JALISCO
La lucha de la comunidad de Mezquitán: 21 años exigiendo justicia por sus tierras; les deben 40 millones de pesos
Por Francisco Junco //
La comunidad indígena de Mezquitán, en Jalisco, alza la voz para exigir el pago justo por la ocupación de 269 mil metros cuadrados de sus tierras, utilizados desde 2004 para ampliar a cuatro carriles la carretera federal Guadalajara-Ixtlahuacán del Río.
Este adeudo, que afecta a 333 familias, asciende a 40 millones de pesos, según el convenio firmado hace 21 años con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
“La Secretaría nos debe 40 millones por la ocupación de nuestras tierras para la carretera Saltillo, tramo Guadalajara-Ixtlahuacán del Río. Han pasado 21 años y no han cumplido”, denunció Saúl Rodríguez Barajas, presidente de la Comunidad Indígena de Mezquitán.
La carretera federal, que fue construida hace más de 50 años, solamente era de 2 carriles, pero en el 2004, el gobierno federal decide ampliarla a cuatro carriles, abarcando terrenos que son de la comunidad indígena de Mezquitán, donde se firma un convenio de ocupación, en ese tiempo evaluado en 40 millones.
“De los 40 millones de pesos pactados, la comunidad solo recibió el 10%, es decir, 4 millones, y un abono posterior de aproximadamente 1.6 millones por extracción. En total, apenas se han pagado 5 millones. Intentamos resolverlo de manera amistosa durante años, pero las pláticas no avanzaron y las autoridades no cumplieron”, explicó Saúl Rodríguez, presidente de la Comunidad Indígena de Mezquitán.
TRES GOBIERNOS INCUMPLIERON PROMESAS
A lo largo de los años, tres gobiernos federales hicieron promesas de pago que nunca se cumplieron. Hasta 2017, la comunidad de Mezquitán intentó resolver el asunto de manera amistosa, en “los mejores términos”, pero al no haber una demanda formal contra las autoridades federales, decidieron emprender acciones legales.
“Cuando hicimos un reclamo, en el 2017, nos dijeron, bueno, pues ni siquiera nos tienen demandados. Así nos dijeron. Pues entonces sí, tenemos que demandar, y así lo hicimos”, relató el representante de la comunidad.
La comunidad presentó una demanda formal ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, la cual dio origen al expediente 222/16/2017. En ella, se demandó a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
La respuesta del Estado, recibida en abril de 2018, fue, como tantas veces ocurre, improcedente y evasiva. Pero la comunidad no se detuvo. En octubre de 2021, el tribunal agrario emitió una primera sentencia favorable, reconociendo la ocupación de las tierras. Sin embargo, dejó pendiente el cálculo actualizado de la indemnización, condicionado a un decreto de expropiación.
Desde entonces, las autoridades han interpuesto amparos y recursos que han retrasado el proceso hasta por dos años, violando los derechos de más de 300 familias que integran esta comunidad. El juicio de amparo directo 94/2022 fue sobreseído en febrero de 2023 por no agotar el principio de definitividad. Nunca debió haberse interpuesto.
Finalmente, el 22 de noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario resolvió el Recurso de Revisión 125/2022-16, concediendo razón a la comunidad en la mayoría de sus reclamaciones. Ordenó el pago de la indemnización desde el 3 de marzo de 2004, debidamente actualizada mediante un avalúo del INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales).
Aún así, la Consejería Jurídica Federal volvió a interponer un nuevo amparo directo, ahora ante el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Jalisco. Ese intento también fracasó: el 26 de diciembre de 2024 fue negado y la sentencia quedó firme desde el 5 de enero de este 2025. No existe ya ningún recurso legal que impida el pago.
“Se les gana dos juicios, se les ganan dos amparos hasta diciembre del año pasado, que fue el último recurso, ahí nos dan sentencia a favor de nosotros. Determinan que la Secretaría pague a la comunidad. Y, de ahí para acá, de diciembre, ya tenemos lo que va del año, que hemos estado haciendo algunas manifestaciones porque no vemos nada claro. Puras promesas de las autoridades federales”, lamentó.
Con fecha 31 de enero de 2025, la comunidad solicitó formalmente la ejecución de la sentencia. Ahora, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes debe pagar, sin dilaciones ni excusas.
Sin embargo, señaló Saúl Rodríguez, que el delegado en Jalisco de la Secretaría de Transporte les informa que ellos “no han sido notificados”, de esa sentencia
“Y que, pues, no están en sus manos para poderlo resolver. Que tendrían que notificarles a ellos. Creo que ahora el asunto ya lo tienen parado allá en el Supremo Tribunal. Porque ya se han metido escritos… Lo tienen ahí como bloqueado, de alguna manera. Y sí, realmente, no les han notificado, porque el Tribunal Unitario 16, nosotros platicamos con la magistrada y dice que le tienen que ordenar a ella, a ella directamente, al Tribunal Unitario 16, para que ella ordene a la Secretaría el nuevo avalúo, avalúo comercial”, acotó.
Es momento de cumplir la ley y hacer justicia a una comunidad que lleva más de veinte años esperando lo que es suyo.
“No pedimos nada que no sea nuestro. Son nuestras tierras, compradas y registradas. No queremos regalos, solo justicia”, afirmó Rodríguez con firmeza. La comunidad, donde muchos de sus mayores han fallecido esperando, advierte: “No bajaremos la guardia. Haremos lo que sea necesario para que se cumpla la ley”.
Tras 21 años de lucha, Mezquitán exige que las autoridades federales salden esta deuda histórica y respeten los derechos de una comunidad que no cejará en su búsqueda de justicia.
– Por Francisco Junco
En el marco del Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco, la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, que preside Dolores Patricia Alvarado, entregó la presea La Paz hecha a mano.
El reconocimiento busca visibilizar proyectos comunitarios que fomentan la convivencia pacífica, la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa.
Entre las galardonadas se encuentra Cointa Sotomayor Reyna, distinguida por su proyecto Clan de Abus Excursionistas de Jalisco, iniciativa que promueve el derecho al esparcimiento y la vida plena de mujeres adultas mayores mediante viajes y actividades culturales, fortaleciendo con ello la convivencia pacífica y la participación activa.
También fue reconocida Josefina Acosta Rivera por su proyecto de arte por la paz Bodypaint en mujeres y hombres que luchan contra el cáncer de mama.
La iniciativa utiliza el arte corporal como herramienta de resiliencia, dignificando la vida de las personas que enfrentan esta enfermedad y proyectando un mensaje de esperanza y fortaleza.
La presea fue entregada igualmente a Liliana Pascual Bautista por su contribución a la paz a través de la confección del rebozo, símbolo de identidad, resistencia y memoria colectiva.
Su trabajo rescata la tradición textil mexicana como vehículo de cultura, dignidad y esperanza.
Otra de las galardonadas fue Epifanía Rosas Antonio, quien impulsa el proyecto Huipiles de mi pueblo. Esta propuesta resalta el arte textil indígena como un acto de resistencia e identidad, al tiempo que fortalece la economía de las artesanas y empodera a las comunidades a través de la revaloración de su patrimonio cultural.
También, el artista Enrique Chiu recibió el galardón por su proyecto Corazón Migrante, una obra de arte por la paz que busca recordar que la humanidad trasciende fronteras.
Con su propuesta, promueve el diálogo y la solidaridad, subrayando la necesidad de construir un mundo más justo e inclusivo.
JALISCO
Realizan Sexto Congreso de Cultura de Paz, reúne voces por la justicia y la igualdad en Jalisco
– Por Francisco Junco
El Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco bajo el lema “Cosmovisión, Justicia y Paz”, reunió a autoridades, representantes de pueblos originarios, defensores de derechos humanos y sociedad civil, quienes coincidieron en que la paz no es sólo ausencia de violencia, sino un proceso colectivo basado en justicia, igualdad, respeto y diálogo, donde cada acción individual contribuye a transformar comunidades y construir un México más humano y solidario.
El Congreso de Jalisco, fue sede de este encuentro, organizado por la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, donde representantes de instituciones, autoridades y sociedad civil coincidieron en la necesidad de construir un país más justo, humano y solidario.
Bianca América Enríquez, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, destacó que el evento buscó generar un espacio de igualdad simbólica entre todos los asistentes.
“Lo importante no son los cargos o reconocimientos, sino la dignidad de cada individuo”, señaló.
Subrayó también los avances en materia de derechos sociales alcanzados a nivel nacional, como el derecho universal a la salud y la educación, así como el reconocimiento legal de los pueblos y comunidades indígenas.
Bianca América Enríquez recordó la cosmovisión wixárika al hablar de paz como un valor comunitario transmitido desde la infancia, donde se enseña a respetar la palabra de los abuelos, los acuerdos colectivos y la naturaleza.
Añadió que desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se impulsan proyectos para fortalecer la identidad, lengua y patrimonio cultural de los pueblos originarios, al tiempo que llamó a la sociedad a reconocer y respetar sus distintas formas de vida.
Por su parte, Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, advirtió sobre los retrocesos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hacia 2030.
“Si tenemos el marco normativo y los presupuestos, ¿qué es lo que está fallando al ser humano? Lo que está fallando es volver a retomar la esencia del ser humano”, expresó, al tiempo que instó a reconocer la dignidad de cada persona y trabajar desde lo cotidiano para transformar la sociedad.
Godínez González enfatizó la importancia de la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de paz, al señalar que cada acción puede generar un efecto multiplicador en familias, comunidades y municipios.
“Los buenos somos más, tenemos que hacer de verdad ese frente común”, afirmó, subrayando el compromiso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de trabajar de manera conjunta con la sociedad civil.
En su intervención, Dolores Patricia Alvarado Corona, presidenta de Conciencia y Acción México, y encargada de inaugurar este encuentro, recordó que México enfrenta graves problemáticas como desapariciones, violaciones a derechos humanos y violencia estructural. Aún así, insistió en que la paz es un proceso activo que implica diálogo, justicia, libertad y respeto.
“La paz se construye en colectivo, no la podemos construir solitas ni solitos”, expresó y concluyó que este congreso busca no solo reflexionar, sino actuar en favor de una cultura de paz que se construya en lo cotidiano, desde decisiones individuales hasta transformaciones colectivas.
“La paz no es un destino lejano, la paz está aquí, cerquita de nosotros”, afirmó, invitando a los participantes a convertirse en promotores de un México más justo, equitativo y pacífico.
JALISCO
Mensaje a comunidad de la UdeG: Dentro del marco legal se respetará la libre expresión y se atenderán necesidades, Karla Planter
– Por Redacción Conciencia Pública
En un mensaje en video dirigido a toda la comunidad universitaria, la rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, enfatiza el compromiso de la institución con la libertad de expresión y el respeto a la diversidad de opiniones dentro de la comunidad universitaria.
Destaca la importancia de escuchar las inquietudes de estudiantes, maestros y trabajadores, pero garantizando un ambiente de convivencia democrática y en forma pacífica, dentro del marco normativo vigente.
Anuncia que dirigen todos sus esfuerzos para atender las necesidades de infraestructura y bienestar social que han sido expresadas por comunidad universitaria, mientras mantiene una postura firme en contra de propuestas que comprometan la integridad y la autonomía de la universidad. Su liderazgo se fundamenta en la colaboración, el diálogo y la defensa de los derechos universitarios.
Planter reafirma la legalidad del proceso electoral del Consejo General Universitario, el cual representa la voz de una comunidad de más de 360,000 personas. Cancelar este proceso sería una violación de los derechos de la comunidad universitaria y de la normatividad vigente.
JALISCO
Encapuchados, violencia y la Unión de la Juventud Revolucionaria de México: ¿Qué hay detrás del conflicto en la UdeG?
– Por Raúl Cantú
¿Qué hay detrás del conflicto entre estudiantes de la Universidad de Guadalajara en el CUCSH? ¿Quiénes son los encapuchados que participaron en el choque? ¿Qué origen o vinculación tienen algunos de los participantes en el acto violento registrado la pasada semana en Rectoría de la UdeG?
Mucho se ha hablado de este suceso en el que existen demandas justas de los estudiantes de democratización en las elecciones y que las autoridades universitarias deben atender a través del diálogo, pero también hay una mezcla de participación de organizaciones radicales que se pregonan como marxistas leninistas, así como la mano de la criminalidad que acecha a la UdeG.
Uno de los personajes con el rostro cubierto, involucrado e identificado en los actos de violencia, es Gustavo Morales Valdivia, quien en un video acepta su participación en las agresiones a trabajadores administrativos y maestros de la UdeG, justificando que lo hizo como respuesta a agresiones que recibió dentro de rectoría.
En este video, Morales Valdivia llega y le pega por la espalda al trabajador, que luego le responde con una cachetada. No obstante, ni una ni otra cosa derivaron afortunadamente en ninguna lesión. Hay otros personajes violentos con el rostro tapado que aún no han sido identificados.
Gustavo Morales Valdivia, uno de los líderes visibles de este grupo y el que empezó la trifulca, forma parte de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM), y en un video que subió a redes, se queja de la difusión de otro video de las agresiones que él hizo a personal administrativo y maestros de la UdeG.
Gustavo Morales Valdivia es egresado de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), aunque él afirma ser estudiante.
La Unión de la Juventud Revolucionaria de México en Facebook e Instagram tiene páginas de contacto cuyo símbolo es la hoz y el martillo, y es identificada como un movimiento marxista leninista, encuadrado en la izquierda radical, y se ha significado por su posición crítica contra las autoridades de la universidad y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
Para este miércoles 17 de septiembre, UJRM está convocando a una asamblea interuniversitaria en la explanada del CUCEI.
La unión precisa que “la lucha también está encaminada a recuperar los derechos laborales de los docentes que han sido vulnerados por la Universidad de Guadalajara». A ellos les mandaron además un mensaje: «maestro, escucha, también esta es tu lucha».
En el comunicado aseguran que en la UJRM Jalisco no existe fragmentación interna, que su trabajo se sostiene en la unidad, la organización y la lucha conjunta de la juventud estudiantil y popular.
“Reconocemos y respaldamos que el paro estudiantil realizado fue un acto legítimo de presión hacia la Universidad de Guadalajara para que atienda las demandas de las y los estudiantes, el cual ha contado con el apoyo y el acuerpamiento de distintas asambleas universitarias”, señala la agrupación.
Reafirman que su militancia se mantiene firme, combativa y organizada, sin dar cabida a intentos de división o suplantación de nuestra identidad política.
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