JALISCO
Enemistad política del gobernador afectará la salud: Castigo presupuestal al Hospital Civil, resultado de confrontación
Por Jorge Zul de la Cueva //
El presupuesto asignado para sueldos, honorarios, prestaciones y seguridad social de los trabajadores (Capítulo 1,000), en el caso del Hospital Civil de Guadalajara, recibirá un ajuste a la alza de apenas el 0.9% en 2022.
Esto implica que, en noviembre del año próximo, no habrá dinero suficiente en las arcas para pagar la nómina del personal que además es insuficiente. Se requieren más trabajadores y no es posible contratarlos con el presupuesto aprobado por la mayoría de los diputados de Jalisco. La bolsa no ajusta ni para la plantilla actual, según demuestran documentos en posesión de Conciencia Pública y el propio presupuesto 2022.
El OPD Hospital Civil de Guadalajara trabaja las 24 horas con un déficit de 2 mil 100 plazas que se cubren con el esfuerzo del personal existente, mismo que no ha recibido ajustes en sus contratos desde hace años y esto no cambiará en 2022. ¿Qué quiere decir esto? Pongámoslo en términos de personas afectadas, lo que dará un rostro a la problemática:
Ana (cuyo apellido omitiremos) es una enfermera que todos los días toma un par de autobuses para llegar al Hospital a trabajar, un traslado que toma una hora y media de ida y lo mismo de vuelta; pero usa este tiempo para leer. Nunca ha dejado de estudiar y en algún lado tiene que hacerlo, de alguna parte tiene que salir el tiempo, así que estudia en el camión o mientras lo espera. Comprar un vehículo con su actual sueldo, ni soñarlo.
Ana cuenta con la licenciatura en enfermería, una maestría en administración y está a punto de terminar su doctorado en administración de hospitales. Ha estudiado diplomados en urgencias médico-quirúrgicas, pediatría, administración y docencia. Sin embargo, el sueldo de Ana es de enfermera general. Como ella, muchísimos profesionales de la salud en el OPD Hospital Civil, tiene un sueldo inferior a sus capacidades.
NO SE PIENSA EN LA PLANTILLA LABORAL
Aunque mientras el Hospital crece, se aumentan áreas, servicios hospitalarios y hasta se plantea un Nuevo Hospital Civil de Oriente; no se piensa, a la hora del presupuesto, en la plantilla laboral. Al no haber suficiente personal, Ana tiene que hacer la labor de más de dos personas para sacar adelante a los enfermos y lo hace con un sueldo inferior a sus credenciales.
Así, se acumulan los agravios y mala planeación de un presupuesto estatal 2022 que premia lealtades, paga acuerdos políticos y castiga a las enfermeras y los médicos por diferencias cupulares. Los rivales del Gobernador Enrique Alfaro al interior de la Universidad de Guadalajara no son los que recibirán el golpe presupuestal el próximo año. El daño se hace a quienes se encargan de cuidar nuestra salud.
Por esto, el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara (SUTHCG), Juan José Hernández Rodríguez, conocido entre los trabajadores como “Choco”, intentó hablar con los diputados del Congreso del Estado, antes de que se aprobara el presupuesto. Quería enterarlos de que estaban afectando al personal médico y no a sus rivales políticos. Alguien tenía que hacerles ver que las “Anas” del Hospital Civil son quienes reciben el golpe. Pero encontró puertas cerradas y oídos sordos.
NO LOS QUISIERON ESCUCHAR
“El Comité ejecutivo de los Hospitales Civiles de Guadalajara ha exigido, no sólo para el presupuesto 2022, sino durante tres años, la regularización de los trabajadores. Mientras el personal de salud en todo el mundo, es catalogado como héróico; aquí, en la distribución del presupuesto, somos invisibles y la mayoría del Congreso del Estado, es tan indiferente a nosotros, que no quiso ni escucharnos”, señaló.
Los trabajadores del Civil sólo pudieron exponer su caso ante los diputados Mara Robles y Enrique Velázquez de Hagamos, y Érika Ramírez del Partido Verde. El diputado Gerardo Quirino, coordinador de la bancada naranja, ni siquiera quiso recibir un documento donde se explicaban las carencias.
“Hablamos en enero”, dijo. Pero para entonces el presupuesto sería cosa juzgada. El golpe fue dado sin escuchar voz de los trabajadores de Salud, sin querer recibir, ya no digamos leer, el documento que habían preparado los trabajadores, donde se expone claramente el castigo presupuestal que afectará los servicios asistenciales del Civil y golpeara la economía de las familias de quienes enfrentaron una crisis de salud global y el miedo de la población.
Al inicio de la pandemia el personal de salud ni siquiera podía usar el uniforme en la calle o subir al camión sin generar reacciones adversas. Muchos recibieron notas de sus vecinos pidiendo que se mudaran por miedo al contagio. Recordemos que incluso, a más de una enfermera, le arrojaron café hirviendo en una tienda de conveniencia y sin embargo, no abandonaron a Jalisco en su hora de necesidad. Continuaron en sus puestos.
Este sacrificio no evitó la marcada desigualdad en el trato dado al OPD Hospital Civil de Guadalajara, en comparación con el OPD Servicios de Salud Jalisco (SSJ) y esto ha sido sistemático y tiene razones políticas, no técnicas.
El ajuste presupuestal de 2020 a 2021, implicó un aumento presupuestal al OPD Servicios de Salud Jalisco, bajo el control del gobierno estatal, de 4 mil 300 millones de pesos, lo que equivale a 72%, mientras que al Civil le dieron 138 MDP, apenas 3.4%.
Esta tendencia se repite en 2022, donde si bien es cierto que habrá mucho más dinero para salud, el OPD Servicios de Salud Jalisco es de nuevo el beneficiario, con un incremento de mil 577 millones de pesos, mientras que al Hospital Civil se le aumentan 196 millones, el 4.7% neto pero hay que tener en cuenta que la inflación general de este año 2021 superará el 7% y que en el caso de los servicios de alta especialidad, la inflación es mayor, por el costo de los insumos médicos. Esto generará inevitablemente un déficit en medicamentos, servicios, equipamiento, remodelaciones y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, además de que continuará el déficit de plazas y quienes han continuado sus estudios no recibirán aumentos por muy preparados que estén.
Para sueldos y prestaciones (capítulo 1000) la diferencia también es abismal: entre 2020 y 2022, el OPD de Servicios de Salud Jalisco ha recibido un aumento de 3 mil 620 millones de pesos en este rubro. El civil 215 millones, Esto a pesar de que el personal de enfermería, médico, trabajo social, nutrición y químicos farmacobiólogos del hospital percibe, en su mayoría, prestaciones inferiores a la función que ejercen.
Aún en estas desfavorables condiciones, durante la emergencia sanitaria, en el Civil se atendieron a más de 80 mil pacientes en áreas de especialidades y alta especialidad; se dio consulta a más de 491 mil niños y adultos, hubo 118 mil atenciones en urgencias, 37 mil cirujías y 8 mil 500 nacimientos. 734 mil 500 servicios que hacen palidecer los 276 mil votos de la consulta del pacto fiscal hasta su último corte. Las decisiones presupuestales en Jalisco obedecen a criterios de amistad o enemistad política y no a las necesidades reales de la población o el beneficio de las mayorías.
Por eso a inicios de diciembre el personal del Hospital Civil tomó las calles para hacer visible su situación, sin desatender a los enfermos. Lo que no pudo lograr es que tomaran conciencia en el Congreso del Estado o en el Poder Ejecutivo. No hubo justicia para el personal de Salud. Todo parece indicar que no hay intenciones de corregir el error y llegaremos al punto crítico en el que no haya para pagarle a quienes nos salvan la vida.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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