Un gobierno ignorante de la ley: La disculpa de Alfaro que nunca llegará

Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //

¿Qué son las medidas cautelares? Una guía para el Gobierno del Estado. El Gobierno de Jalisco no es una persona, del mismo modo que las mesas de salud, seguridad, la del pacto fiscal que nunca presentó sus minutas y las mesas que me faltan no son personas y no tienen Derechos Humanos.

Nadie puede meter a la cárcel a un abstracto como la Mesa del Pacto Fiscal, por ejemplo. Y aunque ésta parece una afirmación simple, obvia y comprensible por cualquiera, claramente no lo es tanto para el dichoso Gobierno del Estado que quién sabe quién sea. La respuesta a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos no las escribió un palacio, un poder, sino alguien que no entiende nada.

¿Qué objetivo tienen las medidas cautelares? En este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también integrada por personas y dirigida por el Doctor Alfonso Hernández Barrón, lo que hizo al dictarlas no fue juzgar a nadie en ningún tribunal sumario, sino que solicitó al Gobierno Estatal que se active lo que corresponde al mecanismo de Protección para Periodistas, que es nacional y en el que cada entidad federativa tiene que poner su parte.

En Jalisco, el nombramiento se hizo en agosto de 2017 y venció en agosto de 2021. Desde entonces, no hay nadie a cargo y además nunca operó propiamente. En eso el gobierno estatal no tiene defensa, ni justificación. Lo que toca es atacar.

El mecanismo de Protección Para Periodistas existe para dictar medidas de protección cuando un periodista está en riesgo y atiende cosas como su seguridad, se le advierte a un funcionario que no abuse y está articulado por distintas instituciones. Pero en Jalisco no opera

Destina, hazlo operativo y dale dinero para que funcione. Es una de las cosas que solicitó la Comisión a la que le contestó un ente abstracto porque el Gobernador Enrique Alfaro está de vacaciones, lo que en plata quiere decir que está guardado para tratar de hacer control de daños y evitar o por lo menos reducir el desgaste generado por los frentes abiertos que tiene con la Universidad de Guadalajara, las familias que buscan a sus desaparecidos y a las que no se tomó en cuenta para el presupuesto, las y los trabajadores del OPD Hospital Civil por las mismas razones y ahora también el gremio periodístico que ha cerrado filas debido al insultante modo en que respondió a Rocío López Fonseca, una periodista con dos décadas de trayectoria que no merecía ser llamada reventadora y que es la gota que derramó el vaso del sistemático trato inhumano y degradante con el que responde las preguntas de los medios.

Las medidas cautelares no son tribunales, no las dicta un juez. Son mecanismos de protección para solicitar a un estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Son pues para evitar que pase algo grave, no para acusar y que el Gobierno de Jalisco no entienda esto, se lo tome como un ataque y responda con infinita torpeza es ya de por sí bastante grave.

Y basándome en un hilo de twitter del periodista de investigación Andrés de la Peña abundo en las razones por las que la respuesta del Gobierno de Jalisco no tiene sentido.

Primero alega faltas al derecho humano al debido proceso, pero el Gobierno de Jalisco no es una persona física protegida por derechos humanos y cuando se dictaminan medidas cautelares no se está juzgando ni haciendo responsable a nadie, sino que lo que se busca es prevenir mayores violaciones. Se trata de evitar que alguien o un grupo sufra violaciones a sus derechos y que después lo lamentemos. Desde ahí mal. Hay que entender que la CEDHJ no es ni un tribunal ni una fiscalía, por lo que no puede haber un «debido proceso» es más, no hay «proceso».

El Gobierno de Jalisco alega que las pruebas que la CEDHJ obtuvo no tienen peso legal y nuevamente esto no es un litigio y la Comisión no es una corte. La Comisión puede investigar de oficio y sin queja para justamente evitar mayores violaciones.

Suscribo lo que dijo Andrés de la Peña: “resulta mayormente preocupante que se atreva a sugerir que no existe evidencia de los abusos a la prensa. Especialmente después de recibir esta carta, firmada por casi 150 periodistas”.

Lo que hace el Gobierno de Jalisco, personificado por Enrique Alfaro, es nuevamente entender los señalamientos como ataques y responder como un pugilista cuando lo que toca es cambiar el tono, el rumbo y la forma para hacer algo que es su obligación: Ser transparente, responder a los cuestionamientos de la prensa y dejar de violentar sistemáticamente a reporteras y reporteros.

Lo que toca no son vacaciones, sino disculpas acompañadas de un cambio de actitud porque la transparencia y el respeto a los Derechos Humanos no son asuntos de contentillo, sino obligaciones gubernamentales.