Un crimen que se pudo haber evitado

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

No existe justificación que pueda valer para las autoridades, ni para todos aquellos que tiene responsabilidad en la brutal e innecesaria muerte de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, mujer que no logró la protección del Estado, la atención oportuna de las instituciones y no consiguió salvar su vida ni suplicando abiertamente en redes sociales, ni asistiendo físicamente a pedir la intervención de las autoridades, nada fue suficiente para que sus denuncias fueran atendidas y un niño autista no perdiera a su madre, y una familia completa viviera esta tragedia que pudo ser evitada.

Sin duda, la historia de la Luz Raquel Padilla Gutiérrez, debe dejar cambios y compromisos reales, del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, ya que no es el primero en su administración, no podemos olvidar que, en el 2019, Vanessa Gaytán fue asesinada por su esposo afuera de Casa Jalisco, existió igual que en esta ocasión indignación de la sociedad y compromisos transitorios de reforzar y atender la violencia de género en Jalisco, sin embargo podemos hacer una lista considerable de mujeres que han perdido la vida aun y cuando solicitaron la protección y cuidado de las instituciones públicas.

En este sentido, es necesario que los gobiernos dejen de justificar sus fallas y de minimizar su compromiso, como sucede después de los actos de violencia de género, habrá que replantearse si el mecanismo de órdenes de restricción y las medidas cautelares de la fiscalía, son realmente efectivas para la protección de la vida y de los daños ocasionados por la extrema violencia que viven las mujeres en Jalisco, ante personas con algún trastorno mental que también tienen que ser evaluados en función a su salud mental, científicamente probado que la falta de empatía en el ser humano, nos puede llevar a la violencia sistemática y hasta la muerte en manos de un psicópata; pero en México se evalúa la gravedad y el riesgo de la violencia de género en función al criterio del funcionario que atiende la denuncia y del grado consanguíneo o civil que mantiene con el agresor, ejemplo y duda, el pulso de vida no era necesario para un vecino agresor, ya que no era su pareja sentimental.

Deberán caer todas las cabezas que tienen responsabilidad en la muerte violenta de Luz Raquel, es trabajo del legislativo llamar a los titulares de las dependencias a las que la víctima suplicó por su vida y no fue escuchada de manera eficaz y oportuna, pedir rindan cuentas de cara a quienes nos representan en Jalisco, es obligación del ejecutivo mostrarnos que es empático y responsable con las víctimas que resultan de la omisión de las dependencias correspondientes, removiendo a titulares que han dejado en entredicho su trabajo y que pudieron intervenir para que una mujer que había denunciado, no fuera quemada viva y para que un menor con autismo no sufriera de por vida la ausencia de su pilar de vida y cuidadora.

Que se revise a fondo el actuar de la Fiscalía del Estado de Jalisco, del Centro de Justicia para la Mujer, así como el actuar preventivo y de vigilancia constante de la Comisaría de Zapopan entorno a este caso tan doloroso e indignante, pero además se ponga atención en la comunicación social de todas estas dependencias públicas y sus objetivos, ya que resulta claro que su labor es la de difundir la imagen de la dependencia y sus actividades para generar percepción positiva y de atención ciudadana a la sociedad, cuidando la imagen de sus titulares.

Sin embargo son sordos y ciegos a las etiquetas, arrobados y compartidos de las hoy poderosas redes sociales en sus propias dependencias, fue en esas publicaciones donde Luz Raquel suplicó ayuda directamente a las dependencias adecuadas, sin que se le escuchara, habrá que enfocarse para tomar en cuenta las solicitudes en esta vía a las autoridades y el riesgo de ignorarlas.

Que no exista forma alguna de seguir justificando, lo terrible y doloroso de ver a una mujer suplicarle al Estado por su vida, no es un caso exclusivamente de descomposición social, el tejido social tiene y ha tenido durante el paso de la humanidad personas con trastornos mentales, con algún grado de psicopatía, estas personas pueden matar y matan, la obligación del ente público es prevenir y salvaguardar a las personas, por lo que es necesario la evaluación mental del agresor previo a las medidas de protección y para determinar el riesgo de emitir una débil protección, además valorar la denuncia vía red social y la forma en la que las dependencias tienen que detectar y acompañar a quien pide ayuda e intervención de esta manera.

La responsabilidad es del Estado, no de la sociedad, bajo la excusa de la descomposición del tejido social, detectar que una mujer está en alto riesgo, ya que su agresor tiene un perfil psicópata, es competencia de las autoridades de proteger la vida y la integridad de todas las personas.