OPINIÓN
¿Y la búsqueda de desaparecidos? La consulta del pacto fiscal: ¿sirve de algo?
Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //
La crisis de desaparecidos en Jalisco es terrible y aunque no podemos sustraernos del escenario nacional, la situación de nuestro estado tiene sus particulares.
Los datos de la propia autoridad, que siempre son superados por la realidad, son francamente desoladores. En los últimos tres años y ocho meses se han encontrado mil 229 cuerpos en fosas clandestinas. Esto equivale, como bien lo consignó el periodista Enrique Osorio (@ReporteroOsorio) en grupo Reforma, a que se haya encontrado un cuerpo cada 26 horas o como dijo Sonia Serrano (@sonia_ssi), a la población total de Mazamitla.
Prácticamente cada día es destrozada al menos una familia que no sabe dónde está alguno de sus miembros. Todos los días la violencia criminal que azota el territorio cobra víctimas mortales. Esa es nuestra realidad.
El presupuesto, que es el instrumento más fiel para medir prioridades, nos dice que es más importante la consulta del Pacto Fiscal. ¿En serio? Pero ¿Por qué? Si el Congreso ya puede hacer sin preguntarle a nadie lo que le van a preguntar a la sociedad que a la letra es esto:
“¿Estás de acuerdo en revisar la política fiscal estatal para que el Congreso del Estado de Jalisco decida si Jalisco se mantiene adherido a los convenios de coordinación fiscal, se negocian nuevas condiciones o se dan por terminados? Respuestas: A: Si, B: No”.
Es decir: ¿Estás de acuerdo que el congreso revise algo que está entre sus atribuciones revisar y una vez revisado decida si es pertinente continuar con la situación actual, modificarla o abstraerse de ella?
Nombre, una genialidad.
Y se han asignado 22.5 millones de pesos para eso, que no los compromete a nada y que no aporta información real. Estamos hablando del doble del dinero con el que cuenta la Comisión Estatal de Búsqueda para encontrar desaparecidos. Me parece que no se está priorizando bien, que se ha elegido abandonar el tema de las desapariciones que no es agradable, para continuar con la ruta de forjarse enemigos, dragones, gigantes y molinos a los cuales enfrentar bajo la lógica de que no hay héroe sin villano pero cuidando que los villanos sean tigres de papel porque para enfrentar los tigres reales no hay ni discurso, ni presupuesto.
Para entender a dónde vamos vale la pena preguntarnos ¿Cuál es la prioridad de este gobierno? ¿Es el gobernante o los gobernados? Yo aventuro ante esto una cita de Winston Churchill: “El problema de nuestra época es que la gente no quiere ser útil sino importante”.
Y lo dejó claro clarísimo y hablando de frente Enrique Alfaro: “Claro que va a haber consulta sobre el tema del Pacto Fiscal, estamos ya de acuerdo con el planteamiento de la pregunta y nos parece que la propuesta logística que hace el Instituto Electoral es en general correcta, veremos los detalles y cómo optimizar el tema de los recursos, pero me parece que estamos a un paso de estar todos en la sintonía y de llevar este ejercicio que va a ser importantísimo para Jalisco”. Sí, es importantísmo para el discurso del gobernante pero ¿es útil? ¿Realmente vamos a recibir más dinero de la Federación amagando con salir del Pacto Fiscal? ¿Entendemos qué es eso?
El pacto fiscal es un asunto complejísimo y yo no veo a dónde vamos con esto o cómo mejorará nuestras vidas o la situación de inseguridad que habitamos. Cito de nuevo al confiable Churchill: “Por muy bella que sea la estrategia, ocasionalmente debemos poner atención en los resultados” y aquí está el quid de este asunto.
No se trata de explicarnos qué es el dichoso Federalismo y fomentarlo a nivel estatal donde la división de poderes es un chiste y basta ver la actividad del Congreso Estatal los últimos meses, sin ir más lejos, para darse cuenta de esta obviedad irrefutable.
Los municipios no tienen recursos para atender cosas a las que están obligados, algunos apenas tienen un par de policías e insuficientes ambulancias, no cuentan con servicios básicos de salud en la pandemia mientras la crisis de desapariciones, lacerante y terrible, no cuenta con una estrategia de contención o recursos suficientes. Las carencias son enormes pero el Gobierno del Estado prefiere gastar en una consulta rara y de difícil comprensión ¿Por qué?
Porque es una estrategia de comunicación, porque niegan el catastrófico presente saltando al incierto futuro y al prometer cosas que no se cumplirán, como los cinco días, compran tiempo a los que se dedican a vender un mejor mañana que nunca, nunca llega. Lo que tenemos que hacer siempre, para evadir el presente, forjar las luchas de los tiempos venideros y concentrarnos en ellos.
La consulta del Pacto Fiscal no va a resolver ningún problema de la sociedad en que vivimos, pero sí nos permite hablar de gigantes y molinos y de un gobernador que carga contra ellos con la fiera lanza de un federalismo de caricatura para sustituir a la caricatura de federalismo que hoy tenemos
Así las prioridades.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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