OPINIÓN
Un gobierno ignorante de la ley: La disculpa de Alfaro que nunca llegará
Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //
¿Qué son las medidas cautelares? Una guía para el Gobierno del Estado. El Gobierno de Jalisco no es una persona, del mismo modo que las mesas de salud, seguridad, la del pacto fiscal que nunca presentó sus minutas y las mesas que me faltan no son personas y no tienen Derechos Humanos.
Nadie puede meter a la cárcel a un abstracto como la Mesa del Pacto Fiscal, por ejemplo. Y aunque ésta parece una afirmación simple, obvia y comprensible por cualquiera, claramente no lo es tanto para el dichoso Gobierno del Estado que quién sabe quién sea. La respuesta a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos no las escribió un palacio, un poder, sino alguien que no entiende nada.
¿Qué objetivo tienen las medidas cautelares? En este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también integrada por personas y dirigida por el Doctor Alfonso Hernández Barrón, lo que hizo al dictarlas no fue juzgar a nadie en ningún tribunal sumario, sino que solicitó al Gobierno Estatal que se active lo que corresponde al mecanismo de Protección para Periodistas, que es nacional y en el que cada entidad federativa tiene que poner su parte.
En Jalisco, el nombramiento se hizo en agosto de 2017 y venció en agosto de 2021. Desde entonces, no hay nadie a cargo y además nunca operó propiamente. En eso el gobierno estatal no tiene defensa, ni justificación. Lo que toca es atacar.
El mecanismo de Protección Para Periodistas existe para dictar medidas de protección cuando un periodista está en riesgo y atiende cosas como su seguridad, se le advierte a un funcionario que no abuse y está articulado por distintas instituciones. Pero en Jalisco no opera
Destina, hazlo operativo y dale dinero para que funcione. Es una de las cosas que solicitó la Comisión a la que le contestó un ente abstracto porque el Gobernador Enrique Alfaro está de vacaciones, lo que en plata quiere decir que está guardado para tratar de hacer control de daños y evitar o por lo menos reducir el desgaste generado por los frentes abiertos que tiene con la Universidad de Guadalajara, las familias que buscan a sus desaparecidos y a las que no se tomó en cuenta para el presupuesto, las y los trabajadores del OPD Hospital Civil por las mismas razones y ahora también el gremio periodístico que ha cerrado filas debido al insultante modo en que respondió a Rocío López Fonseca, una periodista con dos décadas de trayectoria que no merecía ser llamada reventadora y que es la gota que derramó el vaso del sistemático trato inhumano y degradante con el que responde las preguntas de los medios.
Las medidas cautelares no son tribunales, no las dicta un juez. Son mecanismos de protección para solicitar a un estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Son pues para evitar que pase algo grave, no para acusar y que el Gobierno de Jalisco no entienda esto, se lo tome como un ataque y responda con infinita torpeza es ya de por sí bastante grave.
Y basándome en un hilo de twitter del periodista de investigación Andrés de la Peña abundo en las razones por las que la respuesta del Gobierno de Jalisco no tiene sentido.
Primero alega faltas al derecho humano al debido proceso, pero el Gobierno de Jalisco no es una persona física protegida por derechos humanos y cuando se dictaminan medidas cautelares no se está juzgando ni haciendo responsable a nadie, sino que lo que se busca es prevenir mayores violaciones. Se trata de evitar que alguien o un grupo sufra violaciones a sus derechos y que después lo lamentemos. Desde ahí mal. Hay que entender que la CEDHJ no es ni un tribunal ni una fiscalía, por lo que no puede haber un «debido proceso» es más, no hay «proceso».
El Gobierno de Jalisco alega que las pruebas que la CEDHJ obtuvo no tienen peso legal y nuevamente esto no es un litigio y la Comisión no es una corte. La Comisión puede investigar de oficio y sin queja para justamente evitar mayores violaciones.
Suscribo lo que dijo Andrés de la Peña: “resulta mayormente preocupante que se atreva a sugerir que no existe evidencia de los abusos a la prensa. Especialmente después de recibir esta carta, firmada por casi 150 periodistas”.
Lo que hace el Gobierno de Jalisco, personificado por Enrique Alfaro, es nuevamente entender los señalamientos como ataques y responder como un pugilista cuando lo que toca es cambiar el tono, el rumbo y la forma para hacer algo que es su obligación: Ser transparente, responder a los cuestionamientos de la prensa y dejar de violentar sistemáticamente a reporteras y reporteros.
Lo que toca no son vacaciones, sino disculpas acompañadas de un cambio de actitud porque la transparencia y el respeto a los Derechos Humanos no son asuntos de contentillo, sino obligaciones gubernamentales.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Rechaza ser deportado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
Tlajomulco celebrará el primer Festival de Biodiversidad Etnomicológica
Se rasga bandera gigante en Guanajuato
