OPINIÓN
¡Ya chale con el chole de López! Gente tóxica con emociones tóxicas

Comuna México, por Benjamín Mora //
Como dijera el clásico: “Lo suyo, lo suyo, es lo suyo”, y hablo del López que tenemos por Presidente. Desde sus candidaturas fallidas, para gobernador de Tabasco y presidente de México, y hasta su elección, fallida para todos los no maiceados, Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a destruir todo cuanto toca.
En Tabasco, incendió pozos petroleros de la empresa que ahora nos dice que salvará; para hacerse candidato a la titularidad del Ejecutivo capitalino, pasó por encima de la norma electoral local en cuanto a su residencia obligada y probada; al perder una elección presidencial, se autonombró presidente legítimo, pasando por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en otra oportunidad invadió y cerró al Paseo de la Reforma para demostrar su enojo caprichoso o capricho enojoso.
Ahora, como Presidente nada lo ha detenido: Nos inventó que, por el bien de México, la gasolina debía escasearse; después canceló el aeropuerto que se construía en Texcoco a cambio de otro que más parece la terminal de autobuses foráneos en alguna república bananera; luego destruyó los programas sociales de la época neoliberal como las guarderías de Sedesol para los hijos de las mamás trabajadoras fuera de casa, eliminó los centros de atención a las mujeres violentadas cuyas vidas peligran fuera del amparo y la protección gubernamental, canceló el Seguro Popular, quitó los apoyos médicos a los padres de los niños con cáncer condenándolos a una muerte prematura y así, cada día, destruye algo del pasado.
López Obrador es un problema para México, incapaz de reconocerse como ese alguien tóxico que siempre mira a los demás y al pasado neoliberal como los culpables de todas aquellas destrucciones que el provoca.
Invito a leer a Bernardo Stamateas, psicólogo, en su libro “Gente tóxica o Emociones tóxicas” en donde encontraremos descrito al Presidente Andrés Manuel López Obrador de una manera perfecta cuando nos habla de los adictos emocionales como “personas con muy baja empatía que necesitan hacer daño a los demás para poder sentirse bien”.
Creo que López Obrador manipula a sus huestes de base y a su partido político desde tres emociones: el miedo, el enojo y la culpa, “de una forma premeditada, consciente, magistral y reiterada”. Ello lo logra, como señala María Dolores Mas, también psicóloga, a través del desgaste, la intimidación, la culpa o haciendo creer que los demás no existen, que la oposición no existe, que está muerta. Estamos pues, ante un psicópata obsesionado por el poder que mira al pueblo como objeto de usar y tirar.
López Obrador es un psicópata incapaz de tolerar la frustración, aún más cuando le limita la propia Constitución General de la República; para él todo límite a su obsesión de poder es un robo a su libertad, como el tener que aguardar a que termine el proceso electoral próximo para continuar con sus mañaneras.
Como todo ser con desajustes emocionales, López Obrador vive entre los extremos de lo que gusta y rechaza. Idealmente, el sentimiento de colectividad debería guiarle si acaso fuese un verdadero hombre de izquierda y el sentimiento de individualidad debería serle poco atractivo; sin embargo, destruyó las reglas de operación de los programas sociales gubernamentales, que incentivaban sentimientos de identidad y pertenencia comunitaria, y decidió ser él, y solo él, quien extendiese su mano pródiga de un semi-dios blasfemo con un propósito más que peligroso: Destruir los vínculos sociales y comunitarios y potenciar los rasgos tóxicos de quienes solo miran por sí mismos.
En el modelo de la Cuarta Transformación se profundiza la mezquindad de los gobiernos del pasado por la que “para no perder el favor del gran tlatoani se vota por sus candidatos y la permanencia de los apoyos”; ahora, de manera más peligrosa y enferma, los programas sociales gubernamentales no son un derecho que nos conducen hacia la igualdad social y económica gracias a sus reglas de operación obligadas, sino un favor que debe corresponderse con lealtad enferma y extrema. López Obrador no disimula su malicia ni en la campaña de vacunación contra el Covid-19: “Yo te vacuno y me debes el favor de salvar tu vida”. Morena nos dice que entregó parte de sus dineros electorales para la compra de vacunas y que por ello ese partido y sus candidatos nos vacunan, aunque claro, lo dado en dinero no alcanza para casi nada.
Estamos llamados a construir una sociedad con vínculos más sanos y más crítica de su gobernante… y no me refiero a una sociedad confrontada con su gobernante sino más reflexiva. Debemos, como sociedad, abandonar todo dogmatismo para frustrarnos con menor facilidad.
Los políticos, en cambio, deben asumir a su ideología como su forma de vida y no andar dando bandazos y vergüenzas, como nos sucede en todo México. En Jalisco, por dar un ejemplo, Mariana Fernández, antes criticaba a quien ahora rinde su lealtad. Ello lo lamento pues la creí más congruente; no obstante, también miro la incongruencia democrática en los partidos políticos de la oposición: El PAN postula a Margarita Zavala que tanto los criticó y del cual renunció y, en el PRI, Alito, su presidente nacional y su secretaria general se despacharon con la cuchara grande en las postulaciones plurinominales para sí mismos y sus familiares.
En ellos también miro el perfil de las personas tóxicas que define Bernando Stamateas como “buscadores de miradas y de reconocimiento” y poder. Creo que todas y todos son buscadores compulsivos de autoestima y premios a sus vanidades y, al mismo tiempo, son provocadores de la mayor deseabilidad social y destrucción del sentido nombre de la política y de sus partidos políticos. No merecen mi respeto.
En política, quien no forma lazos afectivos hacia un proyecto de nación y patria, termina siendo un destructor de la nación y la patria. Los políticos necesitan de mucho diálogo, de una comunicación asertiva y de disposición de solucionar los problemas, pero, sobre todo, de una gran humildad.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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JALISCO
La transparencia del fiscalizador

– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
JALISCO
MC: espejismos de unidad y fractura a la vista

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS