OPINIÓN
Sólo 4% de la humanidad ha sido vacunada: Llegó el “pasaporte de la salud”
Política Global, por Jorge López Portillo Basave //
En la segunda semana de mayo del 2020 indiqué que el Covid19 podría ser usado como pretexto para obligar a la gente a contar con un pasaporte de salud. A 11 meses de distancia nuestro pronóstico se ha vuelto toda una realidad, los 27 países de la Unión Europea anunciaron que para verano habrá un documento digital y físico que permita a sus habitantes poder viajar en la región, dicho documento está siendo acordado también con la Organización Mundial de la Salud para que sirva en otras partes del mundo.
El movimiento se da como una respuesta a la necesidad real y ficticia de saber si los turistas o viajantes ya son inmunes al Covid19 por haber sido vacunados o por tener inmunidad a consecuencia de haber sufrido y superado dicha enfermedad en semanas recientes. La noticia fue dada a conocer por Thierry Breton, jefe del grupo de trabajo de la Unión Europea contra el Covid19.
Europa sigue los pasos de otros países como Japón e Israel quienes ya cuentan con el llamado “Green Passport”, que tiene una duración de 6 meses y es emitido por las autoridades de salud.
Estados Unidos también se suma a dicha iniciativa y está por emitir dicho pasaporte a través de una app que certificaría que los interesados han sido revisados para saber que no son portadores, que han recibido la vacuna o que aun son inmunes por los anticuerpos posteriores a la recuperación.
Naturalmente hay muchas personas que ven esto como una invasión a la privacidad o como un método para controlar a personas y su estado de salud e incluso como una forma de discriminación. ¿Será?
“DE LOS HUMANOS ESENCIALES A LOS DE PRIMERA”
Durante el 2020 nos acostumbraron a decir que había personas esenciales que podían o que incluso debían trabajar y que otros no lo eran por lo que debían estar encerrados en casa. De inmediato se creó una diferencia que afecto y benefició de manera injusta a personas en ambos grupos.
El pasaporte sería usado y solicitado no sólo para poder viajar, sino que también será utilizado para poder ir a eventos sociales, a centros de entretenimiento y hasta para trabajar.
Si yo había dicho que nuestros paisanos de clase media y clase alta se habían ido a los EUA de “vacurismo”, ahora podemos saber que ellos y los pocos millones de personas que han sido vacunadas en el mundo, pronto podrán ir a donde les plazca, pero ¿qué pasará con los que sean alérgicos a la vacuna, los que no quieran recibirla o los que aunque quieran no la puedan tener en los meses venideros?
Bueno, habría que decidir si ellos quedarán excluidos de nuestra sociedad o si se les crearán cotos en donde puedan pasear, o si de plano serán encerrados. También podríamos hacernos tontos como en el 2020 y decir que son esenciales y por ende estarían exentos del pasaporte siempre y cuando se trate de trabajar. Pero si tratan de ir de paseo o al cine, entonces deberán de buscar algún amigo que por una lana les arregle el problema digital, porque no habrá vacunas ni voluntad política para asegurar la libertad ni el libre tránsito de todos los seres humanos que hasta el 2019 eran libres.
Me da pena ver como los países más “liberales” que supuestamente no quieren etiquetar a la gente, son los que a la primera de cambios ponen distintivos para poder imponer sus ideas. China nos está dando una arrastrada y Rusia está muy atento a su sociedad con el vecino rojo.
Naturalmente China ya esta haciendo lo propio y en unos días conoceremos su pasaporte de salud. Pero China no tendrá problema en obligar a sus ciudadanos a tener dicho pasaporte, cosa curiosa es el que Putin se haya demorado en recibir la vacuna y que Xi no lo haya hecho aún. Pronto los bebés también la recibirán.
LAS LIBERTADES AL CAÑO
Yo creo que en cuanto pueda me pondré la dichosa vacuna, pero muchos tienen miedo o desconfianza en la vacuna desarrollada con células de fetos o de embriones como alguno de estos fármacos, u otros miedos por los riesgos asociados como abortos o coágulos, pero ¿será que la policía te pueda obligar a salir de un establecimiento o de la iglesia por no estar de acuerdo con las vacunas?
La semana pasada una mujer embarazada quien además tenía a una bebé de dos años en brazos fue arrestada en EUA por traer la máscara por debajo de la nariz, la susodicha acababa de comulgar y se negó a subir la mascarilla alegando que por su embarazo sentía mareos o falta de aire, eso no le fue suficiente al capellán de la iglesia católica quien llamó a la policía para que sacaran a jalones del templo a dicha feligrés y a su bebé. Me pregunto, ¿dónde están las defensoras de los derechos de la mujer o de la religión?
SIN VACUNAS Y SIN PASAPORTES
Los ciudadanos de países pobres pero con visa de EUA podrán ir a recibir las vacunas y naturalmente los refrendos, pero los demás, incluso los europeos que van muy mal en su ritmo de vacunación, deberán decidir si aceptan recibir apodos como fue durante el 2020, en el que millones fueron llamados no esenciales, aplicando medidas que empobrecieron a millones, o ya de una vez mejor exijamos a los políticos expertos que acepten que no sabían y que aún no saben qué hacer.
Que admitan que esta pandemia se ha usado para aplicar medidas abusivas en todo el mundo, generando un daño sicológico mundial sin precedentes y usándonos en contra de nuestra voluntad como conejillos de indias para cuanta estupidez se le ocurre a médicos de oficina que no practican y a políticos como los de la OMS que aplican medidas poco lógicas que se han convertido en la nueva “normalidad”; en un mundo que en busca de la “inmunidad de rebaño” nos han convertido en una manada de borregos.
Hace un año se decía que para tener “inmunidad de rebaño” debíamos vacunar al 60% de la población, pero ahora se dice que debemos vacunar hasta al 90% mundial, lo que es imposible porque no hay vacunas para bebés, ni para niños, ni para adolescentes. Entonces, ¿cómo lograrán esa meta los expertos de la OMS y de los gobiernos? Pero nadie sabe cuando deberemos aplicar una segunda vacuna o tercera y qué pasará con las variantes del virus cuando estemos en medio de la tercera vacuna y busquemos nuestro “pasaporte”.
Desde hace un año, muy pocos políticos vestidos de blanco y casi ninguno de los vestidos de traje sastre se han hecho preguntas lógicas. Sólo se han dedicado a ver cómo la pandemia les sirve o cómo les afecta menos en sus ambiciones personales o de grupo.
SÓLO 4% DE LA HUMANIDAD VACUNADA
Al día de ayer habían aplicado más de 670 millones de dosis en todo el mundo, es decir algo así como 335 millones de personas si contamos las dos dosis de las vacunas con mayor distribución. Eso representa un poco más del 4% de la población mundial. A ese paso tardaríamos años para llegar a la llamada “inmunidad de rebaño”.
Si tomamos en cuenta a Israel que ya vacunó totalmente a más del 60% de su población, nosotros tardaríamos otros 6 meses en llegar a dicha inmunidad, si nos comparamos con EUA que es el país que más personas ha vacunado ya completamente (20% de su población más los turistas), tardaríamos otros ocho o nueve meses.
Ahora los médicos-políticos cambian sus ideas y antes nos decían que debíamos recibir las dos dosis para estar bien, pero como eso tardaría mucho más, están diciendo que para el pasaporte basta con una dosis o con haber tenido coronavirus durante los pasados seis meses, pero eso sí, nos dicen que aunque hayamos tenido COVID-19 hace unos días debemos vacunarnos para no ser contagiosos o para no enfermar de nuevo. ¿Entonces tenemos o no tenemos inmunidad los recuperados? Y si no la tenemos, ¿para qué nos dan el pasaporte?
Si el pasaporte está en una aplicación y le presto mi celular a mi hermano ¿puede él ir al cine, a comer, al parque o a divertirse usando mi código QR de la app? veremos qué escusas se aplican cuando se vea que no todos pueden tener el famoso “pasaporte”
La verdad es que “inmunidad de rebaño” contra el COVID-19 durante los próximos 12 meses es una utopía, incluso si nos comparamos con la mediocre Europa, tardaremos más de 12 meses (sin contar variantes o personas que no se puedan o quieran vacunar). Esto deja claro que el famoso “pasaporte verde” europeo o Excélsior como le dicen en Nueva York, es otra “idiota ideota”, como la del encierro de 15 días, o como los tres metros de sana distancia que ahora se sabe pueden ser uno para jóvenes, o los supermercados llenos pero las tiendas e iglesias vacías.
De hecho, políticos de algunos países piden no dar libertades ni abrir economías hasta que la gente acepte vacunarse, insistiendo que se debe presionar a la gente diciendo que “para tener las libertades de antes deben vacunarse”.
Por lo pronto los grandes empresarios seguirán siendo más ricos y los pequeños negocios sufriendo por el pánico generado en parte por las pifias y mentiras de la Organización Mundial de la Salud.
A seis meses de las primeras vacunas, China ha aplicado al menos una dosis al 5% de su población, EUA al 24%, Europa al 8%, Inglaterra al 27%, México al 3% y el poderoso Japón al 0.4%. En contraste Israel ha aplicado las dos dosis a casi el 60% de su población total de adultos y al 100% cuando menos una dosis.
CARTÓN POLÍTICO
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
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