OPINIÓN
¿Un éxito el regreso a clases presenciales?
Metástasis, por Flavio Mendoza //
Después de terminar la primera semana de clases en las Escuelas de Educación Básica en Jalisco el gobierno dice que fue un éxito este regreso a clases, pero la realidad es otra. Quisiera comenzar con la vacuna al sector magisterial, estrategia que terminó el domingo 16 de enero, un día antes del regreso a clases, considerando los efectos secundarios de la vacuna muchos maestros no se presentaron a laboral el día lunes, o bien, se presentaron con síntomas post vacuna como fiebre, dolor de articulaciones, entre otros síntomas y de acuerdo a los protocolos no deberían estar presentes en los centros educativos.
Ese fue el primer caos del primer día, que prácticamente es imposible de cuantificar pese a la plataforma administrativa dispuesta para tal efecto.
En una inmensa mayoría de escuelas la asistencia estuvo entre el 40 y 60 % máximo, pero fue disminuyendo conforme avanzaron los días, además de que en los centros escolares se comenzaron a activar los protocolos de actuación en caso de Covid-19, tanto por posibles casos de riesgo de alumnos como de docentes, mientras los casos en el estado y el país siguen en aumento.
Aunque también es cierto que ómicron es una variante del coronavirus que si bien es altamente contagiosa su daño a la salud es menor, en la mayoría de los casos pasa como una simple gripe o infección de garganta pero quien no lo ha padecido prefiere no experimentar, no deja de ser un riesgo a la salud su propagación.
Las clases comenzaron el 17 de enero, pero fue hasta el 19 de enero que se publicaron nuevos Protocolos de Actuación ante Covid-19, generando mucha confusión al personal docente y directivo, así como a los propios padre de familia, pues entre los cambios está que ahora un caso positivo confirmado de alumno que asistió al plantel no es suficiente para enviar a resguardo al resto del grupo, sino hasta un segundo caso.
Los protocolos establecen que si un estudiante presenta síntomas se separa del grupo, se notifica a los papás para que acudan inmediatamente por él a la escuela, mientras que para el resto del grupo se le notifica a los padres de familia y se pide que hagan resguardo voluntario, por un caso, mientras se confirma, pero posteriormente con o sin confirmación de positivo por SARS-Cov-2 el resto del grupo regresa y es hasta un segundo caso confirmado positivo que el resto del grupo completo se iría a resguardo por 10 días.
Como ésta, otras incongruencias en los protocolos, pues piden notificar a la región sanitaria vía telefónica, sin que esta dependencia otorgue un número de registro o folio de reporte, simplemente agradecen por informar. No hay un seguimiento para detectar si hay un brote o no, como lo establecen los protocolos, porque en el caso de los alumnos que se van por síntomas de riesgo por positivo a Covid, no les obliga a entregar una prueba Covid-19, ni el sector salud tiene la capacidad de atender, no hay condiciones de abasto para la atención y seguimiento a los posibles casos Covid-19 que se detectaron en la escuela, por lo que muchos alumnos que se retiran con síntomas no regresan a la escuela, pero tampoco notifican si se aplicó o no una prueba, en espera de la que los síntomas no existan y regresarlos a la escuela.
Para el caso de los docentes, como trabajadores obliga a la atención del caso a través de la institución de la que son derechohabientes, misma que no tiene capacidad de hacerlo, ni citas ni pruebas rápidas para la detección de Covid-19, simplemente está rebasado el sistema, por lo que el personal trabajador de la educación está buscando la atención médica en servicios particulares, así como pagando pruebas que van entre los $390 y los $690 pesos, una violación fragante a los derechos de los trabajadores de la educación.
Si el sistema educativo es una prioridad para el Estado y el país en este momento, debieron considerar además de unos protocolos contradictorios, una ventanilla de asistencia para la atención médica de quienes se están arriesgando y arriesgan a sus familias por sostener el servicio público educativo, con prioridad en su atención y con suficientes pruebas, pues ni el ISSSTE para los federales ni el IMSS para los estatales tienen la capacidad de atender al sector magisterial.
El balance que tengo de un muestreo en 10 Zonas Escolares de los niveles de educación preescolar y primaria en ZMG es que la asistencia de alumnos cerró entre un 30 y 40 % máximo, mientras que docentes no somos 350 docentes en todo el estado los reportados con Covid-19 en esta semana, hay docentes incluso hospitalizados.
Los casos pueden estar superando números de tres dígitos para el magisterio de Jalisco, contrario a lo que las autoridades educativas en el Estado dicen, para mí no es un éxito la estrategia, basta ver las respuestas que docentes y padres de familia dan a las publicaciones del Secretario de Educación al respecto, ya veremos las estadísticas de esta semana para volver a tener una valoración sobre si el regreso a clases ha sido un éxito o no, por lo pronto, miles de familias han tomado la decisión de resguardar a sus hijos en casa hasta pasar esta cuarta ola de contagios.
Twitter: @FlavioMendozaMx
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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