JALISCO
Voz de jubilados y pensionados del Ipejal: Urge reforma a la Ley de Pensiones y maniatar al consejo directivo
Por Mario Ávila //
Miembros del Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal, acompañados por representantes de una decena de organizaciones sindicales y asociaciones de jubilados, urgen a los diputados de la LXIV Legislatura local a que reformen la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, para maniatar al Consejo Directivo, ya que desde la reforma del 2009 la corrupción campea en el propio instituto y es lo que ha provocado la grave crisis económica que lo ha puesto al borde de la quiebra para el 2034.
En opinión de Alfonso Gamiño Ruvalcaba, uno de los líderes del colectivo, sería importante que se les concediera a los jubilados, un asiento en el consejo directivo, luego de que según las actas de las reuniones mensuales las decisiones siempre son por unanimidad, es decir las dos representaciones de los trabajadores, siempre se han adherido a la voluntad patronal, con una sola excepción en el 2021 cuando el líder de la FESIJAL, Juan José Hernández votó en contra de la construcción de la Ciudad Laboral del Gobierno del Estado, con dinero de los trabajadores.
Por ello el representante de los trabajadores pensionados y jubilados, advierte que una posición de poco serviría, ya que con la representación del Gobierno del Estado, que es de dos consejeros más el director general y a la vez presidente del consejo, la representación del Ayuntamiento de Guadalajara y los dos asientos de los representantes de los trabajadores, uno de la sección 47 del SNTE y uno de la burocracia estatal y municipal, siempre harían mayoría y las votaciones regularmente serían 6-1.
Explicó Gamiño Ruvalcaba que hoy hay condiciones de equilibrio en las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado y se puede aspirar a una reforma a la ley del Ipejal, para garantizar por un lado que el propio Poder Legislativo asuma la vigilancia y el control del consejo directivo del Ipejal y por otro lado, para reducir los riesgos de que las reformas que se hagan dañen directamente a los trabajadores como fue la intención de las mesas de trabajo, en donde se pretendía hacer vales las sugerencias del Estudio Actuarial, que planteaba aumentar las aportaciones del trabajador y crecer la edad de jubilación hasta 65 años, incluso para los trabajadores registrados antes de la reforma del 2009.
Reveló que han estado en contacto con algunos de los legisladores, como Miguel de la Rosa y Candelaria Ochoa (Morena), Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez (Futuro) y Leonardo Almaguer Castañeda (PT), entre algunos otros, con quienes han platicado y a quienes les han expresado su preocupación, y justamente son ellos quienes se han comprometido a estudiar revisar las propuestas de modificaciones a la Ley del Ipejal, sin causar daño a la economía de los trabajadores.
De ahí que, en su opinión, la reforma más importante que se le deba hacer a la Ley de Pensiones, es vigilar y sanear el actuar del consejo directivo, pero en el entendido de que los jubilados no confían en que esta vigilancia recaiga en órganos e instituciones del propio Poder Ejecutivo, ni en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que se pide que sea el Poder Legislativo el que asuma esta función “para maniatar al consejo directivo”.
A Pensiones del Estado -denunció-, siempre le han metido mano desde el Gobierno del Estado, pero a partir de la reforma del 2009 esto empeoró, porque se le dio todo el poder al consejo directivo y es ahí donde surge y donde se ha desarrollado el problema de corrupción, en el seno del consejo y mientras siga en estas mismas condiciones, sin que nadie absolutamente lo vea, sin que nadie sepa lo que hace, el problema se va a mantener, no hay otra solución, por más dinero que le metan, mientras sigue existiendo ese poder del consejo directivo que permite la corrupción, no se va a lograr nada, así participe la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría o la propia Fiscalía Anticorrupción, nada nos ganaremos.
Lo que se necesita -abundó-, es una auditoría de verdad, a cargo de una institución independiente, de algún organismo totalmente ajeno, una empresa que goce de gran prestigio y que pueda hacer una auditoría integral; pero mientras se siga negando y no se acepte que la corrupción es la principal causa del deterioro de las finanzas de Pensiones del Estado, no vamos a llegar a ningún lado; mientras sigan diciendo que son problemas estructurales, no habrá una respuesta positiva y no llegaremos a ningún lado.
EXIGEN AUMENTO DE 2 MIL PESOS A PENSIONADOS
Una de las principales demandas del Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal, es en el tema del incremento salarial anual, toda vez que cada año se viola el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Ipejal, ya que los incrementos han sido menores al Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que ha generado una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, según lo planteó el propio Alfonso Gamiño Ruvalcaba.
Explicó que la pérdida que se ha venido acumulando de manera sostenida, ya que, en el año 2024 con el afán de resarcir aparentemente este perjuicio, se autorizó un incremento del 5% de manera generalizada las pensiones menores a 80 mil pesos, “sin embargo, este incremento no trajo consigo el beneficio esperado, pues el 35% de los jubilados recibió un incremento inferior al del año 2023 que fue de 600 pesos”.
Es decir, con el aumento del 5% en el 2024, significó un monto menor a los 575 pesos para quienes ganaban un monto igual o menor a los 11 mil 500 pesos, situación que va en contra del principio de progresividad salarial estipulado en la ley; mientras que para el 76% de los jubilados restantes, se les otorgó un incremento de mil pesos.
Ante ello, el Colectivo sostiene que la naturaleza de los incrementos debe obedecer al principio de progresividad y atender a resarcir el deterioro del poder adquisitivo, “por lo que creemos y de manera formal solicitamos, que en vez de autorizar un incremento porcentual, se contemple para este 2025, sin comprometer la estabilidad financiera, un incremento general por la cantidad de 2 mil pesos, ya que con ello sí impactaría significativamente en las pensiones de un universo mayor de jubilados”, expuso Gamiño Ruvalcaba.
Con ello, el 94% de los casi 51,000 jubilados recibirían en términos porcentuales un incremento del 5% o más, reflejándose un mayor índice porcentual en quienes perciben una pensión menor a los 40 mil pesos mensuales, lo que constituye un paso importante en una política de recuperación y justicia social en materia de pago de pensiones y se atendería a la naturaleza solidaria del instituto.
ACUERDOS PARA ATENDER TEMAS URGENTES DE SALUD
En la movilización convocada por el Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal, a las puertas de la propia institución, tomaron parte cientos de integrantes de agrupaciones sindicales, asociaciones civiles y representaciones de policías en activo y jubilados, quienes lograron ser recibidos por el propio director general, Juan Partida.
Y aunque el tema principal de la movilización ya estaba resuelto toda vez que el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro anunció previamente que se daría marcha atrás a la intentona de un escandaloso incrementos salarial para Juan Partida y funcionarios de primer nivel, así como a la creación de algunas nuevas plazas de nivel de dirección, los pensionados y jubilados tenían temas pendientes por tratar como el incremento del 2025 y el deteriorado sistema de atención a la salud, que se brinda a través de cuatro clínicas de primer nivel, un grupo de médicos especialistas y una serie de hospitales privados.
La minuta de la reunión del 6 de febrero, participaron por el Colectivo Pro Defensa de Patrimonio del Ipeal: Ernesto Michel, Juan Flores Vázquez, Francisco Javier Reyes, Abel Figueroa González, Alfonso Gamiño Rubalcaba y Juan Manuel Mercado; en tanto que por parte del Ipejal los atendieron: Juan Partida Morales, Ángel Nuño, Luis Alberto Güemes e Isaac Flores.
Dentro de los acuerdos destaca resolver servicios médicos urgentes de enero y febrero, el abasto de medicamentos en las clínicas; mejorar la logística para que gradualmente se vayan eliminando los reembolsos; nuevo contrato de servicios de imagenología; dar prioridad a las cirugías urgentes rezagadas; certeza laboral para todos los trabajadores del Ipejal, revisar los porcentajes de los préstamos a los que se les cobran intereses por adelantado y analizar la propuesta de incremento de 2 mil pesos al mes, para los pensionados en el 2025.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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