REPORTAJES
Detrás de la aparente inconformidad ven boicot y sabotaje contra el INSABI: Juan Ferrer

Por Mario Ávila //
Para Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del INSABI, queda claro que con el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se brindarán servicios de salud en los 32 estados de la República, siempre y cuando se adhieran los estados de manera voluntaria a esta modificación a la Ley General de Salud, es decir nunca será una adhesión obligatoria.
Pero hay confianza en el funcionario federal: “A partir de que entró en vigor el Insabi me reuní con los 32 secretarios de Salud y con su equipo y platicamos todo sobre el nuevo modelo de salud y del esquema de financiamiento. Los 32 secretarios vieron que el modelo y el esquema de financiamiento es muy bueno para que se implemente en México, como una opción del modelo de salud nacional”.
No obstante, admitió que hay ciertas expresiones de molestia, pero puntualizó que a su juicio “detrás de toda esta aparente inconformidad, hay un boicot de quienes surten los medicamentos y que se ven perjudicados; hay también una campaña de desinformación como un acto de sabotaje en contra del gobierno”.
“Vimos -dijo-, que los medicamentos estaban empleándose en el país, aunque no todos, tenían un precio desmedido, no era un precio justo y lo que hizo el presidente fue ordenarle a la Secretaría de Hacienda que dirigiera los concursos de compra consolidada, con lo que claro que benefició el porcentaje de abasto de los medicamentos en favor de la gente”.
Y abundó: “Un dato más, cuando acusan de que no hay presupuesto, les digo que estamos manejando 72 mil millones de pesos, cada estado de este país aporta entre 4 mil a 6 mil millones de pesos y este año el presidente ordenó recursos adicionales de 40 mil millones de pesos más, es decir ya se cuenta con una cifra cercana a los 200 mil millones de pesos y nos dicen que no hay dinero, pues porque ese dinero iba a parar a la iniciativa privada o un alto porcentaje en lugar de ir a la gente, iba a las empresas privadas”.
“Y hoy, el gran cambio es que estamos privilegiando que participe la iniciativa privada, sí, pero con precio justo y con producto de calidad. Y para eso está interviniendo la Cofepris, para que vigile que todo lo que se compra, las vacunas y los medicamentos, sean con la calidad requerida. No hay simulación, si la hubiera simplemente hubiéramos dejado que se siguiera haciendo lo que siempre habían hecho, estafar en todos los rubros el dinero de los mexicanos”, expuso el titular del Insabi.
En entrevista a través de Radio Fórmula, el funcionario federal respondió a quienes acusan de que el Insabi carece de sustento normativo, financiero y operativo: “Ya el Insabi está creado por la Ley General de Salud, hay instrumentos jurídicos como el estatuto orgánico que tiene 60 días para crearse, la Junta de Gobierno por ley tiene 30 días para instalarse, las reglas de operación se emiten a través del Fondo de Salud y el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, que se va a modificar, cuenta con 180 días y lo que hemos estado haciendo por instrucción del presidente, es acortar esos tiempos”.
“Se va a cumplir la palabra del presidente, se va a cumplir el artículo cuarto de la Constitución, se va a cumplir el artículo 77 bis de la Ley General de Salud que estable que tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de los servicios públicos de salud, toda persona que se encuentre en el país y que no cuente con seguridad social.
“Hay una Ley de los Institutos Nacionales de Salud que en el artículo 54 se reformó el 26 de mayo del año 2000 para que se implementaran los cobros en la atención de ciertos padecimientos. A qué presidente (Vicente Fox Quezada) se le ocurrió cobrarle a las personas que no tenían seguridad social”, se preguntó.
Y precisó: “Lo que estamos cambiando fue lo que hicieron ellos mal, hoy salen a denostar y a decir que todo está mal, hoy estamos cambiando en favor de la gente, en favor de 69 millones de mexicanos que carecen de seguridad social. Ahora sí coincidimos con los conservadores de que la salud es un derecho humano de las personas y que nadie debe cobrar, así que les vamos a demostrar que la palabra de López Obrador se cumple, no vamos a cobrar por los servicios de salud a las personas sin seguridad social.
“La misma ley en el artículo 77 bis segundo párrafo, establece que las condiciones que permitan bridar el acceso gratuito, van a ser efectivo, oportuno, de calidad y progresivo, es decir, los que quieran ver que un modelo de salud tan desastroso como era el de este país, fragmentado en 32 entidades de la República, se componga en 14 días, deben tener claro que nadie lo hace, el mismo Seguro Popular que inventaron esos señores debió haber iniciado en 1994 y en el 2005 se adhiere el último estado y nace oficialmente el Seguro Popular, esto quiere decir que pasaron más de 10 años para que estos suscribieran los convenios de descentralización y hoy quieren que en 15 días esto ya esté instrumentado”, planteó.
Sobre la propuesta que anunciaron harán los gobernadores del PAN, Ferrer Aguilar, anticipó: “Escucharemos las propuestas, aunque ya me reuní con los 32 secretarios de salud de los estados, los oí y los temé en cuenta, estamos para ver que funcione el modelo de salud en favor de los mexicanos y si en algo tienen que aportar, se va a tomar en consideración, pero lo que sí puedo decir es que el modelo que estaban utilizando, es un modelo que no funcionaba, no es por ahí.
“Y doy ejemplos, cómo me dicen que el Seguro Popular funcionaba cuando en el 2014 que era su mejor momento, por cada mil niños nacidos vivos, se morían 36.6 mujeres, es decir que en ese año fallecieron 872 mujeres y de ellas 495 estaban inscritas en el Seguro Popular, lo que quiere decir que más del 56.8% estaban afiliadas al Seguro Popular y eso no lo digo yo, lo dice el Coneval en su indicador denominado ‘razón de mortalidad materna’.
“No es posible que estemos viviendo todo esto y digamos que estaba muy bien el modelo de salud en el pasado; el abastecimiento de medicamento en todo el país era del 60% como un máximo; no hay doctores y pasan hasta 5 o 6 meses para programar una intervención quirúrgica”, planteó el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar.
NEGROS ANTECEDENTES DEL SEGURO POPULAR
Dentro de los negros antecedentes del Seguro Popular destacan las 36 denuncias penales en contra funcionarios en 18 estados de la República, entre ellos Jalisco, por un desfalco de más de 83 mil millones de pesos, que tendrían que ser destinados para servicios médicos de la población que carece de seguridad social.
El daño a las finanzas públicas del Seguro Popular, asciende puntualmente a 83 mil 250 millones 576 mil 40 pesos e involucra a funcionarios de 18 estados de la República, de acuerdo con las 22 denuncias interpuestas por ciudadanos ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Jacqueline Peschard, Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha, de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero, interpusieron nuevas por corrupción en el manejo de recursos destinados al Seguro Popular y al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) entre 2012 a 2016, con lo que suman 36 denuncias interpuestas contra funcionarios y exfuncionarios de estas entidades.
La última serie de demandas interpuestas ante la PGR contra funcionarios y exfuncionarios del Seguro Popular son por los delitos de peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades en 11 estados: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco.
Entre las irregularidades detectadas en los informes de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que fueron la base para las denuncias, se encuentran: contratos celebrados con empresas fantasma, pagos carentes de documentación comprobatoria, sobreprecios pagados por los estados y no enterar el ISR retenido a los trabajadores del sector salud.
Esta es la segunda ola de denuncias contra funcionarios y exfuncionarios del Seguro Popular por parte de Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha. El martes 16 de octubre, interpusieron 14 denuncias penales contra secretarios de Hacienda y Salud, así como tesoreros de siete estados: Chiapas, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. En esta primera demanda, la cantidad demandada por irregularidades alcanzaba los 47 mil 345 millones 794 mil 169 pesos.
Y para tener una referencia del impacto global del dinero malversado, vale la pena recordar que en 2017, el Seguro Popular contaba con 53.5 millones de beneficiarios a nivel nacional y de acuerdo al anexo estadístico del Sexto Informe de Gobierno presentado por Enrique Peña Nieto, el gobierno federal reportó que en 2017 la Comisión Nacional de Protección Social en Salud ejerció un total de 54 mil 046 millones de pesos que se transfirieron a las 32 entidades federativas.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
JALISCO
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco

– Por Francisco Junco
En un evento histórico, Jalisco formalizó la creación del Sistema Estatal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, un espacio diseñado para articular esfuerzos entre gobierno y ciudadanía, garantizando que la voz de las personas influya en las decisiones públicas.
La secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, explicó que este sistema busca ser un mecanismo de cocreación entre sociedad y autoridades, rompiendo con la lógica paternalista del gobierno y promoviendo una relación horizontal basada en principios como la transparencia, inclusión, colaboración, legalidad y equidad.
UN SISTEMA PARA EMPODERAR A LA CIUDADANÍA
Cantero Pacheco destacó que el sistema no solo formaliza una estructura, sino que abre caminos reales para que la ciudadanía opine, decida e influya en temas de interés público.
Subrayó que el gobierno no está por encima de los ciudadanos, sino al mismo nivel, fomentando una participación activa y equitativa. Este enfoque responde a un diagnóstico derivado de la participación de más de 675 mil personas en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024–2030, que identificó barreras como la burocracia, la falta de representatividad de grupos vulnerables y la baja incidencia de los consejos ciudadanos en las decisiones públicas.
Para abordar estos desafíos, en enero de 2026 se presentará la primera métrica de participación ciudadana, desarrollada con el investigador Guillermo Cejudo, herramienta que evaluará la madurez de los municipios y dependencias estatales en materia de participación, con el objetivo de emitir recomendaciones y fortalecer la democracia en Jalisco.
Cantero enfatizó que la participación ciudadana es un derecho humano que debe garantizarse, permitiendo a las personas involucrarse en los asuntos públicos y trabajar directamente con las autoridades para resolver problemas concretos en sus comunidades.
BENEFICIOS PARA LA CIUDADANÍA Y UN CAMBIO DE PARADIGMA
El sistema busca empoderar a los ciudadanos para que participen activamente en la atención de problemáticas locales, como las de sus colonias o comunidades, mediante una colaboración directa con los gobiernos municipales y estatal.
Cantero llamó a abandonar el paternalismo gubernamental y a fomentar un sentido de comunidad, tejiendo redes y alianzas entre ciudadanos y autoridades. Este enfoque promueve actuar con empatía y responsabilidad colectiva, pensando en el bienestar común.
UN EVENTO CON AMPLIA REPRESENTACIÓN
La instalación del sistema contó con la participación de representantes de los tres poderes del Estado, organismos autónomos, los 125 municipios de Jalisco y líderes sociales.
Durante el evento, se firmó una declaratoria conjunta que compromete a las instituciones a fortalecer los consejos municipales, garantizar accesibilidad universal en los procesos de participación y promover la inclusión de niños y adolescentes.
La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez Höhne, celebró el sistema como un espacio para consolidar una democracia más vigorosa, donde todos los sectores de la sociedad sean escuchados.
VOCES MUNICIPALES: ZAPOPAN Y OCOTLÁN
El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, calificó el evento como un hecho histórico y destacó que los grandes retos se resuelven con corresponsabilidad y diálogo social. Subrayó el éxito de Zapopan como ejemplo de lo que se logra cuando la ciudadanía se involucra activamente.
Por su parte, la presidenta municipal de Ocotlán, Daisy Nayeli Ángel Hernández, compartió cómo la participación de niños y adolescentes ha transformado su municipio. Relató la historia de una niña que describió las dificultades de su trayecto escolar, lo que llevó al ayuntamiento a invertir en transporte escolar.
Ocotlán, único municipio con participación presencial de infancias y juventudes, cuenta con un cabildo infantil y juvenil y será sede de una próxima sesión del Consejo Estatal.
COMPROMISOS Y AVANCES
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, Ramón Marcelo Cortés, afirmó que este sistema marca el inicio de una nueva etapa donde la voz ciudadana será escuchada y valorada, actuando como un motor de cambio para Jalisco.
Actualmente, el 70% de los municipios de Jalisco cuentan con un consejo de participación ciudadana, con la meta de alcanzar el 100% para finales de 2025. Además, el 92% de los municipios tiene un consejo de planeación, y el 71% ha incorporado consultas ciudadanas en sus planes municipales de desarrollo.
Sin embargo, Cantero reconoció que muchos consejos aún tienen poca incidencia real, un desafío que el sistema busca transformar.
VOCES EXPERTAS Y EXPERIENCIAS INSPIRADORAS
El evento incluyó una conferencia magistral de Matías Bianchi, de la organización Asuntos del Sur, quien abordó el papel de la tecnología en la participación ciudadana en América Latina.
Además, el panel “Historias que inspiran el cambio desde la ciudadanía” reunió a figuras como Elizabeth Gómez Ibarra, Nayo Rodríguez Varela, Annabelle Sulmont (ONU) y Marta Bárbara Ochman Ikanowicz, quienes compartieron experiencias comunitarias y académicas que demuestran el poder transformador de la organización social.
COMPROMISOS CLAVE Y VISIÓN A FUTURO
Entre los compromisos asumidos destacan la creación de espacios digitales de consulta pública, la promoción de la participación de grupos prioritarios (como comunidades indígenas y colectivos estudiantiles) y la garantía de inclusión de sectores tradicionalmente excluidos.
Cantero insistió en la necesidad de pasar de ejercicios consultivos a espacios de cocreación efectiva, donde la ciudadanía no sea mera espectadora, sino protagonista de la vida pública.
El Sistema Estatal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza establece las bases para una relación más horizontal entre gobierno y sociedad, asegurando que las decisiones públicas reflejen las necesidades reales de la comunidad. Este mecanismo permanente fortalecerá la rendición de cuentas y se regirá por la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza.
La secretaria invitó a la ciudadanía a informarse y participar a través de http://participa.jalisco.gob.mx/sistema-estatal, subrayando que el objetivo es construir un Jalisco más democrático, inclusivo y participativo.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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