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REPORTAJES

Jalisco tendrá nuevo Constituyente: Con la popularidad a la baja Alfaro muestra músculo político

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Por Mario Ávila //

Pese a la caída drástica en la popularidad de Enrique Alfaro, en el Congreso del Estado el gobernador muestra que su poderío está intacto, arrasa en la votación para crear el nuevo Constituyente y se abre la puerta para que se cristalice su máximo proyecto, la nueva Constitución y con ello la Refundación del Estado.

En lo que podría ser no la determinación más importante de a LXII Legislatura, sino la más importante de la historia moderna de Jalisco, el Congreso del Estado aprueba la reforma (adición) al artículo 117 bis para crear un nuevo Constituyente y con ello se abre de par en par, la puerta para la creación de una nueva Constitución para Jalisco.

La determinación se aprueba con el 81% de los votos de los diputados integrantes de la actual legislatura local, es decir rebasó con mucho el límite para aprobar una reforma constitucional, para la que se requería al menos el voto de dos terceras partes de los diputados, se necesitaba que 26 de los 38 dieran su voto a favor, pero finalmente fueron 31 legisladores los que avalaron la propuesta, uno se abstuvo y solo 6 votaron en contra.

Para consumar esta importante determinación y avalar la iniciativa del Ejecutivo que tiene como fin crear una nueva Constitución que significaría a la vez el cumplimiento del principal proyecto del gobierno alfarista, que ofreció lograr una Refundación del Estado, Movimiento Ciudadano tuvo que hacer valer la alianza electoral que previo a la contienda del 1 de julio del 2018 hizo con el PRD y el PAN, sin embargo también se sumaron a la polémica iniciativa, legisladores de Morena y el PT.

En contra solo se manifestaron los tres diputados de la fracción parlamentaria del PRI, Mariana Fernández Ramírez, Sofía Berenice García Mosqueda y José de Jesús Zúñiga Mendoza; dos del Partido Acción Nacional, los diputados alteños Jorge Eduardo González Arana y José de Jesús Hurtado Torres y uno de Morena, Bruno Blancas Mercado; mientras que otro más de Morena, Arturo Lemus Herrera, optó por abstenerse.

Entre las voces que se escucharon con energía en contra de la propuesta, destacó la del panista Jesús Hurtado, quien acusó a los legisladores que “se arrodillan ante las exigencias del titular del poder Ejecutivo”, dejó en claro que se trata de un asunto de dignidad.

El también panista Jorge Eduardo González Arana, lamentó que este sea el resultado de una coalición sin fondo, “una colación electoral que era solo ganar por ganar y estas son parte de las consecuencias que estamos viendo y aún faltan”.

En tanto que la coordinadora de la fracción del PRI, Mariana Fernández, aseguró que lo que la gente quiere, antes que una nueva Constitución, es un cambio de fondo, “una buena alimentación, acceso a la salud, educación de calidad, inclusión, oportunidades verdaderas, empleo mejor pagado, pero sobre todo la gente pide a gritos seguridad y en eso les están fallando”.

De acuerdo a la iniciativa aprobada, que para cobrar vigencia solo falta que sea avalada por la mitad más uno de los 125 cabildos municipales, se lanzará la convocatoria para la elección de un Congreso Constituyente que será integrado por 138 personas, entre ellos 10 representantes de cada uno de los tres poderes del Estado, 4 elegidos en cada uno de los 20 distritos electorales en la entidad, 20 por la vía de la representación proporcional, 4 de las comunidades indígenas y 4 de la comunidad migrante.

Vale la pena mencionar que esta iniciativa se aprueba en un momento en el que la popularidad del gobernador Enrique Alfaro, entre la población, se encuentra en el nivel más bajo, ya que el 60% de los jaliscienses reprueba su gestión.

Esto lo dio a conocer el periódico El financiero, al revelar los datos de una consulta hecha por la empresa Campaigns & Electronics en conjunto con Varela y Asociados, empresa dedicada a la consultoría pública y estudios de opinión pública.

Alejandro Rodríguez director de Campaigns & Electronics, detalló que en desempeño, Alfaro Ramírez se ubica en el lugar 19 de 31 gobernadores, pero en popularidad se encuentra en el sitio 25 de 31. En materia de corrupción, el gobierno de Enrique Alfaro según dicen 8 de cada 10 encuestados, está igual o peor que el de su antecesor Jorge Artistóteles Sandoval.

VITAL, GENERAR UN NUEVO PACTO SOCIAL

Durante el debate previo al proceso de votación de la trascendental iniciativa, el diputado Héctor Pizano Ramos recordó las palabras con las que inició su campaña el hoy gobernador Enrique Alfaro, para darle relevancia a la determinación que estaba por tomarse: “Refundar significa identificar lo bien hecho y darle continuidad, pero implica también romper de tajo con lo que ya no sirve”.

Expuso que solo así, “podremos generar un nuevo pacto social que se cimente en instituciones sólidas, nutridas por la actuación de personas que respetan y hacen valer la ley, en lo individual y en lo colectivo”.

Dejó en claro que el proyecto de Refundación plantea cuatro pasos básicos: “Reconciliación, reorganización, repensar y renacer, que abarcan aspectos como la reconstrucción de los lazos de confianza, la reformulación de las instituciones públicas, una visión a futuro y la conformación de una sociedad jalisciense que provea a sus integrantes seguridad y prosperidad”.

Para que la Refundación sea verdadera innovación, implicará replantear: Las relaciones entre los poderes públicos de nuestro estado; entre el gobierno estatal con la Federación y con los municipios; la redimensión de las necesidades del Área Metropolitana de Guadalajara, y entre los gobiernos con la sociedad jalisciense.

Tener la oportunidad de convocar a un Constituyente, es una forma más próxima de ejercer nuestra soberanía y el derecho inalienable de generar transformaciones en el Estado, pero sin alterar el pacto federal republicano y democrático; es la forma más pacífica de propiciar una revolución de instituciones, sin alterar el orden público y edificando sobre certezas jurídicas y del Estado Social del Derecho.

Es la convocatoria a todo el pueblo de Jalisco, para definir con pluralismo y civilidad, aquello que nos define como jaliscienses, nos hermana como mexicanos y nos motiva a ser mejores seres humanos; la justicia social debe ser el eje de toda acción de los poderes públicos en el Estado, sin demagogias, ni populismos.

Este instrumento, nos permitirá fortalecer el diálogo y escuchar a todas las voces de los jaliscienses para ejercer activamente la participación de la sociedad como creadora de soluciones pacíficas y democráticas; su riqueza e innovación, radica en la convocatoria plural e inclusión de mujeres y hombres sin injerencias partidistas, contemplando la voz de nuestros pueblos originarios y de nuestros hermanos que no por estar ausentes del terruño, son ajenos a la vida del Estado”, dijo.

Y remató: “Concretar este instrumento, será la síntesis de voluntades en torno a mejorar la vida institucional de Jalisco, acompañada en todo momento, de la legitimidad que implica el escuchar las voces de la mayoría y no ser el resultado de arrebatos sectarios y cupulares; la Refundación no se concibe si no va de la mano de la sociedad. El reto es complejo, pero sintámonos orgullosos de poder transitar a la historia, con un aporte sustancial para el entendimiento político y social”.

EL DERECHO A DISENTIR

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales de la LXII Legislatura, diputada Claudia Murguía Torres, antes de plantear cuatro puntos por los que su voto sería a favor de la iniciativa del gobernador de MC, Enrique Alfaro, envió un mensaje a las dirigencias nacional y estatal del PAN, exigiendo su derecho a disentir. Ello en virtud de la existencia de una amenaza de sanción para los diputados del PAN que no votaran en contra del Constituyente.

Voy a ejercer libre mi derecho a disentir -dijo-, un derecho que José Saramago lamentaba que no estuviera inscrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy es un día complejo para quienes tomamos una decisión en dos semanas que han tornado un escenario complejo y difícil para su servidora. En los foros en los que he estado presente y en donde me invitan a compartir con jóvenes, siempre hago un llamado a llenar la política de dignidad, a dignificar la labor política”.

Hoy, en congruencia -abundó-, sin apasionamientos, sin ademanes, sin arrebatos, con objetividad clara y con plena conciencia de que el entorno social en el que nos encontramos en Jalisco y a nivel nacional nos exige acudir a esta tribuna con seriedad y a tomar mi voto en favor de la reforma al artículo 117 bis”.

Y enumeró cuatro argumentos con los que justificó el sentido de su voto:

1.- Porque el texto normativo que contiene el dictamen a aprobarse establece la posibilidad de que un proceso que contiene varios pasos y filtros se convoque, se abra a debate y en su caso se apruebe una nueva constitución para el estado de Jalisco. Esto implica primero desde la aprobación de una nueva ley reglamentaria, la aprobación con mayoría calificada las bases de la convocatoria, el establecimiento de un consejo técnico académico, la convocatoria a elecciones de los miembros del Constituyente y finalmente la aprobación del proyecto. Es decir, en todo este proceso se garantiza la participación activa de la sociedad y de los propios poderes constituidos.

2.- Porque el texto normativo que contiene el dictamen aprobado por la comisión que su servidora preside, garantiza que la última decisión a cerca de una eventual aprobación de una nueva Constitución, siempre estará a cargo del constituyente permanente ya constituido, es decir por las dos terceras partes de los integrantes del poder Legislativo así como más de la mitad de los ayuntamientos. Esto nos garantiza que la eventual aprobación de una nueva constitución reflejará de manera efectiva la voluntad política del pueblo de Jalisco representada en la distribución de fuerzas que emanen del proceso electoral ordinario previo.

3.- Porque el texto normativo que se pone a consideración impulsa la participación ciudadana, ya que la conformación del constituyente que realizará el proyecto de la nueva constitución, en su mayoría se conformará por representantes electos además de la representación de grupos prioritarios como son los indígenas, los migrantes y por supuesto garantizando la paridad de género.

4.- Estoy consciente que la pretensión de una nueva Constitución, es un proyecto que ha abanderado la actual administración encabezada por el gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, pero juzgar o tomar una decisión solamente con esa perspectiva, es limitar el compromiso que tenemos con Jalisco. Podrá el gobernador denominar como crea más conveniente el movimiento que encabezó en su campaña, aquí estamos hablando de la posibilidad de abrir a los ciudadanos a participar, a involucrarse, a incidir y a ser verdaderos agentes de cambio en la creación de un nuevo cuerpo legal.

 

Refundemos Jalisco con un nuevo pacto social: El Constituyente

Por Juan Raúl Gutierrez Zaragoza //

Estimados lectores como es de su amable conocimiento el pasado 11 de septiembre de 2019, el pleno del Congreso del Estado de Jalisco aprobó la iniciativa de reforma presentada por el gobernador Enrique Alfaro para adicionar el artículo 117 Bis en la Constitución con objeto de crear la figura del Congreso Constituyente, que es el primer paso para discutir la elaboración de una nueva Constitución Estatal. 

Esta aprobación ha levantado efervescencia en la clase política del estado de Jalisco, y claro, esta posibilidad de cambiar todo el texto constitucional marcará la vida jurídica de nuestro estado, por lo que estimo conveniente empezar a analizar una figura denominada “Constituyente”.

¿QUÉ SIGNIFICA CONSTITUYENTE?

La mayoría de autores serios coinciden en definir el origen de “constituyente” como un término derivado del latín, fruto de la unión de varios componentes de dicha lengua: el prefijo “con-“, que es equivalente a “junto” o “todo”; el verbo “statuare”, que es sinónimo de “establecer”; el sufijo “-ente”, que puede traducirse como “agente” o “el que realiza la acción”.

Por lo que “Constituyente es una palabra que, de acuerdo al contexto y a su uso, puede aparecer como adjetivo o como sustantivo. Se califica como constituyente a aquel o aquello que compone, fija o forma algo.

Así que sin más, un constituyente es una persona física en quien se ha depositado la responsabilidad de redactar y expedir una Constitución.

Bien, definido qué es constituyente y para el tema que nos ocupa es menester conocer ahora lo que significa el término “poder constituyente”, éste se conoce como aquel que tiene la facultad de dictar el orden jurídico de un territorio y de imponer sus normas fundamentales. Este poder, por lo tanto, es el que sustenta la creación de un Estado y el establecimiento de su organización política, así como también su posterior modificación.

En otras palabras, “poder constituyente” significa la voluntad originaria, soberana, suprema y directa que tiene un pueblo, para constituir un Estado dándole una personalidad al mismo y darse la organización jurídica y política que más le convenga, enseguida este poder será confiado a un Congreso Constituyente, que en el caso de Jalisco se materializa con la adición que se propone al artículo 117 bis a la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Por lo que considero que debemos estar atentos a la convocatoria correspondiente y a la normatividad reglamentaria que para el efecto emita el Congreso del Estado en torno a la elección, instauración, organización y funcionamiento del Congreso Constituyente.

Una buena noticia es que la discusión se hará mediante consultas de parlamento abierto en mesas públicas de consulta social y ciudadana.

Es importante para todos los sectores de la población que participemos de manera seria en este histórico ejercicio, todas las críticas que hacemos o escuchamos al sistema político de Jalisco debemos de vertirlas aquí y ahora, no solo en los cafés o en los chats, los invito a tomar con responsabilidad este democrático acontecimiento.

 

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CULTURA

Edición 812: Comunidad Indígena de Mezquitán, muy cerca que gobierno de Sheinbaum les haga justicia

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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:

El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/el-reclamo-de-la-comunidad-indigena-de-mezquitan-confian-en-sheinbaum-para-saldar-deuda-historica-de-21-anos/

El perfil electoral en la victoria de Claudia Sheinbaum: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/el-perfil-electoral-en-la-victoria-de-claudia-sheinbaum/

Suspenso en el Legislativo: Reforma Judicial en Jalisco, diálogo abierto pero sin consensos: https://concienciapublica.com.mx/reportaje/suspenso-en-el-legislativo-reforma-judicial-en-jalisco-dialogo-abierto-pero-sin-consensos/

Diputado Alberto Maldonado: Con exhorto a la SCIT se dio un paso hacia la justicia para la Comunidad Indígena de Mezquitán: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/diputado-alberto-maldonado-con-exhorto-a-la-scit-se-dio-un-paso-hacia-la-justicia-para-la-comunidad-indigena-de-mezquitan/

Reconocimiento de la Comunidad Indígena de Mezquitán a la Cámara de Diputados, por exhorto a la SICT: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/reconocimiento-de-la-comunidad-indigena-de-mezquitan-a-la-camara-de-diputados-por-exhorto-a-la-sict/

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JALISCO

El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años

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– Por Gabriel Ibarra Bourjac

Para la Comunidad Indígena de Mezquitán la luz al fondo del túnel parece vislumbrarse. La esperanza la cifran en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien la ven muy distinta a sus antecesores al frente del gobierno federal que trataron a la comunidad con apatía, indiferencia e irresponsabilidad.

Recientemente han tenido respuesta de parte de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) al buscar negociar para cubrir el incumplimiento de pago del adeudo contraído hace 21 años al ceder la comunidad 270 mil metros cuadrados de terreno para la construcción de la carretera Guadalajara-Saltillo.

En entrevista con Conciencia Pública, Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado Indígena, junto a Miguel Ángel Rivera, tesorero, y Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria General, exponen su frustración, esperanza y su exigencia de justicia, pero esperan que la situación cambie.

“Ha sido una lucha difícil y agotadora”, expresa Saúl Rodríguez Barajas, líder de la comunidad. Miguel Ángel Rivera, tesorero, con la tristeza reflejada en el rostro, recuerda que en lo que va de este año han perdido a cuatro personas, y en años anteriores, muchas más.

“La gente está desesperada. Han sido 21 años esperando”, señala Rivera, destacando cómo la cesión de tierras afectó los cultivos y obligó a familias a reubicar sus hogares, trastocando su forma de vida.

Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria de la comunidad, alza la voz por estas mujeres: “Algunas han tenido que abandonar tratamientos médicos por falta de recursos. Otras han fallecido, dejando hijos menores”. Su mensaje a la presidenta es claro: “Sabemos que ha recibido nuestros documentos. Esperamos que responda conforme a la ley y haga justicia”.

Desde hace más de dos décadas, la Comunidad Indígena de Mezquitán libra una incansable batalla contra el incumplimiento del gobierno federal. En 2001, cedieron 27 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la arretera Guadalajara-Saltillo, un proyecto que prometía desarrollo, pero que los dejó en una espera interminable.

A pesar de un convenio firmado con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy SICT, el pago justo nunca llegó, convirtiéndose en un calvario de promesas incumplidas y un tortuoso litigio judicial.

Saúl Rodríguez subraya la apatía e irresponsabilidad de las autoridades, a pesar de que la comunidad ha ganado en todas las instancias judiciales, incluida una sentencia firme del Tribunal de Justicia Agraria Superior.

“Muchos compañeros que esperaban este recurso han fallecido”, lamenta. La comunidad, con 333 comuneros y sus familias, ha enfrentado no solo el retraso, sino también pérdidas humanas que agravan su dolor.

En 2004, se otorgó un anticipo inicial y otro posterior de unos 5 millones de pesos (de un acuerdo de 40 millones que sería en total y que se incumplió), pero la oferta reciente de la SICT, presentada el 24 de septiembre, no refleja el valor actualizado de la deuda, como lo ordenan las sentencias.

“Esa cantidad no tiene nada que ver con lo que debería ser hoy”, afirma Rodríguez Barajas. La comunidad propuso aceptar el pago como un anticipo y negociar el resto tras una valuación justa, pero aún no hay respuesta, generando desencanto ante la contradicción entre el discurso oficial de apoyo a los pueblos indígenas y la realidad.

El gobierno federal ha declarado 2025 como el año de la mujer indígena, un reconocimiento significativo para Mezquitán, donde más del 50% de los comuneros son mujeres, muchas adultas mayores, madres solteras o con problemas de salud.

Eulalia Dolores enfatiza la difícil situación de estas mujeres, quienes enfrentan carencias económicas que les impiden acceder a tratamientos médicos o sostener a sus familias.

La comunidad ha buscado contacto directo con la presidenta Sheinbaum, enviándole peticiones y entregando escritos en persona. “Hemos recibido respuestas que indican una orden para atender el caso, lo que nos da esperanza”, señala Saúl Rodríguez.

Sin embargo, insiste: “Queremos que no se tarde más”. La comunidad ve en este compromiso una oportunidad para que el gobierno demuestre que su apoyo a los pueblos indígenas es genuino, en contraste con gobiernos anteriores que, según Sheinbaum, usaron a estas comunidades con fines políticos sin garantizar justicia.

El caso de Mezquitán trasciende lo económico; es una lucha por la dignidad y los derechos indígenas. Cada año de espera ha sido un golpe, con pérdidas de tierras, esperanza y vidas. “Queremos que esto termine este año”, enfatiza Rodríguez.

Aunque abiertos a negociar, exigen un pago justo: “No pedimos nada regalado, solo lo que nos corresponde”. La sentencia judicial es clara, y el gobierno no tiene pretextos para evadir su responsabilidad. “Ya no tienen margen para alargar esto”, sentencia Rodríguez.

Para Mezquitán, el cumplimiento de esta deuda significaría no solo justicia económica, sino la reivindicación de mas de 21 años pidiendo Justicia.

En este año de la mujer indígena, la comunidad confía en que Sheinbaum cumpla su compromiso. “Queremos que nos vea”, insiste Eulalia Dolores. Con una lucha de mas de dos décadas, los comuneros buscan el reconocimiento de su derecho a una vida digna.

Mientras tanto, alzan la voz, recordando que la justicia no puede seguir esperando.

Mezquitán no solo espera un pago, sino un acto de reparación histórica. La luz al fondo del túnel, que hoy parece más cercana, depende de la voluntad política de un gobierno que ha prometido ser diferente.

La comunidad, unida y resiliente, mantiene la esperanza de que 2025 marque el fin de su calvario y el inicio de una nueva etapa de dignidad y justicia.

URGE ACCIÓN CONCRETA: ESPERANZA EN LA RESPUESTA DE SHEINBAUM EN LA MAÑANERA

– Por Raúl Cantú

La Comunidad Indígena de Mezquitán, tras 21 años luchando por la justicia trasr ceder 27 hectáreas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo, encuentra esperanza en la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a una pregunta de la periodista Susana Carreño en La Mañanera.

El 13 de octubre, la periodista Susana Carreño cuestionó la deuda pendiente desde 2001 con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Sheinbaum, con antecedentes del caso, tras recibir un escrito y un libro de la comunidad el 9 de agosto en Tlajomulco, prometió atenderlo y dio instrucciones a su equipo.

Sin embargo, los asesores jurídicos de la comunidad, consideran la respuesta insuficiente. En entrevista con Conciencia Pública, urgen al gobierno federal a actuar antes del 31 de diciembre de 2025, especialmente para las mujeres, que representan más de la mitad de los 333 comuneros, quienes enfrentan necesidades urgentes.

Cuatro días después, el 17 de octubre, llegó una respuesta escrita, un avance frente a los tres meses que tardó la administración anterior. “Eso da esperanza de que esta administración sea diferente”, aunque “Solo menciona atender a la brevedad, sin comprometerse a cumplir la sentencia del Tribunal Agrario”.

Dicha sentencia, firme desde diciembre de 2024, ordena a la SICT realizar un avalúo vía INDAABIN para determinar la indemnización actualizada, pero el proceso está detenido por tácticas dilatorias. La comunidad, agotada por promesas incumplidas de cuatro gobiernos previos, otorga el beneficio de la duda hasta fin de año.

La comunidad propone aceptar un anticipo ofrecido por la SICT el 24 de septiembre, siempre que se respete la actualización de valores. “Hay mucha necesidad. Un anticipo aliviaría a las familias, especialmente a las mujeres” .

La SICT, que ya dio anticipos en 2004 y 2007, condicionó el pago a renunciar a la actualización, lo cual fue rechazado. “Tienen una cantidad disponible; que la entreguen como anticipo y luego definan el monto final”.

En el año de la mujer indígena, Mezquitán espera que Sheinbaum demuestre su compromiso. “Si no hay anticipo antes del 31 de diciembre, pensarán que son iguales a los anteriores gobiernos”, advierten los representantes de la Comunidad Indígena. La comunidad no pide favores, sino justicia. La respuesta presidencial es un paso, pero solo acciones concretas honrarán la sentencia y la dignidad de Mezquitán.

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JALISCO

Suspenso en el Legislativo: Reforma Judicial en Jalisco, diálogo abierto pero sin consensos

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– Por Francisco Junco

La reforma al Poder Judicial, largamente agendada, emergió con fuerza en la mesa legislativa, pero más que avanzar, desnudó una fractura entre los poderes y los partidos. La propuesta, que busca armonizar la Constitución local con la reforma federal en materia judicial, y que millares de ciudadanos miran como una clave para la transparencia y el acceso a la justicia, quedó esta semana más cerca de la parálisis que del acuerdo.

El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, se reunió en el Congreso local con los ocho coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Este encuentro se dio en respuesta al llamado del gobernador Pablo Lemus para dialogar sobre la Reforma al Poder Judicial local, la cual busca instaurar por primera vez elecciones de jueces y magistrados en junio de 2027.

Actualmente, la iniciativa enfrenta dificultades para alcanzar los 26 votos necesarios para su aprobación, ya que ni la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) con el apoyo del Partido Verde, ni el bloque opositor conformado por seis grupos parlamentarios, cuentan con la mayoría requerida.

Durante la reunión, Salvador Zamora destacó que su visita tenía como objetivo abrir un canal de diálogo con los diputados en representación del gobernador. Indicó que se está preparando un encuentro entre la Jucopo y Pablo Lemus para profundizar en la discusión de la reforma. El secretario enfatizó que el Ejecutivo ha mostrado respeto hacia los legisladores y ha mantenido una postura abierta al diálogo, respondiendo así a las críticas de líderes de Morena, PAN, PRI, Hagamos, PT y Futuro, quienes habían señalado una falta de oficio político por parte del gobierno estatal.

También reiteró que la Reforma al Poder Judicial es una iniciativa que recoge las propuestas de diversos sectores de la sociedad, incluyendo ciudadanos, especialistas y universidades, y que el gobierno está comprometido en defenderla para lograr una reforma judicial de calidad.

Sin embargo, aclaró que en la reunión no se abordó el tema de la ratificación de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Consuelo del Rosario González y Daniel Espinosa Licona.

Después de más de dos horas de diálogo con los diputados locales de Movimiento Ciudadano sobre la Reforma Judicial estatal, Salvador Zamora, anunció que al día siguiente se reunirá con todos los grupos parlamentarios junto con el gobernador Pablo Lemus.

La reunión, explicó el funcionario estatal, se realizará en un lugar neutral para dialogar y buscar puntos de encuentro que permitan aprobar la reforma en los próximos días, atendiendo las inquietudes surgidas tras la aprobación del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales y su entrada a primera lectura.

Los coordinadores parlamentarios dialogaron con el gobernador Pablo Lemus para abordar la reforma al Poder Judicial. Lemus destacó la apertura al diálogo, proponiendo reuniones continuas, sin abordar detalles específicos, confiando en alcanzar consensos para Jalisco.

El gobernador apuntó que “los legisladores fueron muy abiertos y perceptivos a los planteamientos que se hicieron… confío en lograr consensos en temas indispensables para el estado” y añadió que “no entramos en los detalles de la reforma al Poder Judicial… Yo voy a ser muy respetuoso de lo que ellos decidan en los procesos internos del Poder Legislativo”.

Diputados de MC y la oposición buscan consensos para la reforma judicial, proponiendo modificaciones. Morena y PAN destacan la apertura y autocrítica del gobernador Lemus, pero la fecha para la votación en segunda lectura sigue indefinida.

El coordinador de los diputados de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, declaró que “Movimiento Ciudadano se comprometió a presentar una lista de propuestas de modificación al dictamen y con base en esa lista, vamos a reinstalar una mesa de diálogo político para ver si podemos conciliar y sacar una reforma consensuada por todas las fuerzas políticas”.

La diputada Claudia Murguía Torres comentó que “en Acción Nacional hemos impulsado un diálogo firme entre las fuerzas políticas para fortalecer el Poder Judicial en Jalisco”.

La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco votó a favor de adherirse al dictamen sobre la Reforma al Poder Judicial, turnado previamente por la Comisión de Puntos Constitucionales.

Con esta adhesión, el dictamen ya puede presentarse a votación en segunda lectura ante el pleno del Congreso; sin embargo, ninguno de los bloques legislativos cuenta aún con los votos necesarios de las dos terceras partes de los 38 diputados para garantizar su aprobación.

La adhesión al dictamen presentada por el bloque opositor recibió el respaldo de cinco diputados de Morena, PAN, PRI, Hagamos y del legislador sin partido Alejandro Puerto.

Por su parte, las diputadas de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina y Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, votaron en contra, argumentando la necesidad de abrir un nuevo periodo de consulta de 30 días, lo que deja en claro que aún existen diferencias significativas entre las bancadas.

Miguel de la Rosa (Morena) destacó que MC presentará modificaciones al dictamen para consensuar la Reforma Judicial. José Luis Tostado (MC) confía en que el diálogo con Lemus y las bancadas logrará una reforma que beneficie a Jalisco.

La coordinadora de la bancada del PAN, Claudia Murguía, destacó que el gobernador asumió una postura de autocrítica durante el encuentro, lo que abre la posibilidad de acuerdos en torno a la reforma y otros temas.

Pese al avance en el diálogo y las señales positivas, todavía no se ha definido una fecha para la votación en segunda lectura, la cual permitirá, por primera vez en Jalisco, la realización de elecciones de jueces y magistrados.

La Jucopo espera fijar el lunes la fecha para votar la reforma judicial en el pleno, pero sin nuevos acuerdos, podría estancarse. Analistas advierten que debe aprobarse antes de 2027 para elecciones de jueces. El Ejecutivo y bancadas dialogan, pero los votos aún son inciertos.

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EDUCACIÓN

Odio y redes: Advierten sobre fenómeno incel, la soledad convertida en ideología

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– Por Francisco Junco

El crimen ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM encendió las alarmas en todo el país. Un joven de 19 años, identificado con la comunidad incel (acrónimo de involuntary celibate, o “célibe involuntario”), asesinó a su compañero de 16 años tras publicar en redes sociales imágenes de su soledad, su rencor y un manifiesto de odio.

Este caso no fue un hecho aislado. Fue, según especialistas, “la punta del iceberg” de un fenómeno que se ha gestado en la sombra: una comunidad de jóvenes, en su mayoría varones, que canalizan frustraciones personales hacia discursos de misoginia y violencia.

“Nos preocupa que se atienda desde un verdadero enfoque de lo que está pasando con la juventud”, advirtió Jaime Cedillo Bolívar, coordinador de Cabildeo del Frente Nacional por la Familia (FNF). Agregó que “detrás de la palabra y del concepto como tal, y de lo que está ocurriendo, hay un síntoma profundo de nuestra época”.

Cedillo explicó que la llamada comunidad incel “no es una simple moda de internet”, sino una manifestación de “una orfandad cultural y espiritual que está dejando a las nuevas generaciones sin referentes sólidos”.
“Realmente —añadió—, la soledad que los jóvenes están sintiendo, la frustración que enfrentan, la pérdida de sentido; muchos se sienten marginados, resentidos, invisibles… creo que es un fenómeno que debemos tomar en serio, porque el modelo de juventud que promueven las redes es el del exitoso, el atractivo, el triunfador. Quienes quedan fuera de ese patrón parecen condenados a una existencia sin amor ni reconocimiento”.

Para Cedillo Bolívar, el odio incel se alimenta del abandono familiar y del fracaso en la formación emocional. Explicó que “un joven que se siente solo, confundido, sin modelo de amor, que ha crecido escuchando discursos contradictorios en una cultura hipersexualizada, termina desarrollando un resentimiento que puede traducirse en tragedia”.

La académica María Esmeralda Correa Cortés, profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, coincide en que el fenómeno tiene raíces más profundas que lo digital.

“Este movimiento surge en Estados Unidos con una chica que hablaba de su soledad, pero actualmente es principalmente masculino y heterosexual. Su motor es la frustración ante la imposibilidad de desenvolverse en el mercado del amor”.

A partir de esa frustración, explicó, “empiezan a crear una comunidad virtual de jóvenes que comparten la misma ideología. Radicalizan el discurso hasta que se vuelve de derecha, antifeminista y misógino. Ya no se trata de una simple incomodidad, sino de un odio que se transforma en violencia”.

Para la investigadora, “el discurso misógino va más allá del antifeminismo, porque ya no es solo crítica, sino resentimiento hacia las mujeres”. Y advirtió que ese resentimiento “ya ha llegado al punto de matar”, como se evidenció en el ataque del CCH Sur.

Israel Sánchez Martínez, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, señaló que el fenómeno ya se manifiesta en los espacios escolares. “Tuvimos el caso de una joven en la Ciudad de México a la que un grupo de compañeras arrojó desde un tercer piso. Fue producto de la violencia y del descontrol dentro de las aulas. Y el caso del joven del CCH, que apuñaló a su compañero, se generó precisamente por la falta de supervisión y control en redes y escuelas”.

“Este fenómeno —dijo— tiene que ver con el exceso de pantallas, con la falta de evaluación educativa, con jóvenes que ya no tienen tareas ni seguimiento y pasan horas consumiendo contenido agresivo. Es un caldo de cultivo para estos grupos. Son muchachos que se van adoctrinando en comunidades virtuales que se organizan y se desintegran según sus intereses, pero dejan huellas profundas”.

La doctora Correa Cortés añadió que incluso en las universidades de Jalisco “hemos encontrado que jóvenes con acceso a cursos de género y nuevas masculinidades también reproducen discursos de odio. Pensar que solo quienes no estudian caen en esto es un error. Es una cultura que permea incluso los espacios académicos”.

El fenómeno no se limita a México. “Hay países de alto desarrollo —alertó Cedillo— donde el suicidio juvenil es cotidiano, donde los jóvenes se aíslan y encuentran en las redes su única comunidad. Si seguimos ausentes e indiferentes, podríamos caer en una espiral de descomposición social mucho mayor”.

Para los líderes familiares, el problema no puede atribuirse sólo a los algoritmos o a los videojuegos. “No podemos voltear la mirada hacia otro lado”, insistió Cedillo. “Esto no se origina en las redes, aunque ellas lo amplifican. Es una desconexión entre generaciones. Hemos permitido que los hijos se formen con algoritmos y influencers anónimos, que exploran sus inseguridades y canalizan su dolor hacia el resentimiento”.

La profesora Correa Cortés subrayó que “el Estado tampoco hace nada. Hemos denunciado discursos en Facebook que dicen literalmente: ‘Si tu novia no está de acuerdo contigo, mátala’. Facebook no los elimina y el gobierno tampoco actúa. Debe empezar a regular esos discursos y sancionar a las plataformas que los permiten”.

Israel Sánchez fue más directo: “Lo que vemos es impunidad. Las autoridades no detienen ni sancionan. Las marchas violentas, los actos de vandalismo, la violencia en redes, quedan impunes. Cuando no hay control, hay adoctrinamiento y caos”.

La raíz, coinciden todos, está en la ausencia de la familia. “El gobierno debería aliarse con las iglesias, con las escuelas, con las empresas”, propuso Cedillo Bolívar. “Necesitamos cruzadas integrales para recuperar el corazón de los jóvenes. Aislados, no lo vamos a lograr”.

Para la investigadora universitaria, la solución también pasa por reconstruir el vínculo comunitario. “Antes había juntas de padres, había comunidad. Hoy las familias están fracturadas. El trabajo en comunidad se ha perdido, y con ello, la contención emocional de los jóvenes”.

El fenómeno incel, advirtió, “no es más que un espejo de la desigualdad, de la falta de sentido y de la pérdida de amor. Los polos extremos, tanto de derecha como de izquierda, comparten la misma ideología: el odio. Y ese odio se está convirtiendo en una forma de pertenencia”.

Jaime Cedillo concluyó que “no se trata de criminalizar a quienes sienten este dolor, sino de ayudarlos a reencontrarse. Son jóvenes perdidos, no monstruos. Requieren acompañamiento, presencia, diálogo y ejemplos. Hay que reconstruir el amor en tiempos de odio”.

El llamado final de los tres entrevistados es coincidente: urgen a una acción conjunta de autoridades, iglesias, instituciones, familia y sociedad en su conjunto.

“El compromiso tiene que ser de todos”, dijo Cedillo. “Padres, escuelas, autoridades y sociedad civil. Si no entendemos que esta es apenas la punta del iceberg, lo que vendrá después será mucho peor”.

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