Violencia de género vs percepción

Opinión, por Mónica Ortiz //

Jalisco mantiene altos índices de violencia contra las mujeres, los protocolos por feminicidio son activados prácticamente todos los días en varias ocasiones, no estamos seguras en ninguna situación que implique la calle, el trabajo ni la vida social, la violencia está disparara, no solo para los jaliscienses sino para el país.

El exceso de violencia en contra de las mujeres, requiere un compromiso más estricto de los gobiernos y las instituciones públicas a las que llega suficiente presupuesto, para implantación de actuación, protocolos, defensa y atención a la violencia de género, para combatir la violencia y la inseguridad, misma que actualmente está instalada en nuestra sociedad; sin embargo, para el gobierno es más importante matizar tan dramático y preocupante tema, evitando ensuciar la percepción del ciudadano para los tiempos electorales.

Es otra pandemia, pero no podemos dejar de lado ni justificar que el presupuesto público, no se utilice para prevenir y combatir tan terrible situación de violencia en contra de las mujeres, tampoco debemos permitir que las autoridades minimicen el peligro constante en el que vivimos al enfrentar el día a día, el simple y aberrante objetivo de mantener poder público en el siguiente periodo electoral, son los gobiernos todos, las autoridades y las instituciones en funciones los responsables de prevenir, atender y generar las políticas públicas necesarias e inmediatas para que las mujeres en Jalisco, se informen, denuncien, se resguarden y logren salvar su vida ante entornos violentos de riego inminente.

En este contexto todas aquellas instituciones públicas u organismos autónomos que se relacionen con la prevención de la violencia contra las mujeres, desde el ámbito municipal hasta el ejecutivo que tenga bajo su resguardo los temas de salud, prevención, atención en razón de género, deberían estar gastando su presupuesto y sus recursos técnicos y humanos en volcarse en la terrible y dolorosa realidad en la que todos los días mujeres y niñas pierden la vida a causa de la violencia de género, pasando a ser una estadística real y después a una maquillada por razones electorales.

Las instituciones de gobierno que tienen la responsabilidad en relación con este gravísimo tema de la vida de las mujeres en el Estado, como son la Secretariía de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Secretaría de Salud Jalisco, Secretaría de Educación Jalisco, Secretaría de Seguridad Jalisco, Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco, el núcleo de Ciudad Niñez y todas las instituciones que lo conforman, más los entes municipales y los autónomos respectivos, parecen haber caído en un profundo sueño reparador, para que en campaña electoral puedan despertar a presumir sus compromisos; mientras en Jalisco en lo que corre de noviembre 2022 van más de quince feminicidios, no concuerdan lo que sucede en la calle y en los hogares, con los números que llegan todos los días a los escritorios de los servidores públicos en turno, eso sin hablar todavía de que las familias de las víctimas alcancen la justicia.

Es una crisis o un asunto de foco rojo, como se logre percibir, pero en realidad mueren por violencia en Jalisco más de una mujer o niña por día; debemos dejar de ver con ojo realmente crítico que el organismo público y autónomo que debe velar por el respeto de los derechos humanos de las personas en Jalisco, entró en ese letargo inducido por la corrupción y en este momento su mayor función en pro y defensa de la sociedad, es ser solo un mediador.

Mientras la Comisión de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) no cumpla con la ley y con su encargo público de emitir recomendaciones a las autoridades en materia de violaciones a los derechos humanos, el fondo de las violencias de género todas, no solo el feminicidio, se van a recrudecer dejándonos en estado de indefensión.

Que los gobiernos asuman que no hay mejor propaganda electoral que hacer su trabajo y cumplir, manteniendo sus convicciones éticas de servidor público, para conservar la administración del Estado, lo contrario es incompatible y absurdo a la hora de acudir a una urna electoral.