OPINIÓN
Usos y abusos de traumas escogidos en política: Los peligros de AMLO y FRENA
Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //
No hay otro camino hacia la dignidad como personas y como sociedad que el sanar. Todas y todos hemos sufrido de mal tratos y abusos a lo largo de nuestras vidas que nos duelen y marcan destinos; por ello, todas y todos debemos trabajar en su solución hasta ser capaces de enfrentar sus causas con madurez y eficacia, rompiendo todo círculo de dependencia.
El convertirnos en mujeres y hombres responsables, nos exige liberarnos de todo trauma oculto en nuestro inconsciente. El miedo a lo que podríamos encontrar dentro de nosotros es aún más poderoso que el temor a lo que habita fuera de nuestra intimidad; en la realidad cotidiana. Recuperar aquellos recuerdos que, inconscientemente, decidimos ocultar, negándolos, quizá podría hacernos sentir peor; sin embargo, siempre es parte del proceso de maduración y realización personal.
En enero de 2012, en Tbilisi, capital de la república de Georgia, durante la Segunda Conferencia Internacional sobre Salud y Derechos Humanos, Vamik Volkan, norteamericano de origen chipriota, psicoanalista y profesor emérito de psiquiatría de la Universidad de Virginia, cuatro veces candidato al Premio Nobel de la Paz, dio una extraordinaria conferencia en que habló del “trauma designado o escogido” como aquella representación mental sobre un hecho histórico traumático compartido por un número significativo de personas dentro de una comunidad, que los líderes políticos reavivan e inflaman, siempre a su conveniencia, en algo que se conoce como “ideología de la reivindicación o la queja”.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo abusos de poder innegables, corrupción evidenciada por las redes sociales y complicidad público-privada que se conoció ampliamente. Alimentados desde un discurso reivindicatorio pero cercano a la locura autodestructiva de Casandra en Las Troyanas de Eurípides, y desde un resentimiento sin tregua ni piedad, el pueblo castigó al partido de Peña Nieto, eligió a un mesías falso y se condenó a males más graves y peligrosos.
Eurípides decide, en Las Troyanas, que Poseidón nos advierta: “Ahora vais a pagar. Haced la guerra, mortales imbéciles. Destrozad los campos y las ciudades. Violad los templos, los sepulcros, y torturad a los vencidos. Haciéndolo así reivindicareis”. ¿Y qué, acaso no es esto lo que vivimos con Andrés Manuel López Obrador y su gobierno de la 4T al mandar al diablo a las instituciones, destruyéndolas, cancelando obras de gran y trascendente impacto económico positivo y torturando, cada mañana, a los vencidos, amenazándolos y denigrándolos con palabras de exclusión y enemistad?
Una vez escuché “no sueltes a los perros si no sabes cómo encerrarlos”.
López Obrador ha pretendido ser maestro en aquello de revivir traumas históricos de nuestro devenir patrio. El 25 de marzo de 2019, envió cartas al Papa Francisco y al rey de España Felipe VI, exigiéndoles que, tras un relato de los agravios a los pueblos originarios de México, pidieran perdón por la violación de sus derechos humanos en la Conquista de España a México. Nada pasó, tal como era de esperarse desde un primer momento.
Yo, como muchos de mis compañeros de escuela primaria, crecí creyendo en el agravio de la Conquista española hasta que un buen día mi padre me invitó a no pelearme con mi pasado, reconociéndolo como origen de mi identidad y pertenencia, y luz en mi destino. Así, me sentí orgulloso del peregrinar azteca por gran parte de nuestro territorio de hoy, durante dos siglos; me maravillé al saber que el pueblo purépecha –mi padre nació en Michoacán- posiblemente tendría su origen en el sur del continente; me sentí orgulloso de mis raíces sefarditas y catalanas; agradecí mi fe católica y amor guadalupano que me infunde la necesidad de comprender el por qué María decidió legarnos su imagen preñada del Dios vivo, haciendo de su cuerpo el más preciado altar; y me sentí comprometido con la lengua de Cervantes, Tirso de Molina, Sor Juana, Carlos Fuentes, Rosario Castellanos, Juan José Arreola, con quien compartí una deliciosa charla y unas cuantas copas de buen vino en un viaje en avión.
En la esencia de López Obrador no hay soluciones posibles que no estén sustentadas en su ideología personal inacabada, ni dignidad en las aspiraciones que el dinero pudiera medir. Confórmate con un par de zapatos… no aspires a más… confórmate, confórmate, limítate, así es el camino que nos llevará al reino celestial y aquí nos liberará de todo mal, incluido el coronavirus. En la 4T, la solución de los conflictos rompería con la dependencia. AMLO promueve la idolatría a un Estado nación regresivo e idílico, encerrado en sí mismo, narcisista e incambiable. En AMLO solo cabe un principio: “Lo tuyo es nuestro, lo nuestro es mío y lo mío, también”, y por ello es un peligro real para México.
Pero del otro lado también se anida la locura de la autodestrucción.
LOS ILUMINATI
FRENA cree que en verdad existen los iluminati y que en todo México son tan solo 67, y por ello están en su reclutamiento, miento, miento, miento… Los iluminati de FRENA escogen y juegan con los traumas y temores sociales, los exacerban y hacen vibrar al son de cláxones en marchas largas, largas, largas; tan largas como la pandemia y tan crecientes como la curva aplanada de López Gatell.
En FRENA son evidentes los procesos de manipulación de masas, desde los sentimientos de pertenencia social, apoyados por sistemas técnicos psicosociales y, de manera muy evidente, de la psicopolítica. Lo que no entiendo es la miopía de los presidentes de los partidos políticos de oposición que no alcanzan a mirar los peligros de FRENA y frenan a sus iluminati, apagándolos, al evidenciar sus falsedades, mentiras e inconsistencias constitucionales. Entendamos que no todos los opositores de AMLO tienen una causa digna y buena.
E-mail: benja_mora@yahoo.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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