridades de salud.
Estados Unidos también se suma a dicha iniciativa y está por emitir dicho pasaporte a través de una app que certificaría que los interesados han sido revisados para saber que no son portadores, que han recibido la vacuna o que aun son inmunes por los anticuerpos posteriores a la recuperación.
Naturalmente hay muchas personas que ven esto como una invasión a la privacidad o como un método para controlar a personas y su estado de salud e incluso como una forma de discriminación. ¿Será?
“DE LOS HUMANOS ESENCIALES A LOS DE PRIMERA”
Durante el 2020 nos acostumbraron a decir que había personas esenciales que podían o que incluso debían trabajar y que otros no lo eran por lo que debían estar encerrados en casa. De inmediato se creó una diferencia que afecto y benefició de manera injusta a personas en ambos grupos.
El pasaporte sería usado y solicitado no sólo para poder viajar, sino que también será utilizado para poder ir a eventos sociales, a centros de entretenimiento y hasta para trabajar.
Si yo había dicho que nuestros paisanos de clase media y clase alta se habían ido a los EUA de “vacurismo”, ahora podemos saber que ellos y los pocos millones de personas que han sido vacunadas en el mundo, pronto podrán ir a donde les plazca, pero ¿qué pasará con los que sean alérgicos a la vacuna, los que no quieran recibirla o los que aunque quieran no la puedan tener en los meses venideros?
Bueno, habría que decidir si ellos quedarán excluidos de nuestra sociedad o si se les crearán cotos en donde puedan pasear, o si de plano serán encerrados. También podríamos hacernos tontos como en el 2020 y decir que son esenciales y por ende estarían exentos del pasaporte siempre y cuando se trate de trabajar. Pero si tratan de ir de paseo o al cine, entonces deberán de buscar algún amigo que por una lana les arregle el problema digital, porque no habrá vacunas ni voluntad política para asegurar la libertad ni el libre tránsito de todos los seres humanos que hasta el 2019 eran libres.
Me da pena ver como los países más “liberales” que supuestamente no quieren etiquetar a la gente, son los que a la primera de cambios ponen distintivos para poder imponer sus ideas. China nos está dando una arrastrada y Rusia está muy atento a su sociedad con el vecino rojo.
Naturalmente China ya esta haciendo lo propio y en unos días conoceremos su pasaporte de salud. Pero China no tendrá problema en obligar a sus ciudadanos a tener dicho pasaporte, cosa curiosa es el que Putin se haya demorado en recibir la vacuna y que Xi no lo haya hecho aún. Pronto los bebés también la recibirán.
LAS LIBERTADES AL CAÑO
Yo creo que en cuanto pueda me pondré la dichosa vacuna, pero muchos tienen miedo o desconfianza en la vacuna desarrollada con células de fetos o de embriones como alguno de estos fármacos, u otros miedos por los riesgos asociados como abortos o coágulos, pero ¿será que la policía te pueda obligar a salir de un establecimiento o de la iglesia por no estar de acuerdo con las vacunas?
La semana pasada una mujer embarazada quien además tenía a una bebé de dos años en brazos fue arrestada en EUA por traer la máscara por debajo de la nariz, la susodicha acababa de comulgar y se negó a subir la mascarilla alegando que por su embarazo sentía mareos o falta de aire, eso no le fue suficiente al capellán de la iglesia católica quien llamó a la policía para que sacaran a jalones del templo a dicha feligrés y a su bebé. Me pregunto, ¿dónde están las defensoras de los derechos de la mujer o de la religión?
SIN VACUNAS Y SIN PASAPORTES
Los ciudadanos de países pobres pero con visa de EUA podrán ir a recibir las vacunas y naturalmente los refrendos, pero los demás, incluso los europeos que van muy mal en su ritmo de vacunación, deberán decidir si aceptan recibir apodos como fue durante el 2020, en el que millones fueron llamados no esenciales, aplicando medidas que empobrecieron a millones, o ya de una vez mejor exijamos a los políticos expertos que acepten que no sabían y que aún no saben qué hacer.
Que admitan que esta pandemia se ha usado para aplicar medidas abusivas en todo el mundo, generando un daño sicológico mundial sin precedentes y usándonos en contra de nuestra voluntad como conejillos de indias para cuanta estupidez se le ocurre a médicos de oficina que no practican y a políticos como los de la OMS que aplican medidas poco lógicas que se han convertido en la nueva “normalidad”; en un mundo que en busca de la “inmunidad de rebaño” nos han convertido en una manada de borregos.
Hace un año se decía que para tener “inmunidad de rebaño” debíamos vacunar al 60% de la población, pero ahora se dice que debemos vacunar hasta al 90% mundial, lo que es imposible porque no hay vacunas para bebés, ni para niños, ni para adolescentes. Entonces, ¿cómo lograrán esa meta los expertos de la OMS y de los gobiernos? Pero nadie sabe cuando deberemos aplicar una segunda vacuna o tercera y qué pasará con las variantes del virus cuando estemos en medio de la tercera vacuna y busquemos nuestro “pasaporte”.
Desde hace un año, muy pocos políticos vestidos de blanco y casi ninguno de los vestidos de traje sastre se han hecho preguntas lógicas. Sólo se han dedicado a ver cómo la pandemia les sirve o cómo les afecta menos en sus ambiciones personales o de grupo.
SÓLO 4% DE LA HUMANIDAD VACUNADA
Al día de ayer habían aplicado más de 670 millones de dosis en todo el mundo, es decir algo así como 335 millones de personas si contamos las dos dosis de las vacunas con mayor distribución. Eso representa un poco más del 4% de la población mundial. A ese paso tardaríamos años para llegar a la llamada “inmunidad de rebaño”.
Si tomamos en cuenta a Israel que ya vacunó totalmente a más del 60% de su población, nosotros tardaríamos otros 6 meses en llegar a dicha inmunidad, si nos comparamos con EUA que es el país que más personas ha vacunado ya completamente (20% de su población más los turistas), tardaríamos otros ocho o nueve meses.
Ahora los médicos-políticos cambian sus ideas y antes nos decían que debíamos recibir las dos dosis para estar bien, pero como eso tardaría mucho más, están diciendo que para el pasaporte basta con una dosis o con haber tenido coronavirus durante los pasados seis meses, pero eso sí, nos dicen que aunque hayamos tenido COVID-19 hace unos días debemos vacunarnos para no ser contagiosos o para no enfermar de nuevo. ¿Entonces tenemos o no tenemos inmunidad los recuperados? Y si no la tenemos, ¿para qué nos dan el pasaporte?
Si el pasaporte está en una aplicación y le presto mi celular a mi hermano ¿puede él ir al cine, a comer, al parque o a divertirse usando mi código QR de la app? veremos qué escusas se aplican cuando se vea que no todos pueden tener el famoso “pasaporte”
La verdad es que “inmunidad de rebaño” contra el COVID-19 durante los próximos 12 meses es una utopía, incluso si nos comparamos con la mediocre Europa, tardaremos más de 12 meses (sin contar variantes o personas que no se puedan o quieran vacunar). Esto deja claro que el famoso “pasaporte verde” europeo o Excélsior como le dicen en Nueva York, es otra “idiota ideota”, como la del encierro de 15 días, o como los tres metros de sana distancia que ahora se sabe pueden ser uno para jóvenes, o los supermercados llenos pero las tiendas e iglesias vacías.
De hecho, políticos de algunos países piden no dar libertades ni abrir economías hasta que la gente acepte vacunarse, insistiendo que se debe presionar a la gente diciendo que “para tener las libertades de antes deben vacunarse”.
Por lo pronto los grandes empresarios seguirán siendo más ricos y los pequeños negocios sufriendo por el pánico generado en parte por las pifias y mentiras de la Organización Mundial de la Salud.
A seis meses de las primeras vacunas, China ha aplicado al menos una dosis al 5% de su población, EUA al 24%, Europa al 8%, Inglaterra al 27%, México al 3% y el poderoso Japón al 0.4%. En contraste Israel ha aplicado las dos dosis a casi el 60% de su población total de adultos y al 100% cuando menos una dosis.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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JALISCO
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III

– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
JALISCO
Gobierno desaparecido: La marcha que desnuda la impunidad

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS