T-MEC, sin cambios laborales

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Todo en política es literal cuando de acuerdos, decisiones y negociaciones se trata, son asuntos políticos y no son para abordar o solucionar necesidades sociales o políticas públicas de mejora nacional. Se firma el T- MEC tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, dicha acción en medio de un panorama electoral complicado para Donald Trump a raíz de un inminente juicio político y para nuestro país dentro de un escenario de violencia, corrupción e impunidad que está superando los límites de lo permisible y lo socialmente admisible.

El nuevo tratado de libre comercio implica para las naciones, los estándares y regulaciones con las que deberán regirse en materia de comercio para mantener el desarrollo y la productividad de los países involucrados, así como sus niveles económicos, productivos y comerciales, activos dentro de dicho pacto que deberá beneficiar a todos los involucrados de fondo.

Sin embargo y bajo nuestro actual contexto laboral, México no es un país que pueda enfrentar de manera activa y efectiva las relaciones laborales a las que nos han orillado estas negociaciones con los vecinos países en los últimos años, el sistema laboral actual es el mismo desde hace más de cinco décadas, aunque en teoría debe sostener la economía del país y muchos otros ámbitos, es deficiente, corrupto y sumamente impune, solo funciona a la perfección para aquellos que son ricos o gobierno, lo demás es una realidad de la mayoría de los mexicanos.

Los tribunales en materia laboral no terminan de concretarse o aterrizarse, aunque fueron productos de las primeras negociaciones que contienen los cambios que Estados Unidos y Canadá solicitarían al generar un nuevo tratado o cambios importantes en los futuros tratados de libre comercio, pero lo único que ha hecho México al respecto con los últimos dos gobiernos son reformas a modo que han resultado de difícil aplicación, solo existentes en la Ley Federal del Trabajo y en sus transitorios, sin que el gobierno y el poder judicial asomen sus propósitos de aplicar las normas y la reforma, quizás debido a que el control de las relaciones obrero-patronales, empresariales y comerciales son temas sometidos por medio de las juntas de conciliación y arbitraje locales o federales y mantienen la intervención de los poderes ejecutivos en varios sectores productivos que generan comercio.

En este sentido habrá que evaluar fríamente, si nuestro gobierno mexicano en el fondo tuvo la intención de negociar para un efectivo comercio, donde el país sufriera transformaciones, avances comerciales y desarrollo económico con todo lo que implica este tipo de relaciones o solo estamos tratando de salirle al toro como coloquialmente se diría, la sinceridad pudiera estar en que no existirán mejoras reales a las condiciones obrero-patronal no en materia laboral, como se asegura con la justificación política de la firma y negociación del tratado de libre comercio.

Las reformas en materia de justicia laboral no ha sido implementadas, porque no somos un país preparado para soltar la corrupción y darle entrada a la institucionalidad, los derechos humanos y la productividad.

Entre otras razones la evasiva versa en la falta de presupuesto que alegan los poderes procuradores de materializar la nueva justicia laboral; sin embargo la Norma Oficial Mexicana NOM-035 sobre la identificación de factores de riesgo psicosocial en el trabajo o estrés laboral es una de las herramientas de reciente implementación que sumada a la última reforma laboral sobre la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje deberían ser un positivo referente de los cambios esperados en materia laboral y derechos de la clase trabajadora, la creación de los tribunales laborales desaparecerá las juntas de conciliación y arbitraje, con el objetivo de judicializar los conflictos laborales y las herramientas que generan las normas oficiales mexicanas en la materia laboral, deben ser parte de un intercambio productivo en materia de comercial, empresarial y laboral.

En este contexto de promesas incumplidas, gobiernos elocuentes pero poco efectivos habrá que analizar si la firma del tratado es de manera simbólicamente política o podría ser el inicio del cambio de las relaciones laborales en el país para hacer cumplir la reforma laboral, pero sobre todo de voltear a las relaciones laborales, las cuales tienen una realidad cruda situada entre las grandes empresas y las corruptas juntas de conciliación y arbitraje, las cuales mantienen al trabajador, la pequeña y mediana empresa en manos de la corrupción de sindicatos, juntas y poderes ejecutivos, avalando pésimas condiciones laborales y pocas garantías de solucionar conflictos de trabajo, ojalá tengamos un nuevo y flamante tratado de libre comercio que se consumara de forma y de fondo.