JALISCO
Vigente el riesgo de retroceso en los derechos políticos de las mujeres: Advierten que la judicializarán
Por Mario Ávila //
Cuando todo estaba listo para aprobar una reforma electoral, cuyo punto central consistía evitar que se obligara a los partidos, a designar mujeres como candidatas a la mitad de las alcaldías de los 10 municipios más poblados de la entidad, la voz de inconformidad de las mujeres se hizo escuchar y ante ello se frenó la iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIII Legislatura del Congreso de Jalisco, pero a la vez se lanzó la advertencia desde la Presidencia de la Mesa Directiva, de que la propuesta solo fue suspendida, pero sigue vivo el proceso legislativo
Primero fueron un grupo de mujeres diputadas, regidoras, dirigentes partidistas y activistas de distintos partidos políticos, con excepción de MC y PAN, las que lanzaron el grupo de guerra, advirtiendo judicializarían la reforma, si los promoventes se empeñaban en aprobarla.
A la vez, un grupo de representantes de organizaciones sociales hicieron público un documento mostrando también su inconformidad por la inminente aprobación de la reforma, que anulaba la distribución de los bloques de candidatos, considerando la población de los municipios como ocurrió en la elección del 2021 cuando se creó un grupo especial con los 10 municipios más poblados de Jalisco.
La reforma obligaría también a los partidos con registro local a postular a la gubernatura del Estado a candidatos alternando el género, requisito que no aplicaría para los partidos con registro nacional. La misma alternancia se propone también para las primeras posiciones en la lista de candidatos por la vía plurinominal, que hoy está garantizada en la ley para mujeres.
Entre las críticas que se lanzaron a la propuesta de reforma, además de que estaba hecha por los coordinadores parlamentarios hombres y por dos mujeres coordinadoras, destacaba el hecho de que sería inconcebible que se afectara los derechos conquistados por las mujeres, justamente en la Legislatura histórica en la las mujeres tiene una participación mayoría con 24 curules.
Para la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández Ramírez, esta iniciativa tiene mucho trasfondo político, “no quieren que estorbemos en la Zona Metropolitana, no quieren tener que repartir los 5 municipios más poblados para hombres y para mujeres y sin duda se trata de una propuesta de los partidos que en estos momentos están gobernando”.
Es una iniciativa -dijo-, que sale claramente de Movimiento Ciudadano, porque seguramente Guadalajara lo quieren apartar para el que no llegue a ser candidato a gobernador; que en Zapopan no les afecte su reelección y que en Tlajomulco que no le manden una mujer al ahora diputado coordinador de la bancada de MC.
Es decir -abundó-, todo el trasfondo fue un tema político. Que no nos quieran engañar a través de los medios de comunicación, la verdad es que nosotras llevamos muchísimos años en la lucha y no solamente será la vergüenza de los coordinadores y dos coordinadoras legislando para quitar derechos políticos a las mujeres, es qué van a hacer las 24 mujeres que tanto le deben a la lucha histórica.
Aseguró que “todas las diputadas de Movimiento Ciudadano deben estar muy asustadas de poder levantar la voz, sé que en el fondo deben estar muy enojadas todas, sobre todo aquellas que logran entender el alcance de esta iniciativa, pero no se van a atrever a alzar la voz, por miedo a ser castigadas con no postularlas en el 2024”.
Precisó que todos los coordinadores y algunas coordinadoras mujeres, “dicen que las reformas son para que el IEPC no legisle por nosotros y emita los lineamientos y por ello hacen todos los bloques de competitividad, pero se les olvida el más importante, que es el poblacional. Hay que recordar que la lucha en el 2021 fue para que la Sala Regional emitiera el bloque de los 10 municipios más poblados. De nada sirve que lleguen las mujeres si no llegan a los municipios más grandes para gobernar. Y si no viene en la ley no vamos a garantizar que los partidos políticos estén postulando mujeres.
“Como está el dictamen para aprobarse, los municipios más grandes quedan revueltos con muchísimos municipios del interior del Estado y aunque quedaran juntos en un bloque los partidos tendrían hasta 14 o 15 lugares para decir que en los municipios grandes mandamos hombres y en el resto mujeres para los municipios pequeños. Esto más que un tema técnico tiene un origen político, para que las mujeres no lleguemos a estorbarles a gobernar en las ciudades grandes.
“Después hablan de un tema de paridad en las gubernaturas y cómo va a haber paridad, si las mujeres no van a tener la experiencia de haber gobernado una ciudad grande. Lo que queremos es que en el dictamen se incluya el bloque poblacional, que sería el mismo bloque para todos los partidos políticos. No vamos a permitir que tengamos menos de lo que tuvimos en el 2021, es más, lo que quisiéramos es que en este bloque poblacional fuera uno y uno. En el municipio más poblado que es Zapopan, si quieren empezar por hombre, seguirá Guadalajara con una mujer y así sucesivamente.
“Esperemos que haya servido de algo una bancada de mujeres, que de algo sirva que sea una legislatura de 24 mujeres, porque es la lucha de todos nuestros ancestros el que nosotras hayamos podido estar en estos espacios públicos y seguirá siendo la lucha para que en el futuro también puedan llegar nuestras hijas y no tenga que ser necesario judicializar siempre los derechos de las mujeres. Estaremos muy pendientes y si no, seguramente nos veremos en los tribunales un grupo plural de mujeres, porque no vamos a permitir un paso atrás en la paridad”, sentenció la edil tapatía emanada del grupo de Morena.
FRENAR EN MUNICIPIOS MÁS POBLADOS
A su vez, Natalia Juárez, presidenta del PRD en Jalisco, expresó que “es clara la intención de la reforma de omitir el grupo de municipios más poblados, porque recordemos que los últimos gobernadores que han existido en Jalisco, después de Alberto Cárdenas, han llegado desde la presidencia municipal de Guadalajara, lo que significa que tienen más recursos, tienen más exposición mediática, tienen más poder político; por eso es importante que los municipios más poblados y con mayor relevancia, estén dentro de la norma. Por eso queremos que las mujeres estén ahí, para que tengan la posibilidad de llegar a gobernar el Estado”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Por Redacción Conciencia Pública
La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) confirmó la primera muerte por dengue en el estado en lo que va de 2025, tras el dictamen emitido en conjunto con la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud federal. El deceso fue reportado en la Semana Epidemiológica 36, correspondiente a los primeros días de septiembre, y se convierte en una señal de alerta sobre la circulación activa del virus en distintos municipios.
De acuerdo con el boletín 246 de la SSJ, la víctima mortal no ha sido identificada públicamente en cuanto a edad, género o municipio de residencia, por razones de confidencialidad. Sin embargo, la autoridad sanitaria reiteró que se trató de un caso confirmado mediante los protocolos estatales y federales, lo que marca el primer fallecimiento en Jalisco durante este año asociado directamente a la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.
Los datos federales refieren que, hasta la SE36, en Jalisco se acumulan 1,385 casos confirmados de dengue, con la siguiente distribución: 782 de dengue no grave, 553 con signos de alarma y 50 clasificados como dengue grave. Además, existen 29 defunciones sospechosas en proceso de dictaminación, que podrían modificar el panorama en las próximas semanas.
La Dirección General de Epidemiología detalla que en el país, para la misma semana, se contabilizan 8,867 casos confirmados de dengue, más de 82 mil probables y un total de 48 defunciones validadas. Con esta nueva confirmación, Jalisco se integra al grupo de entidades que ya reportan muertes, lo que obliga a reforzar medidas de prevención y control.
En cuanto a los serotipos en circulación, la SSJ confirmó la presencia de los serotipos 1, 2 y 3 del dengue, siendo este último el que más frecuentemente se relaciona con cuadros graves o con signos de alarma. Las autoridades advierten que la coexistencia de varios serotipos aumenta el riesgo de infecciones secundarias y complicaciones, especialmente en poblaciones vulnerables.
La Secretaría de Salud Jalisco hizo un llamado a la población a intensificar la eliminación de criaderos de mosquitos, mantener patios limpios y acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como fiebre, dolor muscular o abdominal, vómito persistente y sangrados. Asimismo, recalcó que automedicarse puede agravar los cuadros clínicos y retrasar la atención oportuna.
Finalmente, la SSJ informó que continuará con operativos de fumigación y control larvario en zonas de alta transmisión, al tiempo que exhortó a los ayuntamientos a sumarse con acciones comunitarias. El objetivo es evitar que Jalisco repita escenarios de alta mortalidad registrados en años previos, recordando que la prevención comienza en cada hogar y que la participación ciudadana resulta clave para contener al vector.
