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– Por Mario Ávila

Este domingo 31 de agosto llega a su fin una era de tres décadas en las que se implementó un modelo de justicia, nacido con la llegada a la presidencia de México, de Ernesto Zedillo y el lunes 1 de septiembre México amanecerá con un nuevo modelo de justicia, nacido a iniciativa del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y hecho realidad en el primer año del sexenio de la primera presidenta en la historia del país, Claudia Sheinbaum Pardo.

En un análisis somero, el doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, Javier Hurtado González, habló no sólo del Poder Judicial, sino específicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que dijo: “Se despide una Corte que preferentemente se dedicó a cuidar los intereses del capital, pero no podemos esperar que lleguemos a caer en el otro extremo y que se instale una Corte de tipo populista”.

Yo pienso -dijo-, que lo que deben hacer los nuevos ministros, es la recta aplicación del derecho, más allá de consideraciones de carácter social, étnico o político; tiene que ser una Corte imparcial, objetiva y apegada fielmente al derecho.

Hurtado González, politólogo y ex presidente del Colegio de Jalisco, aceptó la entrevista para los lectores del semanario Conciencia Pública y de entrada dijo: “En principio, hay que darles el beneficio de la duda y a través de sus sentencias, sus actos y sus decisiones, es como vamos a poder valorar, si realmente estos nuevos impartidores de Justicia que entran en funciones el día primero, van a estar a la altura de las circunstancias.

“Yo pienso que el Poder Judicial, sobre todo los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van a tener que contrarrestar el problema de su legitimidad de origen, yo no estoy diciendo que hayan sido producto de una imposición, sino que todos sabemos lo que pasó en el proceso de su elección, los famosos acordeones, eso es una mancha muy importante que van a tener y con la que van a cargar; no sé durante cuánto tiempo se puedan despojar de ella, pero la única manera de poder hacerlo, será a través de sus sentencias”, planteó el académico e investigador de la Universidad de Guadalajara.

Este modelo de justicia que imperó durante 30 años -sentenció-, yo pienso que fue en un ensayo, que finalmente no derivó en lo que se tenía pensado que pudiera ser; me refiero sobre todo al problema de la Carrera Judicial, más bien fue digamos un principio a alcanzar, pero no la realidad.

Yo no niego tampoco -expuso-, que no haya habido casos en los que se respetó la Carrera Judicial, para decidir un ascenso o el ingreso de impartidores de Justicia; pero hubo muchos otros casos y reconocidos por ellos mismos, en los que se admitió, reconocidos por ellos mismos que el nepotismo estaba presente en el 50% del personal, según lo dijo la propia ministra presidenta, Norma Piña.

“Yo pienso que así es como se despide una Corte, que se dedicó mucho a cuidar los intereses del capital, en el entendido de que la mayor parte de la sentencias y de los casos que llegan a la Corte, son de carácter económico y fiscal y eso siempre lo resolvieron, o les daban largas y largas, como al caso de Salinas Pliego, que es paradigmático, para prolongar y mientras tanto ‘jinetear’ el dinero y les daban una parte de las mochadas de los intereses a los propios ministros que hacían eso, que escondían los expedientes en los cajones del escritorio”, recordó el entrevistado.

Sin embargo, Hurtado González también planteó que, con la llegada de los nuevos integrantes de la SCJN, no se debería caer en el otro extremo, “o sea, una Suprema Corte digamos de tipo populista, si la otra era elitista y favorecía a los grandes capitales como quedó demostrado, esta no debe caer en el otro extremo, su obligación es tomar decisiones bien sustentadas únicamente en el Derecho”.

LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES

Al hacer un primer análisis de los retos que tendrá enfrente la nueva SCJN, el fundador de la carrera de Ciencias Políticas en la UdeG, Javier Hurtado, dijo ver un primer gran reto en el hecho de que si ésta Suprema Corte va a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente con la sentencia emitida a fines del año 2023 sobre la prisión preventiva, “en donde se le ordenó al Estado Mexicano, adoptar una serie de medidas, entre otras dejar de aplicar esa medida atentatoria al principio de presunción de inocencia y también se le ordenó reformar su Constitución para adaptarla a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

Censuró el abogado constitucionalista y también licenciado en sociología, cómo es que en México se tiene la prisión preventiva si hay de por medio una sentencia que la Corte Interamericana “y se sigue aplicando ese ‘engendro del demonio’, se sigue haciendo e incluso le siguen poniendo más delitos; es decir, en vez de marchar en el sentido que dijo la Corte Interamericana, no, le agregaron otros delitos en el artículo 19 a la prisión preventiva”.

Vaticinó que ese será uno de los temas fundamentales que tiene que atender el próximo Poder Judicial y se preguntó si la SCJN va a acatar esa sentencia y dejará de aplicar la prisión preventiva, concretamente cuestionó qué es lo que le habrán de decir o qué le van a ordenar a los impartidores de justicia.

Aseguró que hay uno que otro juez que no ha aplicado la prisión preventiva ni el arraigo, porque son muy valientes, “pero creo que no llegan al 5% de los jueces quienes por sus pantalones no la aplican, acatando la decisión de la Corte Interamericana, pero los demás no lo hacen porque la Corte ha defendido la prisión preventiva.

“Y ahí va a estar en un predicamento esta SCJN, va a estar a dos fuegos, por un lado, la presión del gobierno y el partido que los favoreció en la elección, que son favorables a la presión preventiva e incluso de agregarle más delitos y por otro lado, la Corte Interamericana que les dice, deja de aplicar eso y reforma tu Constitución para adaptarla a los estándares internacionales”, recalcó el jurista.

Refirió también que el arraigo, además de la presión preventiva, es una cosa totalmente fuera de cualquier consideración, en un país en el cual ya haya una plena observancia de los derechos humanos y se preguntó: “¿Cómo es posible que tú tengas presa a una persona para investigarla, hasta por 84 días?”

“No puede ser eso -abundó-, es decir, te aprenden para investigarte, no investigan para aprenderte. Y a la vez tenemos otro tema y otro reto muy importante, que es la extinción de dominio, que también es contrario a los derechos humanos, pero el estado mexicano se hace omiso con relación a esto y la Corte, pues no toma las medidas necesarias para revertir esa situación a través de sentencias y de jurisprudencia. Por ejemplo, yo tengo una casa y al que se la rento, se dedica a delinquir y lo aprenden, y a mí me quitan la casa, cuando yo qué culpa tengo y aparte sin un juicio, es decir solo te la confiscan.

EL TRABAJO SERÁ EXCESIVO, SIN SALAS Y CON DOS MINISTROS MENOS

Otra situación a la que se refirió el maestro Javier Hurtado, es el trabajo excesivo que augura, tendrá la Suprema Corte de Justicia de la nación, toda vez que con la reforma, desaparecieron las Salas y redujeron el número de ministros.

Son dos cosas en contra -planteó-, cómo le van a hacer para resolver en el Pleno, el número cada vez más creciente de casos que llegan a la Suprema Corte; antes las salas permitían que se desahogara esa carga de trabajo, pero ahora quitan las Salas y aparte eliminan dos ministros, entonces la verdad, van a tener que ser magos o no sé cómo le van a hacer, es increíble, no hay forma de entender cómo le van a hacer.

EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Y EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Uno de los aspectos importantes que dejó la Reforma Judicial, es la creación de un nuevo ente llamado el Tribunal de Disciplina Judicial, se trata de un organismo inédito, sin paralelo en otros países, que transformará por completo el sistema de administración de justicia.

Este Tribunal sustituirá al actual Consejo de la Judicatura Federal y será un órgano con independencia técnica y de gestión, para emitir sus resoluciones. Su función principal será garantizar que jueces y magistrados actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley. Tendrá la responsabilidad de investigar y sancionar faltas graves en el ejercicio de la justicia.

Sobre esta creación, el doctor Javier Hurtado admitió que efectivamente, él nunca tuvo conocimiento de que el Consejo de la Judicatura sancionara a un juez o un magistrado, por lo que planteó su esperanza de que este nuevo tribunal cumpla bien con su misión, con su función y que sancione a los impartidores de Justicia que se aparten del Estado de Derecho o que incluso vendan la justicia.

Sin embargo, planteó a la vez que hay el riesgo de que queriendo cambiar totalmente la impartición de justicia, termine convirtiéndose ese Tribunal de Disciplina Judicial, en un ‘Tribunal de la santa inquisición’ y que corten cabezas por parejo; yo veo también que ese es otro gran problema, otro gran riesgo. Pero consideró que igual que a los ministros, habrá que darles el beneficio de la duda.

Hurtado González también habló del Órgano de Administración Judicial, el nuevo organismo que tendrá a su cargo la administración de los recursos financieros y humanos del Poder Judicial, así como dará seguimiento a la Carrera Judicial.

Este órgano estará integrado por cinco miembros: tres consejeros designados por el Pleno de la Suprema Corte, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de distrito; un consejero designado por el Senado, y uno por la presidenta de la República.

Y esa conformación es justamente la que llama la atención al doctor Javier Hurtado y sobre el que dijo: “Me parece quedó mal integrado, porque tanto ruido para tan pocas nueces, es lo mismo, la única diferencia con lo que existía (Consejo de la Judicatura), es que ya no lo preside la presidenta de la SCJN, pero ahí, en ese órgano de cinco miembros, el Poder Judicial tiene tres representantes, lo que significa que siguen siendo juez y parte, porque los otros dos, es un representante del Ejecutivo y otro del Senado; entonces quedamos igual, y ahí también el problema es que sigan tomando decisiones incestuosas para encubrir un mal manejo de los recursos que tienen a su cargo”, expuso.

¿UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

O UN TRIBUNAL DE CASACIÓN?

Una más de las inquietudes que un abogado constitucionalista como Javier Hurtado plantea, tiene que ver con dejar en claro cuál es la función, la figura y las facultades de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y explica: “En 1994 cuando Zedillo hizo la reforma al Poder Judicial y se establecieron en el artículo 105 constitucional, en esa reforma del 31 de diciembre de 1994 se habló de las acciones de inconstitucionalidad, de las controversias constitucionales; entonces dijeron que la Suprema Corte era un Tribunal Constitucional y siempre se llamaron así.

“Y el 5 de noviembre del año pasado, si no me falla la memoria, se cayó eso de que era Tribunal Constitucional con el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, que dijo: ‘Nosotros no tenemos facultades para controlar las reformas constitucionales’, entonces no es tribunal constitucional, por más que digan lo que digan, es Tribunal de Constitucionalidad, es un Tribunal de Casación, es un Tribunal de Tercera Instancia”.

Recordar que un Tribunal de Casación, es un órgano judicial superior, cuya función es conocer y resolver el recurso de casación, un medio extraordinario para revisar sentencias de tribunales inferiores, por infracción o quebrantamiento de la ley. A diferencia de un tribunal de apelación, el tribunal de casación no reexamina los hechos del caso, sino que se enfoca en la correcta aplicación del Derecho y la unificación de la jurisprudencia para garantizar la seguridad jurídica.

LA SCJN, OBLIGADA A ANTEPONER

EL INTERÉS NACIONAL: ANDRÉS VALDEZ

Andrés Valdez Zepeda, doctor en estudios latinoamericanos con especialidad en Ciencias Políticas por la Universidad de Nuevo México

“Hay mucha esperanza entre amplios sectores de la población, de que, con el nuevo modelo del Poder Judicial en México, las cosas cambien para bien, que haya justicia más expedita y, sobre todo, se reduzca o elimine la corrupción y el nepotismo. Lo que la gente no quiere es que haya más de lo mismo, lo que se requiere ahora es que el Poder Judicial ejerza sus labores profesionalmente y cumpla con sus funciones constitucionales. La nueva Suprema Corte de Justicia de la nación, debe trabajar en equipo, anteponer el interés nacional por encima de intereses particulares, eficientar y modernizar su estructura y dar señales claras de que hubo en cambio verdadero”.

– Por Francisco Junco

En Jalisco se vive una paradoja que raya en lo absurdo, el auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, se niega a ser auditado. El funcionario que debería garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, cierra las puertas a quien tiene la tarea de revisarlo desde adentro.

Lo que podría parecer un pleito de egos o un desencuentro burocrático es, en realidad, una afrenta al sistema democrático. Se trata de un auditor que desconoce al órgano interno de control nombrado por el Congreso, en un acto de rebeldía institucional que revela mucho más de lo que aparenta.

Desde el 10 de julio, cuando David Rubén Ocampo Uribe asumió la titularidad de la Unidad de Vigilancia del Congreso, se convirtió en el contralor interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). Su papel es claro, revisar el funcionamiento administrativo, financiero y laboral del organismo que vigila el gasto público.

Pero a más de un mes de haber asumido el cargo, Ocampo no ha podido tener ni siquiera una reunión con Ortiz Ramírez. Las solicitudes formales se acumulan, los oficios se contestan con evasivas y la interlocución se reduce a la Secretaría Técnica, como si el titular del organismo no existiera.

“Lo primero que solicité fueron los expedientes laborales, la sábana de nómina, los contratos. Quería saber si todo estaba en regla. La respuesta fue negativa. Después pedí una reunión de trabajo pública, con agenda común. Tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo en entrevista con Conciencia Pública.

El auditor no sólo evade, sino que además bloquea. Cuando el contralor intentó comunicarse directamente, el asistente le confesó que tenían prohibido pasarle llamadas. “Le dije que necesitaba hablar con el auditor. Me contestó que sólo podía comunicarme con el secretario técnico. Yo no quiero hablar con su secretario, necesito hablar con él. Somos titulares de áreas que deben coordinarse”, reclamó David Ocampo.

El 19 de agosto fue la fecha límite que el contralor fijó para un encuentro institucional. Citó al auditor en sus oficinas o, en su defecto, en la propia ASEJ. La silla quedó vacía. Ortiz Ramírez no apareció.

Para el diputado de Morena, Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, el asunto es mucho más grave de lo que parece. “Este señor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante casi ocho años hizo y deshizo en la Auditoría porque no había contralor. Hoy que lo hay, se niega a recibirlo. Eso es un desafío al Congreso y a la sociedad”, afirmó para Conciencia Pública.

El diputado local morenista subrayó que el nombramiento de David Ocampo tuvo un respaldo contundente, 29 de 32 diputados presentes votaron a favor. “Con ese aval, no hay duda de su legitimidad. Lo que pasa es que al auditor le incomoda porque sabe que vamos a abrir la Caja de Pandora”, señaló.

El argumento del auditor para no colaborar resulta, cuanto menos, cuestionable. Según Ortiz Ramírez, el contralor sólo podría solicitarle información con un acuerdo previo de la Comisión de Vigilancia. Una interpretación que, para David Ocampo, es absurda, ya que él, como auditor no necesita un acuerdo y aseguró que “la Constitución me otorga facultades como órgano interno de control. El auditor lo sabe, pero se escuda en tecnicismos para evadir la revisión”.

Esta resistencia no sólo retrata soberbia. También enciende las alarmas, y de acuerdo con David Ocampo, las preguntas son evidentes, ¿qué teme mostrar el auditor? ¿Qué hay en los archivos que no quiere que salgan a la luz? Nadie que actúe con limpieza debería oponerse a ser supervisado.

Y no es una sospecha al aire. Dentro de la ASEJ circulan denuncias internas que pintan un panorama de corrupción. Trabajadores señalan la existencia de aviadores, nóminas infladas, cobro de comisiones ilegales y hasta incapacidades falsas pagadas con recursos públicos.

Una funcionaria de la Dirección Jurídica, identificada como Sandra Verónica Márquez González, quien aunque firmaba como Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la ASEJ, su nombramiento era de supervisor C numerario, es señalada como operadora de esas prácticas. Testimonios internos aseguran que mantiene en nómina a personal inexistente, además de cobrar “moches” a trabajadores que ganaron laudos laborales, condicionando el pago de lo que por derecho les corresponde.

Los señalamientos no terminan ahí. También se le atribuye tolerancia hacia incapacidades falsas expedidas por el IMSS, con las que algunos empleados justificaban ausencias mientras seguían recibiendo sueldo completo. Todo, dicen, con el aval implícito del auditor.

El problema se agrava cuando se revisa el historial de esa funcionaria. Su paso por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ya había dejado huella: se le vinculó a un grupo conocido como “El Clan Trevi”, acusado de cobrar comisiones por laudos. Más tarde, en la Fiscalía, los trabajadores denunciaron que pedía aportaciones de su sueldo para mantener sus plazas.

Mientras tanto, el malestar crece entre empleados que observan cómo la institución que debería ser ejemplo de legalidad arrastra prácticas clientelares y corruptas. “Es una burla que el organismo encargado de vigilar la transparencia se hunda en lo mismo que debería sancionar”, comentó David Ocampo.

En este escenario, el silencio de otros actores resulta ensordecedor. Ni el Congreso en pleno ni la Fiscalía Anticorrupción han tomado cartas firmes en el asunto. La pasividad alimenta la percepción de complicidad o, en el mejor de los casos, de indiferencia.

“El auditor piensa que tiene el sartén por el mango porque entró con acuerdos políticos. Pero se le salió de las manos. Ahora la sociedad presiona y nosotros no vamos a callarnos”, advirtió el diputado guinda.

Para el legislador, Ortiz Ramírez busca prolongar su estancia y hasta se habla de reelección. “No lo vamos a permitir. Un gobernador dura seis años y se va. Este señor ya lleva ocho y pretende quedarse otros ocho más. Es inadmisible”, sentenció.

La pregunta que ronda entre diputados y ciudadanos es la misma ¿cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el auditor no acepta ser vigilado? El sistema de pesos y contrapesos pierde sentido cuando el propio fiscalizador se coloca por encima de la ley.

“La opacidad reina en la Auditoría”, resume David Ocampo. “Y si el auditor desconoce la ley, estamos en un problema muy grave. Porque entonces, ¿cómo están haciendo las fiscalizaciones en el resto del Estado?”.

La paradoja es grotesca, la oficina que vigila a todos los entes públicos se resiste a ser vigilada. El organismo que exige cuentas se niega a dar cuentas, coinciden David Ocampo y Alberto Alfaro.