JALISCO
Problema de trata y abuso sexual de menores desbordado en Vallarta: CEDHJ presentó hace un año informe al alcalde
Por Marianela Manríquez //
Policías del municipio de Puerto Vallarta encontraron a un hombre parado junto a la puerta del copiloto de un automóvil Volkswagen Golf, estacionado en la calle 16 de septiembre. Dentro del carro yacía una menor de 10 años desnuda.
Al percatarse de la presencia de la autoridad, el hombre intentó tapar la visibilidad al interior del vehículo. Momentos después, se identificó como servidor público de la Policía de Puerto Vallarta.
La detención de quien fuera el director de Recursos Humanos de la Policía del municipio de Puerto Vallarta, Luis Alonso “N”, reafirma los señalamientos que se han hecho por parte de la sociedad civil y medios de comunicación sobre la red de pederastas y explotación sexual infantil en ese destino turístico.
Hace un año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), le entregó al gobierno que encabeza el alcalde Arturo Dávalos Peña, un informe para combatir la trata de adultos y de infantes. Se trata del “Informe Especial sobre la Situación de Violencia contra las Mujeres en correspondencia con los Mecanismos de Alerta de Violencia contra las Mujeres y Alerta de Género”.
En su informe, la CEDHJ dice que Puerto Vallarta destaca a nivel nacional como uno de los destinos turísticos con mayor incidencia de trata y explotación sexual infantil, en donde se ha denunciado la presencia de distintas modalidades, incluyendo pornografía infantil y turismo sexual.
Y es que el abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes en Puerto Vallarta va en ascenso, de acuerdo con El Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), tan solo en lo que va del año se han registrado 67 denuncias penales en el municipio por este delito, que representa un 15 por ciento más respecto al año pasado. Lo que significaría que, cada tres días, una niña o niño es víctima de abuso sexual en este municipio costero.
Según datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, durante el primer trimestre de 2019, se han registrado 611 casos de abuso sexual infantil, de los cuales el 60.2 por ciento se concentran en los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. En promedio han ocurrido 6.7 delitos de este tipo por día.
ABUSO SEXUAL A LA ALZA EN JALISCO
El proyecto Alumbra, que trabaja para prevenir el abuso sexual infantil en México, señaló que en 2017 Jalisco se encontraba entre los estados con las tasas más elevadas de abuso sexual a nivel nacional con 28.6 casos por cada 100 mil niñas, niños o adolescentes de cero a 17 años.
Alarmantemente, el alza en estos casos no representa mayor atención para el gobierno de Jalisco, por el contrario, se ha desatendido y dejado rezagado la problemática que ha afectado durante años a niñas, adolescentes y mujeres vallartenses.
“Hemos solicitado la Unidad de delitos por razón de género y trata de personas. Vallarta es reconocido a nivel internacional con esta problemática y no tenemos esa unidad, es Fiscalía regional quien ve todas las agresiones sexuales en niñas y adolescentes en el municipio, el personal no tiene la sensibilidad, preparación, ni la capacidad de saber cómo abordar a las víctimas, a las familia ni como hacer la investigación”, advierte la Coordinadora del Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Puerto Vallarta, Sandra Quiñónez.
“Se lo hemos dicho al Fiscal y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, faltan mecanismos de evaluación permanentes, no basta con que leas el protocolo, incluso te lo puedes saber de memoria, pero si no lo entiendes, no sabes cómo aplicarlo en el caso concreto de cada uno de ellos de nada te va a servir”
En entrevista con Conciencia Pública, Sandra Quiñonez explicó que se tiene que hacer una serie de ajustes a nivel interno de las dependencias, que tiene que ver con la atención, tramitación e investigación de agresiones a niñas y mujeres para que realmente el acceso a la justicia funcione.
CORRUPCIÓN DE MENORES
Caso Luis Alonso “N”: Un parteaguas en las investigaciones por corrupción de menores
El 16 de julio, el Gobierno de Puerto Vallarta confirmó que el hombre detenido fungía como Director de Recursos Humanos de la Policía, dos semanas después fue destituido del cargo.
Sin embargo, en la segunda audiencia realizada el 14 de agosto, el juez de Control y Oralidad del municipio, Jorge Luis Solís Aranda, decidió no vincular a proceso al sujeto por los delitos de corrupción de menores y tentativa de abuso sexual.
Uno de los argumentos fue: No sería vinculado a proceso por corrupción de menores, porque la niña de diez años no sintió placer.
Situación que desencadenó una serie de protestas a nivel municipal, estatal y nacional por parte de los colectivos feministas. Por su parte Cladem, alegó varias discrepancias y la falta de perspectiva de género en la carpeta de investigación.
“De entrada a la niña se le dejó de las 3:30 de la tarde hasta las 11 de la noche en los separos junto con su familia esperando que se le tomara la declaración, Una violación espantosa a los derechos humanos de la niña y la familia, la víctima de la agresión fue ella, y fue la última que se le tomó la declaración, venía asustada, violentada, y agredida, en esos momentos pudo ser debilitada por el estado”, relata Sandra Quiñonez.
“Estuvieron interrumpiendo la declaración de la niña, no se tomó la declaración del papá, no se hicieron pruebas testimoniales, la polícia municipal no retuvo el teléfono celular del agresor, no se hizo una investigación en el tema de la ropa que tenía el victimario. Una serie de situaciones que hoy estamos tratando que componga Fiscalía pero hay muchas en donde es complicado, la ropa y el celular ya lo entregaron a la familia”
Además, la activista, advierte que la menor tendrá que volver hacer su declaración, y eso es volverla a victimizar.
“ La declaración de la niña no sólo fue incompleta sino maquillada (…) Nos quedaban muchas dudas en algunos puntos. Le leímos la declaración a los papás y se dieron cuenta que lo que había dicho la niña, lo sacaron de la carpeta y son elementos que son importantes”
“Es gravísimo que un MP decida qué poner o no en la declaración de una víctima, eso no puede suceder, no es posible que una niña tenga que volver a pasar por esto, no tienen la menor idea de lo que implica para una niña hablar de este tema, empieza a temblar, se le pone los ojos rojos, ella cambia al saber que tiene que tocar ese tema”
El 16 de agosto, a través de redes sociales, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro dijo que el Consejo de la Judicatura de Jalisco optó por destituir al juez Jorge Luis Solís Aranda.
“Previo a eso ya habíamos solicitado a fiscalía que se hicieran todas estas pruebas con el ánimo de robustecer la carpeta, nos dimos a la tarea de rehacer estas pruebas, conseguimos una pericial en victimología forense, la Mtra. Caudia Angélica Rangel de la ciudad de Guadalajara que vino a Vallarta a realizar la pericial, y nos hizo una nota técnica sobre el tema de la victimología sobre el caso de la nena en el tema de corrupción”, explicó la Coordinadora de Cladem en Puerto Vallarta
Abundó: “Se tomó la declaración del papá, se amplió la declaración de la mamá, porque la que se le tomó en su momento por la hora fue muy pequeña, muy parcial, se hicieron investigación de campo, se recabaron algunos testimoniales, se amplió el tema de la ubicación porque parecía que estaba media cortada”
“Con eso se decide solicitar al juez el tema de vinculación porque considerábamos que podríamos presentar los suficientes elementos, pasó la audiencia de ocho horas, en donde se presentaron al juez todos estos elementos, el resultado fue completamente diferente”
El 21 de agosto, la juez Karina Dolores Rivas Gutiérrez imputó también el delito de corrupción de menores a Luis Alonso ‘N’, que ahora será juzgado por dicho delito y por abuso infantil.
“Algo que ha sido un factor importante fue la presión social, las manifestaciones en Vallarta y Guadalajara, incluso en México hubo una manifestación en repudio a lo que sucedió. Sabemos que se hizo una presión suficiente para que el propio Consejo de la Judicatura de manera extraordinaria sentó al juez para hacer una revisión de su actuar, hicieran que el propio gobernador pidiera a su equipo que tuviera una apertura, cercanía y cambiara su actitud”
LA ENTREVISTA A SANDRA QUINOÑEZ
C.P. En Colombia, el Consejo de Estado sostuvo a través de un fallo reciente, que para la demostración de la violencia en los delitos sexuales no es necesario que la víctima muestre signos de agresión en el cuerpo ¿Crees que hace falta reformar el delito de abuso sexual infantil?
Sandra Quiñonez. Todo el capítulo de agresiones sexuales de menores y adultos son redacciones muy arcaicas donde se siguen poniendo de alguna forma en las víctimas parte de la responsabilidad.
Desde hace cinco años se ha estado trabajando en diferentes mesas con diferentes organismos de la sociedad civil y diputados, para hacer este análisis integral de este capítulo de delitos sexuales, para hacer las reformas correspondientes, porque no es posible que estén diseñadas solo desde la visión del adulto.
Entonces la redacción tendría que cambiar de manera sustancial, no sólo de abuso sexual, el propio delito de corrupción es tan ambiguo que eso hace complicado poderlo acreditar, pareciera que en su momento fueron diseñados y redactados con el objetivo de inhibir la incidencia, pero son prácticas de agresiones que están al día a día en nuestras comunidades y por lo tanto se tiene que ir adecuando a lo que necesitamos como parte de la proteccion del estado.
C.P. En cuanto al presupuesto asignado a las partidas que atienden a mujeres y niñas violentadas ¿Es suficiente?
Sandra Quiñonez. No, en el municipio de Puerto Vallarta, el
Instituto Municipal de la Mujer tiene una partida cerca de 850 mil pesos anuales, pero sólo cubre sueldos, servicios, prestaciones e insumos, no hay un peso destinado a un proyecto, a un programa de prevención, de erradicación, de re educación, es necesario que el estado entienda que tiene que invertir en temas de género.
El departamento de Comunicación Social del municipio de Puerto Vallarta tiene presupuestado 18 millones de pesos anuales.
Los gobiernos estatales generan una serie de programas buscando no erradicar el problema sino calmar el foco rojo que traen.
No es lo mismo el presupuesto que se va a gastar el gobierno del estado en Puerto Vallarta que la zona norte, porque las complejidades de la violencia son completamente diferentes, es el mismo estado, hablamos de mujeres, pero la propia dinámica de la zona requiere un análisis mucho más puntual, es ahí donde los estados están fallando, recortan sin hacer estos análisis puntuales, si ser mujer es vulnerable, ser niña es todavía más, pero aparte si eres indígena, migrante, o analfabeta, cada una de estos indicadores te pone en mayor vulnerabilidad, son las que les pega los recortes.
El gobierno del estado no quiere reconocer que es ahí donde está haciendo la afectación, y ojalá fuera para ahorro pero te fijas y los mandan a Comunicación Social, que no benefician de ninguna manera a la población en general.
C.P. ¿Y el recurso humano?
Sandra Quiñonez. Aquí, en Vallarta el IJCF cuenta con un perito, no tenemos el área de peritajes cibernéticos, todo lo tenemos que mandar a Guadalajara, eso retrasa la investigación.
Las propias instalaciones del Instituto son denigrantes para el propio personal. Tenemos el mismo problema de Guadalajara en el tema de acumulación de cuerpos, las condiciones en las que están, se ven rebasados.
Y el personal que existe no tiene capacitaciones a profundidad en el tema de cómo investigar con perspectiva de género, todos estos protocolos que están diseñados a nivel latinoamérica y que ya han bajado a nivel estatal, el personal encargado de hacer estas investigaciones creen que con darle dos leídas y poner un informe que es con perspectiva de género ya cumplió con todos los requisitos y sin embargo si revisas los trabajos te das cuenta que la perspectiva no ha llegado a la profundidad que debería de ser, sobre todo en delitos de agresiones sexuales a mujeres y feminicidios.
La Suprema Corte nos ha dicho que en delitos de agresión sexual la mera declaración de la víctima junto con un pericial psicológico basta, pero si tu pericial psicológica no está bien hecha, dejas a la víctima vulnerable. Ya se denunció el tema del supuesto suicidio de una mujer en la zona norte del estado en donde el personal del IJCF en una autopsia dictaminaron que se había suicidado cuando no fue así.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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