JALISCO
Segundo debate por la gubernatura: Lemus y Delgadillo sin tregua; se vuelven a dar con todo, más tiempo más descalificaciones
Por Francisco Junco //
La cita llegó, los tres candidatos arribaron puntuales. El segundo debate, se realizó este 13 de abril, ahora en Zapotlán El Grande, antes Ciudad Guzmán. Minutos antes de las cinco de la tarde, uno a uno los candidatos llegaron al Centro para las Artes “José Rolón”.
El primero en llegar, casi una hora antes de iniciar el debate, fue el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, quien dijo que disfruta mucho de esos ejercicios donde se pueden dar propuestas y contrastes. Comentó que no sólo va a ganar este debate, sino la elección del 2 de junio “y por mucho margen”, y aseguró que, para este debate, “se van a divertir mucho”.
La segunda en pisar la alfombra roja fue Laura Haro, candidata de Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, conformada por PAN, PRI y PRD, quien aseguró que llegó con mucho “ánimo y muy bien preparada”, lista para “proponer y contrastar” y, sobre todo, dijo, para decirles a los jaliscienses cómo “vamos a regresar la paz y tranquilidad a este estado”.
Minutos después, ya cerca de las cinco de la tarde, hizo su presencia Claudia Delgadillo, candidata de Sigamos Haciendo Historia, coaligada por Partido Verde, Morena, Partido del Trabajo, Hagamos y Futuro, quien aseguró estar lista para decirle a todo Jalisco que “vamos con nuestra gente, qué vamos hacer con cada problema que nos duele”.
En este segundo debate, sí hubo más propuestas, aunque las descalificaciones y señalamientos de corrupción, no dejaron de aparecer, sobre todo, entre Claudia Delgadillo de Morena y aliados y Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano.
Laura Haro, aprovechó para comentar que, el pleito, era para saber quién es más corrupto, porque ella no tiene “ni un milímetro de cola que le pisen” y los invito a que sean “más serios” y, si tienen elementos de corruptelas, presenten sus respectivas denuncias ante las autoridades correspondientes y no sólo quede en palabras.
Con otro formato, los candidatos tuvieron la oportunidad, en 90 minutos, de cuestionar y responder a sus contrincantes electorales. Los moderadores, en esta ocasión, fueron los periodistas Gabriela Aguilar y José Ángel Gutiérrez. Los temas fueron de infraestructura, finanzas y obra pública; transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. La novedad, fue que algunos ciudadanos realizaron preguntas directamente a los candidatos, a través de videos que fueron seleccionados por medio de un sorteo realizado previamente.
En el tema del fortalecimiento de las instituciones, Laura Haro, destacó que, para las mujeres, tiene la propuesta denominada “Ciudad Mujer”, un espacio donde están concentradas todas las instituciones de gobierno en un solo lugar para agilizar los procesos de justicia en el estado. Para la niñez jalisciense, sentenció que el gobierno actual tiene en total abandono a Ciudad Niñez, por lo que propone duplicar el presupuesto, generar un sistema integral para niñas, niños y adolescentes y regresar las estancias infantiles. Por otro lado, y ante la falta de respeto a usos y costumbres de “los gobiernos actuales” propone duplicar el presupuesto para la Comisión Estatal Indígena.
Dentro del tema del medio ambiente, destacó que, como gobernadora, se realizará una inversión para el funcionamiento de las presas, instalar una policía ambiental, crear nuevas áreas naturales protegidas, implementar una Agencia Estatal de la Gestión Integral del Territorio y crear una Comisión Estatal Forestal.
La candidata de Fuerza y Corazón por Jalisco, apuntó que, una realidad distinta para Jalisco es posible, de la mano de los jaliscienses y de una gobernante integral y con manos limpias, y dijo que construirá la mejor versión de Jalisco de todos los tiempos.
“Vamos a fortalecer los programas sociales, lo hemos dicho, los creamos nosotros. Se quedan, pero se mejoran. Así que hoy, tú tienes el poder. Tienes el poder para construir una realidad distinta, tienes el poder para hacer realidad tu propia historia de éxito a través de tu talento. Vamos a ganar”, invitó a los que escucharon el debate.
CLAUDIA DELGADILLO: OFRECE CONSTRUIR 2 LÍNEAS DE TREN LIGERO
En tanto, la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, presentó su plan de movilidad para Jalisco y aseguró que rehabilitará la Carretera 80 que va desde Villa Corona hasta La Huerta y “vamos a estar rehabilitando, de manera constante y vamos a dar solución al tema terrible de vialidad que sufrimos en López Mateos y vamos a darle certeza a nuestra gente de que habrá una vía alterna por Camino Real a Colima y también le vamos a dar solución vial en la Venta del Astillero, con un nuevo carril de ida y vuelta en el ingreso al Área Metropolitana”, expuso.
Y destacó su compromiso para concretar las líneas 5 y 6 del Tren Ligero, así como tener un transporte público de calidad. En materia de transparencia, dijo que creará los Consejos Ciudadanos, para que se sepa en qué se utilizan sus impuestos y aseguró que, “en mi gobierno, habrá mucha transparencia, que ustedes van a estar trabajando conmigo”. En materia de medio ambiente, condenó la tala desmedida de árboles en el bosque de La Primavera, que, a su decir, ha sido permitida por los gobiernos de Movimiento Ciudadano.
Además, dijo, de ganar las elecciones, construirá, dos nuevos hospitales civiles en las regiones Sur y Costa Norte de Jalisco. Y aseguró que se dejará de pagar rentas, sin especificar de que inmuebles gubernamentales, para que con ese dinero se paguen todas las verificaciones de autos y que no les cueste a los jaliscienses.
LEMUS OFRECE CONSTRUIR LA LÍNEA 5 DEL TREN LIGERO
En su intervención, sobre el tema de movilidad, Pablo Lemus Navarro, aseguró que a él le tocará, de ganar el próximo 2 de junio, la inauguración de la Línea 4 del Tren Ligero, que conectará los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara. Además, se llevará a cabo la ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero que llegará hasta San Agustín, con el objetivo de reducir el tráfico en la Avenida López Mateos, así como la ampliación de la Línea 3 hasta Tesistán, con un ramal hasta Valle de Los Molinos por Carretera a Colotlán. Y subrayó que, antes del mundial del 2026, y como uno de los proyectos más importante de su gobierno, será la construcción de la Línea 5.
“Inicia en El Salto, pasa por el municipio de Tlajomulco, en el Aeropuerto de Guadalajara, posteriormente Tlaquepaque, en el Álamo, por la Glorieta de La Minerva, el Parque Agua Azul y termina en el Estadio Akron, en el municipio de Zapopan”, y además acotó que habrá la adquisición de más unidades de transporte público.
Sobre infraestructura de salud, apuntó que, dentro de su proyecto, está la construcción de cinco nuevos hospitales regionales, los cuales estarían en Encarnación de Díaz, Tesistán, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Puerto Vallarta y Zapotlán El Grande.
LAS DESCALIFICACIONES
Durante el debate, además de estas propuestas, entre los candidatos sobresalieron las descalificaciones y señalamientos, sobre todo entre Movimiento Ciudadano y Morena.
Pablo Lemus, señaló que, a la candidata Claudia Delgadillo, cuando empezó en la política tenía una “casita” en la colonia Independencia y ahora tiene una “casota” con un valor de 60 millones de pesos en Puerta de Hierro, casa que no está declarada en el patrimonio de la candidata y que negó tener ese inmueble.
Sin embargo, después del debate y en una rueda de prensa, ante los medios de comunicación, Claudia Delgadillo, aunque no aclaró si es su residencia, sí reto al candidato diciéndole que, si le comprobaba que esa casa tiene un valor de los 60 millones, ella se la vende en 20 millones. Pablo Lemus aceptó el reto y dijo que, el dinero obtenido de esa venta-compra, se utilizará para construir vivienda económica en Jalisco.
Los reporteros cuestionaron sobre el tema de las rentas millonarias que paga el actual gobierno, y que serviría para el pago de la verificación vehicular, pidiendo que especificara de qué se trataba, a lo que Claudia Delgadillo, precisó que son muchísimos los inmuebles que no se utilizan, pero se están pagando mil trecientos millones de pesos en rentas y, aunque no especificó que inmuebles, se comprometió que en próximos días los dará a conocer.
Claudia Delgadillo, dentro del debate, calificó a Pablo Lemus como “El señor de los 300”, de los 300 mil pesos que costó su baño, 300 millones de pesos en la renta de patrullas en Zapopan, y resaltó «la transparencia obliga a dar cuentas claras. Le pediría que hiciera una aclaración».
«El candidato que está hablando, primero que nos diga en qué desvió los 300 millones de presupuesto en Zapopan, en un banco fantasma. Quiero que diga el candidato de los 300 porqué compró patrullas a sobreprecio. Porqué gastó 300 mil en un baño, es el candidato de los 300, porque no da respuesta”.
Pablo Lemus recordó, en la transmisión del debate, que, en el pasado de Delgadillo, está en el PRI, “donde se formó y robó”, y fue operadora de Enrique Peña Nieto y, en ese momento, era una opositora del proyecto de la Cuarta Trasformación, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y ahora resulta que lo apoya. Eso habla de “incongruencia, eso es la candidata de Morena”.
En su participación Laura Haro, resaltó que la candidata de Morena no puede hablar del tema de medio ambiente, ya que su “jefe de Palacio Nacional”, y señaló “que decir, Claudia, de tu cabecita de algodón, se llevó con su Tren Maya, que es un desastre, 10 millones de árboles, cuando dijeron que no iban a talar un solo árbol. Eso es indignante. Ustedes son el gobierno del ecocidio y de la destrucción”. También, destacó que “la candidata del Verde” votó, como diputada federal, para que hubiera más estadios de beisbol, en detrimento de la inversión para consolidar más centros de salud en el territorio nacional, y siempre voto en contra de darle más presupuesto a Jalisco.
El tercer debate para la gubernatura de Jalisco se realizará el 4 de mayo y la sede será en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa en la Universidad de Guadalajara, ahí los moderadores del debate serán Belén Zapata y Jorge Octavio Navarro.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS CINCO PRINCIPALES:
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LAE ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.
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