JALISCO
Las promesas de Alfaro en campaña: Reprochan pensionados a Alfaro su omisión en el rescate del Ipejal

Por Mario Ávila //
La iniciativa que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, presentó al Congreso del Estado para poner fin, “por causa de utilidad pública” a las llamadas “pensiones doradas” que se entregan en el Ipejal, bajándolas e imponiendo un tope máximo de 25 veces el salario mínimo, solo ha desatado comentarios de reproche de los 42 mil trabajadores pensionados y jubilados, quienes coinciden en que a casi la mitad del sexenio, el mandatario no ha cumplido con su palabra.
Líderes de los diferentes organismos de pensionados y jubilados, plantean que solo promesas se han hecho, en el proceso de sanear las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado y advierten que las palabras, no han sido respaldadas con acciones que indiquen que de verdad se busca salvar al Ipejal, de la inminente quiebra en el 2029 como lo pronostican los propios estudios actuariales.
Incluso entre los miembros de la Unión de Jubilados y Pensionados del Ipejal, del Colectivo pro defensa del patrimonio del Ipejal y del Movimiento 19 de abril de afliados de Ipejal, las agrupaciones con mayor representación en el universo de 42 mil jubilados y pensionados, circula de nuevo el video grabado en el 2018 en el salón Fiesta Guadalajara, cuando Enrique Alfaro (entonces candidato a la gubernatura) en reunión con miembros de la Sección 47 del SNTE, prometió ir en contra de los causantes del desfalcos en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).
Ya pasó casi la mitad de su administración y de poco o nada sirvió el paso por la dirección general de Iván Argüelles y ahora con la llegada de Héctor Pizano Ramos a partir de febrero del año en curso, los jubilados dicen tener una ligera esperanza, pero quieren ver resultados concretos.
«Los pensionados también tenemos mucho que reclamarle al gobierno, en los casi tres años que se van a completar el gobierno de Enrique Alfaro nos ha quitado cuestiones que ya teníamos ganadas, nos han ofrecido quitarnos algunas a cambio de darnos otras y no nos han cumplido y el gobernador no se ha reunido ni una sola vez con los jubilados y nosotros queremos hablar directamente con él, decirle las cosas cara a cara», dijo José Herminio Jasso Álvarez, asesor de la secretaria general de la Unión de Jubilados y Pensionados del Ipejal.
Por su parte, José Luis Tinoco Manga, líder del Colectivo Pro defensa del patrimonio del Ipejal y del Movimiento 19 de abril de afliados de Ipejal, advierte que en cada movilización que realizan, la última hace un mes cuando bloquearon la circulación en Federalismo y Juárez, lo que han pedido es dialogar con el Gobernador, y en casi tres años nunca los ha recibido. Sin embargo, recuerda que quien sí lo recibió y lo atendió fue el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, previo a un acto que tuvo en el municipio de Tepatitlán, a donde acudió a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional.
Claro está, que lo que buscan los jubilados y pensionados es que el gobernador les explique por qué no ha cumplido con lo que ofreció en campaña, es decir ejecutar acciones para frenar el desfalco y sanear las finanzas del Ipejal.
Por ello entre las agrupaciones de jubilados circula con insistencia el video aludido, en el que el entonces candidato a gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, así se expresaba en lo que evidentemente fue solo un acto de campaña:
PALABRAS DE ALFARO EN CAMPAÑA:
«Vamos a resolver de fondo la situación del sistema de pensiones del Estado, el sistema de ahorro para el retiro de los maestros, fíjense bien, no es broma, ni es amenaza, ni es amago, vamos a ir a fondo contra los responsables del desfalco en Pensiones, es un mensaje claro y contundente y espero que no se malinterprete lo que voy a decir, pero lo voy a decir como lo siento, para que quede el mensaje como debe de ser: Vamos a hacer auditorías completas, pero sobre todo lo vamos a hacer con una mesa de trabajo en la que yo quiero que los trabajadores al servicio del Estado, entre ellos los maestros, tengan una representación real. Ojo, no vamos a platicar con los mismos líderes que fueron cómplices del saqueo de Pensiones, yo respeto el derecho de organizarse de cada quien como considere correcto, respeto a las dirigencias sindicales, pero si hay líderes que fueron parte de esa cadena de corrupción, que les vaya bien, aquí no van a transitar, con nosotros no».
PROMETIÓ IR CONTRA DEFRAUDADORES
José Herminio Jasso Álvarez, asesor de la secretaría general de la Unión de Jubilados, plantea de entrada en entrevista para los lectores del semanario Conciencia Pública: “La pensión es un derecho ganado y nadie se los puede quitar; irse contra los jubilados no resuelve el problema. Está queriendo hacer una ley anticonstitucional, porque todos los que estudiamos Derecho sabemos que una ley puede tener efectos retroactivos en perjuicio de una persona”.
Y detalla: “El video de la reunión de Alfaro en campaña con los maestros de la Sección 47 yo lo he visto una y otra vez y en esa reunión dijo que iba a perseguir a los que desfalcaron al Ipejal, yo debo pensar en las malas inversiones o los gastos que se hacían a sobre precio. A nosotros no nos consta, pero se dice que las medicinas las compraban a sobreprecio, datos que no nos constan porque nosotros no estábamos ahí”.
«En vez de estar atacando a los pensionados que no tienen la culpa, tiene que irse contra los que como él dijo desfalcaron a Pensiones, y desfalca el mal administrador, no el mal jubilado. Yo te podría dar una lista de nombres que estamos esperando ver que los ponen en donde deben (cárcel), pero para qué nos metemos en el lío, si nosotros no somos jueces», afirmó.
«La solución es irse contra los sueldos, ahí está la clave, porque cómo jijos de la mañana, fulano, sutano o mangano, ya sea magistrado, juez o contador mayor de hacienda ganan 200 mil pesos, todos ganan por arriba del gobernador, porque ellos se asignaron su propio sueldo, enorme; los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, no pos que es para defender nuestra honestidad…oye yo fui funcionario en un montón de lados y no pedía dinero para defender mi honestidad, yo soy honesto con las condiciones que me plantea la realidad. Porque lo que ellos hacen es un chantaje, si no quieren que me corrompa, páguenme más…mira nomás qué honrados».
«Aquí el problema siempre será el sueldo, porque si a mí me descuentan para pensiones de acuerdo con mi sueldo, me tienen que dar la pensión de acuerdo con lo que me descuentan. Así es, no me pueden decir que si gano 200 mil pesos, me descuentan el equivalente y el gobierno también aporta la parte proporcional de mi sueldo de 200 mil pesos, ah pues mi pensión debe ser de 200 mil pesos», expuso con un tono de indignación, Jasso Álvarez.
TIENEN FE EN HÉCTOR PIZANO
Sobre el relevo en la dirección general que se dio en los primeros meses de este año, José Herminio Jasso así se expresó: “Yo veo que Héctor Pizano está haciendo una estrategia que esperamos todos dé resultados; estás como con la Virgen de Zapopan, si tú crees que la Virgen de Zapopan hace milagros, pues tenle fe. Entonces si nosotros creemos o queremos que la administración de Héctor Pizano haga milagros, pues hay que tenerle fe, pero hasta ahorita vamos puros ofrecimientos y puras promesas, pero siempre debemos esperar los hechos”.
Sobre la nueva unidad de medicina familiar, dijo: “Ya nos la anunciaron, pero nos dijeron que estará funcionando al 100% hasta dos años después de que salga Enrique Alfaro del gobierno de Jalisco. Pero se supone que va por etapas”.
La compra por 80 millones de pesos para medicamentos -abundó-, no resolverá el problema de abasto, ‘dicen que las cosas en palacio, van despacio’, así que hay que tener paciencia y ver en los hechos que las cosas se van acomodando. De un jalón en una licitación salió como el 80% de los medicamentos que se ocupan, de acuerdo a lo que nos dicen, yo no estoy haciendo el inventario en la farmacia. Las cosas hay van, ya solo falta el otro 20% porque hay mucha gente que también necesita esos medicamentos”.
Sobre la necesidad de que se les conceda voz y voto con una posición en el Consejo de Administración del Ipejal, Jasso Álvarez, recordó que este reclamo fue planteado desde el 2010 «en un foro celebrado en el Congreso del Estado en el que participamos miembros del consejo directivo del instituto, los representantes de los trabajadores, diputados y nosotros pedimos un asiento en el consejo para defender al pensionado, precisamente lo hicimos para evitar que nos digan que dentro de 5 años ya se acaba esto».
«Y pedimos el asiento en el consejo no por desconfianza a los que hoy están con la representación de los trabajadores, ellos están ahí para defender lo suyo, el de la Sección 47 defiende a los maestros en activo, el de la burocracia defiende a sus trabajadores».
«Pero nosotros queremos hablar y sugerir: Mete a uno al bote, como el que debe de Puerto Vallarta y verás como los demás se ponen al corriente luego luego, pero cuando te dicen que tienen como 15 años debiendo, no pos esas son vaciladas. Y luego terminan pagando con terrenos en el cerro para acabarla de amolar, hasta con esa».
«Otra solicitud que planteamos era que en la ley quedara establecido que aquel funcionario que por negligencia, por ignorancia o por incapacidad haya decidido invertir dinero que se pierde, vaya a la cárcel. Porque dicen que corrupto no nada más es el que roba, sino el que no sabe administrar y entonces qué estás haciendo ahí», finalizó diciendo el asesor de la Unió de Jubilados y pensionados del Ipejal, José Herminio Jasso Álvarez.
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CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS CINCO PRINCIPALES:
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez

– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LAE ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
JALISCO
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU

– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.