OPINIÓN
Valorar el oro azul: El aumento a la tarifad el agua frente a las deficiencias del SIAPA
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
El agua es el elemento más importante para la vida. Este, no solo es de gran importancia para el ser humano en un gran número de actividades, que a su vez, también son fundamentales, sino que también, es un elemento vital para el resto de los animales y seres vivos.
Ahora, en el contexto de la pandemia, el agua se ha vuelto un elemento aún más importante ya que garantiza la higiene básica y así ayuda a reducir el riesgo de contagio, no por nada, al inicio de la pandemia, las autoridades prestaron especial atención en promover por distintas plataformas, videos para enseñar a la ciudadanía a lavar correctamente las manos.
Sin embargo, cuando la sociedad se enfrenta a una pandemia que ciertamente parece no tener fin, la autoridad tiene una obligación que va más allá de promover videos de carácter informativo, y ésta es la de garantizar un sistema de distribución y saneamiento adecuado, seguro y eficiente que sea capaz de entregar a los ciudadanos este valioso líquido en tiempo y forma.
Es así que llama mucho la atención que siendo nuestro estado uno de los pioneros a nivel nacional en la toma de medidas sanitarias y preventivas contra el COVID-19, se haya descuidado tanto un tema tan serio y delicado como lo son la falta de agua en algunas colonias y el despacho de ésta en pésimas condiciones en casi toda la zona metropolitana.
Por ejemplo, en la colonia Mesa Colorada, en el municipio de Zapopan, la falta de agua ha generado que todos los vecinos tengan que movilizarse hacia algunos tinacos comunitarios, que solamente garantizan a los vecinos unos cuantos litros que son insuficientes para hacerle frente tanto a las necesidades propias del hogar, como para darle seguimiento a las medidas sanitarias contra el COVID-19 más básicas.
Por si fuera poco, durante toda esta crisis, algunos vecinos reclamaron que las pocas pipas que en su momento fueron enviadas por el SIAPA no abastecían a quienes no mostraban su recibo de agua.
Por otro lado, en los últimos meses, también hubo un importante aumento en el número de reportes de agua sucia en múltiples colonias, y aunque el SIAPA reconoció que este fenómeno aumentó un 10% durante la pandemia, las voces de los vecinos hicieron saber que este es un problema de décadas.
En virtud de lo anterior, resulta alarmante y preocupante que, pese a todas estas problemáticas tan sensibles, los Diputados del Congreso del Estado, con 21 votos a favor y 16 en contra avalaran un incremento en las tarifas del agua potable del SIAPA para Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, y Tonalá, medida que impacta especialmente en la economía de las familias, muchas que de hecho, no han terminado de recuperarse del impacto económico que generó la pandemia.
Respecto a esta medida algunos Ayuntamientos han señalado que si bien es cierto que el municipio valida este ajuste a petición del SIAPA, también exigirá al organismo que las colonias del municipio cuenten con abasto suficiente, esto para mitigar un problema que ciertamente, requiere de absolutamente toda nuestra atención, toda vez que la falta de este recurso, amplia la ya bastante grande brecha social.
Ahora, si bien es cierto que hay mucho que cuestionarle al SIAPA sobre este aumento que es calificado por muchos como insensible, también es muy cierto que es ante este tipo de situaciones que debemos tener muy presente que vivimos y formamos parte de un sistema público y político cuyos cimientos se encuentran en la idea de pesos y contrapesos.
En ese orden de ideas, resulta fundamental que los grupos opositores entiendan que hacer oposición va más allá de realizar posicionamientos críticos a través de redes sociales u otros medios de comunicación, sino que parte de su trabajo es monitorear de manera puntual e itinerante el desarrollo de estas medidas no solo para vigilar que el agua sí sea entregada a las colonias más afectadas, sino también para garantizar que los recursos producto de este aumento sean aprovechados por el SIAPA y que además, estos, estén siendo empleados de tal manera que se puedan desarrollar programas capaces de mejorar las estrategias de distribución y para diseñar nuevos y mejores modelos de gestión y saneamiento de agua.
Asimismo, tienen el compromiso de diseñar medidas con perspectiva social que puedan ayudar a la ciudadanía a mitigar el impacto económico que este tipo de decisiones pueden llegar a generar en las familias del municipio, eso es un verdadero ejercicio no solo de oposición, sino también democrático y representativo.
La pandemia es un monstruo con distintos rostros que nos ha afectado a todos de muchas maneras, esta crisis ha evidenciado nuestras deficiencias y nuestros errores como sociedad, pero al mismo tiempo nos ha puesto en bandeja de plata todas y cada una de las áreas de oportunidad que tenemos delante de nosotros y que estamos a tiempo de resolver.
Así como el COVID-19 puso en evidencia a las instituciones del sector salud y a nuestro sistema económico, también ha puesto en evidencia una serie de errores administrativos y gubernamentales que hace un par de años eran ‘’simples’’ problemas, pero que hoy representan una crisis derivada de años de mala planeación.
El problema referente a la falta de agua y al aumento que tendrá este servicio definitivamente es grave y toca las fibras más sensibles de nuestra sociedad, y aunque el aumento como tal es inminente, no todo está perdido siempre y cuando cada pieza del tablero político entienda a la perfección el papel que tiene en este juego.
Por un lado, nosotros como ciudadanos debemos vigilar con lupa el actuar de este organismo para así asegurarnos que cumple cabalmente con todos y cada uno de sus compromisos, y por el otro lado, la oposición debe comenzar a hacerse valer como una herramienta de utilidad social crítica y propositiva que defiende con responsabilidad y objetividad los intereses de una sociedad que anhela esa sensación que genera el saber que sus intereses y causas está bien representadas a través de la clase política.
Para muchos, este aumento es catalogado como una medida necesaria, lo cual puede que sea cierto, pero independientemente de si lo es o no, lo que sí, es que es una realidad, y por ello, insisto en la importancia de revisar y cuidar meticulosamente al organismo encargado de su distribución.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
Jalisco amplía protocolo de choques lamineros para agilizar tránsito y reducir riesgos
Lanzan «Presente Profe», plataforma para que docentes se apoyen entre sí
Jóvenes de Zapopan usarán TikTok para dar la batalla contra la corrupción
Evalúan a Gerardo Quirino como el mejor alcalde de Jalisco: «El compromiso es con la gente»
