OPINIÓN
Van por extinción del PRONI
Metástasis, por Flavio Mendoza //
En diversas entrevistas al respecto de la extinción del Programa Escuelas de Tiempo Completo, anticipé que el siguiente programa en eliminarse sería el Programa Nacional de Inglés (PRONI), la mira está puesta en este programa que permitía la contratación de maestros de inglés en las escuelas públicas en todos los Estados de la República.
Lamentablemente se hace realidad, hoy los docentes de Inglés en todo México carecen del pago desde el mes de agosto, cuando aún tienen presupuesto Federal que por cierto, en términos reales, sigue en decremento, pero aún se presupuestó para este ejercicio fiscal del año 2022, sin embargo entre la Secretaría de Hacienda y la de Educación no sabían dónde había quedado ese recurso, mientras los docentes no recibían su pago desde el mes de enero hasta la fecha, qué irresponsabilidad de quienes manejan los recursos de este país y administran la educación. El proceso que llevan es muy similar al que llevaron con Tiempo Completo.
Este Programa como otros 14 que ya desaparecieron incluyendo el de Escuelas de Tiempo Completo, está en la mira de la SEP y el Gobierno Federal, pues se trata de recursos económicos que se transfieren a los estados, hecho por el que han decidido terminar con otros programas en educación, justificando la corrupción como único argumento y dejando de lado los resultados que se tienen con la operación de estos proyectos educativos.
Por ello anticipo la extinción de PRONI, porque además como en el caso de Tiempo Completo, este proyecto educativo ya no está considerado dentro del Nuevo Modelo y Programas Educativos que ya prepara la 4T, en el ideario de Marx Arriaga no será prioridad y otras lenguas pasarán a ser parte del programa que cualquier docente pueda abordar y la intención de establecer dentro del perfil de egresos de los normalistas el dominio de la segunda lengua dependiendo del tipo y nivel educativo de preparación profesional en dicha licenciatura en educación.
La realidad es que los alumnos de prescolar, pero principalmente de primaria se quedarían sin la posibilidad de continuar con el programa, que por cierto, en lugar de pensar en su expansión, durante años lo han disminuido, por ejemplo, para Jalisco sólo existen 150 asesores dentro del programa PRONI, que por cierto, curiosamente la cifra sigue igual a la de ciclos pasados, es decir que a las escuelas a las que les quitaron el Programa desde la decisión del Estado, como el caso de algunas Escuelas de Tiempo Completo, ya no se repuso el recurso, lo que quiere decir que fue una acción casi dirigida o por indicación de los altos mandos en la Secretaría de Educación de Jalisco para ya no recuperar este recurso, sin una justificación de la afectación de la progresividad del derecho de esos niños quienes ya lo recibían, otro elemento que se suma a los claros mensajes de que a las Escuelas de Tiempo Completo que siguen operando el Gobierno del Estado no quiere ayudarlas en nada, por el contrario disfrutaría de su extinción.
En Jalisco, como en otros Estados, los docentes de PRONI se tienen que unir y reclamar, en la entidad los docentes recientemente se han movilizado a las oficinas de enlace educativo de la SEP en Jalisco, para exigir el pago de su salario, una violación fragante a un derecho constitucional, al respecto, maestros consultados en nuestra entidad acudirán a una reunión en Ciudad de México la próxima semana para resolver que les paguen el resto del ciclo, que por cierto, aquí en nuestro estado el Gobierno con presupuesto estatal pagó los meses de enero y febrero, a manera de préstamo, sin embargo está a la espera de asignación de recursos para cumplir con el pago a estos docentes.
Será cuestión de meses o quizá un año más para que se elimine PRONI desde la federación, lamentablemente otra lucha en educación donde los docentes están prácticamente solos contra los gobiernos para hacer válido su derecho a recibir el salario del trabajo que ya realizaron, sigue siendo un tema que le duele al magisterio y que parece a nadie importarle, incluyendo a la parte sindical, es vergonzoso que en México miles de maestros trabajen sin sueldo, esto debería ya tener consecuencias que incluso obliguen al gobierno a pagar morosidad por el retraso de nómina, pues ese recurso causa estragos en las finanzas de miles de familias de los trabajadores de la educación.
PRONI podría ser el programa número 15 en la lista de extinción dentro del Sistema Educativo Nacional, mientras cada vez vamos normalizando el manoseo y manipulación en la administración educativa del país, sin la defensa de la representación sindical magisterial, sin la fuerza de la sociedad para su defensa.
Las autoridades educativas locales en las reuniones de CONAEDU aplauden recuperar un recurso que nunca debió desaparecer, con esfuerzos aislados de pocas organizaciones sociales, pocos periodistas enfocados en estos temas y maestros peleando aisladamente la defensa de este proyecto educativo, sigue el desmantelamiento de la Educación en México.
Twitter: @FlavioMendozaMx
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
Tlajomulco celebrará el primer Festival de Biodiversidad Etnomicológica
Se rasga bandera gigante en Guanajuato
Conciencia TV: ¿Quiénes fueron los jaliscienses que participaron en el Movimiento de Independencia de México?
Yoali
18 de septiembre de 2022 at 13:44
Es cierto lo que digo que el famoso socialismo destruye, acaso piensan destruirlo la educación?? Claro una mente que no piensa es una mente que no se defiende.