JALISCO
Foro sobre la reforma a la Ley de pensiones: Oposición al aumento de cuotas; ven riesgo de repetir la historia del 2009 en Ipejal

Por Mario Ávila //
Con la preocupación evidente de que se repitan los errores cometidos en el 2009 en perjuicio de los más de 160 mil trabajadores en activo y jubilados, al servicio del estado y sus familias, se mostraron los dirigentes sindicales en el arranque de las mesas de análisis para efectuar una reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, a la que convocó la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
El llamado de alarma nace con la información que se ventila a través de un estudio actuarial en el que la expectativa de vida del Ipejal es hasta el 2033 y tanto el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, como el director del propio Instituto, Héctor Pizano Ramos, se muestran alarmados ya que después de esa fecha, la quiebra del sistema es evidente.
Y el riesgo radica básicamente en que la única vía que el gobierno plantea para el rescate del Ipejal es atender a las dos recomendaciones que se hacen a manera de conclusión en el quinto estudio actuarial, ordenado por Pizano Ramos, en las que se determina: 1.- Aumentar al 56% el pago de la nómina de cada trabajador, que hoy está en el 32% y 2.- Modificar el diseño de las prestaciones.
Estas son las dos grandes preocupaciones de los trabajadores del servicio público en la entidad, en los municipios y en los organismos públicos descentralizados, ya que por un lado ven el riesgo inminente de que se afecte a sus ingresos, obligándolos a pagar ya no el 32% de su sueldo (aunque una parte lo aportan el patrón), sino el 56% de la nómina y por otro lado, los trabajadores ven el riesgo de que se pretenda modificar de manera retroactiva la edad mínima para jubilarse hasta los 65 años, que ya aplica para los que ingresaron a laborar después del 2009, a los que ya no les basta con tener 30 años de servicio.
Los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo han repetido hasta el cansancio que no se modificará una coma a la ley, sin el visto bueno de los trabajadores y de ahí la celebración de estas mesas de trabajo a las que convocó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura, diputado Quirino Velázquez Chávez (MC).
Y fue justo en esa primera reunión, en la que el representante de los trabajadores del Hospital Civil y secretario general de la FESIJAL, Juan José Hernández Rodríguez, hizo una serie de denuncias que fortalecen la hipótesis de que algo se trama en el tema del Ipejal y que se estaría ante el riesgo de un nuevo golpe a los trabajadores como en el 2009, cuando de un plumazo y con la complicidad de los líderes sindicales de aquel entonces, Guadalupe Madera Godoy, por parte de la sección 47 del SNTE y Juan Pelayo Ruelas, de los trabajadores al servicio del estado, les aumentaron las aportaciones del 5 al 11% de su sueldo como cuota al Ipejal y además del requisito de 30 años de servicio, se impuso como una nueva condicionante haber cumplido 65 años de edad.
Juan José Hernández, quien fue integrante del Consejo de Administración del Ipejal durante dos años y recientemente fue relevado en el cargo por José Miguel Leonardo Cisneros, recordó que el estudio actuarial del 2009 aseguraba que con esas modificaciones el periodo de suficiencia del Ipejal sería perene, es decir de por vida, por lo que no se explica como apenas 13 años después ya se habla de una quiebra inminente en las finanzas del organismo.
Hizo énfasis en que quien realizó el estudio actuarial en el 2009 fue el actuario Francisco Miguel Aguirre Farías como representante de la empresa Valuaciones Actuariales SC y quien hace hoy el estudio actuarial firmado en agosto del 2022, es Francisco Miguel Aguirre Villarreal (probablemente su hijo), como representante de la empresa valuaciones Actuariales del Norte.
El secretario de la FESIJAL demandó que: 1.- No haya ningún aumento a las cuotas de los trabajadores; 2.- Respeto a los derechos adquiridos por los 67 mil trabajadores que entraron a trabajar antes del 2009 y se pueden jubilar con 30 años de servicio, sin importar su edad y 3.- Una reasignación presupuestal de las finanzas públicas a Pensiones del Estado, ya que el gobierno nunca le han aportado un solo peso y el instituto se sostiene por las aportaciones de los trabajadores y los préstamos que tramitamos.
Detalló que el Ipejal está sumido en una crisis financiera por culpa de gobiernos y de funcionarios corruptos y les dijo con claridad a los diputados, “si quieren rescatar pensiones, métanle dinero, hagan una reasignación para rescatar a la institución que ha sido saqueado por gobiernos y funcionarios corruptos; la nómina del Ipejal es de 277 millones de pesos anuales y si el gobierno la absorbe durante 10 años, la institución se salvaría”.
En la primera mesa de trabajo tomaron parte también, Arnoldo Rubio Cárdenas, secretario general de la sección 47 del SNTE; José Herminio Jasso, representante de la Unión de Jubilados y pensionados del Estado de Jalisco; Ernesto Michel Galindo, representante del Movimiento 19 de abril Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal; José Miguel Leonardo Cisneros, secretario general de la SAFE; Isaac Filiberto Sánchez, secretario de la Federación de Sindicatos de Empelados al Servicio de los Poderes del Estados, municipios y organismos públicos descentralizados y Juan Manuel Mercado Gómez, líder del organismo defensor de los derechos humanos y laborales de los policías del país.
JALISCO
El choque de Lemus y la UdeG, un juego de equilibrios y reflexiones

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El reciente enfrentamiento entre el gobernador Pablo Lemus Navarro y la Universidad de Guadalajara (UdeG) por la propuesta de corresponsabilidad en materia de seguridad es un capítulo más en la larga saga de tensiones entre el poder político y la máxima casa de estudios de Jalisco.
La propuesta de Lemus, que sugería destinar 200 millones de pesos del presupuesto universitario para mejorar la infraestructura de seguridad en los entornos de los planteles de la UdeG, desató una reacción contundente: un desplegado del Consejo de Rectorías que, con firmeza, recordó que la seguridad pública es una obligación constitucional del Estado, no de la universidad. Sin embargo, el desenlace —una mesa de diálogo que parece haber superado las diferencias— deja un terreno fértil para reflexionar sobre los actores, sus estrategias y las lecciones que este episodio deja para Jalisco.
Un gobernador con prisa y una universidad vigilante
Pablo Lemus, emanado de Movimiento Ciudadano, ha mostrado desde su llegada al gobierno un estilo pragmático, pero también ambicioso, que busca diferenciarse de su antecesor, Enrique Alfaro, con quien la UdeG mantuvo una relación de enfrentamientos abiertos.
Lemus, consciente de la deuda histórica en materia de seguridad —con Jalisco liderando las cifras de desapariciones en el país (15,348 casos al 31 de octubre de 2024)— propuso una solución que, en teoría, buscaba sumar esfuerzos. Sin embargo, su planteamiento de involucrar el presupuesto universitario tocó una fibra sensible: la autonomía de la universidad pública, un bastión defendido con celo por sus liderazgos.
La respuesta de la UdeG, liderada por la rectora Karla Planter, no se hizo esperar. El desplegado no solo rechazó la propuesta como una injerencia indebida, sino que subrayó que la universidad ya invierte significativamente en seguridad interna (más de mil millones de pesos desde 2013 y 222 millones aprobados para 2025). Este intercambio evidenció una vez más la capacidad de los universitarios para movilizar su autoridad moral y política, recordándole al gobierno que la universidad no es un actor subordinado, sino un contrapeso con peso propio.
El diálogo: ¿Reconciliación o tregua estratégica?
La mesa de diálogo, que incluyó a la rectora Planter, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Zoé García, y el propio Lemus, logró apaciguar las aguas. Se acordó trabajar en conjunto para fortalecer los protocolos de seguridad, retomar el programa Senderos Seguros y diseñar campañas preventivas contra las desapariciones.
Este desenlace, aunque positivo, no debe leerse como una victoria absoluta de uno u otro bando, sino como un ejercicio de pragmatismo político. Lemus, que se ha presentado como un gobernante abierto al diálogo, evitó escalar un conflicto que pudo haberle costado caro en términos de capital político.
Los Leones Negros, por su parte, reafirmaron su autonomía, pero aceptaron sentarse a la mesa, conscientes de que la seguridad de sus estudiantes es un tema que no pueden ignorar.
Poder, autonomía y la sombra de Alfaro
Este episodio deja varias lecciones. Primero, la propuesta de Lemus, aunque bienintencionada en su objetivo de proteger a los estudiantes, fue políticamente desacertada. Pretender involucrar el presupuesto universitario sin una negociación previa, subestima la historia de la UdeG como un actor político que ha enfrentado y sobrevivido a múltiples gobernadores.
Desde los tiempos de Raúl Padilla, la universidad ha sabido posicionarse como un contrapeso que no se doblega fácilmente. Lemus, aun en los primeros meses de su gestión, debe aprender que en Jalisco no se puede gobernar sin considerar a la máxima casa de estudios de Jalisco como un interlocutor clave.
Segundo, el desplegado de la UdeG no solo defendió su autonomía, sino que expuso una verdad incómoda: el Estado ha fallado en garantizar la seguridad pública, un problema que no puede transferirse a otras instituciones. La universidad, al destacar sus propias inversiones en seguridad, puso en evidencia las carencias del gobierno estatal, obligando a Lemus a recalibrar su discurso y pasar de la confrontación al diálogo.
Tercero, este choque refleja la sombra de Enrique Alfaro, cuyo enfrentamiento con la universidad por el recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales marcó un precedente de tensión. Lemus, aunque ha prometido una relación respetuosa con la universidad, parece haber tropezado con un eco de ese conflicto. La pregunta es si este episodio será un aprendizaje para construir una relación más sólida o si, como en el pasado, las tensiones resurgen ante nuevas pugnas presupuestales o políticas.
¿Y ahora qué?
El diálogo alcanzado es un paso adelante, pero no garantiza una relación sin fricciones. La Universidad de Guadalajara, con su capacidad de movilización y su influencia en la opinión pública, seguirá siendo un actor vigilante. Lemus, por su parte, deberá demostrar que su discurso de “puertas abiertas” no es solo retórica.
La seguridad en Jalisco, especialmente en el contexto de las desapariciones, requiere una coordinación efectiva entre el gobierno estatal, el federal y la sociedad civil, incluyendo a la universidad. Sin embargo, esta coordinación debe respetar los roles institucionales y evitar cualquier percepción de intromisión en la autonomía universitaria.
En el ajedrez político de Jalisco, este episodio es una jugada que no termina en jaque mate, sino en un movimiento que reconfigura el tablero. Lemus ha mostrado voluntad de rectificar, pero la UdeG ha dejado claro que no cederá en su defensa de la autonomía. Mientras tanto, los estudiantes, el verdadero centro de esta discusión, esperan resultados concretos: entornos más seguros y una universidad que siga siendo un faro de conocimiento y resistencia. Jalisco, como siempre, observa expectante.
JALISCO
Tlajo Cuida el Agua: Gerardo Quirino impulsa plan histórico para garantizar el vital líquido

Por Redacción Conciencia Pública //
El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presentó “Tlajo Cuida el Agua”, un ambicioso plan integral para garantizar el suministro, la calidad, el uso eficiente y el saneamiento del agua en el municipio. Con una visión metropolitana y de largo plazo, este programa busca abordar una de las problemáticas más urgentes de Tlajomulco, un municipio clave de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que enfrenta retos históricos por el crecimiento poblacional y la escasez hídrica.
El plan, respaldado por una inversión histórica de 1,123 millones de pesos en colaboración con el gobierno estatal de Pablo Lemus, promete soluciones concretas para llevar agua a todos los hogares del municipio. “Agradezco al gobernador Lemus por su apoyo decidido. Esta inversión transformará cada peso en soluciones reales para que el agua llegue con calidad y cantidad a las familias de Tlajomulco”, afirmó Quirino, destacando la importancia de la coordinación con el estado para enfrentar este desafío.
“Tlajo Cuida el Agua” se basa en seis ejes estratégicos que abarcan desde el fortalecimiento del abasto hasta el reúso del agua, integrando infraestructura moderna y políticas sostenibles. René Caro Gómez, Coordinador General de Gestión del Territorio y Obras Públicas, subrayó que la corresponsabilidad ciudadana es un pilar fundamental del programa.
“No es solo un tema de la autoridad. Necesitamos que las familias adopten hábitos de consumo responsables para garantizar que las próximas generaciones tengan acceso a agua suficiente y de calidad”, explicó Caro, enfatizando la necesidad de cambiar patrones de uso para lograr sostenibilidad hídrica.
Con esta iniciativa, el municipio de Tlajomulco busca posicionarse como un referente en la gestión del agua en México, combinando inversión, tecnología y participación ciudadana. El compromiso de Quirino no solo responde a una demanda urgente, sino que también proyecta un futuro donde el acceso al agua sea una realidad para todos los habitantes del municipio.
“Tlajo Cuida el Agua” basa su estructura en los siguientes seis ejes estratégicos:
1. Abasto
El primer paso es asegurar el suministro desde pozos, plantas y acuíferos.
Acciones:
• Perforación y equipamiento de pozos
• Construcción y ampliación de plantas potabilizadoras
• Rehabilitación de redes de agua potable
• Construcción de líneas de agua y tanques elevados
2. Potabilizar
El compromiso no es solo tener agua, sino que sea limpia y segura.
Acciones:
• Operación y mantenimiento de plantas potabilizadoras
• Sistema de monitoreo de seguridad en plantas
• Rehabilitación de pozos y redes
3. Distribución
El agua debe llegar a cada colonia. Distribuir es construir, conectar y mejorar.
Acciones:
• Ampliación de líneas de abastecimiento
• Construcción de tanques y bases para cisternas
• Interconexión de sistemas hidráulicos
4. Uso responsable
Cuidar el agua es tarea de todos: gobierno y ciudadanía.
Acciones:
• Eficiencia energética en infraestructura
• Modernización de instalaciones eléctricas
• Campañas de corresponsabilidad ciudadana
5. Saneamiento
Tratar el agua usada es clave para proteger ríos y ecosistemas.
Acciones:
• Rehabilitación de Plantas de Tratamiento
• Sistemas de monitoreo y control de saneamiento
6. Reúso
Aprovechar cada gota es vital. No se desperdicia ni una sola.
Acción principal:
• Implementación del programa Pipas Moradas, que reutiliza agua tratada para riego y servicios de Protección Civil y Bomberos.
En la presentación del programa “Tlajo Cuida el Agua”, estuvieron representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) y del SIAPA, así como de organismos empresariales y técnicos como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), de la Cámara Empresarial de la Industria de la Vivienda Jalisco (CANADEVI), la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco (CICEJ) y del Colegio de Urbanistas del Estado de Jalisco (CUAJAC), además de los diputados locales Adriana Medina y Luis Octavio Vidrio, representantes vecinales, así como ciudadanas y ciudadanos.
EL DATO:
Montos de inversión para cada eje del Plan Integral del Agua
1. Abasto: 490 MDP
2. Potabilización: 340 MDP
3. Distribución: 48 MDP
4. Uso responsable: 75 MDP
5. Saneamiento: 163 MDP
6. Reúso: 7 MDP
Total: 1,123 millones de pesos (MDP)
JALISCO
El desafío de construir la paz en Jalisco: La violencia desborda los cinco primeros meses del gobierno de Lemus

Por Redacción Conciencia Pública //
Los primeros cinco meses de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco han sido dominados por la crisis de seguridad que provoca el accionar de la criminalidad, como secuela del gobierno de Enrique Alfaro que quedó desdibujado ante los miles de desaparecidos que se acumularon durante todo el sexenio.
El 6 de diciembre de 2024, Jesús Pablo Lemus Navarro rindió protesta como gobernador constitucional de Jalisco para el periodo 2024-2030, en una ceremonia solemne en el Congreso del Estado.
En su primer discurso como mandatario, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Lemus delineó una agenda centrada en abordar la crisis de seguridad en el estado, con un énfasis particular en el combate a las desapariciones forzadas, un problema que ha marcado profundamente a Jalisco en los últimos años.
Su mensaje, cargado de compromiso y pragmatismo, buscó tender puentes con la ciudadanía, los colectivos de víctimas y el gobierno federal, mientras prometía un enfoque colaborativo para recuperar la paz en la entidad.
ESCALADA DE VIOLENCIA
Desde que Pablo Lemus Navarro asumió la gubernatura de Jalisco el 6 de diciembre de 2024, su administración ha enfrentado una escalada de violencia que ha puesto a prueba su capacidad para cumplir con su promesa de priorizar la seguridad y la búsqueda de personas desaparecidas.
Los eventos en Teocaltiche y Teuchitlán, junto con los asesinatos de alto impacto como el del exdiputado Luis Armando Córdova y la influencer Valeria Márquez, han generado críticas sobre la efectividad de sus estrategias y han evidenciado la persistente influencia del crimen organizado.
CONTEXTO DE LA CRISIS DE SEGURIDAD EN JALISCO
Jalisco lleva años siendo uno de los epicentros de la violencia en México, principalmente debido a la presencia del crimen organizado y la disputa por el control de territorios en las regiones con más de 15 mil personas desaparecidas registradas hasta mayo de 2025, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el estado lidera las estadísticas nacionales en este rubro.
Además, delitos como homicidios dolosos, extorsión y enfrentamientos entre grupos criminales han generado un clima de inseguridad que afecta tanto a la población como a las autoridades locales.
Bajo la administración de Enrique Alfaro (2018-2024), también de Movimiento Ciudadano (MC), se implementaron medidas como el fortalecimiento de la Policía Estatal y la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, pero los resultados fueron insuficientes para frenar la violencia, dejando a Lemus un desafío monumental al inicio de su mandato.
CRISIS EN TEOCALTICHE: ASESINATOS Y CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Teocaltiche, en la región Altos Norte de Jalisco, ha sido escenario de una ola de violencia atribuida a la disputa entre organizaciones criminales. Entre los incidentes más graves destacan:
Desaparición de policías: El 18 de febrero de 2025, ocho policías municipales y un civil (su chofer) desaparecieron mientras viajaban a Guadalajara para un control de confianza. Días después, los restos desmembrados de cuatro de ellos fueron hallados en la carretera Teocaltiche-Jalostotitlán. El gobernador Lemus reveló que el Centro de Mando y Control (C2) local operaba para el crimen organizado, y uno de los policías desaparecidos, el controlador del C2, estaba vinculado a grupos delictivos.
Asesinato de Juan Pablo Diego Alonzo Estrada: El 30 de marzo de 2025, el activista y portavoz del Frente Teocaltiche por Nuestra Gente fue asesinado en su domicilio. Aunque Lemus descartó un móvil político y lo vinculó a presuntos antecedentes por robo de hidrocarburos, la comunidad y los colectivos acusaron al gobierno de estigmatizar a las víctimas para desviar la atención.
Asesinato de José Luis Pereida Robles: El 28 de abril de 2025, el secretario general del ayuntamiento y líder del PRI en Teocaltiche fue baleado al salir de un restaurante.
Asesinato de Cecilia Ruvalcaba: El 8 de mayo de 2025, la regidora de MC y jefa de enfermeras del hospital comunitario fue asesinada en un ataque directo dentro del nosocomio, elevando la percepción de ingobernabilidad en el municipio.
Otros hechos: El 6 de abril de 2025, cuatro personas fueron asesinadas en el Libramiento Sur de Teocaltiche, y una adolescente de 15-16 años fue ejecutada frente al CBTis 247, un caso que el gobierno clasificó como feminicidio, pero que generó críticas por minimizar su relación con la violencia generalizada.
La situación llevó a la intervención de la Policía Municipal por parte del gobierno estatal, que asumió el control de la seguridad local desde febrero de 2025, acusando a la corporación de estar infiltrada por el crimen organizado. Los residentes, desesperados, han amenazado con formar autodefensas, denunciando el abandono de las autoridades estatales y federales.
TEUCHITLÁN: EL “RANCHO DEL HORROR”
En marzo de 2025, el descubrimiento de un presunto campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado en el Rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, Teuchitlán, suceso que conmocionó al país.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuestionó que las autoridades estatales y municipales desconocieran las actividades del rancho, sugiriendo posibles vínculos con el crimen organizado.
La intervención federal en el caso, ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum, reflejó la desconfianza hacia las capacidades del gobierno de Jalisco para manejar la situación.
ASESINATOS DE ALTO PERFIL EN ZAPOPAN
Las últimas dos semanas han estado cargadas de asesinatos violentos en Jalisco y que han dominado la agenda pública: Teocaltiche ha sido el foco de atención por los asesinatos allí cometidos por la criminalidad y sus víctimas han sido funcionarios municipales.
La Zona Metropolitana de Guadalajara no se escapa a dicha violencia, como los dos crímenes registrados en Zapopan a plena luz del dia y el mismo día.
Valeria Márquez: El 13 de mayo de 2025, la influencer de 23 años fue asesinada durante una transmisión en vivo en TikTok en un salón de belleza en Zapopan. La Fiscalía de Jalisco investiga el caso como posible feminicidio, en un contexto de violencia de género y control territorial por el CJNG.
Luis Armando Córdova Díaz: Horas antes del asesinato de Márquez, el exdiputado del PRI fue baleado en un café en Zapopan, un hecho que subraya la vulnerabilidad de figuras públicas ante la violencia en áreas metropolitanas.
Estos casos, ocurridos en una de las zonas más urbanizadas de Jalisco, evidencian que la violencia no se limita a regiones rurales como Teocaltiche o Teuchitlán, sino que permea incluso en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), desafiando la narrativa de control territorial del gobierno estatal.
RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LEMUS: INTERVENCIÓN CON ACCIONES DE GOBIERNO EN TEOCALTICHE Y TEUCHITLÁN
Lemus ha intentado abordar la crisis con medidas concretas, aunque las críticas persisten por la falta de resultados inmediatos:
Estrategia de seguridad en Teocaltiche: Tras los asesinatos de Pereida y Ruvalcaba, Lemus anunció el 12 de mayo de 2025 un plan de atención integral para Teocaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz, con una inversión superior a mil millones de pesos. Este incluye intervenciones en carreteras, escuelas, hospitales y programas sociales, además de un aumento de efectivos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. También designó a Hermes Daniel Rodríguez Ortiz como nuevo encargado de seguridad en Teocaltiche, prometiendo una corporación depurada con elementos que hayan pasado controles de confianza.
Colaboración con el gobierno federal: Lemus ha enfatizado la coordinación con la Federación, asistiendo a reuniones con el Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum, como la del 18 de marzo en Palacio Nacional, donde acordó que la Fiscalía de Jalisco y la FGR investiguen conjuntamente el caso de Teuchitlán. Sin embargo, su salida por una puerta trasera para evitar a la prensa generó críticas por falta de transparencia.
Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas: Aunque creada como una medida emblemática para atender las desapariciones, ha sido cuestionada por colectivos como el de Ceci Flores, quienes denuncian la falta de avances y la cancelación de búsquedas.
Fortalecimiento policial: Lemus ha prometido modernizar la Policía Estatal y mejorar la coordinación con municipios, pero la intervención de corporaciones locales, como la de Teocaltiche, evidencia la desconfianza en las policías municipales, muchas de las cuales han sido infiltradas por el crimen organizado.
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