Una imagen cotidiana

Opinión, por Iván Arrazola //

Las imágenes no dejan lugar a dudas, son dolorosas y causan rabia, ver cómo dos elementos de la policía del municipio de Guadalajara golpean a un hombre en situación de calle, indignan y provocan un sentimiento de desolación e impotencia, la agresión termina cuando el hombre logra huir de los agentes, el maltrato por parte de las autoridades es una de las tantas imágenes cotidianas de la inseguridad en el país, donde las autoridades municipales participan en otro caso de maltrato y violación de derechos humanos de la ciudadanía.

La reacción de los titulares de seguridad ante la difusión del video es informar que los agentes han sido separados de sus cargos y el área de asuntos internos realizará la investigación correspondiente. Nuevamente las autoridades pretenden hacer creer a la ciudadanía que se trata de unas cuantas manzanas podridas y que el sistema funciona bien, pero esa es una apreciación errónea.

El hecho ameritaría una explicación por parte de la autoridad, además de la separación de los dos agentes mientras se concluye la investigación, la pregunta que se le tendría que hacer a la autoridad es cómo explica la actuación de sus oficiales en general y los protocolos que deben seguir.

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2022, Jalisco aparece en el lugar 27 de los 32 estados y se le cataloga como un estado con “impunidad alta”, la tasa de quejas por violaciones a los Derechos Humanos en Jalisco promedia 245.4 mientras que la media a nivel nacional es de 103.4 quejas. La comisaria de Guadalajara ha recibido entre el 2018 y 2020, 536 quejas y 9 recomendaciones, la policía del municipio de Guadalajara tiene un problema con la actuación de algunos de sus oficiales, el video que se difundió esta semana es prueba de que hay elementos de esta corporación que no están realizando de manera adecuada su trabajo.

No es una percepción errónea, no existen protocolos claramente establecidos para la actuación de la policía o al menos no son del conocimiento de la ciudadanía, cualquier persona puede circular en su vehículo o transitar a pie por las calles y ser detenido por la autoridad para una “revisión” sin recibir una explicación del porqué del procedimiento, aunque se intuye que el aspecto físico de las personas o de los vehículos puede ser razón suficiente para considerar a una persona sospechosa.

Pero muchas de estas revisiones concluyen en extorsiones por parte de la autoridad o detenciones arbitrarias, al final todo esto forma parte de la cifra negra, ante una autoridad opaca que no es capaz ni de garantizar los derechos de la ciudadanía ni de clarificar su actuación.

En medio de una terrible crisis de seguridad en el país la desconfianza hacia la autoridad policial crece, el caso del joven Giovanni Hernández ilustra la problemática, en el 2020 el joven murió bajo la custodia de dos elementos de la policía del municipio de Ixtlahuacán, qué protocolos se manejaron, qué diagnóstico se hizo sobre la condición o estado de salud del joven al ingresar a la cárcel, es un misterio, como generalmente ocurre cuando una persona es detenida en el país.

Las denuncias también vienen de fuera, en el informe del Departamento de Estado, se informa sobre detenciones arbitrarias y sobre casos de tortura por parte de las fuerzas federales, si esos casos se trasladan a nivel estatal y local, las cifras seguramente se multiplican, todo esto obliga a pensar la manera en la que vienen trabajando los cuerpos de seguridad municipal en el país, no se trata de casos aislados, este es el modus operandi de muchas instituciones policiales en el país lo que agrava la crisis de seguridad.

Pero ante la crisis de seguridad para el gobierno la única respuesta es seguir repitiendo la misma estrategia punitiva y opaca, las volantas o retenes son una estrategia que lejos de ayudar a que la ciudadanía se sienta más segura lo único que generan es desconfianza sobre la forma de proceder de la autoridad, las revisiones por parte de la policía en estos operativos lo único que producen es miedo de que la policía se exceda en sus funciones, las cifras así lo reflejan, de acuerdo con la encuesta del periódico El Financiero 76% de la población en México desconfía de la policía.

Hoy el verdadero debate debería de ser cómo es que las autoridades pueden mejorar su percepción ante la ciudadanía, las imágenes no mienten, la policía abusó de una persona en situación de calle, una persona que no levantó una denuncia y que no es capaz de ejercer sus derechos, Giovanni tampoco podrá hablar y decir cómo vivió las últimas horas, ni los maltratos a los que fue sometido por la autoridad.

Mientras no haya una policía capacitada, que rinda cuentas y trasparente su actuación, los casos se seguirán presentando, todo esto ante la mirada cómplice de una autoridad que prefiere hablar de la baja de los delitos que construir instituciones eficientes que brinden certeza y confianza a la ciudadanía.