Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Representa la propuesta del gobernador Pablo Lemus un retroceso en la autonomía y participación ciudadana del Subsistema de Transparencia y su Consejo Consultivo?

Lemus promete un “organismo completamente ciudadano”, integrado por rectores, empresarios y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, el proceso de designación del titular y los consejeros del órgano desconcentrado dependerá de ternas propuestas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Consejo Consultivo, pero la decisión final recaerá en el gobernador.

Esto genera suspicacias: ¿cómo puede ser un organismo ciudadano si el Ejecutivo tiene la última palabra?
De entrada, la transferencia de las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, un organismo subordinado al Ejecutivo, plantea serias dudas. Este modelo, inspirado en el federal (“Transparencia para el Pueblo”), ha sido criticado por su falta de independencia, y en Jalisco parece repetirse el mismo error.

La falta de autonomía podría convertir al órgano desconcentrado en una extensión del gobierno estatal, incapaz de sancionar la opacidad o exigir rendición de cuentas de manera imparcial, como advirtió Olga Navarro, titular del ITEI, al señalar que las autoridades serán “juez y parte”.

Por un lado, el gobernador exalta la participación ciudadana en 15 foros con más de 3,000 asistentes; por otro, académicos critican que las propuestas de la iniciativa “Compromiso Jalisco por el Derecho de Acceso a la Información” fueron ignoradas por el Congreso del Estado.

Esta iniciativa pedía un Sistema Estatal de Transparencia robusto y un Consejo Consultivo verdaderamente ciudadano, pero los legisladores de la alianza Movimiento Ciudadano-Morena optaron por un modelo que centraliza el poder en la Contraloría.

La exclusión de estas propuestas debilita la legitimidad del nuevo sistema y refuerza la percepción de que la reforma busca cumplir con la desaparición del INAI e ITEI sin innovar ni proteger los avances de Jalisco, pionero en transparencia.

La centralización en la Contraloría podría generar conflictos de interés, especialmente en casos que involucren información sensible, como contratos, licitaciones o el ejercicio del gasto público.

Otro punto débil es la falta de claridad en temas como datos abiertos y rendición de cuentas. Aunque la iniciativa menciona transitar hacia datos abiertos y mantener la publicación de sueldos, agendas y obras públicas, la vaguedad de estas promesas las deja sin fuerza.

LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES

La iniciativa del gobernador contempla legislar la obligatoriedad de transparencia en los 125 municipios de Jalisco, un aspecto que la reforma federal omite. Sin embargo, esta propuesta choca con la realidad, el problema es que la gran mayoría de los municipios del estado carecen de la fortaleza económica de los ayuntamientos de la zona metropolitana.

Es positivo que se piense en los municipios, pero sin un plan robusto para capacitar y financiar sus contralorías, la transparencia municipal será una quimera. Muchos ayuntamientos ya incumplen con sus obligaciones actuales; ¿cómo esperamos que manejen un sistema más complejo?»

La carga adicional a las contralorías municipales podría generar desigualdades en el acceso a la información entre municipios urbanos (como Guadalajara) y rurales, perpetuando la opacidad en regiones marginadas.
Sin un marco claro, ¿qué garantiza que este modelo no se quede en buenas intenciones?

El ITEI, con sus limitaciones, tenía mecanismos para obligar a las autoridades a transparentar información; el nuevo sistema, en cambio, podría permitir que se eluda la publicación de datos clave, debilitando 20 años de cultura de transparencia en Jalisco.

La iniciativa de Pablo Lemus, aunque bien intencionada, resulta insuficiente al priorizar la armonización federal sobre los avances históricos de Jalisco en transparencia. El estado, que fue referente nacional, corre el riesgo de dar un paso atrás si este modelo no se fortalece con verdadera independencia y participación ciudadana. La transparencia no se decreta; se construye con hechos.

Por Mario Ávila //

La desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) por órdenes del Congreso local representa un severo retroceso en los avances que la entidad había conseguido en materia de acceso a la información y rendición de cuentas.

El argumento oficial de una reestructuración para «optimizar recursos» no resiste el análisis frente a la clara intención política de los gobiernos federal y estatal, de debilitar a un órgano que podría resultar incómodo para el poder.

Durante más de dos décadas, el ITEI jugó un papel crucial como contrapeso institucional al exigir a gobiernos municipales, organismos autónomos y al propio Ejecutivo estatal cumplir con sus obligaciones de transparencia.

Su eliminación deja a Jalisco expuesto a prácticas opacas y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones públicas, justo cuando el escrutinio y la vigilancia social deberían fortalecerse, no desmantelarse.

Este movimiento no solo genera alarma entre organizaciones civiles y defensores del derecho a saber, sino que pone al gobernador Pablo Lemus en el centro de una tormenta política. Aunque el Congreso —dominado por su grupo— fue el ejecutor formal, es inevitable que el costo político recaiga sobre el mandatario. Su discurso de modernidad y apertura contrasta duramente con esta decisión regresiva, que ya ha sido calificada por diversos sectores como autoritaria y antidemocrática.

Pablo Lemus Navarro, quien apenas inicia su gestión como gobernador, arriesga su legitimidad al tolerar, e incluso alentar, acciones que minan la transparencia y la participación ciudadana. En lugar de fortalecer los mecanismos de vigilancia del poder, su administración opta por desmontarlos. El mensaje es claro: en Jalisco, la rendición de cuentas ya no es prioridad. El tiempo dirá si este golpe a la institucionalidad se convierte en una de las facturas más altas que tendrá que pagar el gobernador.

El análisis sobre el proceso de desaparición

Los integrantes de la LXIV Legislatura de Jalisco no tenían muchas opciones para homologar la ley estatal con la federal, en materia de transparencia y acceso a la información, sin embargo, en opinión del maestro en transparencia y protección de datos por la UdeG, Julio A. Ríos Gutiérrez, optaron por la más fácil, “que fue copiar y pegar para llevar la fiesta en paz con el gobierno federal”.

Esto explica por qué no se vieron más atrevidos los legisladores y optaron por ceder la posición de vanguardia que la entidad tenía a nivel nacional, en materia de transparencia, ya que antes que a nivel federal, fue en Jalisco donde se creó la primera ley en la materia en los primeros años del presente siglo.

Fueron los votos de los diputados de MC, Morena y sus partidos aliados, los que lograron la reforma constitucional, en contra de las posturas de los diputados de PAN y PRI, quienes se opusieron al dictamen, pese a los cambios de última hora que se registraron, como fue el hecho de extender por 90 días la vida del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Para el también profesor investigador de la UdeG, Julio Ríos, era lógica la postura de los diputados del PAN y del PRI, ya que fue la misma que asumieron a nivel federal cuando se declaró la extinción del INAI.

Y dijo entenderla aún más, ya que se sabe que fue en gobiernos del PAN a nivel federal y estatal, cuando nació la Ley de Transparencia gracias a que ellos mismos la impulsaron, “aunque habrá que reconocer que estos órganos autónomos en el camino se fueron desdibujando”.

Sin embargo, de lo sí dijo extrañarse, fue de la declaración del senador del PAN por Jalisco, el ex gobernador, Francisco Ramírez Acuña, “quien manifestó su indignación por haber exterminado a estos organismos en el país, cuando todos recordamos que una de las primeras polémicas fue cuando él mismo se negó, siendo gobernador, a revelar su sueldo, tema por el que incluso fue multado y obligado a cumplir con la ley vigente”, recordó.

Sobre las opciones que la legislatura de Jalisco tenía para cumplir con la obligación de homologar la ley estatal con la federal en materia de transparencia, el investigador y académico Julio Ríos, planteó: “Los diputados nada más tenían de tres sopas: 1.- La comodidad de copiar y pegar, 2.- La prudencia, que nos hace pensar que no buscaban rebasar el límite jurídico, pensando en hilar fino en las leyes secundarias y 3.- Llevar la fiesta en paz y en armonía con el gobierno federal”.

Urge crear también una Agencia Protección de Datos Personales

El maestro Julio A. Ríos Gutiérrez, admitió que esta enmienda legal realizada en su opinión, ‘contra reloj y sobre las rodillas’, deja a Jalisco rezagado en materia de transparencia y “se perdió esa oportunidad en el estado, de realizar una reforma constitucional de vanguardia”.

No obstante al mismo tiempo planteó que aún hay opción de pensar en positivo y contemplar la posibilidad de que “sí se puede enmendar el camino, ojalá se puedan dar las condiciones para la creación de un consejo consultivo fuerte; y la otra también, es que la Contraloría está sobrecargada de chamba, por lo que si queremos realmente ser vanguardistas, hay que crear no solo un órgano desconcentrado de transparencia, como se hizo a nivel nacional con la creación del órgano desconcentrado que se llama Transparencia para el Pueblo.

“Aquí también, la contraloría debería hacer lo mismo, y no solo eso, sino que también se debería contemplar la posibilidad de crear una Agencia de Protección de Datos Personales, porque ese tema es bien delicado y requiere inversión, requiere dedicación, requiere esfuerzo al 100 por ciento, porque una vulneración de datos personales puede afectar la vida cotidiana de una persona, su patrimonio o su seguridad”.

Insistió Ríos Gutiérrez, en que la Contraloría ya tiene muchas otras tareas, como revisar declaraciones patrimoniales, cuentas públicas, gastos, para también resolver solicitudes de transparencia, y todavía encargarse de los datos personales, “me parece excesivo, demasiado, un trabajo sobrecargado y yo creo que sí tendría que si se podría aprovechar el profesionalismo de los empleados del ITEI, ya que muchos de ellos tienen posgrados y una preparación que se hizo durante más de 20 años.

“Por ello, bien se los pudieran llevar a la Contraloría y a estas instituciones que también van a ejercer las funciones que antes hacía el ITEI, como es el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco, si se trata de información relacionada con organismos sindicales o autoridades laborales; el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, si se trata de solicitudes de información que tengan que ver con los gastos de los partidos políticos o de los órganos electorales o las propias Contralorías de los Poderes Legislativo y Judicial, lo mismo que las Unidades de Transparencia de los gobiernos municipales”, expuso el también analista político, Julio Ríos.

Desatendieron diputados la voz del grupo “Compromiso Jalisco”

Sin embargo, una de los grandes errores al momento de legislar esta nueva ley, en opinión del maestro en Transparencia, Julio Ríos, fue el hecho de desatender las sugerencias y las opiniones de los integrantes del grupo “Compromiso Jalisco”, en donde pedían legislar para hoy, pero con visión de futuro, a partir de los sujetos obligados de estos derechos.

También plantearon los expertos en la materia, entre los que destacan periodistas y académicos, que el modelo de nueva ley que se planteó como reforma constitucional para Jalisco, vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos.

Particularmente demandaban: 1.- Participación ciudadana en un sistema estatal de transparencia y acceso a la información, como parte del subsistema nacional; 2.- Fortalecimiento de los órganos de control y 3.- Nuevo modelo de transparencia y acceso a la información a partir del 1 de enero del 2026 alno contar con las respectivas leyes secundarias.

Sobre los oídos sordos del Congreso a la voz de los integrantes del grupo “Compromiso Jalisco”, Julio Ríos recordó que ya se veía venir desde el pasado 11 de abril, cuando fueron invitados para escuchar el resultado de las 15 mesas de gobernanza que se compilaron en un documento de 186 páginas, pero al iniciar el acto, los diputados solo inauguraron el encuentro y abandonaron la sesión dejando en su representación a sus asesores.

Se les hizo ver que sí habían algunas alternativas se realizaron 15 mesas de gobernanza se aglutinó todo en una memoria histórica documental de 186 páginas donde la ciudadanía puede consultar todas las propuestas que hicimos y todo eso fue ninguneado.

No hay que olvidar el dominioso título del 11 de abril cuando se le invitó a los especialistas a que en el congreso del estado supuestamente nos iban a escuchar los diputados para que vieran las ideas y lo que ellos tenían como inquietud y resulta que se les invita comienza la reunión lo inauguran y de inmediato los diputados lo que hacen es irse y dejan votados a los invitados hablando solos.

Eso ya era la antesala de lo que venía nada de esto fue incorporado se le hizo creer a la sociedad que no había de otra cuando bien se podían incorporar algunos otros temas al menos no es triunfalismo pero se logró de cuatro cosas que se estaban pidiendo para la reforma constitucional se logró meter dos a medias una que fue el plazo de que litei todavía sobreviva en su agonía tres meses más.

lo que se pretendía era que en cuanto entrara el decreto del té y dejara de existir y que hubiera una pausa de 180 días en los cuales los diputados iban a darse el tiempo para avalar las leyes secundarias que no nada más es la ley de transparencia y protección de datos son 19 leyes que tienen que ver y mucho se cree que solo es la ley de transparencia que regula la transparencia cuando no hay muchas que se ven impactadas.

Serían 180 días cuando los ciudadanos si se querían quejar no iban a poder porque la contraloría si bien ya tiene las atribuciones por mandato lo que no era justificable es el limbo de 180 días y en ese espacio la contraloría no iba a tener ni capital humano ni estructura ni mucho menos mecanismos ni plazos marcados en ninguna ley porque no hay ley secundaria lo que se logró es que al menos en estos 90 días los diputados metan el acelerador trabaja en las leyes secundarias y ahora sí al terminar los 90 días a Dios citay Y ya la contraloría tendría mecanismos claros y certidumbre para los la respuesta a los ciudadanos que quieran quejarse.

y lo segundo que se logró fue lo del personal que al menos en lugar de echarlos a la calle se consiguió que se hicieran responsables.

Faltó lo del presupuesto irreductible para las autoridades garantes antes se llamaba órgano garante hoy serán autoridades garantes porque será juez y parte de aquí en adelante los gobiernos en este caso la contraloría si tú presentas una solicitud ante la secretaría de educación de Jalisco y no te contesta ya no te vas a quejar ante el Ita y te vas a quejar ante la contraloría o si el ayuntamiento no te da una información te vas a quejar ante la contraloría esa será la instancia.

Lo que sí se necesitaba era el presupuesto reductible para la contraloría no quedó en la constitución en una ley secundaria esos temas del presupuesto no se plasman.

«Y lo otro que no entró y que trataré de no extenderme es el consejo consultivo sería muy adecuado y así lo estaba trabajando los expertos que estuviera plasmado en la reforma constitucional prometen dicen los diputados que van a hilar fino que van a ponerlo a las leyes secundarias y que ahí lo harán».

«Lo que se propone es que ese consejo consultivo que por cierto era honorífico y ojalá sigue siendo honorífico porque tampoco se trata de meter más carga burocrática, de por sí que esto fue lo que marcó el epitafio de estos órganos institucionales. Hay que ser autocríticos, a nivel federal en transparencia estuvieron muy alejados de la ciudadanía y al final convirtieron en un palacio de cristal al INAI. Hubo excesos de presupuestalesm eso no lo vamos a negar y eso fue lo que motivó esta reforma».

«Lo que el consejo consultivo debería hacer es fortalecerse, ya existen Jalisco, pero lo que muchos estamos diciendo es que se amplíe a otros usuarios de la información pública. Hay gente, no solo los periodistas y académicos, interesados en que haya una transparencia efectiva, también las madres desaparecidos los colectivos de víctimas de violencia los ambientalistas los líderes sociales y comunitarios y rurales y también por supuesto requieren de una transparencia afectiva».

«Yo soy de los que cree que también deben de estar representados en un consejo consultivo en la reforma constitucional. Al menos debió venir alguna frase que dijera que el consejo consultivo deberá tener una representación plural amplia y que quedar en la Constitución, porque si no a las leyes secundarias va a ser muy fácil que luego las vayan a manosear, pero ojalá y la ley secundaria, me refiero en futuras legislaturas, que lo pudieran anunciar, pero ojalá y que en esta legislatura al menos quede en la ley secundaria esto que te digo del consejo consultivo fuerte, que al final fue ninguneado porque ellos se encargaban de hacerlo».

«Las evaluaciones para los candidatos a comisionados y en el último proceso los ningunearon, se pasaron por el arco del triunfo sus evaluaciones, se sacaron de la manga los diputados y por eso se judicializó, se ampararon varios participantes y por eso duró casi dos años con dos integrantes y sin presidenta hasta que luego ya se destrabó».

«Pero también tiene que ser respetado, lo ideal es que este consejo consultivo si bien su recomendaciones no fueran vinculantes al menos la contraloría sí estuviera obligada a responderles, como una recomendación de derechos humanos. Que responda porque sí o por qué no las va a atender o hacer suyas pero que al menos las responda es algo de lo que se está buscando y eso no quedó en la constitución», agregó Ríos.

«Y mucho cuidado y también lo que se tiene que hacer en estos próximos tres meses con un ojo al gato y otro al garabato es decir mientras los legisladores legislan que ya también no le llegue el agua al cuello a las instituciones como la Contraloría del Estado, el Tribunal de Arbitraje, el IEPC, el Poder Judicial con su contraloría y la del Poder Legislativo. Que no les llegue el agua al cuello y que no pase como con el sisema de justicia penal adversarial, que tuvieron años para prepararse y ahora resulta que cuando llegó el momento ni preparados estaban», explicó.

«Ahorita son tres meses. pero ya se tienen que ir capacitando para que puedan hacer esta función y atiendan a la ciudadanía con otro enfoque más cercano, más humano, y los municipios también preocupan, porque hay municipios que tienen una o dos personas en su unidad de transparencia».

Hace 34 años  se hizo un estudio y se encontraron que en algunas unidades de transparencia tienen a nutriólogos o veterinarios al frente. «Mis respetos para esas profesiones pero yo creo que hay otras oficinas más acordes a esos perfiles y profesiones, no tiene suficiente gente y no tienen capacitación y a quien se lo cargaban era al ITEI, quienes tenían un Centro de estudios de la información y hasta pososgrados y diplomados, tenían incluso un doctorado, ya al final y eso ya desapareció».

«Precisamente ahora en 2025 se cumplían los 20 años de cuando estaba a gusto Valencia que por cierto me sorprendió ver que Ramírez Acuña estaba rasgándose las vestiduras por la desaparición de Lite cuando fue él quien se resistió y hasta se amparo porque no quería dar a conocer su salario por una resolución del ITEI».

Primero se oye triste pero no debería de sorprendernos la forma en la que se conducen los diputados, siempre los temas importantes los dejan al cuarto para las 12 y al final en extraordinarias con dictámenes hechos en las rodillas.

Es notorio que han esgrimido una narrativa en la que hicieron creer que no había de otra, que Jalisco estaba contra la pared, que se tenía que acatar a pie juntillas la reforma al estilo de la federal, cuando claramente un grupo de expertos y otros que no estaban en ese grupo, les hicieron ver que había margen de maniobra para que la entidad honrara esa histórica misión como un estado vanguardista en materia de transparencia, y después protector de datos personales, como muchos se llenaron la boca en presumirlo.

«Lo malo es que se va a atomizar el tema de la transparencia, porque habrá otros entes públicos que tienen que hacer labores que antes hacía el ITEI. Te pongo tres ejemplos muy claros: el Tribunal de Arbitrahe y  Escalafón, donde yo dudo que ahorita tengan esa capacitación para atender al ciudadano con un proceso expedito, con un proceso de lenguaje sencillo, cuando sabemos que son tribunales en los cuales se hacen sentencias que parecen escritas en latín o en sánscrito».

«Si tú tienes una queja contra un sindicato que recibe recursos públicos es ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ellos tienen que hacer esa labor que hacía lista y con los sindicatos o en el caso de los partidos políticos el IEPC ahora tiene funciones que tenía el ITEI. En una queja en contra de un partido se sabe que los órganos electorales también tienen su corazoncito, entonces algunos dependiendo el partido o dependiendo de quién les echó la mano para llegar al consejo electoral, ya ves cómo se han conducido ahí habrá algunos bemoles».

«Jalisco fue vanguardia a nivel nacional tuvo su ley antes de que naciera a nivel nacional con esto cambiamos el papel y nos vemos rezagados, ya no somos la punta de la locomotora sino el cabús de la misma».

No solo tuvo la primera ley, hay un dato que a muchos se les va que hubo antes de la ley estatal .mucho antes del 2002, fue en el 2001 anterior a la ley estatal. Hubo un reglamento municipal, el primer ordenamiento a nivel nacional, en Guadalajara, para crear un Consejo de Transparencia que era encabezado por el sacerdote Jesús Gómez Fregoso, mejor conocido como el padre «Chuchín».

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El 10 de junio de 2025, el Congreso de Jalisco aprobó con 27 votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Hagamos, Futuro, PT y Verde, y 8 en contra de PAN y PRI, la desaparición del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), cuyas funciones fueron transferidas a la Contraloría del Estado.

Esta decisión, que armoniza la legislación local con la reforma constitucional federal de 2024 impulsada por Morena para eliminar organismos autónomos como el INAI, ha desatado un debate crucial: ¿fortalece o debilita la transparencia en Jalisco? La medida, aunque obligada por la federación, revela tensiones políticas, contradicciones ideológicas y un pragmatismo que podría costarle caro al gobierno de Pablo Lemus.

¿Cómo lo va a tomar el elector local? ¿Qué tanto le va a afectar a Movimiento Ciudadano ir con Morena en esta decisión de desaparecer al ITEI? Pablo sacrifica parte de la autonomía regional que demandó en campaña contra el centralismo chilango -así le llamó- para evitar conflicto con la presidenta Claudia Sheinbaum

La reforma federal, respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, extinguió el INAI y reasignó sus tareas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del Ejecutivo.

En Jalisco, el Congreso tuvo hasta el 18 de junio de 2025 para alinear su marco legal, optando por disolver el ITEI y crear un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría. Aunque Lemus no inició esta reforma, su decisión de alinearse con Morena en el Congreso local contrasta con la postura combativa de su antecesor, Enrique Alfaro, quien desafió al gobierno federal en defensa de la autonomía estatal. Este pragmatismo sugiere que Lemus prioriza la gobernabilidad y una relación tersa con Sheinbaum, pero a un costo político que aún está por definirse.

Movimiento Ciudadano enfrenta una contradicción evidente. En el Senado, su coordinador, Clemente Castañeda, defendió con vehemencia la autonomía del INAI durante las discusiones de 2024, calificando su eliminación como un retroceso democrático que socavaría la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

En el foro “Diálogos Abiertos por la Transparencia” de noviembre de 2024, Castañeda respaldó a expertos que alertaron sobre los riesgos de centralizar funciones en el Ejecutivo, como la pérdida de la Plataforma Nacional de Transparencia y la falta de independencia en la gestión de información pública.

Sin embargo, en Jalisco, los legisladores de MC votaron junto a Morena para extinguir el ITEI, exponiendo una dualidad discursiva que podría confundir a su base electoral, especialmente en un estado donde MC ha construido su identidad en torno a la autonomía regional y la crítica al centralismo.

El ITEI, hay que reconocerlo, no era un bastión de imparcialidad. Durante el sexenio de Alfaro, expertos en transparencia acusaron al organismo de ser cooptado por el Ejecutivo, funcionando más como una extensión del poder estatal que como un contrapeso al servicio de la sociedad. Gabriel Torres Espinoza, académico y analista, cuestiona la utilidad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), describiéndolos como “burocracias politizadas, independientes solo en el papel”. En su opinión, muchos OCA, incluido el ITEI, se convirtieron en espacios para colocar aliados en la nómina o tejer redes de influencia con fines de lucro, desviándose de su propósito original. “Deben ser contrapesos reales, no simulaciones ni monumentos vacíos”, sentencia Torres, reflejando un escepticismo compartido por sectores críticos que ven en la extinción del ITEI una oportunidad para replantear la transparencia, siempre que se garantice su efectividad.

Consciente de las críticas, Lemus propuso un nuevo modelo dentro de la Contraloría, con participación de universidades, sociedad civil y actores independientes, para preservar la transparencia y el acceso a la información. Sin embargo, PAN y PRI han acusado al gobierno de convertirse en “juez y parte” al subordinar estas funciones a un organismo dependiente del Ejecutivo, lo que podría comprometer la imparcialidad.

La alianza de MC con Morena, su rival directo en las elecciones intermedias de 2027, añade una capa de complejidad. En campaña, Lemus prometió resistir el “centralismo chilango”, pero su voto conjunto con Morena podría alienar a votantes que valoran la autonomía regional, especialmente en un contexto donde la polarización política está en aumento.

El impacto electoral de esta decisión es incierto, pero significativo. MC ha dominado Jalisco en los últimos años, pero la percepción de que Lemus cede ante el gobierno federal podría erosionar su capital político, particularmente entre los sectores urbanos y jóvenes que apoyaron su discurso de independencia. Además, la transferencia de funciones a la Contraloría plantea desafíos operativos: ¿tendrá la capacidad técnica y la autonomía necesaria para manejar solicitudes de información y garantizar la protección de datos? La inclusión de la sociedad civil en el nuevo modelo es un intento de mitigar estas dudas, pero su éxito dependerá de la transparencia en su implementación y de la vigilancia ciudadana.

En última instancia, la extinción del ITEI refleja un dilema más amplio: cómo equilibrar la armonización con las reformas federales sin sacrificar los principios de autonomía y transparencia que Jalisco ha defendido. Lemus apuesta por un enfoque pragmático, pero el costo político y social de esta decisión podría manifestarse en las urnas y en la confianza ciudadana, especialmente si el nuevo modelo no logra desterrar las prácticas de control que marcaron al ITEI en el pasado.