REPORTAJES
Después del incendio en Los Laureles replantean ambientalistas sus nexos con Alfaro

Por Mario Ávila //
Los miembros de la agrupación ambientalista Un Salto de Vida A. C., habían aceptado ser parte de un proceso de construcción conjunta con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pensando en que iban a cambiar las cosas de manera seria y en beneficio del medio ambiente, pero a raíz del tratamiento que se le ha dado al incendio del basurero de Los Laureles y a la negativa del mandatario a cerrar el vertedero, hoy la relación se replantea.
De ello habla Alan Carmona Gutiérrez, licenciado en Economía en Gestión Ambiental por la UdeG y miembro de la agrupación ambientalista nacida en las comunidades de los municipios de El Salto y Juanacatlán, quien lamenta que los dos temas que más les interesan, el saneamiento del Río Santiago, el más contaminado de México y el cierre del tiradero de Los Laureles, no se atiendan con eficacia.
Lo primero que les inquietó fue ver la actitud del Gobierno del Estado, principalmente a través de la Secretaría del Medio Ambiente “con la opacidad, al no dar información oportuna y con las declaraciones del gobernador haciendo declaraciones adelantadas de que no se va a cerrar el basurero, creemos que no está habiendo seriedad al momento de plantear una estrategia para recuperar el medio ambiente”.
De ahí que se adelantan y advierten que la siguiente acción será una denuncia penal a nivel federal por las afectaciones que ha dejado el basurero a lo largo de los años, así como también por la contaminación del agua, “ya que no tienen un buen control de sus lixiviados y por la parte trasera que da hacia la barranca y hacia el Río Santiago hay escurrimientos permanentes de los jugos de la basura que son bastante tóxicos, porque llevan cromo, mercurio, níquel, incrementan el ph del río y aumentan los sólidos suspendidos. Todo eso ya está documentado debidamente”.
En concreto sobre el proyecto de saneamiento para el Río Santiago, Alan Carmona expuso que han cuestionado bastante este proyecto. “Hemos participado en algunas mesas de trabajo con la Secretaría del Medio Ambiente que son algunos de los responsables de la estrategia y les hemos dicho de las grandes lagunas que tiene su proyecto; ellos han estado supuestamente abiertos, pero el tema de los basureros no lo han querido tocar. Cómo puede ser que quieran recuperar el Río Santiago cuando no solo Los Laureles, sino Picachos tienen escurrimientos de lixiviados que van directamente al Río Santiago, aquí a través del arroyo de Los Laureles y en el caso de Zapopan mediante el río Milpillas”.
Por ello creemos -dijo-, que no hay seriedad de su parte al no querer entrar de lleno ni con el tema de los basureros ni con las empresas del corredor industrial de El Salto, ellos se están enfocando en el tema de las descargas agropecuarias, que claro que son muy importantes y hay que atenderlas, eso lo reconocemos, pero sobre los más grandes contaminadores no hay nada claro, nos están presumiendo que hay ahí unas nuevas sanciones por parte de PROEPA, pero a cuerpos de agua estatales y el río Santiago es un cuerpo de agua nacional.
“Hay avances, está bien, lo reconocemos, pero también hay muchas trampas y no se le está queriendo entrar a fondo con las empresas grandes sobre todo”, expuso Alan Carmona, integrante desde el 2012 de la asociación civil Un Salto de Vida.
Un Salto de Vida, A. C. nace en el año 2006 justamente para demandar el cierre del tiradero de Los Laureles, postura en la que fueron apoyados por la entonces secretaria del Medio Ambiente, Martha Ruth del Toro y el saneamiento de las aguas de la cuenca del Río Santiago.
Y abunda Carmona Gutiérrez: “Somos pobladores de los municipios de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, que decidimos organizarnos tratando de encontrar respuestas a la depredación ambiental impuesta que sufrimos; por acción u omisión de las empresas y los gobiernos. Apostamos a la economía social, es decir somos una agrupación sin ánimo de lucro y sin jefes. Es ‘asociativa’ porque tiene socios comprometidos que colaboran con trabajo, dinero o en especie. Practicamos el ecologismo de los pobres; estamos en esto por solo limpiar el hábitat, conservar la vida, y vivir en paz. A la par trabajamos en gestionar la autonomía para nuestras vidas y comunidades, es decir sin partidos políticos, gobiernos, empresas o instituciones”.
Y DESPUÉS DE UN INCENDIO…
Tras el incendio en el tiradero de basura de Los Laureles, a decir de Alan Carmona lo que debió haberse dado era una clausura total o cuando menos parcial y así lo fundamenta: “La Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado de Jalisco en su artículo 86 habla de contingencias y daños graves al medio ambiente y dice que para empezar, se deben detener las actividades que se llevan a cabo en el lugar de la contingencia y no lo hicieron, es decir violaron la ley ya que siguieron tirando basura mientras se mantenía el incendio en el vertedero, y eso lo pueden comprobar todas las personas que estuvieron ahí”.
“En segunda instancia lo que debieron de hacer es una clausura ya sea provisional, temporal, parcial o total, eso dependía de los resultados de la investigación, pero debieron haber clausurado y no lo hicieron. Y lo que es peor, a Enrique Alfaro cuando se le cuestiona si se van a cerrar Los Laureles, él tajantemente dice que no se va a cerrar, cuando ni siquiera se han cubierto los procedimientos de investigación por parte de la Procuraduría”, explica Alan Carmona, licenciado en Economía en Gestión Ambiental por la Universidad de Guadalajara.
Refiere que este incendio es mucho más preocupante que el de La Primavera en términos de salud y en daño a la calidad del aire, “porque es basura, porque ni idea tenemos de qué es todo lo que hay ahí, lo que sale de nuestras casas, lo que llega de las empresas privadas y de algunas industrias; todo incendiándose y la Secretaría del Medio Ambiente no tiene aparatos para medir el daño al aire, Sergio Graf se comunicó con nosotros para decirnos que iba a hacer lo posible por conseguir algunas estaciones de medición; es ridículo que no cuente con tecnología para tener claro, con un monitoreo preciso para saber de qué tamaño fue el impacto a la calidad del aire durante el incendio. Hicieron una petición a la Universidad de Guadalajara para ver si le podría prestar algunos aparatos que midieran lo que se estaba generando del incendio, pero la UdeG los tiene en uso y en otras partes del Estado”.
Carmona Gutiérrez, miembro de la asociación civil Un Salto de Vida, recuerda que las quejas que ya están presentadas, son ante a CEDHJ y se acompañó de más de 3 mil firmas de vecinos del tiradero de Los Laureles, que se recabaron en solo 2 días “y nos dijeron que como había hechos que le corresponden al ámbito federal, ahí mismo nos ayudaron para hacer también otra queja ante la Comisión Nacional, que por cierto ya quedó presentada”.
Una queja más que se interpuso fue ante Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), aunque de momento sólo vía telefónica el mismo día del incendio del vertedero Los Laureles, al día siguiente se hizo llegar por escrito, pero solo a través de un correo electrónico, porque el personal de la dependencia estatal está de vacaciones y se reintegran hasta el 29 de abril.
“Lo que nosotros necesitamos -dijo-, son los resultados inmediatos de la investigación y del peritaje que supuestamente se está llevando a cabo en la empresa, para ver qué fue lo que ocasionó el incendio, cuál fue la magnitud del siniestro y quiénes son los responsables. Lo que nos preocupa más, es que el gobernador da por hecho que no va a cerrar el basurero porque Guadalajara no tiene en dónde echar su basura más que en Los Laureles”.
Y abunda: “Este basurero, la gente debe saber que cumplió su vida útil hace 11 años en el 2008, pero por recursos y amparos que hizo la empresa se extendieron sus convenios con los ayuntamientos hasta el año 2033, pero de manera ilegal porque nunca han presentado un estudio técnico que determine cuál es su verdadera vida útil. Lo que hicieron en el 2015 fue intentar expandirse y se les negó el permiso en el 2016 con una respuesta contundente de la Procuraduría del Medio Ambiente en el gobierno de Aristóteles Sandoval, donde además se les explicó que ya estaban encima de las casas y la norma 083 dice que no pueden estar a menos de 500 metros y por eso se les negó el permiso de expansión y pese a eso, Enrique Alfaro en su calidad de alcalde de Guadalajara les firmó un contrato de extensión de los servicios por 15 años más para cederles el manejo del predio y para que siguiera recolectando la basura de la capital jalisciense”.
GOBIERNO FEDERAL, ALIADO O VERDUGO
Finalmente, Alan Carmona Gutiérrez expuso que dado que las instancias a las que habrán de recurrir en sus demandas son federales, no saben si el Gobierno Federal será su aliado o su verdugo, “y tenemos dudas porque también han evitado pronunciarse en temas vitales como el Río Santiago, que es el más contaminado del país y a 5 meses de iniciado su gobierno no le ha entrado al tema”.
Y en el caso de la recolección de basura, planteó: “No puede ser que la segunda ciudad más importante del país que presume de modernidad, de inversiones extranjeras, cuente con un modelo de gestión de residuos tan arcaico y obsoleto; Caabsa ha sido el gran responsable que ha presionado a los gobiernos, que los tiene maniatados con sus contratos mañosos y que no permiten que haya una gestión integral y sustentable en el manejo de los residuos sólidos”.
Esa debe ser la discusión -dijo-, no se trata de un hecho aislado, Los Laureles son el cuarto incendio en lo que va del año de basureros en el Estado, ya ocurrió en Degollado, en Ocotlán, en Zapopan y ahora en Los Laureles. Estamos hablando de un modelo insostenible que debe de cambiar si o sí.
Y finalmente -apuntó-, las soluciones que han ofrecido desde Caabsa, la construcción de más celdas ampliación de hectáreas en Los Laureles solo agravaría problema y es lo que ellos quieren hacer, aunque sea ilegal. El municipio de Tonalá no había entregado un permiso de uso de suelo porque los predios que compró Caabsa ya estaban contemplados en los planes parciales de desarrollo urbano, entonces cualquier modificación que hagan va a ser en contra de la legalidad, en contra del medio ambiente y principalmente en contra de nosotros, los vecinos y nosotros vamos a impugnar cualquier decisión que tomen.
JALISCO
Comunidad Indígena de Mezquitán: Exigen a la presidenta Sheinbaum cumplir con indemnización por sus tierras

Por Raúl Cantú //
El caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan, Jalisco, refleja una deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas, marcada por el incumplimiento de acuerdos de indemnización por la ocupación de 26.93 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río (carretera a Saltillo) desde 2004.
A continuación, se ordena cronológicamente el texto proporcionado, destacando los periodos de los presidentes de México responsables por omisión o acción del incumplimiento de los convenios firmados con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT, antes SCT), y se contextualizan las políticas indigenistas de cada administración para subrayar la negligencia institucional. La información se complementa con datos de fuentes externas cuando es relevante, citadas conforme a las guías establecidas.
CONTEXTO HISTÓRICO Y LEGAL
Año 1690: La Comunidad Indígena de Mezquitán fue constituida mediante un Título Virreinal, reconocido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y respaldado por una resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Este título acredita a la comunidad como propietaria legítima de las tierras afectadas, que han defendido por más de 335 años.
1999 (Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000, PRI):
Evento: La SRA inicia pláticas y trabajos de campo para el proyecto de ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.
Contexto: Durante el gobierno de Zedillo, se promovió la modernización de infraestructura, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron limitadas, enfocándose más en reformas neoliberales que en la protección de derechos territoriales. No se registra un incumplimiento directo en este periodo, ya que las negociaciones apenas comenzaban, pero se sientan las bases para el proyecto que derivaría en el conflicto.
Periodos presidenciales con incumplimientos (2004-2025)
Vicente Fox Quesada (2000-2006, PAN):
Eventos clave:
5 de noviembre de 2003: La SRA sugiere iniciar el trámite expropiatorio y el pago por las tierras ocupadas para la ampliación de la carretera.
3 de marzo de 2004: Se firma el primer Convenio de Ocupación Previa entre la Comunidad Indígena de Mezquitán y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), comprometiendo el pago del 50% del monto indemnizatorio tras un avalúo de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Incumplimiento: La SCT no realizó el pago acordado ni gestionó el avalúo.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de Fox priorizó el desarrollo de infraestructura, pero su política indigenista fue criticada por su falta de acción concreta tras el levantamiento zapatista. La SCT, bajo su administración, firmó el convenio inicial, pero no cumplió, iniciando una cadena de dilaciones que afectó a las 333 familias de la comunidad, integrada mayormente por mujeres y adultos mayores. Este incumplimiento marcó el inicio de una deuda histórica.
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012, PAN):
Eventos clave:
7 de mayo de 2007: Se firma un Convenio de Depósito en Garantía, estableciendo un avalúo de $39,065,272.13 (aproximadamente $145 por metro cuadrado) por 26.93 hectáreas. La SCT paga $4,000,000 (10% del total) y se compromete a gestionar el 40% restante para completar el 50% acordado. Incumplimiento: No se gestionaron los recursos ni se completó el pago.
28 de diciembre de 2007: Se firma un segundo Convenio de Depósito en Garantía, con un pago parcial adicional de $1,639,268.52 (4% del avalúo). La SCT reitera su compromiso de completar el 50% del monto indemnizatorio. Incumplimiento: Por tercera vez, no cumple con el pago ni gestiona los recursos.
Análisis del incumplimiento: La administración de Calderón se enfocó en la seguridad y el combate al narcotráfico, relegando los derechos indígenas. A pesar de los convenios firmados, la SCT utilizó tácticas dilatorias, limitándose a pagos parciales insignificantes (14% del total acordado) y dejando a la comunidad en un limbo burocrático. Este periodo consolidó la percepción de racismo institucional, ya que, como señala el abogado Luis Antonio Rocha, la SCT no habría actuado con tal negligencia frente a una empresa privada.
Enrique Peña Nieto (2012-2018, PRI):
Eventos clave:
2012-2017: La comunidad sostiene entrevistas con funcionarios de la SCT, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y otras dependencias federales, sin obtener soluciones ni avances en el pago de la indemnización acordada en 2004 y 2007. Incumplimiento: Ninguna autoridad mostró voluntad de cumplir con los convenios .
29 de enero de 2017: La Asamblea de la Comunidad Indígena de Mezquitán aprueba iniciar demandas y juicios para exigir el cumplimiento de los convenios de 2004 y 2007.
22 de agosto de 2017: La comunidad presenta una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 (expediente 222/16/2017), contra la SCT, la Presidencia de la República y la SEDATU.
3 de abril de 2018: La SCT, la SEDATU y la Presidencia (Peña Nieto) responden a la demanda con argumentos improcedentes, según la comunidad, en lugar de cumplir con los convenios.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de Peña Nieto promovió reformas estructurales, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron superficiales, con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) teniendo un rol limitado. La falta de acción para resolver el caso de Mezquitán, a pesar de las reuniones con funcionarios, y la respuesta evasiva a la demanda reflejan una continuidad en las tácticas dilatorias. La comunidad se vio obligada a litigar, enfrentando una burocracia que perpetuó la marginación de sus derechos.
Andrés Manuel López Obrador (2018-2024, Morena):
Eventos clave:
28 de octubre de 2021: El Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 emite una sentencia parcialmente favorable, ordenando a la SICT pagar las cantidades acordadas en los convenios, pero condiciona la actualización del monto a un decreto expropiatorio. La comunidad presenta un Recurso de Revisión (125/2022) para exigir un avalúo actualizado por el INDAABIN sin necesidad de expropiación.
3 de marzo de 2022: El Tribunal Superior Agrario admite el Recurso de Revisión. Las autoridades federales (SICT, SEDATU) promueven un Juicio de Amparo Directo, considerado improcedente por no agotar el principio de definitividad, retrasando el proceso por casi dos años.
16 de febrero de 2023: El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito desestima el amparo por unanimidad, confirmando su improcedencia.
22 de noviembre de 2023: El Tribunal Superior Agrario resuelve el Recurso de Revisión a favor de la comunidad, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.
26 de diciembre de 2024: La Consejería Jurídica Federal promueve otro amparo (expediente 30/2024), que es declarado improcedente por el Séptimo Tribunal Colegiado, notificándose el 5 de enero de 2025.
Protestas y manifestaciones: Durante este periodo, la comunidad realiza bloqueos intermitentes de la carretera a Saltillo (2018, 2021, 2024) y de la avenida Lázaro Cárdenas (2024, 2025) para exigir el pago.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de López Obrador promovió una narrativa de apoyo a los pueblos indígenas, con la creación del INPI y proyectos como el Tren Maya, pero en el caso de Mezquitán, la SICT continuó con tácticas dilatorias, incluyendo amparos improcedentes que retrasaron el proceso. A pesar de sentencias favorables en 2021 y 2023, la falta de acción para ejecutar el avalúo y el pago perpetuó el incumplimiento, afectando a más de 300 familias. Las protestas de la comunidad reflejan su frustración ante la falta de voluntad política, a pesar de los avances legales.
Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2025, Morena):
Eventos clave:
26 de diciembre de 2024: El amparo promovido por la Consejería Jurídica Federal es declarado improcedente, confirmando la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior Agrario de noviembre de 2023.
31 de enero de 2025: La comunidad presenta un escrito ante el Tribunal Superior Agrario solicitando la ejecución de la sentencia.
6 de febrero de 2025: El Tribunal Superior Agrario acuerda instruir a su Dirección de Asuntos Jurídicos para verificar si existe un amparo pendiente, a pesar de que la sentencia es firme.
6 de mayo de 2025: El Tribunal Superior Agrario ordena devolver los expedientes al Tribunal Unitario Agrario 16 para la ejecución de la sentencia, conforme al artículo 191 de la Ley Agraria. Sin embargo, los expedientes no han llegado al tribunal.
14 de mayo de 2025: La SICT informa que no ha recibido requerimiento del Tribunal Unitario Agrario 16 para que el INDAABIN realice el avalúo, manteniendo el retraso.
16 de mayo de 2025: Se reporta que el Tribunal Unitario Agrario 16 llevará a cabo la ejecución de la sentencia, ordenando al INDAABIN realizar el avalúo, pero el proceso sigue pendiente.
Análisis del incumplimiento: La administración de Sheinbaum, que declaró 2025 como el “Año de la Mujer Indígena” y promovió reformas constitucionales para los derechos indígenas, heredó un conflicto de 21 años. A pesar de la sentencia firme de 2023 y la recomendación de la Consejería Jurídica Federal para cumplir, la SICT persiste en retrasar el avalúo, argumentando falta de notificación. La comunidad, apoyada por el INPI y organizaciones civiles, exige a Sheinbaum intervenir directamente, destacando que la burocracia sigue violando los derechos de más de 300 familias, mayormente mujeres y adultos mayores.
Estado actual (mayo de 2025)
La sentencia del Tribunal Superior Agrario (22 de noviembre de 2023) es firme, sin recursos legales pendientes, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.
La comunidad denuncia tácticas dilatorias de la SICT, como la excusa de no haber sido notificada, y del Tribunal Superior Agrario, que no ha agilizado la ejecución.
El monto original de $39,065,272.13 (2007) debe actualizarse a valor comercial, lo que podría superar significativamente los $54 millones estimados en 2018, dado el valor actual de los terrenos junto a la carretera.
La comunidad, liderada por Saúl Rodríguez Barajas, ha recurrido a manifestaciones pacíficas, como bloqueos de la carretera a Saltillo y la avenida Lázaro Cárdenas, para visibilizar su lucha.
La Consejería Jurídica Federal recomienda a la SICT cumplir con la sentencia, pero el proceso sigue estancado por la falta de acción del Tribunal Unitario Agrario 16 y la SICT.
CONCLUSIÓN
Los presidentes Vicente Fox (2004-2006), Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018), and Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) son directamente responsables por el incumplimiento de los convenios de indemnización firmados en 2004 y 2007, al no garantizar que la SCT (ahora SICT) cumpliera con los pagos acordados. Sus administraciones utilizaron tácticas dilatorias, como pagos parciales insignificantes, negativas a gestionar recursos y amparos improcedentes, perpetuando una deuda de más de 21 años que afecta a 333 familias.
Claudia Sheinbaum (2024-2025) enfrenta un conflicto heredado, pero la falta de acción inmediata de la SICT y los tribunales agrarios continúa violando los derechos de la comunidad, a pesar de su compromiso declarado con las mujeres indígenas.
La Comunidad Indígena de Mezquitán, con un título virreinal de 1690 y sentencias favorables, representa un símbolo de resistencia frente al racismo institucional y la burocracia. Su lucha, respaldada por el INPI y organizaciones civiles, podría establecer un precedente para otras comunidades indígenas si se logra el pago. La comunidad solicita a la presidenta Sheinbaum intervenir para ordenar la ejecución inmediata del avalúo y el pago, conforme a la Ley Agraria y las reformas de 2025, para cerrar este capítulo de injusticia.
ATENTAMENTE
COMISARIADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
DE MEZQUITÁN, ZAPOPAN, JALISCO, MAYO DE 2025
JALISCO
Liconsa y sociedad civil unen esfuerzos en Jalisco: Convenio pretende beneficiar a 100 mil familias

Por Francisco Junco //
De gran trascendencia social resultará el acuerdo firmado entre la Unión de Asociaciones con Causa, A.C. y la paraestatal Liconsa en el Centro Internacional de la Amistad el pasado jueves 22 de mayo. Así lo aseguró el gerente nacional de abasto de Liconsa, Víctor Hugo Pérez Rojas, gerente nacional de la paraestatal, ya que se pretende llegar a más de 100 mil hogares en Jalisco con este programa social.
“Es una gran bendición aliarnos con la sociedad civil para llegar a todos los rincones de México”, afirmó Víctor Hugo Pérez Rojas, gerente nacional de Liconsa, en entrevista con Conciencia Pública.
Un convenio para el cambio social
El convenio, firmado por Rubén Ramírez Castellanos (gerente estatal de Liconsa), Pérez Rojas, y José Luis Gutiérrez Villarroel (presidente de la Unión), representa una alianza estratégica entre el gobierno federal y más de 100 organizaciones civiles.
Óscar Abrego de León, director de la Unión, destacó su objetivo: “Queremos que este programa sea permanente, beneficiando a miles de familias en Jalisco”. Con 81 años de historia, Liconsa busca expandir su impacto, pasando de 6.3 millones de beneficiarios nacionales a 10 millones para 2030, apoyando a sectores vulnerables como adultos mayores, comunidades indígenas y zonas marginadas.
Pérez Rojas subrayó la calidad del producto: “Compramos leche a 2,800 productores en 54 centros de acopio, distribuida en 12,000 lecherías a precios diferenciados”. El programa no solo nutre, sino que fortalece la economía local al apoyar a pequeños y medianos ganaderos.
Además, anunció planes para abrir plantas industrializadoras en Campeche y Michoacán, generando más oportunidades para el sector. “Invitamos a todas las asociaciones civiles a unirse para llevar este beneficio a más derechohabientes”, añadió, enfatizando el rol clave de la sociedad civil.
La fuerza de la sociedad civil
José Luis Gutiérrez Villarroel celebró la unidad lograda: “Sin colores ni divisiones, trabajamos por una sola causa: servir”. La Unión, que reúne a asilos, guarderías, centros comunitarios y más, se ha convertido en un motor de cambio social en Jalisco. Abrego resaltó su agilidad: “Somos la institución social más dinámica del estado, gracias a la colaboración de todos”. Más de 100 organizaciones ya forman parte del convenio, con otras en proceso de incorporación tras resolver deficiencias documentales. “Es un día histórico para las organizaciones sociales y su vínculo con el gobierno”, afirmó.
Rubén Ramírez, delegado de Liconsa en Jalisco, destacó el impacto local: “Liconsa llega diariamente a 300,000 hogares jaliscienses, entregando no solo leche de calidad, sino esperanza e igualdad”. La alianza permitirá ampliar esta cobertura, priorizando a los más necesitados. “La sociedad civil es el motor de nuestro esfuerzo”, dijo, agradeciendo a líderes como Abrego y Gutiérrez por su trabajo en conectar al gobierno con la ciudadanía.
Leche del Bienestar: Un legado renovado
Con 81 años desde su fundación en 1944 bajo Manuel Ávila Camacho, Liconsa ha evolucionado, adoptando el nombre Leche del Bienestar en abril de 2025, como anunció Antonio Talamantes Geraldo, director de Operaciones. Este cambio refleja el compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum con los sectores vulnerables, fortaleciendo la producción nacional y reduciendo la dependencia de importaciones.
“Leche del Bienestar garantiza nutrición y apoya a ganaderos con precios justos”, señaló Pérez Rojas, recordando que el programa ofrece hasta 24 litros semanales por hogar a $7.50 el litro.
El convenio también fortalece la economía local. “Apoyamos a productores jaliscienses, generando un ciclo virtuoso de nutrición y desarrollo”, explicó Ramírez. La unión, por su parte, asegura que el programa llegue a comunidades marginadas, como las de Zapopan, donde proyectos similares ya fueron aprobados. Abrego anunció que iniciativas presentadas al Gobierno del Estado y Guadalajara también están en camino de ser autorizadas, consolidando a la Unión como un referente de colaboración intersectorial.
Un día histórico para Jalisco y México
La firma del convenio, con Gabriel Ruiz Huerta y Arturo Guillén como testigos de honor, simboliza un nuevo modelo de colaboración. “Solo a través de alianzas estratégicas la sociedad civil puede empoderarse”, afirmó Abrego. Para Rubén Ramírez, este acuerdo “genera esperanza y oportunidades, llevando una gota de bienestar a miles de hogares”.
Pérez Rojas lo calificó como “un día histórico para México”, destacando el papel de la sociedad civil en combatir el hambre y mejorar la economía.
El impacto del convenio trasciende Jalisco. Con más de 100,000 hogares como meta inicial, la alianza sienta un precedente para otras entidades, mostrando que la unión entre gobierno, empresarios y ciudadanos puede generar soluciones reales. Leche del Bienestar, respaldada por la Unión de Asociaciones Civiles con Causa, no solo lleva nutrición, sino también un mensaje de esperanza: juntos, es posible construir un México más justo y solidario.
RECONOCIMIENTOS A LA SOLIDARIDAD
El evento incluyó la entrega de reconocimientos a figuras destacadas por su compromiso social. José de Jesús Martínez Alcántara, de la Asociación Civil Miriam y Erick, fue galardonado por mejorar la calidad de vida de niños con parálisis cerebral. Cintia Muñoz recibió un homenaje por su defensa de los derechos humanos y la cultura de paz. Rubén Íñiguez González, director de La Voz de Jalisco, fue reconocido por su aporte al periodismo libre. Juan Manuel Estrada, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Arturo Guillén Arámbula, del Consejo Económico Empresarial de Jalisco, fueron distinguidos por su trabajo en el desarrollo social y empresarial.
Además, se realizó un reconocimiento especial por 50 años de trayectoria como cantante de la música mexicana a Valente Pastor, originario de El Grullo, Jalisco.
El máximo galardón, “Alma de la Sociedad”, se otorgó a Raúl Vázquez Nungaray, descrito por Abrego como alguien que “vive” la labor social con pasión. “Raúl no trabaja en estas causas; las experimenta de manera natural”, subrayó. Estos reconocimientos reflejan el espíritu de la Unión: unir esfuerzos para transformar vidas.
JALISCO
Inauguran centro de distribución de Súper ISSSTE en Jalisco: Es el segundo más grande del país

Por Diego Morales Heredia //
Con la finalidad de fortalecer el abasto en la región, el SUPERISSTE inauguró un nuevo Centro de Distribución (CEDIS) en Guadalajara, el segundo más grande del país, que servirá como punto de enlace con ciudades cercanas para garantizar productos al mejor precio para los consumidores.
Este nuevo centro está ubicado en una de las tiendas que ya cuentan con productos, en el oriente de Guadalajara. La inauguración contó con la presencia de Dunia Ludlow, directora de SUPERISSSTE, quien resaltó este avance que tendrán en estructura que les servirá para brindar un mejor servicio a todos los mexicanos.
“Inauguramos el centro de distribución que va a garantizar el abastecimiento de esta sucursal que tenemos para ir ampliando nuestro piso de venta. Ahorita utilizamos el 25 por ciento del total disponible, tenemos posibilidad de introducir a los proveedores que quieran comercializar sus productos con nosotros, este centro es importante porque incrementa las frecuencias de abastecimiento a las tiendas cercanas respecto al otro centro que tenemos en Ciudad de México”.
Dentro de los beneficios, resalta que se garantiza el mejor precio de los productos que ofertan, ya que no tienen como propósito tener utilidades como otras tiendas de servicio, además de abrir la posibilidad de que productores, proveedores y empresarios locales se sumen a este proyecto en beneficio de los jaliscienses.
“Estamos teniendo más abasto. Las familias y los habitantes de Guadalajara, estamos en una colonia popular, cerca del metro, garantizamos tener buenos precios. Nosotros buscamos garantizar el abasto a bajo costo más allá de las utilidades que buscan las cadenas comerciales. También está la posibilidad de que productores, distribuidores y empresarios locales puedan inscribirse con nosotros y puedan crecer sus compañías y hacer crecer a las tiendas del Súper ISSSTE”.
En el mismo orden de ideas, la funcionaria federal espera que se sumen empresarios a SUPERISSSTE, y que para hacer esto posible ya trabajan en coordinación con el gobierno de Jalisco y las cámaras empresariales para que cumplan con los requisitos y se conviertan en proveedores de las tiendas.
“Tenemos un portal abierto a todo el público; ahí cualquiera que cumpla con los requisitos, con la normativa, garantizando los precios que se deben tener en nuestras tiendas, puede garantizar sus productos de manera transparente, sin intermediarios. Además, entendiendo que no todos los empresarios cumplen con esta normativa hasta tener su código de barras, si necesitan otro acompañamiento, estamos teniendo acercamientos con la Secretaría de Desarrollo Económico en Jalisco y las cámaras empresariales para que, a través de ellos, puedan acercarse a estas secretarías locales para cumplir con los requisitos para ser proveedores”.
Con la apertura de este nuevo CEDIS, ahora sigue ofrecer más productos hasta llegar a la meta de poder ofertar toda la canasta básica a los ciudadanos, por ello, esperan tener pronto a la venta frutas, verduras y cárnicos.
“Nos falta mucho por hacer, nuestro compromiso es lograr optimizar y cubrir todo el piso de venta que tenemos, nos falta introducir más producto, lo que más nos importa y apremia es que todos los habitantes puedan adquirir la canasta básica completa, esperamos pronto vender frutas y verduras, cárnicos, para que puedan hacer su súper completo”.
Emocionada, Dunia Ludlow hizo un recorrido por la tienda en Guadalajara, recordando que una de sus metas es que esta tienda se popularice y sea de gran utilidad para los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
“Cuando estaba pequeña, mi mamá me llevaba a las tiendas del Súper ISSSTE. Las personas que tuvimos esta experiencia, en tiendas muy grandes, tengo esa añoranza y nostalgia. Para garantizar este derecho, es emotivo recuperar instituciones, porque recuperamos derechos que tienen las personas a un abasto a bajo costo”.
En el evento, también se firmó un convenio con el INAPAM junto con Gerardo Galicia Juárez para que las personas adultas puedan tramitar su tarjeta directamente en la sucursal de Guadalajara, otro de los beneficios que tendrán en la tienda Súper ISSSTE.
“Invito a todos los ciudadanos a venir a la tienda en Guadalajara, abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche; está cerca del Tren Ligero, tiene estacionamiento, esperamos pronto crecer esta tienda y que sea del gusto de todos los ciudadanos”, puntualizó.
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