OPINIÓN
Violencia y crisis: Es tiempo de la auto-reflexión
Mujeres y Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Por qué tanta violencia, tanto homicidio, feminicidio, suicidio, problemas de adicciones, desapariciones? ¿Por qué tantas familias desintegradas? ¿Nosotros, los llamados baby boomers que hicimos mal, dónde nos extraviamos y perdimos la brújula?
A nuestra generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial, formada en un ambiente muy estricto, nos dicen la generación doblemente regañada, porque nos regañaban nuestros padres y ahora nos regañan nuestros hijos.
A propósito del artículo que escribí la edición anterior en Conciencia, que titulé «generación enferma», por esa descomposición social que vivimos en esta era de explosión y revolución digital y que se manifiesta en esa espiral de violencia que rebasa a los gobiernos, son ese tipo de conductas las que dominan la agenda diaria tanto en lo nacional y lo local.
Es una realidad que nadie puede esconder, es ocioso negarla o minimizarla, mientras el problema tiende a agudizarse y crece como una metástasis cada vez con efectos mayores dentro del organismo llamado México.
El caso de la muerte de Luz Raquel Padilla, quemada en vida después de un grito de SOS implorando ayuda, protección y que no se lo brindamos, en un contexto de amenazas y violencia, el problema sigue y seguirá presente, porque más allá de ser reactivos ante el suceso, no hay una acción de reflexión colectiva que nos conduzca a qué vamos a hacer para buscar sanar a nuestro cuerpo enfermo como sociedad, en el que nuestras autoridades juegan un papel clave al llevar las riendas de la conducción política.
Pero es iluso pedirles que tomen el toro por los cuernos cuando muchos de ellos viven en un mundo de busca de poder para saciar el ego y la vanidad, más allá de estar nutridos de una escala de valores que se conviertan en el ideal que oriente sus acciones de gobierno. Es la cultura hedonista y materialista la que está presente en el imaginario de las nuevas generaciones en el que quieren todo rápido, sin pasar por ese proceso de desarrollo y crecimiento que la misma naturaleza nos va marcando con el paso del tiempo.
DATOS ESCALOFRIANTES
En días pasados la comunicadora y consultora Vania de Dios a propósito de la muerte tan terrible que sufrió Luz Raquel Padilla escribió un artículo que me sacudió, me estremeció, un escrito sumamente crudo que muestra el tamaño del problema de descomposición que vivimos como sociedad con un gobierno que está muy lejos de cumplir con su tarea para lo que fue creado, ofrecernos seguridad y orden, sanciones a los que rompen la convivencia, con un pacto social que se ha vuelto inexistente.
Vania nos muestra que desde que inició este año son 1 o 2 mujeres que son quemadas cada semana en México. ¿Cómo revertir esta situación de barbarie tan cruenta que a nuestra generación no le había tocado vivir?
De la misma forma, Vania hizo referencia a los dos casos más recientes de violencia contra las mujeres en grado sumo, cuyos agresores las quemaron viva, lo que nos advierte el grado de odio y maldad que distingue a los victimarios.
Allá en Cuautla, Morelos, el primero de julio había sido quemada viva Margarita Ceceña, de 30 años de edad, le arrojaron gasolina frente a su madre y sus hijos, y la incendiaron.
En este año este tipo de ataques que han sufrido mujeres se han documentado 47 en el país, de los cuales 29 de las víctimas habían manifestado que hubo violencia intrafamiliar. Así estamos y así seguiremos, mientras no acepte el tumor y se quiera proceder en consecuencia.
COMENTARIOS DE LECTORES
Finalmente les comparto dos reflexiones que me hicieron llegar lectores amigos, preocupados por el grado de violencia y descomposición que golpea a la sociedad de hoy.
El abogado Carlos Aldana nos comenta:
“Recuerdo que en mi niñez, no hace mas de 35 años, nuestra generación crecía bajo el temor de tres figuras; a Dios, a los padres y a la autoridad, sin embargo se han ido perdiendo estos valores, la progresividad y la velocidad con la que vivimos hoy como esclavos del consumismo, han permeado para que la dinámica social hoy sea valorada por lo que tenemos y no por lo que somos, hemos dejado de ser-para tener y ante esta realidad, somos esclavos del estrés, del mal manejo de las emociones, de la indiferencia y de la intolerancia, hemos perdido hasta nuestra propia fe, creyendo que debe sobrevivir el más fuerte o el más astuto, vivimos partiendo del egoísmo unipersonal, tratando de ignorar la realidad que nos rodea, es tiempo de la autorreflexión y pensar nuestras acciones pensando en el otro”.
Eduardo Velasco, por su parte nos comparte la siguiente reflexión:
“La frase de la madres Buscadoras que aparece en la portada hace estremecer por su fatal sencillez “mientras los desaparecidos no sean tus desaparecidos, mientras los muertos no sean tus muertos, nunca entenderás la gravedad de lo que nosotros estamos viviendo”.
El asesinato de Luz Raquel, además del grado de descomposición social, hace evidente la sensación de impunidad que se vive, el sábado pasado asesinaron a un conocido por un problema vial.
Es la sociedad, es el gobierno, pero no basta con señalar en abstracto a un responsable, es la policía o es el Comisario, es el gobierno estatal o es el Fiscal, es la escuela o son los maestros.
Cuando decimos que la sociedad debe hacer algo, nadie imagina a todos los habitantes reunidos en la plaza pública deliberando, para eso están los diputados, regidores y titulares del ejecutivo! Ellos son los responsables de buscar soluciones para revertir esta barbarie. Otros serán los culpables, pero al menos señalemos a los responsables.
Cómo siempre disfruto mucho tu semanario. Un abrazo mi querido Gabriel y gracias mil.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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