JALISCO
Secretario Luis García Sotelo en diálogo con empresarios: «Queremos constituirnos en un gobierno abierto y funcional»
Por Francisco Junco //
En un ambiente de diálogo franco y constructivo, Luis García Sotelo, ahora secretario de Hacienda de Jalisco, participó en reunión con integrantes del Consejo Empresarial de Jalisco (CEMJAL), donde dejó en claro que el gobierno entrante busca consolidar una relación más cercana y funcional con la iniciativa privada.
Julieta Angulo, presidenta del CEMJAL, aseguró a Conciencia Pública, que el nuevo titular de Hacienda del estado mostró toda la voluntad para poder seguir construyendo, entre la iniciativa privada y el gobierno, un mejor Jalisco con un desarrollo sostenible de la economía del empresariado.
“Una apertura totalmente de su parte a la escucha y con los compromisos de que estarán en contacto con nosotros continuamente para poder seguir esta sinergia que se ha venido desarrollando de tú a tú”, apuntó la empresaria.
Con su designación, efectiva a partir del 6 de diciembre, García Sotelo aprovechó el encuentro para exponer los retos y oportunidades que el estado enfrentará en los próximos años, además de escuchar directamente las preocupaciones del sector empresarial.
Con un tono de apertura, el funcionario destacó la importancia de construir un Jalisco que sea un oasis para la evolución, la creación de empleo y la certeza jurídica, pero para lograr esto se requiere de un esfuerzo conjunto entre empresarios, gobierno y sociedad civil organizada.
García Sotelo, quien en el momento de la reunión aún no era el titular de la Secretaría de Hacienda, destacó los avances de Jalisco en comparación con otros estados, porque “Jalisco se consolida como uno de los motores económicos del país; su Producto Interno Bruto representa hoy cercano al 8% del total nacional. Esto habla bien del estado y de sus fortalezas”, pero reconoció que no todo el mérito recae en las políticas públicas de un gobierno.
“No quiero decir que por el gobierno, quiero más bien destacar ese hecho de por las fortalezas que tiene el Estado y su capacidad que tiene, y en ello ustedes son pieza clave de que sea así. Ustedes son la pieza fundamental de que el motor económico de Jalisco empuje”, resaltó.
LOS SECTORES ESTRATÉGICOS
García Sotelo habló también de los sectores estratégicos que impulsan la economía local, como la tecnología, la agroindustria y el turismo. No obstante, enfatizó la importancia de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y acotó que son esas empresas una base económica, pero que desafortunadamente no las vemos con claridad “el papel tan importante y tan significativo que juegan en el contexto del empleo, en el contexto del consumo interno, en el contexto de las vinculaciones y los encadenamientos”.
“Y por eso, entonces deberíamos estar pensando en cómo le hacemos para que esta parte de los servicios y de las pequeñas y medianas empresas se fortalezcan con mayor fuerza. Muchas veces invisibles, pero son las que sostienen el empleo y el consumo interno. Debemos fortalecerlas con mayor ímpetu”, dijo.
Uno de los temas centrales de la discusión fue la seguridad, donde García Sotelo subrayó su relevancia no sólo para la calidad de vida de los ciudadanos, sino también como un factor clave para atraer inversiones y apuntó que “queremos un estado seguro y tranquilo. Por eso vamos a invertir en tecnología, sistemas de información y arcos de seguridad”.
Desde su visión, en los últimos seis años se ha logrado un avance en la percepción de seguridad en la población, pero aseguró que todavía falta mucho por hacer. Pero para eso tenemos que cambiar “las cosas y atendiendo temas muy delicados, como la desaparición de personas, pero queremos que los empresarios puedan decir que Jalisco no sólo es seguro, sino también un lugar confiable para hacer negocios”.
El funcionario mencionó también la necesidad de reformar el Sistema Judicial, ya que no se podría avanzar sin construir un sistema de justicia que sea modelo para el país, y dejó en claro que la certidumbre jurídica será una prioridad en la administración entrante, para atraer inversiones e incentivar al empresariado.
INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA
Otro eje del discurso fue la inversión en infraestructura, donde García Sotelo destacó que el próximo presupuesto destinará más de 20 mil millones de pesos para proyectos carreteros, hospitales, escuelas y programas hidráulicos, porque “queremos asegurar el abasto y la calidad del agua, así como generar infraestructura que permita el desarrollo económico en todas las regiones del estado”.
En salud, el funcionario señaló la inauguración de importantes proyectos como el Instituto de Cancerología, que calificó como “el más importante del país”, y mencionó la necesidad de garantizar especialistas en las regiones más alejadas, “no basta con construir hospitales; debemos asegurar médicos, medicamentos y equipamiento. Eso requiere un esfuerzo presupuestario significativo”.
En cuanto a la educación, García Sotelo enfatizó la importancia de invertir en infraestructura y programas técnicos, además que se quiere regresar a modelos exitosos como las escuelas de tiempo completo. La educación es clave para formar el talento que impulsará el desarrollo del estado.
El formato del encuentro permitió a los empresarios plantear preguntas concretas, y no escatimaron en mostrar preocupaciones específicas, como Martha Ruth del Toro, dedicada al manejo integral de residuos, quien criticó la tramitología excesiva y el trato desigual en las dependencias estatales y expresó su preocupación ya que ir a las dependencias estatales se vuelve “humillante”, con el trato que se da en las ventanillas de atención.
La respuesta del ahora secretario de Hacienda, es que los gobiernos deben tener empatía, ser flexibles y reconoció que actualmente no se entiende “lo que se está jugando una persona o una empresa con un negocio”, por lo que aseguró que eso va a cambiar porque un gobierno debe facilitar para que el empresario cumpla.
“Pero también tenemos que crear los mecanismos adecuados para que lo hagamos bien. No somos terroristas o no vamos a ser terroristas fiscales. Vamos a buscar una manera de cumplimiento y de actualización y de ecuación. No somos una máquina ni somos un número”, prometió.
LAS PYMES NO SE PUEDEN DEJAR DE LADO
Por su parte, María Alma Cervantes Ramírez, presidenta de la AMEXE, llamó la atención sobre la falta de apoyo al sector automotriz y las PYMES y subrayó que “Jalisco no puede dejar de lado a las PYMES; somos la fortaleza del estado”, expresó.
El funcionario dijo que hubo un “olvido” en el presupuesto hacia las PYMES, “no tenemos un programa que se focalice en las PYMES. Se nos olvidó”, reconoció, comprometiéndose a diseñar políticas específicas para este sector, con un enfoque en financiamiento, capacitación y vinculación con mercados internacionales.
Aunque aclaro que no quiere decir que no haya programas para este sector, aunque prometió que ante las carencias el gobierno trabajará para corregirlas y focalizar los recursos estratégicamente.
FOJAL DEBE CAMBIAR
“No hay banca de desarrollo, eso es lo que hemos dicho. Yo aquí reconozco el fracaso de estos seis años en materia de banca de desarrollo. FOJAL no puede ser FOJAL como ha estado, tiene que cambiar. Tenemos un proyecto para que cambie, le estamos metiendo lana para que eso suceda. Estamos cambiándolo todo, y todo significa que los que están no deben estar. Ese es un primer paso” señaló.
DESCARTA SALIDA DE JALISCO EL PACTO FISCAL
También cuestionaron a Luis García Sotelo, sobre el tema de la salida del Pacto Federal que propuso Enrique Alfaro, dejó clara la posición del gobierno entrante respecto al Pacto Fiscal y aseguró que no se busca abandonar este esquema, que más bien lo que estará trabajando sería fortalecerlo.
“No está en nuestra idea una salida del pacto fiscal”, aseguró, sin embargo, reconoció la necesidad de una revisión a fondo para garantizar mayor equidad en la distribución de los recursos federales, considerando que Jalisco aporta significativamente a la recaudación nacional.
García Sotelo destacó que el objetivo principal es lograr un trato más justo para Jalisco, especialmente en áreas fundamentales como salud, educación y seguridad, que dependen en gran parte del financiamiento estatal, porque el recurso federal, “que es de todos”, también debe llegar a los jaliscienses, e insistió en la importancia de mejorar la coordinación fiscal entre los estados y la Federación para garantizar una asignación más equitativa y solidaria.
LUIS GARCÍA SOTELO: “NO ESTÁ EN NUESTRA IDEA UNA SALIDA DEL PACTO FISCAL”
En entrevista con Conciencia Pública, tras su reunión con el Consejo Empresarial de Jalisco, Luis García Sotelo, ahora secretario de Hacienda en el estado, delineó las prioridades de su gestión y las directrices que seguirá bajo el liderazgo del gobernador electo, Pablo Lemus.
Con un enfoque en la colaboración, el diálogo y la eficiencia, García Sotelo destacó que “Jalisco tiene la gran oportunidad de consolidarse como el motor económico del país y un ejemplo a nivel nacional”.
Frente a las inquietudes y reclamos planteados por los empresarios, García Sotelo aseguró que su administración estará dispuesta a escuchar y resolver. “Queremos constituirnos en un gobierno abierto, que escuche, sea sensible y dé resultados sobre todo”, afirmó, reconociendo la importancia de atender las llamadas de atención provenientes del sector privado.
Sobre las directrices de Pablo Lemus, destacó que la prioridad será manejar los recursos públicos con responsabilidad y eficacia. “Tenemos que tener una administración eficiente, cercana a la gente, que genere mejores condiciones para que el gasto público sea rentable desde el punto de vista social y económico”, explicó. Además, subrayó la importancia de mejorar la atención al ciudadano para acercar al gobierno con la sociedad.
En cuanto a la relación de Jalisco con la Federación, García Sotelo confirmó y descartó cualquier intención de abandonar el Pacto Fiscal, una propuesta que ha sido tema de discusión bajo la administración actual de Enrique Alfaro.
“No está en nuestra idea una salida del pacto fiscal”, declaró, aunque señaló que se buscará mejorar la coordinación y la equidad presupuestal entre estados. “Debemos estar muy pendientes de que Jalisco tenga un mejor trato desde el punto de vista presupuestal y que el recurso federal también llegue a los jaliscienses”.
Cuál sería su resumen en este encuentro con empresarios de CEMJAL, sé que es difícil resumir casi dos horas de charla
Creemos que tenemos ahora la gran oportunidad de que con el respaldo y el apoyo de todos los sectores de la sociedad y con una visión de diálogo y de coordinación y cooperación, vamos a construir una estrategia que permita a Jalisco desarrollarse con mayor fuerza y ser el motor económico del país y poner ejemplo a nivel nacional de que las cosas en Jalisco se van a hacer muy bien.
Muchas inquietudes y algunos reclamos incluso. ¿Cómo toma eso?
Como llamadas de atención para ser atendidas y cuidadas, porque lo importante de esto es que queremos constituirse en un gobierno abierto, que escuche, que sea sensible y que atienda y que dé resultados sobre todo.
¿Cuáles son las grandes propuestas de este gobierno en materia que usted va a tener? ¿Qué indicaciones tiene de Pablo Lemus?
Tenemos que tener una administración eficiente, muy efectiva, cercana a la gente, que maneje los recursos con responsabilidad, con eficiencia, que genere mejores condiciones para que el gasto público sea rentable desde el punto de vista social y económico y para que los ciudadanos puedan acercarse al gobierno de una mejor manera, con una mejor atención.
En el contexto nacional, donde se habla de salirse del Pacto Fiscal de la Federación, recientemente el actual secretario de Hacienda del Gobierno Federal, Rogelio Ramírez de la O, sobre que Jalisco aumente sus ingresos ¿hay alguna propuesta concreta al respecto?
Yo creo que hay una clara indicación de colaboración y cooperación. Eso sí, debemos estar muy pendientes de que Jalisco tenga un mejor trato desde el punto de vista presupuestal, que pueda el recurso federal, que es de todos, también caer o llegar a los jaliscienses, que somos una buena parte del país, y que vamos a hacer todo lo que nos toque. A nosotros nos toca ser más eficientes, recaudar más con los propios recursos, pero no olvidar que el que tiene el pastel es la federación.
¿No se va a trabajar en la salida del Pacto Fiscal, como lo propone el gobernador Enrique Alfaro?
No, por supuesto que está a revisión y a propuesta de cómo mejorar la coordinación fiscal, cómo mejorar, cómo hacerla más eficiente, cómo hacerla más justa, más equitativa entre los estados, solidaria incluso, pero no está en nuestra idea una salida del pacto fiscal.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
