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REPORTAJES

Jalisco tendrá nuevo Constituyente: Con la popularidad a la baja Alfaro muestra músculo político

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Por Mario Ávila //

Pese a la caída drástica en la popularidad de Enrique Alfaro, en el Congreso del Estado el gobernador muestra que su poderío está intacto, arrasa en la votación para crear el nuevo Constituyente y se abre la puerta para que se cristalice su máximo proyecto, la nueva Constitución y con ello la Refundación del Estado.

En lo que podría ser no la determinación más importante de a LXII Legislatura, sino la más importante de la historia moderna de Jalisco, el Congreso del Estado aprueba la reforma (adición) al artículo 117 bis para crear un nuevo Constituyente y con ello se abre de par en par, la puerta para la creación de una nueva Constitución para Jalisco.

La determinación se aprueba con el 81% de los votos de los diputados integrantes de la actual legislatura local, es decir rebasó con mucho el límite para aprobar una reforma constitucional, para la que se requería al menos el voto de dos terceras partes de los diputados, se necesitaba que 26 de los 38 dieran su voto a favor, pero finalmente fueron 31 legisladores los que avalaron la propuesta, uno se abstuvo y solo 6 votaron en contra.

Para consumar esta importante determinación y avalar la iniciativa del Ejecutivo que tiene como fin crear una nueva Constitución que significaría a la vez el cumplimiento del principal proyecto del gobierno alfarista, que ofreció lograr una Refundación del Estado, Movimiento Ciudadano tuvo que hacer valer la alianza electoral que previo a la contienda del 1 de julio del 2018 hizo con el PRD y el PAN, sin embargo también se sumaron a la polémica iniciativa, legisladores de Morena y el PT.

En contra solo se manifestaron los tres diputados de la fracción parlamentaria del PRI, Mariana Fernández Ramírez, Sofía Berenice García Mosqueda y José de Jesús Zúñiga Mendoza; dos del Partido Acción Nacional, los diputados alteños Jorge Eduardo González Arana y José de Jesús Hurtado Torres y uno de Morena, Bruno Blancas Mercado; mientras que otro más de Morena, Arturo Lemus Herrera, optó por abstenerse.

Entre las voces que se escucharon con energía en contra de la propuesta, destacó la del panista Jesús Hurtado, quien acusó a los legisladores que “se arrodillan ante las exigencias del titular del poder Ejecutivo”, dejó en claro que se trata de un asunto de dignidad.

El también panista Jorge Eduardo González Arana, lamentó que este sea el resultado de una coalición sin fondo, “una colación electoral que era solo ganar por ganar y estas son parte de las consecuencias que estamos viendo y aún faltan”.

En tanto que la coordinadora de la fracción del PRI, Mariana Fernández, aseguró que lo que la gente quiere, antes que una nueva Constitución, es un cambio de fondo, “una buena alimentación, acceso a la salud, educación de calidad, inclusión, oportunidades verdaderas, empleo mejor pagado, pero sobre todo la gente pide a gritos seguridad y en eso les están fallando”.

De acuerdo a la iniciativa aprobada, que para cobrar vigencia solo falta que sea avalada por la mitad más uno de los 125 cabildos municipales, se lanzará la convocatoria para la elección de un Congreso Constituyente que será integrado por 138 personas, entre ellos 10 representantes de cada uno de los tres poderes del Estado, 4 elegidos en cada uno de los 20 distritos electorales en la entidad, 20 por la vía de la representación proporcional, 4 de las comunidades indígenas y 4 de la comunidad migrante.

Vale la pena mencionar que esta iniciativa se aprueba en un momento en el que la popularidad del gobernador Enrique Alfaro, entre la población, se encuentra en el nivel más bajo, ya que el 60% de los jaliscienses reprueba su gestión.

Esto lo dio a conocer el periódico El financiero, al revelar los datos de una consulta hecha por la empresa Campaigns & Electronics en conjunto con Varela y Asociados, empresa dedicada a la consultoría pública y estudios de opinión pública.

Alejandro Rodríguez director de Campaigns & Electronics, detalló que en desempeño, Alfaro Ramírez se ubica en el lugar 19 de 31 gobernadores, pero en popularidad se encuentra en el sitio 25 de 31. En materia de corrupción, el gobierno de Enrique Alfaro según dicen 8 de cada 10 encuestados, está igual o peor que el de su antecesor Jorge Artistóteles Sandoval.

VITAL, GENERAR UN NUEVO PACTO SOCIAL

Durante el debate previo al proceso de votación de la trascendental iniciativa, el diputado Héctor Pizano Ramos recordó las palabras con las que inició su campaña el hoy gobernador Enrique Alfaro, para darle relevancia a la determinación que estaba por tomarse: “Refundar significa identificar lo bien hecho y darle continuidad, pero implica también romper de tajo con lo que ya no sirve”.

Expuso que solo así, “podremos generar un nuevo pacto social que se cimente en instituciones sólidas, nutridas por la actuación de personas que respetan y hacen valer la ley, en lo individual y en lo colectivo”.

Dejó en claro que el proyecto de Refundación plantea cuatro pasos básicos: “Reconciliación, reorganización, repensar y renacer, que abarcan aspectos como la reconstrucción de los lazos de confianza, la reformulación de las instituciones públicas, una visión a futuro y la conformación de una sociedad jalisciense que provea a sus integrantes seguridad y prosperidad”.

Para que la Refundación sea verdadera innovación, implicará replantear: Las relaciones entre los poderes públicos de nuestro estado; entre el gobierno estatal con la Federación y con los municipios; la redimensión de las necesidades del Área Metropolitana de Guadalajara, y entre los gobiernos con la sociedad jalisciense.

Tener la oportunidad de convocar a un Constituyente, es una forma más próxima de ejercer nuestra soberanía y el derecho inalienable de generar transformaciones en el Estado, pero sin alterar el pacto federal republicano y democrático; es la forma más pacífica de propiciar una revolución de instituciones, sin alterar el orden público y edificando sobre certezas jurídicas y del Estado Social del Derecho.

Es la convocatoria a todo el pueblo de Jalisco, para definir con pluralismo y civilidad, aquello que nos define como jaliscienses, nos hermana como mexicanos y nos motiva a ser mejores seres humanos; la justicia social debe ser el eje de toda acción de los poderes públicos en el Estado, sin demagogias, ni populismos.

Este instrumento, nos permitirá fortalecer el diálogo y escuchar a todas las voces de los jaliscienses para ejercer activamente la participación de la sociedad como creadora de soluciones pacíficas y democráticas; su riqueza e innovación, radica en la convocatoria plural e inclusión de mujeres y hombres sin injerencias partidistas, contemplando la voz de nuestros pueblos originarios y de nuestros hermanos que no por estar ausentes del terruño, son ajenos a la vida del Estado”, dijo.

Y remató: “Concretar este instrumento, será la síntesis de voluntades en torno a mejorar la vida institucional de Jalisco, acompañada en todo momento, de la legitimidad que implica el escuchar las voces de la mayoría y no ser el resultado de arrebatos sectarios y cupulares; la Refundación no se concibe si no va de la mano de la sociedad. El reto es complejo, pero sintámonos orgullosos de poder transitar a la historia, con un aporte sustancial para el entendimiento político y social”.

EL DERECHO A DISENTIR

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales de la LXII Legislatura, diputada Claudia Murguía Torres, antes de plantear cuatro puntos por los que su voto sería a favor de la iniciativa del gobernador de MC, Enrique Alfaro, envió un mensaje a las dirigencias nacional y estatal del PAN, exigiendo su derecho a disentir. Ello en virtud de la existencia de una amenaza de sanción para los diputados del PAN que no votaran en contra del Constituyente.

Voy a ejercer libre mi derecho a disentir -dijo-, un derecho que José Saramago lamentaba que no estuviera inscrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy es un día complejo para quienes tomamos una decisión en dos semanas que han tornado un escenario complejo y difícil para su servidora. En los foros en los que he estado presente y en donde me invitan a compartir con jóvenes, siempre hago un llamado a llenar la política de dignidad, a dignificar la labor política”.

Hoy, en congruencia -abundó-, sin apasionamientos, sin ademanes, sin arrebatos, con objetividad clara y con plena conciencia de que el entorno social en el que nos encontramos en Jalisco y a nivel nacional nos exige acudir a esta tribuna con seriedad y a tomar mi voto en favor de la reforma al artículo 117 bis”.

Y enumeró cuatro argumentos con los que justificó el sentido de su voto:

1.- Porque el texto normativo que contiene el dictamen a aprobarse establece la posibilidad de que un proceso que contiene varios pasos y filtros se convoque, se abra a debate y en su caso se apruebe una nueva constitución para el estado de Jalisco. Esto implica primero desde la aprobación de una nueva ley reglamentaria, la aprobación con mayoría calificada las bases de la convocatoria, el establecimiento de un consejo técnico académico, la convocatoria a elecciones de los miembros del Constituyente y finalmente la aprobación del proyecto. Es decir, en todo este proceso se garantiza la participación activa de la sociedad y de los propios poderes constituidos.

2.- Porque el texto normativo que contiene el dictamen aprobado por la comisión que su servidora preside, garantiza que la última decisión a cerca de una eventual aprobación de una nueva Constitución, siempre estará a cargo del constituyente permanente ya constituido, es decir por las dos terceras partes de los integrantes del poder Legislativo así como más de la mitad de los ayuntamientos. Esto nos garantiza que la eventual aprobación de una nueva constitución reflejará de manera efectiva la voluntad política del pueblo de Jalisco representada en la distribución de fuerzas que emanen del proceso electoral ordinario previo.

3.- Porque el texto normativo que se pone a consideración impulsa la participación ciudadana, ya que la conformación del constituyente que realizará el proyecto de la nueva constitución, en su mayoría se conformará por representantes electos además de la representación de grupos prioritarios como son los indígenas, los migrantes y por supuesto garantizando la paridad de género.

4.- Estoy consciente que la pretensión de una nueva Constitución, es un proyecto que ha abanderado la actual administración encabezada por el gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, pero juzgar o tomar una decisión solamente con esa perspectiva, es limitar el compromiso que tenemos con Jalisco. Podrá el gobernador denominar como crea más conveniente el movimiento que encabezó en su campaña, aquí estamos hablando de la posibilidad de abrir a los ciudadanos a participar, a involucrarse, a incidir y a ser verdaderos agentes de cambio en la creación de un nuevo cuerpo legal.

 

Refundemos Jalisco con un nuevo pacto social: El Constituyente

Por Juan Raúl Gutierrez Zaragoza //

Estimados lectores como es de su amable conocimiento el pasado 11 de septiembre de 2019, el pleno del Congreso del Estado de Jalisco aprobó la iniciativa de reforma presentada por el gobernador Enrique Alfaro para adicionar el artículo 117 Bis en la Constitución con objeto de crear la figura del Congreso Constituyente, que es el primer paso para discutir la elaboración de una nueva Constitución Estatal. 

Esta aprobación ha levantado efervescencia en la clase política del estado de Jalisco, y claro, esta posibilidad de cambiar todo el texto constitucional marcará la vida jurídica de nuestro estado, por lo que estimo conveniente empezar a analizar una figura denominada “Constituyente”.

¿QUÉ SIGNIFICA CONSTITUYENTE?

La mayoría de autores serios coinciden en definir el origen de “constituyente” como un término derivado del latín, fruto de la unión de varios componentes de dicha lengua: el prefijo “con-“, que es equivalente a “junto” o “todo”; el verbo “statuare”, que es sinónimo de “establecer”; el sufijo “-ente”, que puede traducirse como “agente” o “el que realiza la acción”.

Por lo que “Constituyente es una palabra que, de acuerdo al contexto y a su uso, puede aparecer como adjetivo o como sustantivo. Se califica como constituyente a aquel o aquello que compone, fija o forma algo.

Así que sin más, un constituyente es una persona física en quien se ha depositado la responsabilidad de redactar y expedir una Constitución.

Bien, definido qué es constituyente y para el tema que nos ocupa es menester conocer ahora lo que significa el término “poder constituyente”, éste se conoce como aquel que tiene la facultad de dictar el orden jurídico de un territorio y de imponer sus normas fundamentales. Este poder, por lo tanto, es el que sustenta la creación de un Estado y el establecimiento de su organización política, así como también su posterior modificación.

En otras palabras, “poder constituyente” significa la voluntad originaria, soberana, suprema y directa que tiene un pueblo, para constituir un Estado dándole una personalidad al mismo y darse la organización jurídica y política que más le convenga, enseguida este poder será confiado a un Congreso Constituyente, que en el caso de Jalisco se materializa con la adición que se propone al artículo 117 bis a la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Por lo que considero que debemos estar atentos a la convocatoria correspondiente y a la normatividad reglamentaria que para el efecto emita el Congreso del Estado en torno a la elección, instauración, organización y funcionamiento del Congreso Constituyente.

Una buena noticia es que la discusión se hará mediante consultas de parlamento abierto en mesas públicas de consulta social y ciudadana.

Es importante para todos los sectores de la población que participemos de manera seria en este histórico ejercicio, todas las críticas que hacemos o escuchamos al sistema político de Jalisco debemos de vertirlas aquí y ahora, no solo en los cafés o en los chats, los invito a tomar con responsabilidad este democrático acontecimiento.

 

JALISCO

Prevén bloque Futuro, Hagamos, Morena y MC, para legalizar el aborto en Jalisco

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Por Mario Ávila //

Si bien en los 45 días que le quedan de vida a la presente legislatura, ya se advirtió que no se atenderá la recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para adecuar las leyes estatales y despenalizar el aborto, la presidenta del partido político estatal, Futuro, Susana de la Rosa, prevé que en la LXIII Legislatura local que inicia el primero de noviembre, se podría confirmar un bloque entre Futuro, Morena y MC, y no solo para dejar de criminalizar a las mujeres por esa acción, sino para legalizar el aborto en Jalisco.

Después de escuchar la declaración del presidente en turno del Congreso del Estado, el diputado Eduardo Sánchez Carrillo (PAN), que en la semana declaró que ellos no van a armonizar las leyes con la resolución que la tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no al menos mientras él sea el presidente, De la Rosa Hernández, dijo que era de esperarse.

La verdad de la legislatura actual -dijo-, no sorprende, porque no han querido avanzar en ninguna de las agendas relevantes para el Estado, lamentablemente; al contrario, han sacado sorpresas como esta última del Comité de Participación Social en la que les eliminan el ingreso dejando a la gente desprotegida, de hecho, fue una iniciativa inconstitucional y ahora la veta el gobernador. La verdad no sorprende lamentablemente el desempeño que ha habido en este Congreso actual.

Y sí -abundó-, esperemos que en la siguiente legislatura que arranca el 1 de noviembre salga adelante, especialmente por una mayoría notable de mujeres que ahí vamos a estar, aunque también hay hombres diputados que están a favor de esta agenda y que seguramente serán aliados para sacarla adelante.

Incluso desde ahorita ya estamos en conversaciones con diferentes colectivos, con expertos, con diputados y diputadas electas de las distintas fuerzas política, para ir viendo como en qué momento se habrá de presentar esta iniciativa, que tiene como objetivo principal promover una política pública integral, partiendo de un diagnóstico.

Habría que ver -expuso-, qué hacer para que realmente en Jalisco pueda ser una política pública de vanguardia y entregar una iniciativa completa, bien integrada y para ello estaré la siguiente semana en la Ciudad de México.

Anticipó que sí se podría convencer a algunos personajes del PRI “y entiendo que en el PAN hay principios y programas que desde ahí no están de acuerdo con esa postura, pero habrá que ver que opinan ya en el sentido desde un estado laico, democrático y plural”.

Y en el caso de los diputados de Movimiento Ciudadano, entre quienes se encuentran muchos con un origen panista, Susana de la Rosa se limitó a puntualizar: “Yo la verdad creo que debe haber una congruencia de lo que este partido dice a nivel nacional, ya que celebraron a nivel nacional lo que hizo la SCJN, entonces ojalá y esa congruencia se vea aquí, aunque sinceramente yo esperaría algunas diferencias, tal vez algunas personas de la fracción de MC no la apoyarían, pero yo creo que sí hay otras diputadas electas que sí. Ojalá y se permita esa diversidad que dice que hay al interior de ese partido para realmente poder estar a favor de esta agenda”.

Pero sobre quienes no dudó, en que apoyarán su propuesta, se expresó de la siguiente manera: “Hoy con su determinación, la SCJN ayuda a empujar todo, desde la modificación a la Constitución, la modificación a los Códigos Penales y eso viene muy bien y ojalá y Jalisco sea vanguardia en ese sentido, porque hay tres fuerzas políticas, tanto Hagamos, como Movimiento Ciudadano y Morena, en sus programas y en personajes que tienen a nivel nacional, están a favor de la garantía de los derechos de las personas y de ampliarlos. Entonces ojalá y haya esa congruencia para que en Jalisco también avancemos con esa agenda”.

VAN POR REFORMAS A DIVERSAS

Lo ambicioso de la propuesta de la futura diputada, Susana de la Rosa, presentada públicamente hace un par de semanas, se fortaleció con la participación histórica que tuvo en el tema la SCJN, por lo que la iniciativa en Jalisco, habla de la integralidad. “Estamos tomando en cuenta reformas a la Ley Estatal de Salud, en la Ley de Educación, en el Código Civil, en el Código Penal e incluso en la propia Constitución, esperando a ver qué otra cosa nos dicen los expertos y expertas, con los que vamos a estar platicando para ver qué más haría falta integrar a nuestra propuesta”.

Es decir, irían por una votación de mayoría calificada en la siguiente legislatura, lo que significa que contemplan la posibilidad de obtener al menos el voto a favor de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados.

Para fundamentar cada una de las propuestas, anticipó que ya envió oficios a diferentes secretarías del gobierno estatal, para tener la información suficiente y hacer este diagnóstico de las mujeres jaliscienses, esperado que haya colaboración en las secretarías de Salud, Igualdad Sustantiva, Planeación, entre otras.

Pretenden de una vez integrar despenalización, armonizando las leyes con la determinación de la SNJN, “pero esto no queda ahí, vamos también por la legalización del aborto, especialmente desde el enfoque de salud pública”.

Susana de la Rosa tiene dentro de su trayectoria, el ser psicóloga y pedagoga, con maestría en Ciencias Sociomédicas por la UdeG “y desde hace algunos 19 o 20 años cuando yo estaba en la universidad me tocó estar atendiendo casos que pasaban por estas dificultades, se les asesoraba, se les acompañaba para que tomaran una decisión, se les presentaban tres escenarios, su situación económica, su situación familiar y su red de apoyo y sobre ellos, ellas mismas decidían si podían continuar con el embarazo una vez que hablaban con su familia y encontraban apoyo para salir adelante; pero también había quienes tomaban la decisión de mejor sí intervenir el embarazo y a ellas se les daba el apoyo de ir hasta la Ciudad de México, porque lamentablemente en Jalisco no es legal la interrupción a partir de la toma de decisión.

Y aunque se ha avanzado en el caso del delito de violación, no se ha ejecutado como se debería desde la NOM 046, que se impulsó con nuestra fuerza política cuando Pedro Kumamoto estaba en la diputación, fue él junto con otro diputado, quienes propusieron que ya no fuera necesario que la infante o la adolescente tuviera que depender de una firma de su tutor para poderla intervenir a partir de este delito de violación”.

JALISCO, 4° ESTADO EN NÚMERO DE ABORTOS

Algunos de los datos en los que Susana de la Rosa ha basado su iniciativa, son los siguientes: “De acuerdo al INEGI, en 2019, Jalisco fue la cuarta entidad en abortos. En ese año hubo 509. Y ese dato desde información pública del sistema de salud del estado”.

El enorme problema es la cifra negra y la cantidad de mujeres que se ven solas y abandonadas por el Estado en esta situación. En una investigación de Frida Juárez en la revista Int Perspect Sex Reprod Health de 2019, se aplicó el método de estimación de aborto por complicaciones basado en el año 2009 y lo que se detectó y calculó es que en ese año hubo alrededor de 1 millón 25 mil abortos en todo el país, de los cuales alrededor de 70 mil sucedieron en Jalisco (de cada mil mujeres jaliscienses hubo 40 que abortaron) y de ese millón 25 mil abortos, solo fueron legales y bien atendidos 16 mil. Por eso es fundamental analizar este problema desde la perspectiva de la salud pública principalmente”, finalizó.

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JALISCO

Legalización del aborto: Postura ideológica vs un derecho humano; defensa legal y lucha social anticipan organismos provida 

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Por Mario Ávila //

A sabiendas de que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el caso de Coahuila, abre la puerta no solo para descriminalizar, sino para una eventual legalización de la práctica del aborto en México, las organizaciones sociales en favor de la vida, se alistan para lo que ellos saben, será la batalla más complicada de los tiempos modernos. 

Jaime Cedillo Bolívar, ex presidente y coordinador del Comité de Bioética del Frente Nacional por la Familia, analizó las consecuencias legales y sociales, de la resolución de la Corte y advierte que la defensa legal y la lucha social inicia ya, desde este lunes con una manifestación en el zócalo de la capital del país y por igual se replicarán movilizaciones en los próximos días, en diversas partes del país, especialmente en los 22 estados que tienen en sus leyes, asentado el concepto del respeto a la vida desde su concepción, entre ellos el estado de Jalisco. 

Sabemos -dijo-, que va a ser muy complicado, porque la postura ideológica de este gobierno es clara, van a favor del aborto, en contra de la vida, van por toda la carga ideológica en las leyes y entonces sí se nos viene un panorama difícil, yo creo que el más complicado de nuestra historia moderna aquí en el país, con respecto al respeto fundamental a la vida desde la fecundación; se nos viene el momento más complicado porque ciertamente han construido un andamiaje de interpretaciones que han subido a leyes a nivel internacional, porque debemos de considerar que este es un embate internacional y hay documentos que ponen en evidencia que Estados Unidos está presionando a México que le dé para adelante al supuesto derecho de la mujer para decidir, a través del aborto. Son temas internacionales que tienen agenda en México”. 

“Ante ello, vamos a hacer valer nuestra fuerza social, ya lo demostramos en varias ocasiones, simplemente en Jalisco el derecho a la vida existe en nuestra constitución por una iniciativa ciudadana que firmaron cerca de 60 mil personas, que se interpuso en el Congreso y fue votada por unanimidad. Es decir, la sociedad es la que llevó el derecho a la vida a la Constitución en Jalisco y varios de los estados, recientemente en Aguascalientes”, abundó.

“Aparte, nosotros hicimos marchas de protesta y de presión social e inclusive logramos frenar la iniciativa de Peña Nieto en el 2016 cuando salimos a la calle más de 1 millón de personas en todo el país, solamente aquí en Guadalajara fuimos 275 mil personas. Y con esa presión social logramos parar un paquete de reformas del mismísimo presidente”. 

Jaime Cedillo, quien fuera candidato a diputado federal por el PAN en el distrito 11 en la pasada elección, sabe que la sociedad va a jugar un papel fundamental en esta lucha. “Vamos a empezar con manifestaciones desde el próximo lunes 13 de septiembre frente a la SCJN, en el Zócalo y probablemente aquí en Jalisco también y vamos a preparar una serie de acciones sociales para hacerle sentir, tanto a la SCJN como a los legislativos de todo el país, que sepan que los mexicanos no queremos el aborto. La mayoría, es decir al menos 2 de cada 3 mexicanos estamos a favor de la vida y en contra del aborto. ¿Por qué nuestro presidente ahora no hace una consulta con este tema? Porque sabe que estaría perdido”, sentenció. 

Expuso Cedillo Bolívar, que el Frente Nacional por la Familia, ha diseñado la presentación de un proyecto en el que participan aquí en Jalisco alrededor de 150 organizaciones que habrán de salir a la calle en la defensa de la vida y a nivel nacional son más de mil agrupaciones y organismos de la sociedad civil que defienden la vida y la familia y que jugarán un papel fundamental haciendo valer esa fuerza.  

EN JALISCO, RECHAZAN ARMONIZAR LA LEY 

Con relación a la defensa legal, Jaime Cedillo adelantó que va a empezar un debate sobre la soberanía de los estados y la división de poderes, “porque el Poder Judicial no legisla, el Poder Judicial emite resoluciones… y pongo un ejemplo, cuando se llevó a cabo la resolución sobre el matrimonio igualitario, donde la SCJN declara inconstitucional la definición del matrimonio en el Código Civil de Jalisco, el Legislativo de Jalisco simplemente pone una nota al calce, pero no modifica el Código Civil. Aunque si bien es cierto que la SCJN como cabeza del Poder Judicial modifica el Código Penal al respecto, que fue el de Coahuila, lo que manda es una resolución, que es obligatoria para los jueces al momento de decidir la pena del aborto, pero en el caso de la Constitución, el Legislativo de cada estado tiene la facultad, por su soberanía, de legislar o no, una resolución de la SCJN. 

En el caso del Congreso del Estado de Jalisco, el presidente de la mesa directiva, diputado Eduardo Sánchez Carrillo (PAN), hace tres días declaró que ellos no van a armonizar las leyes con la resolución que la tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no al menos mientras él sea el presidente. Por ello, vamos a apelar a nivel nacional, a defender las constituciones de los 22 estados y la soberanía; basta de interferencia de imposición ideológica en la vida soberana de los estados, sentenció. 

CONFRONTACIÓN ENTRE UN DERECHO HUMANO, CONTRA UNA POSTURA IDEOLÓGICA 

Sobre lo ocurrido en la SCJN, Jaime Cedillo dijo: “Lo que ocurrió, es que en Coahuila se atentó contra el derecho a la vida, en donde la legislación la protege desde la concepción y se suma este nuevo acontecimiento con la resolución de la Corte el día de ayer (el jueves), donde a través de un debate sobre el momento en que comienza la vida del ser humano y si un Poder Legislativo como el de Sinaloa, tiene facultad o no, de proteger la vida desde la concepción. 

Estamos ente una confrontación de un derecho, que es constitucional y que es humano, que es el derecho a la vida y vamos a decirlo claro, es humano porque aparte está definido y establecido claramente en los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado, particularmente la Declaración Internacional de los Derechos Humanos en su artículo 3°, que dice que todas las personas tenemos derecho a la vida. Pero además en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 4° va más allá, dice incluso que tenemos derecho a la vida desde la concepción, entonces no hay duda de que es un derecho humano, como tampoco hay duda de que es un derecho constitucional, porque en 23 estados, salvo el jueves que atentaron contra Sinaloa, digamos que en la inmensa mayoría de los estados, en un proceso legislativo se ha definido la protección de la vida como un derecho humano desde el momento de la fecundación, en el caso de Jalisco el artículo 4° nos considera nacidos desde el momento de la fecundación con todos los derechos”. 

Y concluyó: “Es un derecho humano y es un derecho constitucional, que hoy lo están confrontando contra una simple interpretación ideológica de parte de algunos ministros, de algunos derechos de la mujer. Esto quiere decir que si ponemos a confronto un supuesto derecho de la mujer a decidir, contra el derecho a la vida del nasciturus, tendría que prevalecer el del nasciturus, sobre todo porque si le quitas ese derecho ya no puede gozar de ningún otro, porque se acabó; en tanto que si le quitas a la mujer el derecho a decidir sobre abortar o no, no le quitas ningún otro derecho”. 

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JALISCO

Se fortalece la Secretaría de Hacienda estatal: Reforma anticorrupción 2.0 crea unidad de inteligencia financiera

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Por Mario Ávila //

Autonomía técnica y de gestión para la Contraloría del Estado y sus entes municipales, la ampliación de las facultades de los órganos internos de control, la adición en el Código Penal de los delitos de defraudación fiscal, contra el ambiente y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como un sistema de profesionalización de los servidores públicos, son algunas de las modificaciones aprobadas por los diputados de la LXII Legislatura a 17 leyes y a la Constitución Política de la entidad para combatir la corrupción.

Punto destacado es la aprobación para que el Gobierno de Jalisco con los nuevos ordenamientos pueda crear la unidad de inteligencia financiera y se fortalecen las atribuciones de los órganos internos de control en donde se “genera la prevención tanto de malos procesos como de posibles actos de corrupción en tiempo presente, en todas las instancias, y de esta manera darle resultados a la sociedad civil.

Entre los cambios más sobresalientes a esta contrarreforma, destaca el hecho de que se permite la remoción de los integrantes del Comité de Participación Social por falta de probidad e indebido cumplimiento en el desempeño; se crea el Comité de Participación Ciudadana, con cargos que serán honoríficos y durarán dos años y se establece la obligación de los integrantes del Comité de Participación Social para informar al Poder Legislativo anualmente respecto a sus actividades.

Se establecen los principios de: rendición de cuentas, buenas prácticas, gobierno abierto y máxima exposición pública en la Ley de Compras; en casos de investigación para instaurar procedimientos de responsabilidad o auditoría, se permite a los órganos internos de control el acceso al Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales; se agrega el concepto de investigación de mercado para establecer precios máximos y mínimos de referencia de bienes, arrendamientos o servicios y deberá documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Aunado a ello, se evita la discrecionalidad y se impide que en la adquisición o arrendamiento de marcas determinadas; se faculta a la Secretaría de Hacienda Pública para que analice y genere reportes financieros de las entidades estatales para combatir recursos de procedencia ilícita; se modifican requisitos para ser titular de la procuraduría de Desarrollo Urbano; finalmente se actualizan las facultades a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

CONSEJEROS DEL CPS NO TENDRÁN SUELDO

Tres días antes, también el pleno de la LXI Legislatura local, con 25 votos a favor y 9 en contra, los diputados aprobaron reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, la cual especifica que los miembros del Comité de Participación Social no tendrán percepción alguna de ninguna naturaleza respecto a su nombramiento; la honorabilidad, trayectoria, independencia económica y capacidad probada, serán sus cartas acreditables; no gozarán de prestaciones garantizando así la independencia e imparcialidad a sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.

Lo anterior, con el fin de garantizar la veracidad e independencia del trabajo de los integrantes de dicho Comité, la reforma al artículo 16 de la Ley también contempla que los miembros no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité́ de Participación Social y a la Comisión Ejecutiva.

La iniciativa presentada por el diputado José de Jesús Hurtado Torres, en la sesión extraordinaria que encabezó el legislador Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, se dijo que de necesitar alguna modificación extra a lo aprobado, se realizará en lo subsecuente y en efecto, se formalizó en el segundo paquete de reformas aprobado el pasado viernes.

DOS AÑOS DE TRABAJO PREVIO

Para ejecutar esta trascendente reforma, se tuvo que realizar un importante trabajo dentro de las comisiones, particularmente en las de Puntos Constitucionales y Electorales, y de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, presididas por las diputadas Claudia Murguía Torres y Mirza Flores Gómez, en donde se acordaron previamente los dictámenes que reforman la Constitución y 17 leyes de Jalisco, a fin de establecer las nuevas normas de combate a la corrupción, que incluyen sanciones penales y multas, para lo que fue necesario un intenso trabajo legislativo durante casi dos años.

Resaltó particularidades en esta enmienda legal, como el hecho de que a quien adquiera o administre recursos de procedencia ilícita, se le impondrán de cinco a 15 años de prisión y multas de 1,000 a 5,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Insistió en la importancia que tendrán los órganos internos de control porque la reforma legislativa permite su habilitación en los municipios, a fin de que se incorporen a las acciones legales contra la corrupción, con las nuevas atribuciones que les permiten las reformas que dan origen al nuevo sistema y las facultades para que lo hagan.

Por su parte, Claudia Murguía Torres, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, así como los legisladores Mara Nadiezhda Robles Villaseñor y Manuel Alfaro Lozano, coincidieron en que las reformas también expresaron la importancia y utilidad que tendrán en la sociedad en general y particularmente en las instituciones públicas y privadas.

EL CPS DEBE TENER TOTAL INDEPENDENCIA

Particularmente el tema de quitar el sueldo a los 5 integrantes del Comité de Participación Social, fue una iniciativa impulsada por el diputado José de Jesús Hurtado Torres, quien refirió que “es importante que el comité tenga una total independencia de los otros órganos del poder y por ello sus integrantes no deberán tener ningún tipo de lazo, ni interés económico para ser vigilantes de los recursos públicos”.

De ahí que en sesión de trabajo, los legisladores aprobaron el dictamen que establece que los integrantes del Comité́ de Participación Social, no tendrán relación laboral alguna, por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva, y los nombramientos de las personas que lo integran serán de carácter honorífico, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la independencia e imparcialidad en sus aportaciones.

También, que los integrantes de dicho comité no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité́ de Participación Social y a la Comisión Ejecutiva.

COMBATIRÍAN MEDIDA EN LA SCJN

No obstante, en el futuro del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción de Jalisco seguramente ya se contempla la posibilidad de recuperar por la vía judicial, la remuneración de más de 88 mil pesos que venían devengando sus miembros, es decir la presidenta, Annel A. Vázquez Anderson y los consejeros, Nancy García Vázquez, Jesús Ibarra Cárdenas, David Gómez Álvarez Pérez y Pedro Vicente Viveros Reyes.

Otra opción que se tiene, es que tanto el CPS de Jalisco como la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana (CPC), han advertido que la determinación del Congreso de Jalisco de dejarlos sin sueldo, podrá combatirse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde aseguran, existen antecedentes que se resolvieron a favor de las instancias anticorrupción.

Incluso el pasado 26 de agosto, el CPS de Jalisco informó: “Es inconstitucional eliminar las contraprestaciones a los integrantes del CPS. La SCJN declaró inconstitucional una reforma similar en Baja California, porque: a) hay una Ley General que regula el tema y la reforma es contraria a ella; b) los integrantes de estos órganos ciudadanos están sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, con lo cual no se les pueden reducir sus contraprestaciones, y c) va en contra de los derechos y principios protegidos por la Constitución Federal y diversos tratados internacionales”.

ANTECEDENTES SIMILARES EN OAXACA, VERACRUZ Y DURANGO

Jorge Alatorre, ex presidente del CPS del SEAJAL e integrante del CPC del SNA, expuso que ha habido muchos intentos similares, en diferentes congresos de los estados y recordó: “En el caso de Oaxaca lo que decidieron es para poder quitar a todos los integrantes del CPC, los integrantes del órgano garante de transparencia decidieron cambiarles el nombre, para entonces quitarlos y nombrar a los nuevos, ante un contexto que le fue adverso a Morena y así poder imponer a los suyos; en Veracruz Morena también les redujo a la mitad sus contraprestación y luego les bajó a la mitad de la mitad; en Durango también, en donde gobierna el PRI, están diciendo que hay corrupción porque hay un CPC y son esas mismas las intenciones.

Efectivamente, creo que se está buscando una especie de chivo expiatorio, pero además ha quedado claro que en algunos lugares los CPC han comprendido que un CPC cómodo es un CPC que solo está de paso. El CPC no debe ser necesariamente la piedra en el zapato de los gobernantes, pero de ninguna manera tampoco su plantilla. Tiene que estar en un equilibrio importante en donde se está buscando no el escándalo, pero sí llamar la atención de la forma suficientemente respetuosa, enérgica y fundamentada, cuando existan abusos y excesos”, expuso.

Además, en su participación en el programa “Los Sótanos del Poder”, planteó: “Hay que diferenciar la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad, son dos luchas paralelas, interconectadas pero diferentes. Si creemos que la lucha contra la corrupción va a ser exitosa por la cantidad de personas que metemos a la cárcel, están equivocados. Esa no es la lucha, la lucha no es cuántos metemos a la cárcel, aunque aquellas personas que traicionan la confianza pública merecen todo el castigo de la ley, sin embargo, la lucha y los resultados tiene que verse en las oportunidades que estamos cerrando para que abuse este gobierno, el que viene o el que sigue”.

Sobre el dejar sin sueldo a los integrantes del CPS, dijo que “es la única instancia del Sistema, que ni tiene presupuesto, ni tiene estructura, lo único que tenía era una contraprestación salarial para subrogar los gastos propios de su acción, para evitar sus conflictos de interés. Nada más caro que un consejero honorífico, aquellos que confunden honorífico con honorable, necesitan checar el diccionario o bajarle a su demagogia”, puntualizó.

SIN LA SOCIEDAD, FRACASO SEGURO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por su parte, Annel Vázquez, presidenta del CPS del SEAJAL, sentenció que es indispensable que exista el CPS “porque para eso se hizo la ley, combatir la corrupción, sentando en la misma mesa a las instituciones que ya tenían esa tarea y por otro lado era integrar a la sociedad civil en esta lucha. Si la corrupción es el sistema, la solución no puede venir del sistema mismo, tiene que venir de afuera del sistema, desde un ente ciudadano; por ello, si no existiera el CPS, no tendría ningún siendo que existiera el Sistema Anticorrupción, mejor nos quedamos como estábamos. El CPS es los ojos y la voz ciudadana, y si no se incluye a la sociedad en la lucha contra la corrupción, no se tendrá éxito de ninguna manera”, dijo.

EL PODER HA DESARTICULADO A GRAN PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

Andrés Barrios, activista e integrante de la plataforma de comunicación, Tómala, hizo una reflexión muy importante, que prácticamente se convirtió en una denuncia, al recordar: “Hay una desarticulación en la lucha contra la corrupción por parte de la sociedad civil, si vemos las mesas interinstitucionales de Aristóteles allá en el lejano 2017, veíamos reunidos a los representantes de 23 organismos de la sociedad civil y hoy, lamentablemente 10 ya son parte de la Refundación, ya están dentro del gobierno; esto se ve reflejado en que la lucha anticorrupción, hoy ya es parte de los que corrompen y eso es muy preocupante”.

Incluso reclamó que se debe replantear qué significa tener al CPS, al INAE, al ITEI, para que la gente en la calle pueda responder cuando le preguntes si le sirve para algo o si se desaparece a tal o cual organismo. “Ahí tenemos la necesidad de traducir todo este sistema, para que a la gente le haga sentido y se apropie de ellos. Debemos bajarlos y platicarlos con la sociedad, qué significa lo que estamos haciendo, nos hace falta mucho explicarle al ciudadano común”.

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