JALISCO
197 aniversario del Poder Judicial en Jalisco: Foros de REDAC con sociedad civil; piden una nueva Constitución
Por Mario Ávila //
Integrantes de la Red Nacional de Asociaciones Civiles y Participación Ciudadana, que preside el empresario Enrique Michel Velasco, presentaron en la sede del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el Libro “Hacia una nueva Constitución Política de Jalisco” Tomo I, en presencia del presidente del Poder Judicial, Daniel Espinoza Licón.
En el marco de los festejos de la Semana Cultural y Jurídica Conmemorativa del 197 Aniversario de la fundación del Poder Judicial del Estado de Jalisco, Arturo Uribe Avín, acompañó a Michel Velasco en la presentación del libro gestado luego de un proceso de consulta ciudadana, cuya autoría corresponde a todas y cada una de las personas que con sus ponencias y conferencias magistrales contribuyeron a su conformación entre febrero de 2020 y marzo del 2021.
La propuesta de realizar una nueva Constitución, nace en el año 2019 cuando se convocó a la ciudadanía a participar en la discusión, análisis y conformación de un nuevo ordenamiento constitucional para que mediante el proceso de democracia participativa, todo individuo expresara sus propuestas y visiones sobre el contenido de una nueva constitución.
El primer paso, según lo refirió Enrique Michel, fue la propuesta del mandatario jalisciense, Enrique Alfaro Ramírez en el sentido de agregar el artículo 17 bis a la actual Constitución, con la finalidad de establecer en él, la base legal para la conformación de un Congreso Constituyente del cual emane la nueva carta magna del estado, los que fue aprobado el 11 de septiembre del 2019.
Recordó que el actual marco jurídico poco ayuda a resolver de manera eficaz los problemas que enfrentamos actualmente como sociedad, como familia y como personas, de ahí que se hacía necesario perfeccionar el marco jurídico de las leyes secundarias.
Fue una oportunidad histórica -dijo Michel Velasco-, para que los campesinos, los trabajadores, los académicos, los profesionistas, los empresarios, los jóvenes, las mujeres, los pueblos originarios los funcionarios públicos, los migrantes las organizaciones de la sociedad civil y en general todo ciudadano jalisciense manifestara sus ideas para formular este magno documento jurídico.
Tres foros temáticos y sectoriales en la Canaco -abundó-, con más de mil asistentes, 356 ponencias y 88 expositores entre conferencias magistrales y panelistas. La temática se dividió en tres grandes sectores, el académico e institucional, el productivo económico y el tercero para el sector de las organizaciones de la sociedad civil, en donde se atendieron los temas de seguridad, justicia, corrupción, educación, salud, desarrollo económico, pobreza, empleo, municipios, federalismo, derechos humanos, entre otros.
Y como a todos -explicó-, nos sorprendió la pandemia COVID-19, nos obligamos a respetar las disposiciones y medidas sanitarias, así como se modificó al esquema virtual, eliminando la presencialidad. Incluso vale la pena recordar que se tiene programada la conclusión de la consulta en el mes de febrero del 2022 y ahí se obtendrá el segundo documento, es decir el tomo 2 de este libro.
LA DIVERSIDAD DE PROPUESTAS ENRIQUECIÓ EL DOCUMENTO
Arturo Uribe Avín, en su calidad de secretario general de la Red Nacional de Asociaciones Civiles y Participación Ciudadana, A.C., expuso que los foros fueron para cualquier ciudadano que tenía algo que decir en estos temas, que algo le inquietaba.
Como en toda consulta ciudadana -dijo-, tratamos de escuchar a quien se quiera dejar oír, hay quien puntualizó errores técnicos y legislativos en el esquema propuesto, para la reflexión, fue una consulta abierta en la que se recibieron todo tipo de temas, una diversidad que sorprendió y justamente la diversidad es lo que enriquece cualquier documento.
Puntualizó Uribe Avín que la generación de la consulta y la elaboración de este libro con casi 400 páginas, fue el resultado de un gran esfuerzo ciudadano realizado por todos y anticipó que se pondrá a disposición de las autoridades correspondientes en el caso de darse el Congreso Constituyente “y si no, de cualquier manera estará a disposición del Congreso del Estado, ya que los grandes cambios que han sufrido nuestra sociedad requieren de una revisión y actualización de la temática constitucional y de las leyes secundarias”.
UN ESTADO Y UN MEJOR PAÍS, NOS NECESITAN A TODOS: ESPINOZA LICÓN
Para el presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinoza Licón, Jalisco necesita una constitución moderna, innovadora e incluyente, ya que ésta sería una posibilidad de tener una normativa novedosa, acorde a nuestra realidad.
“Todos queremos mejor un mejor estado -dijo-, queremos un mejor país, queremos mejor economía, queremos acabar con feminicidios, queremos acabar con tanta desaparición forzada, pero eso no le corresponde a un fiscal, a un gobernador, a un diputado, a un magistrado, eso nos corresponde a todos, no podemos ser pasivos frente a este reto de seguridad, frente al reto de la pandemia, frente al reto de la economía”.
Sobre el libro y el proceso de consulta efectuado hacia una nueva constitución política de Jalisco, expuso que “a estas fechas la reflexión de si es necesaria una nueva constitución o la que tenemos hay que adecuarla y mejorarla, es muy válida; si es posible o es válida esta nueva constitución, la respuesta es: por qué no, pero debemos llegar a ella mediante un sistema de gobierno abierto en el que se escuche a todo el que tenga algo que aportar”.
Sobre la importancia de escuchar a todos, hizo una reflexión: “Tengo 31 años trabajando en el Poder Judicial, aquí empecé a trabajar, fui aprendiendo, pero me ha ayudado mucho escuchar a los 33 compañeros magistrados, siempre he sido receptivos de sus opiniones y comentarios, tomar decisiones yo solo, me lleva a cometer errores y escucharlos me ha dado la posibilidad de equivocarme menos”.
Al referirse a la aportación hecha por la REDAC y en particular por su presidente, Enrique Michel Velasco, el presidente del poder Judicial lo calificó como “un jalisciense ejemplar, con visión, creando empleos, con un gran compromiso social, poniendo en el alto el nombre de Jalisco con su marca”.
Y recordó: “Yo he platicado dos veces con Enrique Michel, en una primera plática que tuve con él, no me pidió nada, solo me ofreció ayuda y me platicó como su empresa cambió y se transformó a raíz de generar manuales estrictos de organización y tener un ISO, un reconocimiento a su organización y con ello logró una mejor empresa, un mejor patrón, mejores empleados, más organización y esto le valió para que su empresa triunfara más”.
“Me compartió su experiencia y me traje el ejemplo y pregunté cuántos manuales y reglamentos tenemos, y no tenemos nada, trabajábamos como Dios nos dio a entender y en el camino nos fuimos organizando, fue por un conocimiento empírico como fuimos sacando adelante el compromiso. Pero nos pusimos de acuerdo las magistradas y los magistrados para generar manuales y en el pleno pasado se aprobaron manuales de operación para homologar las formas de trabajar en las salas penales, civiles, en las áreas administrativas y en la secretaría de acuerdos.
“Y estamos en el camino de que el STJJ tenga un ISO un reconocimiento a los procedimientos administrativos, porque esto le genera certeza a todos los que litigan, que no sea el procedimiento de cada sala, sino homologar el trabajo para ser más productivo”, sentenció.
“Todos queremos mejor un mejor estado -dijo-, queremos un mejor país, queremos mejor economía, queremos acabar con feminicidios, queremos acabar con tanta desaparición forzada, pero eso no le corresponde a un fiscal, a un gobernador, a un diputado, a un magistrado, eso nos corresponde a todos, no podemos ser pasivos frente a este reto de seguridad, frente al reto de la pandemia, frente al reto de la economía”.
Sobre el libro y el proceso de consulta efectuado hacia una nueva constitución política de Jalisco, expuso que “a estas fechas la reflexión de si es necesaria una nueva constitución o la que tenemos hay que adecuarla y mejorarla, es muy válida; si es posible o es válida esta nueva constitución, la respuesta es: por qué no, pero debemos llegar a ella mediante un sistema de gobierno abierto en el que se escuche a todo el que tenga algo que aportar”.
Sobre la importancia de escuchar a todos, hizo una reflexión: “Tengo 31 años trabajando en el Poder Judicial, aquí empecé a trabajar, fui aprendiendo, pero me ha ayudado mucho escuchar a los 33 compañeros magistrados, siempre he sido receptivos de sus opiniones y comentarios, tomar decisiones yo solo, me lleva a cometer errores y escucharlos me ha dado la posibilidad de equivocarme menos”.
Al referirse a la aportación hecha por la REDAC y en particular por su presidente, Enrique Michel Velasco, el presidente del poder Judicial lo calificó como “un jalisciense ejemplar, con visión, creando empleos, con un gran compromiso social, poniendo en el alto el nombre de Jalisco con su marca”.
Y recordó: “Yo he platicado dos veces con Enrique Michel, en una primera plática que tuve con él, no me pidió nada, solo me ofreció ayuda y me platicó como su empresa cambió y se transformó a raíz de generar manuales estrictos de organización y tener un ISO, un reconocimiento a su organización y con ello logró una mejor empresa, un mejor patrón, mejores empleados, más organización y esto le valió para que su empresa triunfara más”.
“Me compartió su experiencia y me traje el ejemplo y pregunté cuántos manuales y reglamentos tenemos, y no tenemos nada, trabajábamos como Dios nos dio a entender y en el camino nos fuimos organizando, fue por un conocimiento empírico como fuimos sacando adelante el compromiso. Pero nos pusimos de acuerdo las magistradas y los magistrados para generar manuales y en el pleno pasado se aprobaron manuales de operación para homologar las formas de trabajar en las salas penales, civiles, en las áreas administrativas y en la secretaría de acuerdos.
“Y estamos en el camino de que el STJJ tenga un ISO un reconocimiento a los procedimientos administrativos, porque esto le genera certeza a todos los que litigan, que no sea el procedimiento de cada sala, sino homologar el trabajo para ser más productivo”, sentenció.
– Por Mario Ávila
Luego de que las autoridades estatales y federales atendieron la solicitud de audiencia de los agricultores de Jalisco que reclaman un precio de garantía al maíz de 7 mil 200 pesos por tonelada, quedaron conjurados los bloqueos que durante 24 horas se realizaron en los accesos al Área Metropolitana de Guadalajara.
La representación de los campesinos quejosos, aceptó la propuesta de una reunión el próximo viernes 17 de octubre, en la que estarán presentes el delgado federal de la Secretaría de Gobernación, Antonio Pérez Garibay y el delegado federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Alfredo Porras Domínguez.
Con la representación del gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, en la negociación para levantar el bloqueo estuvieron el secretario General de Gobierno del Estado, Salvador Zamora y el secretario de Agricultura del Estado, Eduardo Ron Ramos, quienes escucharon a los agricultores que defienden su trabajo y el sustento de miles de familias.
“Desde Jalisco reconocemos su lucha y les damos nuestro total respaldo y gracias al diálogo y a la voluntad de construir, logramos establecer una mesa con la autoridad federal para atender sus demandas, y las vialidades fueron liberadas de manera pacífica”, planteó el 02 del Gobierno del Estado, Salvador Zamora Zamora.
Entre los bloqueos destacó el cierre de la caseta de cobro en Acatlán de Juárez en el kilómetro 40 de la carretera a Morelia; así como en la región de La Ciénega, en especial en la caseta de cobro de la autopista Guadalajara – Maravatío; lo mismo que en el municipio de Ocotlán.
– Por Mario Ávila
Luego de que el lunes fracasó la convocatoria a Casa Jalisco, ya que las fracciones de oposición en el Congreso del Estado desdeñaron la invitación, con excepción del PRI, la tarde del martes pudo darse «en cancha neutral» el encuentro entre el titular del Poder Ejecutivo con los legisladores de oposición.
En un restaurante de la colonia Americana se dió la reunión convocada por el gobernador Pablo Lemus, el secretario General de Gobierno, Salvador Zamora y el coordinador de la bancada de MC en el Congreso del Estado, José Luis Tostado, con los líderes opositores de Morena, PVEM, PAN PRI, Hagamos, PT y Futuro.
Poco pudo avanzarse en los acuerdos para sacar adelante la reforma al Poder Judicial, a pesar de que Jalisco es uno de los tres estados que ha incumplido con los términos de la ley federal, toda vez que el límite para reformar la ley en el Estado, venció el pasado 15 de febrero del 2025.
Movimiento Ciudadano no ha cumplido con los tiempos de ley y pese a tener en comisiones ya varias iniciativas para su estudio y dictaminación, han dejado pasar el tiempo.
Fue cuando los diputados de oposición acordaron dar primera lectura a una de las iniciativas para reformar al Poder Judicial, que la bancada naranja y el propio gobernador buscaron retomar el tema.
Al parecer no hay flexibilidad de las partes para discutir a fondo el tema, ya que han antepuesto asuntos menores para iniciar el diálogo.
El titular del Ejecutivo tenía como condición que las pláticas tuvieran lugar en Casa Jalisco; mientras que los legisladores de oposición, solo aceptaban dialogar en Hidalgo 222 es decir, en la sede del Congreso del Estado.
Otra de las condiciones del Ejecutivo, era entablar el diálogo de manera particular con cada una de las fracciones parlamentarias y no con todas al mismo tiempo.
Por ello, las cuatro horas que se sentaron a la mesa este martes, no arrojaron ningún resultado, ni con la presencia del gobernador, ni cuando Lemus abandonó el restaurante y dejó el encuentro bajo la coordinación del secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora.
– Por Francisco Junco
Después de más de veinte años de espera, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo promovido por el diputado federal Alberto Maldonado Chavarín, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) instrumentar las acciones necesarias para indemnizar a la Comunidad Indígena de Mezquitán, en el municipio de Zapopan, Jalisco, por la ocupación de sus tierras en la construcción y ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.
El documento legislativo recuerda que “en 2004 la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebró un convenio con la comunidad indígena de Mezquitán para ocupar 26-93-22.80 hectáreas de sus tierras”, con el compromiso de cubrir una indemnización que nunca se cumplió.
Ante esa omisión, la comunidad emprendió procesos legales que derivaron en sentencias favorables por parte de los tribunales agrarios, mismas que no habían sido ejecutadas hasta ahora.
En su exposición de motivos, Alberto Maldonado y el grupo de legisladores firmantes sostienen que: “los diputados federales del grupo parlamentario de Morena, especialmente quienes representamos a Jalisco, solicitamos cumplir con las sentencias dictadas por los Tribunales Agrarios, bajo los principios de justicia social y respeto a los pueblos originarios”.
En el documento legislativo, añaden, la resolución busca que “se haga justicia a esa comunidad y se concluya el proceso de indemnización que por más de 21 años ha quedado pendiente, afectando la dignidad, el patrimonio y los derechos de la Comunidad Indígena de Mezquitán”.
El punto de acuerdo aprobado por la cámara establece en su parte resolutiva que “la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes deberá instrumentar las acciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias de los juicios agrario y de amparo, a fin de garantizar las indemnizaciones a favor de la comunidad indígena de Mezquitán, municipio de Zapopan, Jalisco, evitando con ello mayor afectación a su patrimonio y a sus derechos colectivos”.
Con este acuerdo, el Congreso federal reconoce formalmente la deuda histórica con la comunidad y respalda el derecho de los pueblos originarios a la reparación del daño.
En palabras del propio documento legislativo, la resolución se inscribe “bajo los principios de justicia social y respeto a los pueblos originarios, eje primordial de la Cuarta Transformación”.
La Secretaría de Administración, a través del oficio SA/1241/2025, confirmó la “liberación de recursos correspondientes a la indemnización en favor de la comunidad indígena de Mezquitán”, en cumplimiento a lo instruido por el Poder Legislativo. En dichos documentos se reitera que el procedimiento se ejecutó “de conformidad con el marco jurídico y presupuestal vigente, atendiendo lo establecido por los órganos legislativos competentes”.
El caso de Mezquitán representa un precedente de reparación y justicia para las comunidades originarias del estado. Como se consigna en el propio acuerdo legislativo presentado por el diputado Alberto Maldonado, “la atención a las comunidades indígenas es una obligación moral y legal del Estado mexicano, que debe garantizar la justicia y la reparación a quienes han sido históricamente postergados”.
– Por Mario Ávila
Con una sesión solemne, en la que se develó una inscripción en el muro de honor del Cabildo municipal, con fecha “12 de octubre de 1925”, el Gobierno de Guadalajara se sumó a la celebración por los 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
En el acto, Karla Planter Pérez, rectora General de la deG , agradeció el acto del Gobierno Municipal de Guadalajara para inscribir la fecha de la refundación de la institución con letras doradas, e indicó que entre la universidad y la ciudad existe un vínculo natural forjado a lo largo de muchas décadas. “Una, sin la otra, no se pueden entender”, sentenció.
La grandeza de Guadalajara -dijo-, reclama una universidad que brille por la excelencia de su quehacer, que desarrolle las innovaciones tecnológicas necesarias para acompañar el desarrollo de nuestra urbe, que contribuya desde la ciencia, a la solución de los grandes problemas de la ciudad y, por supuesto que, desde el cultivo del arte, acompañe el esplendor estético de la capital de Jalisco”.
Expuso que después de la refundación, la educación dejó de ser un privilegio para algunos cuantos y se convirtió en un derecho para todas las personas.
“Los más necesitados, los hijos de la cultura, del esfuerzo, los más pobres, los campesinos, los artesanos, los que habían estado excluidos, por primera vez, tuvieron la posibilidad, no solo de soñar en las personas que querían convertirse, sino en verdaderamente acceder a esa realidad. La educación fue también una base sustancial para construir justicia social y eso fue lo que logró también la refundación de la Universidad de Guadalajara”, planteó.
Por su parte, el gobernador del Estado, Pablo Lemus, reflexionó sobre lo que querría el primer fundador de la universidad, Fray Antonio Alcalde, para el futuro y crecimiento de la institución.
“Lo que querría es que la rectora general y su servidor y todos, trabajemos para seguir creciendo la red universitaria y, si hablamos del legado de Fray Antonio Alcalde, creo, apreciada rectora, que el día que grabamos aquel mensaje juntos en el Hospital Civil para anunciar esta inversión conjunta entre la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado de Jalisco, para la creación de la primera red, diría mundial, de hospitales escuela, que será aquí en Jalisco, Fray Antonio Alcalde esbozó una gran sonrisa desde el cielo”.
Mencionó que en estos 100 años se tendría que hablar forzosamente de Raúl Padilla López y cómo, a través de la red universitaria, cambió la lógica de miles de jóvenes que ya no tuvieron que salir de sus regiones o municipios para estudiar.
En su oportunidad, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, destacó el ambiente de colaboración, confianza y trabajo que existe entre la Universidad de Guadalajara y el Estado, y que ha llevado a que hoy día la casa de estudios tenga un presupuesto constitucional.
En la develación, estuvieron presentes además, la diputada Martha Estela Arismendi, presidenta del Congreso del Estado; la magistrada de la Sexta Sala en Materia Penal, Ruth Gabriela Gallardo, en representación del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco; así como integrantes del Consejo General Universitario.
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