OPINIÓN
Una apuesta para un futuro sustentable: Agricultura de precisión y salario de transición
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
¿Alguna vez te has preguntado cómo la tecnología puede revolucionar el mundo de la agricultura? ¿Y qué sucede con aquellos que han dedicado décadas de su vida a un trabajo específico y de repente se enfrentan a un mercado laboral en constante cambio? Estos dos temas aparentemente dispares, la agricultura de precisión y los salarios de transición, convergen en una fascinante intersección donde la innovación y la equidad se unen.
Imagina un campo agrícola donde drones y sensores de última generación trabajan en armonía con los agricultores, permitiendo una gestión más eficiente y precisa de los recursos. Este enfoque de agricultura de precisión va más allá de las tradicionales prácticas agrícolas, ofreciendo beneficios ambientales, económicos y de sustentabilidad a largo plazo.
Ahora bien, por más fascinante que esto resulte no podemos olvidar a aquellos que han sido pilares de nuestra agricultura durante décadas: los trabajadores de nuestros campos que han dedicado su vida a la tierra, y con quienes tenemos no solo una deuda histórica, sino también una social.
En ese sentido, ante la rápida evolución del mercado laboral, surge la necesidad de brindarles la oportunidad de una transición suave hacia nuevas oportunidades, y es aquí donde los salarios de transición se presentan como una solución vital para apoyar a estos trabajadores, brindándoles el soporte económico y las herramientas necesarias para reinventarse y abrazar nuevos desafíos, tales como la agricultura de precisión.
En un mundo en constante evolución, la agricultura de precisión se presenta como un faro de esperanza para el futuro de la producción agrícola, ya que esta innovadora práctica combina tecnología avanzada, como drones, sensores y sistemas de información geográfica, con la gestión inteligente de recursos para optimizar el rendimiento de los cultivos, reducir el impacto ambiental y también, para prepararnos de cara a la serie de crisis alimenticias que el cambio climático pueda desatar.
Dicho esto, regresemos a la imaginación: visualiza un dron sobrevolando un campo agrícola, recopilando datos precisos sobre el estado de los cultivos, posteriormente, estos datos se combinan con información sobre el suelo, las condiciones climáticas y otros factores relevantes, creando un mapa detallado que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre el riego, la aplicación de fertilizantes y pesticidas, e incluso la planificación de la cosecha, de esta manera, la agricultura de precisión permite una gestión más eficiente y precisa de los recursos, lo que se traduce en un uso más eficiente del agua, una reducción de los insumos químicos y una disminución de los costos para los agricultores.
Pero más allá de los beneficios económicos y de eficiencia, la agricultura de precisión tiene un impacto positivo en el medio ambiente, ya que con esta técnica se puede reducir el uso de pesticidas y fertilizantes, por ende, se disminuye la contaminación del suelo y del agua, así como los efectos nocivos para la salud humana y la biodiversidad, permitiendo también la optimización de los recursos hídricos y permitiendo la conservación de este recurso vital en un contexto de cambio climático y escasez de agua.
Sin embargo, para aprovechar al máximo los beneficios de la agricultura de precisión, es necesario abordar los desafíos que surgen en relación con la mano de obra del campo, esto debido a que tal y como se ha abordado en trabajos anteriores, la implementación de tecnologías avanzadas puede implicar una reducción en la necesidad de mano de obra manual en ciertas tareas agrícolas, lo cual plantea preocupaciones legítimas sobre el impacto en los trabajadores rurales, muchos de los cuales dependen de la agricultura como fuente de empleo y sustento.
Ante ello, es fundamental reconocer que el impacto en la mano de obra del campo varía según la región y las características específicas de cada sector agrícola, y en el caso de México, por ejemplo, aproximadamente unos tres millones de personas se desempeñan como jornaleros y jornaleras en el campo, por lo tanto, es crucial abordar este desafío con un enfoque integral y sensible a las necesidades de los trabajadores.
Ante esto, la implementación de políticas públicas que fomenten la reinvención y reconversión laboral juegan un papel fundamental, ya que a través de esto se pueden proporcionar programas de capacitación y apoyo económico a los trabajadores rurales que se enfrenten a la disminución de la demanda de mano de obra en la agricultura tradicional.
Por lo tanto, es crucial abordar las barreras adicionales que pueden dificultar la adaptación de los trabajadores mayores a estas nuevas oportunidades, esto de forma tal que se puedan emprender acciones congruentes para disminuir la brecha digital, el acceso limitado a la educación y la discriminación por edad, los cuales, al día de hoy son un reto significativo para muchos sectores de la población.
Es comprensible que algunos puedan ver estos cambios como amenazas a sus empleos o como una invasión de tecnología en un ámbito tradicional. Por lo tanto, es esencial comunicar de manera efectiva los beneficios y oportunidades que ofrece la agricultura de precisión, así como los programas de apoyo a los trabajadores afectados.
En ese contexto, la comunicación debe ser transparente y clara, presentando casos de éxito y ejemplos concretos de cómo la adopción de tecnologías avanzadas ha mejorado la vida de los agricultores y ha generado nuevas oportunidades laborales, aunado a esto, es importante precisar la importancia de la participación de diferentes actores, como organizaciones agrícolas, sindicatos, instituciones académicas y grupos comunitarios, esto para promover el diálogo y la colaboración en la implementación de políticas y programas que representan un ganar ganar para la sociedad en el corto, mediano y largo plazo.
La agricultura de precisión y los salarios de transición representan dos aspectos cruciales en el camino hacia una agricultura más eficiente, sostenible e inclusiva, no obstante, se necesita puntualizar que, la adopción de tecnologías avanzadas no busca reemplazar a los trabajadores, sino mejorar sus condiciones laborales y abrir nuevas oportunidades.
Sí, la innovación es una fundamental para el desarrollo de las sociedades modernas, para toda innovación requiere de la compañía de legisladores a la altura de las circunstancias que sean capaces de atender los nuevos paradigmas de tal forma que se pueda facilitar la integración de un importante número de personas de este sector a una nueva alternativa para garantizar un futuro sustentable.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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