Por Mario Ávila //

El maestro Flavio Mendoza, integrante de la Sección 47 del SNTE; el periodista, Jonathan Lomelí y el abogado, Rubén Ortega Montes, analizaron desde tres ópticas diferentes, cuáles deberían ser los objetivos centrales de la reforma legal al sistema de pensiones del Ipejal. 

Particularmente el maestro, Flavio Mendoza, empezó lamentando que la dirigencia del SNTE ha decidido hacerse a un lado en el proceso y denunció que “hay muy poca información al magisterio, siendo no un gremio menor, sino que es el más alto en número, es el socio mayoritario del Ipejal con 33 mil activos y 18 mil jubilados”.  

Recordó que desde el 2009 el magisterio participó activamente en el proceso de la reforma a la ley y dijo: “Fuimos engañados, pero algunos salimos a manifestarnos en contra porque advertíamos lo raro que se comportaban, se vendió al magisterio una reforma sin precedentes, 50 años por lo menos, nos dijeron que tendría de vida el Ipejal y hubo una concentración masiva para apoyar la reforma sin darla a conocer al gremio”, censuró el maestro Flavio Mendoza. 

Lamentó que la rendición de cuentas que tienen los consejeros, no llega a los trabajadores, es decir denunció que el representante del SNTE en el Consejo Directivo del Ipejal no informa puntualmente de los temas que se deciden, a la base trabajadora y puso como ejemplo el caso de la recientemente aprobada, la inversión para la Ciudad Judicial Laboral, en la que lamentablemente hasta después del año 13 habrá ganancias. 

El integrante del Comité Directivo de la Sección 47 del SNTE, lamentó que tanto el director del Ipejal, Héctor Pizano Ramos, como el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Quirino Velázquez, tilden a los trabajadores de “metirosos” y al mismo tiempo pidan su participación en la reforma a la ley, cuando el año pasado que reformaron la ley para el caso de la pensiones VIP, no los tomaron en cuenta. 

Exigió que en esta ocasión se haga realidad la participación de los trabajadores en el diseño del nuevo contenido a la ley, mediante un parlamento abierto, en el que se coordine la participación real de los sindicatos, los trabajadores y los jubilados, ya que se trata de un asunto de interés general. 

Y entre las reformas a la ley que en su opinión deberían de realizarse, Flavio Mendoza habló de la renovación del Consejo Directivo del Ipejal y a la vez exigió una actuación más eficiente de las autoridades, para ir en contra de las pensiones ilegales, como aquellas que reciben muchos maestros que engañan con la complicidad de sus líderes y duplican ficticiamente sus ingresos para obtener una pensión más cuantiosa. 

Particularmente denunció como cómplice de todas las inversiones fallidas desde el 2009 a su actual representante ante el Consejo de Administración del Ipejal, Arnoldo Rubio, quien ha tenido la representación como suplente en las dos gestiones anteriores y hoy es titular, lo que significa que ha firmado durante 11 años como el representante del SNTE. 

Finalmente Flavio Mendoza expuso que la buena noticia, es que hoy por fin habrá elecciones democráticas en el SNTE y por vez primera en la historia se realizaran procesos de elección mediante el voto libre, secreto y directo de todos los miembros del magisterio, en activo y jubilados, con lo que confía en que llegará a su fin la era de los cacicazgos. 

QUE GOBIERNO HABLE CON CLARIDAD

Por su parte el comunicador, Jonathan Lomelí, hizo saber que a su juicio ha habido una comunicación errada o manipulada por parte del Gobierno del Estado, al plantear la situación financiera del Ipejal, ya que deben empezar por admitir que están de acuerdo en que hay una crisis, igual a las pensiones en México por el factor demográfico, pero a la vez por los costos de atención médica, los malos manejos, las inversiones fraudulentas y la corrupción en el propio instituto. 

Dijo además que esta situación no solo debe importar a los agremiados al propio Ipejal, sino a todos los ciudadanos porque se podría generar una crisis social y en ese escenario, el estado tendría que entrarle con dinero de los contribuyentes. 

Pidió que la situación se hable con toda claridad y se determine si el gobierno sugiere aumentar las aportaciones de los trabajadores, para pasar del 11.5% que se paga hoy en Jalisco, para llegar a una cifra como la de Nuevo León o Chihuahua, en donde se aporta el 17 y el 19% respectivamente. 

También considera necesario que se hable con seriedad y se confirme si de verdad ya se acabaron las inversiones fraudulentas, dado que en su opinión es fundamental que para lograr una reforma de esta naturaleza, se pueda hablar con la verdad y ganarse la confianza de los trabajadores, en el entendido de que en el rediseño de la ley en prestaciones, aportaciones y subsidio oficial, todos deberán ceder de alguna manera. 

EL FACTOR CRIMINÓGENO: RUBÉN ORTEGA

El factor criminógeno del tipo fraudulento, ha sido para el abogado, Rubén Ortega Montes, el pan de cada día en el actuar de los funcionarios del Ipejal y para justificarlo no solo habló con lujo de detalles de las inversiones fallidas en Abengoa, Chalacatepec y Villas Panamericanas, sino que hizo alusión a una partida de 10 mil 400 millones de pesos que supuestamente están invertidos en bancos de Suiza. 

Afirmó que lamentablemente los más grandes “elefantes blancos” se construyen con dinero de Ipejal, las compras medicamentos a sobre precios y las compras terrenos por arriba de su valor comercial, son ejemplos de corrupción, que se han convertido en un hecho trágico en el Ipejal. 

Hizo alusión también a los 89 millones de dólares que se invirtieron en la compra a sobre precio de 1 mil 200 hectáreas en Chalacatepec, invertidas en la compra a 13 dólares por metro cuadrado, cuando su precio real era de 1.6 dólares. A la vez se refirió a la fallida inversión en Santa Cruz de la Soledad, en el municipio de Chapala, en donde el proyecto habla de construir 5 mil casas habitación sobre un par de cerros, de las cuales 3 mil 600 serían casas unifamiliares y el resto serían casas dúplex y casas asistidas para adultos mayores, para albergar en ese sitio finalmente a 10 mil habitantes, lo que en su opinión devastaría ambientalmente parte de los dos cerros desde donde se tiene una vista privilegiada de la laguna de Chapala. 

Planteó que se hace necesario que las dos posiciones en el Consejo se le quiten al gobierno del Estado y un asiento se adjudique para los trabajadores de alto riesgo –policías- y otro para los jubilados.