REPORTAJES
Faltan 8 mil policías en la metrópoli: Seguridad ciudadana abandonada en municipios
Por Diego Morales //
“El problema de Jalisco es que desgraciadamente la seguridad ciudadana a través de los municipios está abandonada. Es un tema que ya hemos platicado, se ha mencionado desde administraciones anteriores que faltan al menos 8 mil policías en la zona metropolitana para poder dar atención a los múltiples problemas diarios que sufre la ciudadanía”.
Ante el grave problema de inseguridad que nos agobia, “la única respuesta que tenemos es fortalecer a los policías, cuando llegue la guardia nacional, todos vimos lo que pasó en Michoacán, les falta esa labor de proximidad social, por más que nos digan que son policía militar o naval, no tienen esa sensibilidad que deberían tener los policías”.
Así lo advierte el presidente de SOS Jalisco, Anuar García, doctor en derecho, abogado penalista y catedrático del Tecnológico de Monterrey al participar como expositor en el “Ciclo de Conferencias de Seguridad”, organizado por el Colegio de Jalisco.
Ante la situación imperante de seguridad y violencia que vive el país, el Colegio de Jalisco, en coordinación con SOS Jalisco (SOS JAL) y la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS), presentó el “Ciclo de Conferencias de Seguridad”, que tienen como finalidad debatir la experiencias en la administración de las instituciones de seguridad y abonar en la construcción de políticas públicas que impacten en el tema.
LA HOMOLOGACIÓN DE SUELDOS SIN CUMPLIR
“Las vacantes están, sin embargo, no se dio la homologación de sueldos que se ofreció desde la administración anterior, nunca llegó. Tenemos policías en el estado que en promedio ganan 8 mil pesos mensuales, que está muy por debajo de los estándares a nivel nacional, eso no nos da una policía fuerte, las vacantes no están siendo cubiertas, menos ahora que viene una guardia nacional cuyos sueldos oscilan los de menor cuantía de 26 mil pesos las personas que no tienen una gran experiencia”, añadió el presidente de Fundación SOS Jalisco.
“NO TODO ESTÁ MAL HECHO”
Bajo la premisa que la seguridad es el que ocupa todos los parámetros de preocupación para la ciudadanía y en la inauguración del ciclo de conferencias, el Doctor Orlando Camacho Nacenta, Director de la Fundación SOS México, expresó que desde su perspectiva, no todo está mal hecho, pues de deben tomar los casos exitosos en materia de seguridad, replicarlos y ponerlos en debate con las autoridades en mesas de seguridad y justicia, método que les ha funcionado.
“Se puede salir adelante, claro que se puede, eso nos ha motivado para poder seguir trabajando. A veces cuando hay desilusión, vemos que durante tantos años las cosas no avanzan, vale la pena desmenuzar, pensar que no todo mundo ha hecho mal las cosas, autoridad y sociedad, ahí es donde clavamos el diente, qué está pasando en otros lados, qué podemos hacer bien, todos los presidentes municipales no han podido, todos los gobernadores no han hecho nada, ningún procurador o fiscal ha salido adelante, toda la corrupción la tiene todo mundo, esa dificultad que a veces pareciera que así es, porque así nos la presentan, pareciera que es imposible salir adelante pero es falso”.
La parte primordial es el fortalecimiento institucional, impulsando desde la sociedad civil organizada, como se dio en la creación del nuevo sistema de justicia en todo el país.
“Lo primero es el fortalecimiento institucional, como uno de los grandes tema que nos hemos metido a fondo. El sistema de justicia penal surge de la ciudadanía, una necesidad de generar justicia, estábamos rebasados, con una justicia oscura, corrupta, desde las propias universidades, los propios profesionales, todos se meten a un sistema oscuro, poco transparente, lento, donde los jueces ni siquiera se presentaban a las salas, olvidémonos de la justicia alternativa. Alguien dijo ya basta y ese alguien fue la sociedad, entonces generamos entre todos un nuevo sistema de justicia penal, mal planeado, mal llevado, 5 años después del mandato constitucional, pero al final del día empezó a andar”.
Subraya: “Necesitamos un sistema de justicia radical, eso nos implicaba saber que nos iba a costar mucho trabajo como nos está costando hoy, pero íbamos a obtener un sistema más transparente, que procura más la justicia, una división interesante de responsabilidades, donde la investigación fuera fundamental, no la confesión. Ahora, imaginemos que esto va a funcionar inmediatamente si quitamos a los 400 mil policías y ponemos 400 mil nuevos en el sistema de justicia penal, así funcionaría de maravilla, o poner a todos los ministerios públicos, jueces, todos capacitados, eso no va a pasar, eso no pasó, porque de dónde carambas lo sacamos, entonces tuvimos que hacer las cosas con lo que había, eso fue el gran reto”.
El proyecto más fuerte que tomaron en SOS México fue el de trabajar en conjunto con la autoridad, donde Orlando Camacho considera que ni la sociedad civil organizada ni las autoridades pueden sacar adelante el problema solos, se necesita un esfuerzo conjunto para dar resultados en materia de seguridad.
“Nadie puede solo, nosotros no podemos solos por más gente capacitada que tenemos, porque hay cosas que nos vamos a atorar, entonces, la autoridad tampoco puede sola. Entonces trabajar en conjunto con la autoridad fue lo primordial, con ese fiscal hay que trabajar, con ese diputado, con ese presidente municipal, pues esas son las autoridades que tenemos, no tenemos otras. Pero aprendimos que dentro de las autoridades hay gente valiosa, excelente, estupenda, de primera, preparados, entregados, gente honesta, dijimos ah caray que buen ejercicio, no todos los policías son corruptos, no todos los ministerios públicos son corruptos, no toda la impunidad está en todos lados y no toda la sociedad civil es santa, lo aprendimos, en las mismas mesas que trabajamos sí se podía sentar el empresario que más lava dinero en el país, entonces aprendimos que hay muchos tonos gris”.
En cuanto a las mesas de seguridad y justicia que han recorrido diversas partes del país, Camacho Nacenta reiteró que son consecuencia del aprendizaje que han tenido a lo largo de los años, entendiendo que no todos los esfuerzos que se han hecho en el pasado fueron erróneos y partir en base a los aciertos que han encontrado en el camino.
“No son otra cosa que la consecuencia del aprendizaje, en donde se sienta la autoridad responsable en temas de seguridad y justicia, la sociedad civil, juntos se genera una agenda común de trabajo, empezamos a chambear de forma constante todo el tiempo. La parte complicada es que ambas partes todavía traen un chip cultural que les hace regresar a la anterior forma de trabajar, a la descalificación siempre. No todo el país está en ruinas, es otra mentira, tenemos que seguir trabajando”, puntualizó.
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Anuar García |
FORTALECER A LOS POLICÍAS
Para Anuar García, Presidente de SOS Jalisco, el gran problema del estado es la falta de atención a los cuerpos policiales, quienes no son dotados ni de la capacitación adecuada, tampoco del equipamiento y los sueldos están por debajo de las expectativas.
Agrega: “Esa labor de proximidad social que debe dar la policía municipal está desapareciendo. Todos vemos, todos los días, policías que son abatidos por el crimen organizado, vemos una fiscalía que no avanza en la judicialización de muchos asuntos, desgraciadamente no se están dando resultados, cuando llegan a juzgados cuando no es por una violación al debido proceso, son liberadas las personas que atentan contra nuestros policías. La única respuesta que tenemos es fortalecer a los policías, cuando llegue la guardia nacional, todos vimos lo que pasó en Michoacán, les falta esa labor de proximidad social, por más que nos digan que son policía militar o naval, no tienen esa sensibilidad que deberían tener los policías”.
Con esa visión, Anuar García manifestó que es urgente fortalecer a las policías, pero además, trabajar unidos todos los actores de gobierno, dejar atrás la confrontación como la que se vivió entre el poder ejecutivo y judicial en Jalisco.
“Necesitamos fortalecer nuestras policías, si no lo hacemos esto va a reventar, porque la guardia nacional viene a atender los asuntos más graves, pero las policías siguen sin ser atendidas. Nos urge a la policía metropolitana, una mejor concentración de policías, que dejen de comprar sus botas, sus fornituras, están a merced de los delincuentes que tienen una gran capacidad económica, ya sabemos lo que ha venido pasando por falta de atención del estatal con nuestros policías”.
“Necesitamos unir a las instituciones, la distancia que se ha dado entre el ejecutivo y el judicial no nos favorece a nadie, necesitamos que lejos de la confrontación si hay corrupción trabajen de la mano para darnos resultados a los ciudadanos”.
Subraya: “Tenemos a Jalisco en el último lugar de impartición de justicia en el país, es un tema grave. En el actual sistema si no trabajan de la mano todas las autoridades, en todo el sistema de justicia penal, el sistema se cae. Y quién se favorece con todos esos errores, efectivamente, los delincuentes, la criminalidad se ha incrementado por la falta de unión entre las autoridades”.
Javier Hurtado |
LA AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD
A la vez, el Maestro Marcos Vargas, encargado de despacho de la Agencia Metropolitana de Seguridad, resaltó los trabajos que han venido impulsando en la AMS, donde se ha constituido un plan de prevención del delito en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara.
“Hemos venido construyendo e impulsando una agenda que tiene que ver con una construcción de seguridad realizada desde múltiples enfoques. Una buena política criminal en el estado, en los municipios, en los distintos órdenes de gobierno se rige por variables, las políticas de prevención, las de protección para la integridad y el patrimonio de los ciudadanos, las políticas de justicia penal y las políticas de organización social. Con base a ello, se ha constituido un plan de trabajo para la prevención de violencia del delito en el área metropolitana de Guadalajara”.
Agrega: “Tenemos que ir juntos en la construcción de seguridad, de la mano de las instituciones, no solamente gubernamentales sino los sectores académicos, empresariales y la sociedad civil. Desde la agencia hemos impulsado temas como la homologación salarial, el año pasado por cuestiones presupuestales no fue posible concretarla, sin embargo, hemos terminado la ruta de trabajo con los 9 municipios de la zona metropolitana. Estaremos de manera formal presentando la política a efecto de poder recibir los comentarios, que son importantes para la agencia, de manera de construir una política más integral”.
Al respecto, el doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco y Coordinador de la Cátedra CONACYT de Seguridad, dio la bienvenida a este ciclo de conferencias que culminarán en diciembre y que espera sean de beneficio para las instituciones y la sociedad civil organizada.
“El Colegio de Jalisco fue beneficiado para tener cátedras CONACYT, estamos muy contentos, satisfechos con eso. Nos ha atraído en esta nueva línea de investigación el problema de seguridad pública, donde los investigadores producen distintos tópicos y temas, pero también se trabaja el tema de las violencias, también el derecho”.
“Nos llama mucho la atención los problemas que tiene la seguridad pública en las zonas metropolitanas, este ciclo de conferencias tiene que ver tanto como el caso de éxitos en algunos municipios así como los problemas que enfrentan algunos otros municipios, como los que tienen mayor incidencias en algunas partes, en contraparte estará la participación de algunos presidentes municipales de municipios que han tenido prácticas exitosas en materia de seguridad pública”.
Dentro de los puntos que resaltó Javier Hurtado, es la seguridad en las zonas metropolitanas visto desde el punto de vista constitucional y jurídico.
“A nosotros nos llama la atención, la seguridad pública no conoce dimensiones político administrativas ni de órdenes de gobierno, se expresa en un territorio, es un problema que trasciende las fronteras político administrativas y los órdenes de gobierno, eso nos preocupa, esos vacíos que se presentan en materia competencial tanto desde el punto de vista constitucional como jurídico en las zonas metropolitanas que es tierra de nadie”.
Subraya: “Lo que más nos preocupa es la ausencia, que consideran que el problema no está en las zonas metropolitanas. Se ha creado una guardia nacional que actuará en todo el territorio nacional, pero creemos que hace falta algo más en donde se pueda permitir una acción coordinada y conjunta en las zonas metropolitanas que es donde se expresa el problema.
CULTURA
Edición 812: Comunidad Indígena de Mezquitán, muy cerca que gobierno de Sheinbaum les haga justicia
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/el-reclamo-de-la-comunidad-indigena-de-mezquitan-confian-en-sheinbaum-para-saldar-deuda-historica-de-21-anos/
El perfil electoral en la victoria de Claudia Sheinbaum: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/el-perfil-electoral-en-la-victoria-de-claudia-sheinbaum/
Suspenso en el Legislativo: Reforma Judicial en Jalisco, diálogo abierto pero sin consensos: https://concienciapublica.com.mx/reportaje/suspenso-en-el-legislativo-reforma-judicial-en-jalisco-dialogo-abierto-pero-sin-consensos/
Diputado Alberto Maldonado: Con exhorto a la SCIT se dio un paso hacia la justicia para la Comunidad Indígena de Mezquitán: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/diputado-alberto-maldonado-con-exhorto-a-la-scit-se-dio-un-paso-hacia-la-justicia-para-la-comunidad-indigena-de-mezquitan/
Reconocimiento de la Comunidad Indígena de Mezquitán a la Cámara de Diputados, por exhorto a la SICT: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/reconocimiento-de-la-comunidad-indigena-de-mezquitan-a-la-camara-de-diputados-por-exhorto-a-la-sict/
JALISCO
El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
Para la Comunidad Indígena de Mezquitán la luz al fondo del túnel parece vislumbrarse. La esperanza la cifran en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien la ven muy distinta a sus antecesores al frente del gobierno federal que trataron a la comunidad con apatía, indiferencia e irresponsabilidad.
Recientemente han tenido respuesta de parte de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) al buscar negociar para cubrir el incumplimiento de pago del adeudo contraído hace 21 años al ceder la comunidad 270 mil metros cuadrados de terreno para la construcción de la carretera Guadalajara-Saltillo.
En entrevista con Conciencia Pública, Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado Indígena, junto a Miguel Ángel Rivera, tesorero, y Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria General, exponen su frustración, esperanza y su exigencia de justicia, pero esperan que la situación cambie.
“Ha sido una lucha difícil y agotadora”, expresa Saúl Rodríguez Barajas, líder de la comunidad. Miguel Ángel Rivera, tesorero, con la tristeza reflejada en el rostro, recuerda que en lo que va de este año han perdido a cuatro personas, y en años anteriores, muchas más.
“La gente está desesperada. Han sido 21 años esperando”, señala Rivera, destacando cómo la cesión de tierras afectó los cultivos y obligó a familias a reubicar sus hogares, trastocando su forma de vida.
Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria de la comunidad, alza la voz por estas mujeres: “Algunas han tenido que abandonar tratamientos médicos por falta de recursos. Otras han fallecido, dejando hijos menores”. Su mensaje a la presidenta es claro: “Sabemos que ha recibido nuestros documentos. Esperamos que responda conforme a la ley y haga justicia”.
Desde hace más de dos décadas, la Comunidad Indígena de Mezquitán libra una incansable batalla contra el incumplimiento del gobierno federal. En 2001, cedieron 27 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la arretera Guadalajara-Saltillo, un proyecto que prometía desarrollo, pero que los dejó en una espera interminable.
A pesar de un convenio firmado con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy SICT, el pago justo nunca llegó, convirtiéndose en un calvario de promesas incumplidas y un tortuoso litigio judicial.
Saúl Rodríguez subraya la apatía e irresponsabilidad de las autoridades, a pesar de que la comunidad ha ganado en todas las instancias judiciales, incluida una sentencia firme del Tribunal de Justicia Agraria Superior.
“Muchos compañeros que esperaban este recurso han fallecido”, lamenta. La comunidad, con 333 comuneros y sus familias, ha enfrentado no solo el retraso, sino también pérdidas humanas que agravan su dolor.
En 2004, se otorgó un anticipo inicial y otro posterior de unos 5 millones de pesos (de un acuerdo de 40 millones que sería en total y que se incumplió), pero la oferta reciente de la SICT, presentada el 24 de septiembre, no refleja el valor actualizado de la deuda, como lo ordenan las sentencias.
“Esa cantidad no tiene nada que ver con lo que debería ser hoy”, afirma Rodríguez Barajas. La comunidad propuso aceptar el pago como un anticipo y negociar el resto tras una valuación justa, pero aún no hay respuesta, generando desencanto ante la contradicción entre el discurso oficial de apoyo a los pueblos indígenas y la realidad.
El gobierno federal ha declarado 2025 como el año de la mujer indígena, un reconocimiento significativo para Mezquitán, donde más del 50% de los comuneros son mujeres, muchas adultas mayores, madres solteras o con problemas de salud.
Eulalia Dolores enfatiza la difícil situación de estas mujeres, quienes enfrentan carencias económicas que les impiden acceder a tratamientos médicos o sostener a sus familias.
La comunidad ha buscado contacto directo con la presidenta Sheinbaum, enviándole peticiones y entregando escritos en persona. “Hemos recibido respuestas que indican una orden para atender el caso, lo que nos da esperanza”, señala Saúl Rodríguez.
Sin embargo, insiste: “Queremos que no se tarde más”. La comunidad ve en este compromiso una oportunidad para que el gobierno demuestre que su apoyo a los pueblos indígenas es genuino, en contraste con gobiernos anteriores que, según Sheinbaum, usaron a estas comunidades con fines políticos sin garantizar justicia.
El caso de Mezquitán trasciende lo económico; es una lucha por la dignidad y los derechos indígenas. Cada año de espera ha sido un golpe, con pérdidas de tierras, esperanza y vidas. “Queremos que esto termine este año”, enfatiza Rodríguez.
Aunque abiertos a negociar, exigen un pago justo: “No pedimos nada regalado, solo lo que nos corresponde”. La sentencia judicial es clara, y el gobierno no tiene pretextos para evadir su responsabilidad. “Ya no tienen margen para alargar esto”, sentencia Rodríguez.
Para Mezquitán, el cumplimiento de esta deuda significaría no solo justicia económica, sino la reivindicación de mas de 21 años pidiendo Justicia.
En este año de la mujer indígena, la comunidad confía en que Sheinbaum cumpla su compromiso. “Queremos que nos vea”, insiste Eulalia Dolores. Con una lucha de mas de dos décadas, los comuneros buscan el reconocimiento de su derecho a una vida digna.
Mientras tanto, alzan la voz, recordando que la justicia no puede seguir esperando.
Mezquitán no solo espera un pago, sino un acto de reparación histórica. La luz al fondo del túnel, que hoy parece más cercana, depende de la voluntad política de un gobierno que ha prometido ser diferente.
La comunidad, unida y resiliente, mantiene la esperanza de que 2025 marque el fin de su calvario y el inicio de una nueva etapa de dignidad y justicia.
URGE ACCIÓN CONCRETA: ESPERANZA EN LA RESPUESTA DE SHEINBAUM EN LA MAÑANERA
– Por Raúl Cantú
La Comunidad Indígena de Mezquitán, tras 21 años luchando por la justicia trasr ceder 27 hectáreas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo, encuentra esperanza en la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a una pregunta de la periodista Susana Carreño en La Mañanera.
El 13 de octubre, la periodista Susana Carreño cuestionó la deuda pendiente desde 2001 con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Sheinbaum, con antecedentes del caso, tras recibir un escrito y un libro de la comunidad el 9 de agosto en Tlajomulco, prometió atenderlo y dio instrucciones a su equipo.
Sin embargo, los asesores jurídicos de la comunidad, consideran la respuesta insuficiente. En entrevista con Conciencia Pública, urgen al gobierno federal a actuar antes del 31 de diciembre de 2025, especialmente para las mujeres, que representan más de la mitad de los 333 comuneros, quienes enfrentan necesidades urgentes.
Cuatro días después, el 17 de octubre, llegó una respuesta escrita, un avance frente a los tres meses que tardó la administración anterior. “Eso da esperanza de que esta administración sea diferente”, aunque “Solo menciona atender a la brevedad, sin comprometerse a cumplir la sentencia del Tribunal Agrario”.
Dicha sentencia, firme desde diciembre de 2024, ordena a la SICT realizar un avalúo vía INDAABIN para determinar la indemnización actualizada, pero el proceso está detenido por tácticas dilatorias. La comunidad, agotada por promesas incumplidas de cuatro gobiernos previos, otorga el beneficio de la duda hasta fin de año.
La comunidad propone aceptar un anticipo ofrecido por la SICT el 24 de septiembre, siempre que se respete la actualización de valores. “Hay mucha necesidad. Un anticipo aliviaría a las familias, especialmente a las mujeres” .
La SICT, que ya dio anticipos en 2004 y 2007, condicionó el pago a renunciar a la actualización, lo cual fue rechazado. “Tienen una cantidad disponible; que la entreguen como anticipo y luego definan el monto final”.
En el año de la mujer indígena, Mezquitán espera que Sheinbaum demuestre su compromiso. “Si no hay anticipo antes del 31 de diciembre, pensarán que son iguales a los anteriores gobiernos”, advierten los representantes de la Comunidad Indígena. La comunidad no pide favores, sino justicia. La respuesta presidencial es un paso, pero solo acciones concretas honrarán la sentencia y la dignidad de Mezquitán.
– Por Francisco Junco
La reforma al Poder Judicial, largamente agendada, emergió con fuerza en la mesa legislativa, pero más que avanzar, desnudó una fractura entre los poderes y los partidos. La propuesta, que busca armonizar la Constitución local con la reforma federal en materia judicial, y que millares de ciudadanos miran como una clave para la transparencia y el acceso a la justicia, quedó esta semana más cerca de la parálisis que del acuerdo.
El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, se reunió en el Congreso local con los ocho coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Este encuentro se dio en respuesta al llamado del gobernador Pablo Lemus para dialogar sobre la Reforma al Poder Judicial local, la cual busca instaurar por primera vez elecciones de jueces y magistrados en junio de 2027.
Actualmente, la iniciativa enfrenta dificultades para alcanzar los 26 votos necesarios para su aprobación, ya que ni la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) con el apoyo del Partido Verde, ni el bloque opositor conformado por seis grupos parlamentarios, cuentan con la mayoría requerida.
Durante la reunión, Salvador Zamora destacó que su visita tenía como objetivo abrir un canal de diálogo con los diputados en representación del gobernador. Indicó que se está preparando un encuentro entre la Jucopo y Pablo Lemus para profundizar en la discusión de la reforma. El secretario enfatizó que el Ejecutivo ha mostrado respeto hacia los legisladores y ha mantenido una postura abierta al diálogo, respondiendo así a las críticas de líderes de Morena, PAN, PRI, Hagamos, PT y Futuro, quienes habían señalado una falta de oficio político por parte del gobierno estatal.
También reiteró que la Reforma al Poder Judicial es una iniciativa que recoge las propuestas de diversos sectores de la sociedad, incluyendo ciudadanos, especialistas y universidades, y que el gobierno está comprometido en defenderla para lograr una reforma judicial de calidad.
Sin embargo, aclaró que en la reunión no se abordó el tema de la ratificación de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Consuelo del Rosario González y Daniel Espinosa Licona.
Después de más de dos horas de diálogo con los diputados locales de Movimiento Ciudadano sobre la Reforma Judicial estatal, Salvador Zamora, anunció que al día siguiente se reunirá con todos los grupos parlamentarios junto con el gobernador Pablo Lemus.
La reunión, explicó el funcionario estatal, se realizará en un lugar neutral para dialogar y buscar puntos de encuentro que permitan aprobar la reforma en los próximos días, atendiendo las inquietudes surgidas tras la aprobación del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales y su entrada a primera lectura.
Los coordinadores parlamentarios dialogaron con el gobernador Pablo Lemus para abordar la reforma al Poder Judicial. Lemus destacó la apertura al diálogo, proponiendo reuniones continuas, sin abordar detalles específicos, confiando en alcanzar consensos para Jalisco.
El gobernador apuntó que “los legisladores fueron muy abiertos y perceptivos a los planteamientos que se hicieron… confío en lograr consensos en temas indispensables para el estado” y añadió que “no entramos en los detalles de la reforma al Poder Judicial… Yo voy a ser muy respetuoso de lo que ellos decidan en los procesos internos del Poder Legislativo”.
Diputados de MC y la oposición buscan consensos para la reforma judicial, proponiendo modificaciones. Morena y PAN destacan la apertura y autocrítica del gobernador Lemus, pero la fecha para la votación en segunda lectura sigue indefinida.
El coordinador de los diputados de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, declaró que “Movimiento Ciudadano se comprometió a presentar una lista de propuestas de modificación al dictamen y con base en esa lista, vamos a reinstalar una mesa de diálogo político para ver si podemos conciliar y sacar una reforma consensuada por todas las fuerzas políticas”.
La diputada Claudia Murguía Torres comentó que “en Acción Nacional hemos impulsado un diálogo firme entre las fuerzas políticas para fortalecer el Poder Judicial en Jalisco”.
La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco votó a favor de adherirse al dictamen sobre la Reforma al Poder Judicial, turnado previamente por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Con esta adhesión, el dictamen ya puede presentarse a votación en segunda lectura ante el pleno del Congreso; sin embargo, ninguno de los bloques legislativos cuenta aún con los votos necesarios de las dos terceras partes de los 38 diputados para garantizar su aprobación.
La adhesión al dictamen presentada por el bloque opositor recibió el respaldo de cinco diputados de Morena, PAN, PRI, Hagamos y del legislador sin partido Alejandro Puerto.
Por su parte, las diputadas de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina y Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, votaron en contra, argumentando la necesidad de abrir un nuevo periodo de consulta de 30 días, lo que deja en claro que aún existen diferencias significativas entre las bancadas.
Miguel de la Rosa (Morena) destacó que MC presentará modificaciones al dictamen para consensuar la Reforma Judicial. José Luis Tostado (MC) confía en que el diálogo con Lemus y las bancadas logrará una reforma que beneficie a Jalisco.
La coordinadora de la bancada del PAN, Claudia Murguía, destacó que el gobernador asumió una postura de autocrítica durante el encuentro, lo que abre la posibilidad de acuerdos en torno a la reforma y otros temas.
Pese al avance en el diálogo y las señales positivas, todavía no se ha definido una fecha para la votación en segunda lectura, la cual permitirá, por primera vez en Jalisco, la realización de elecciones de jueces y magistrados.
La Jucopo espera fijar el lunes la fecha para votar la reforma judicial en el pleno, pero sin nuevos acuerdos, podría estancarse. Analistas advierten que debe aprobarse antes de 2027 para elecciones de jueces. El Ejecutivo y bancadas dialogan, pero los votos aún son inciertos.
– Por Francisco Junco
El crimen ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM encendió las alarmas en todo el país. Un joven de 19 años, identificado con la comunidad incel (acrónimo de involuntary celibate, o “célibe involuntario”), asesinó a su compañero de 16 años tras publicar en redes sociales imágenes de su soledad, su rencor y un manifiesto de odio.
Este caso no fue un hecho aislado. Fue, según especialistas, “la punta del iceberg” de un fenómeno que se ha gestado en la sombra: una comunidad de jóvenes, en su mayoría varones, que canalizan frustraciones personales hacia discursos de misoginia y violencia.
“Nos preocupa que se atienda desde un verdadero enfoque de lo que está pasando con la juventud”, advirtió Jaime Cedillo Bolívar, coordinador de Cabildeo del Frente Nacional por la Familia (FNF). Agregó que “detrás de la palabra y del concepto como tal, y de lo que está ocurriendo, hay un síntoma profundo de nuestra época”.
Cedillo explicó que la llamada comunidad incel “no es una simple moda de internet”, sino una manifestación de “una orfandad cultural y espiritual que está dejando a las nuevas generaciones sin referentes sólidos”.
“Realmente —añadió—, la soledad que los jóvenes están sintiendo, la frustración que enfrentan, la pérdida de sentido; muchos se sienten marginados, resentidos, invisibles… creo que es un fenómeno que debemos tomar en serio, porque el modelo de juventud que promueven las redes es el del exitoso, el atractivo, el triunfador. Quienes quedan fuera de ese patrón parecen condenados a una existencia sin amor ni reconocimiento”.
Para Cedillo Bolívar, el odio incel se alimenta del abandono familiar y del fracaso en la formación emocional. Explicó que “un joven que se siente solo, confundido, sin modelo de amor, que ha crecido escuchando discursos contradictorios en una cultura hipersexualizada, termina desarrollando un resentimiento que puede traducirse en tragedia”.
La académica María Esmeralda Correa Cortés, profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, coincide en que el fenómeno tiene raíces más profundas que lo digital.
“Este movimiento surge en Estados Unidos con una chica que hablaba de su soledad, pero actualmente es principalmente masculino y heterosexual. Su motor es la frustración ante la imposibilidad de desenvolverse en el mercado del amor”.
A partir de esa frustración, explicó, “empiezan a crear una comunidad virtual de jóvenes que comparten la misma ideología. Radicalizan el discurso hasta que se vuelve de derecha, antifeminista y misógino. Ya no se trata de una simple incomodidad, sino de un odio que se transforma en violencia”.
Para la investigadora, “el discurso misógino va más allá del antifeminismo, porque ya no es solo crítica, sino resentimiento hacia las mujeres”. Y advirtió que ese resentimiento “ya ha llegado al punto de matar”, como se evidenció en el ataque del CCH Sur.
Israel Sánchez Martínez, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, señaló que el fenómeno ya se manifiesta en los espacios escolares. “Tuvimos el caso de una joven en la Ciudad de México a la que un grupo de compañeras arrojó desde un tercer piso. Fue producto de la violencia y del descontrol dentro de las aulas. Y el caso del joven del CCH, que apuñaló a su compañero, se generó precisamente por la falta de supervisión y control en redes y escuelas”.
“Este fenómeno —dijo— tiene que ver con el exceso de pantallas, con la falta de evaluación educativa, con jóvenes que ya no tienen tareas ni seguimiento y pasan horas consumiendo contenido agresivo. Es un caldo de cultivo para estos grupos. Son muchachos que se van adoctrinando en comunidades virtuales que se organizan y se desintegran según sus intereses, pero dejan huellas profundas”.
La doctora Correa Cortés añadió que incluso en las universidades de Jalisco “hemos encontrado que jóvenes con acceso a cursos de género y nuevas masculinidades también reproducen discursos de odio. Pensar que solo quienes no estudian caen en esto es un error. Es una cultura que permea incluso los espacios académicos”.
El fenómeno no se limita a México. “Hay países de alto desarrollo —alertó Cedillo— donde el suicidio juvenil es cotidiano, donde los jóvenes se aíslan y encuentran en las redes su única comunidad. Si seguimos ausentes e indiferentes, podríamos caer en una espiral de descomposición social mucho mayor”.
Para los líderes familiares, el problema no puede atribuirse sólo a los algoritmos o a los videojuegos. “No podemos voltear la mirada hacia otro lado”, insistió Cedillo. “Esto no se origina en las redes, aunque ellas lo amplifican. Es una desconexión entre generaciones. Hemos permitido que los hijos se formen con algoritmos y influencers anónimos, que exploran sus inseguridades y canalizan su dolor hacia el resentimiento”.
La profesora Correa Cortés subrayó que “el Estado tampoco hace nada. Hemos denunciado discursos en Facebook que dicen literalmente: ‘Si tu novia no está de acuerdo contigo, mátala’. Facebook no los elimina y el gobierno tampoco actúa. Debe empezar a regular esos discursos y sancionar a las plataformas que los permiten”.
Israel Sánchez fue más directo: “Lo que vemos es impunidad. Las autoridades no detienen ni sancionan. Las marchas violentas, los actos de vandalismo, la violencia en redes, quedan impunes. Cuando no hay control, hay adoctrinamiento y caos”.
La raíz, coinciden todos, está en la ausencia de la familia. “El gobierno debería aliarse con las iglesias, con las escuelas, con las empresas”, propuso Cedillo Bolívar. “Necesitamos cruzadas integrales para recuperar el corazón de los jóvenes. Aislados, no lo vamos a lograr”.
Para la investigadora universitaria, la solución también pasa por reconstruir el vínculo comunitario. “Antes había juntas de padres, había comunidad. Hoy las familias están fracturadas. El trabajo en comunidad se ha perdido, y con ello, la contención emocional de los jóvenes”.
El fenómeno incel, advirtió, “no es más que un espejo de la desigualdad, de la falta de sentido y de la pérdida de amor. Los polos extremos, tanto de derecha como de izquierda, comparten la misma ideología: el odio. Y ese odio se está convirtiendo en una forma de pertenencia”.
Jaime Cedillo concluyó que “no se trata de criminalizar a quienes sienten este dolor, sino de ayudarlos a reencontrarse. Son jóvenes perdidos, no monstruos. Requieren acompañamiento, presencia, diálogo y ejemplos. Hay que reconstruir el amor en tiempos de odio”.
El llamado final de los tres entrevistados es coincidente: urgen a una acción conjunta de autoridades, iglesias, instituciones, familia y sociedad en su conjunto.
“El compromiso tiene que ser de todos”, dijo Cedillo. “Padres, escuelas, autoridades y sociedad civil. Si no entendemos que esta es apenas la punta del iceberg, lo que vendrá después será mucho peor”.
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