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Entre Avengoa y TMM el Ipejal sufre un quebranto por 1000 millones, señala su director Iván Argüelles

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Por Mario Ávila //

Luego de 15 meses al frente la administración de los recursos de los trabajadores al servicio del Estado, Iván Argüelles se compromete a que no habrá más saqueos al fondo de pensiones con malas o riesgosas inversiones, ni habrá más pensiones VIP como la de la maestra Elisa Ayón, ya que se busca a través de reformas a ley, imponer un tope para que los retiros no sean al 100% del sueldo para funcionarios de primer nivel.

De las malas inversiones dice que no hay ningún riesgo de que se vuelvan a repetir, “porque lo primero que tenemos diferente es decencia y segundo, se viene ya un cambio en las políticas de inversión, donde se va a blindar más aún el tema de las inversiones”.

De hecho este nuevo mecanismos se estará aprobando en reunión del Consejo Directivo y se estará aprobando en el mes de marzo. Ya estaban las políticas de inversión en donde por ejemplo, para tener una inversión en cierta compañía o en ciertos papeles, es calificación triple A y ahí se marcaba claramente y es en donde se violaron estas políticas de inversión”.

Ahora estamos quitando esta calificación para tenerlo completamente garantizado, obviamente a mayor riesgo, mayor rendimiento, pero ahora se trata de no tener ninguno, manejando decentemente la cartera de inversiones, con menor riesgo o sin riesgo en las inversiones y se puede crecer esta cartera como ya lo vimos en el año pasado”, dijo el director del Ipejal.

En el caso concreto de las inversiones polémicas, Iván Arguelles hizo mención: “El valor reflejado en la cartera de inversiones de Abengoa hace tres años, era de 600 millones, ahorita el valor reflejado en la cartera de inversiones son 4 pesos, porque así lo marca el mercado; TMM el valor reflejado en la cartera de inversiones era de 1 mil 600 millones de pesos cuando se compró y en este momento el papel de esos papeles es de 1,200 millones de pesos. Entonces 600 millones de pesos menos en Abengoa, 400 millones de pesos menos en TMM.

Ya no está reflejado, ahorita tenemos 17 mil millones de pesos en la cartera de inversión y si no hubiera habido esa minusvalía en los papeles tendríamos mil millones más. Y en TMM llegó un momento en que la inversión costaba 400 millones de pesos y en diciembre se revaluaron hasta llegar a mil 200 millones de pesos, hemos estado muy cerca de la casa de bolsa en espera de que se sigan revaluando y esperando que con el proyecto petrolero a nivel nacional, sigan subiendo las acciones de la empresa.

Las inversiones en mercados financieros había 16 mil 657 millones de pesos al cierre del 2018 y cerramos el 2019 con 18 mil 416 millones de pesos, ya quitándole el valor de los mil millones de pesos de esos papeles de Abengoa y TMM, es decir tendríamos mil millones de pesos más si se hubiera actuado con responsabilidad”, expuso el funcionario.

LA ENTREVISTA

En entrevista para los lectores de Conciencia Pública, expuso:

Pregunta. ¿Qué balance hace de lo que va de la administración?

Respuesta. Lo primero en estos 15 meses fue hacer un balance de cómo nos encontramos en la administración y principalmente en los primeros cuatro meses, de diciembre a marzo revisamos tres áreas muy delicadas y bastante polémicas sobre todo en los últimos años, la prestación de los servicios médicos, el área de finanzas (inversiones) y el área de prestaciones económicas.

Estuvimos listos el 8 de abril del año pasado con el presidente del consejo y secretario de Hacienda, Juan Partida y el gobernador para presentar este balance y el plan de trabajo. En los avances que yo podría destacar en este momento es la evaluación positiva de los servicios médicos para cambiar la forma en la que se venían dando las consultas de primer contacto, revisar el cuadro básico de medicamentos, sobre todo en el contexto nacional en el que nos encontramos, en donde tenemos algunas claves con entre el 10 y el 15% de escasez en todo el país, dado que los laboratorios no están surtiendo.

P. ¿Y el tema de los créditos?

R. También hemos realizado una mejora en las condiciones de los créditos, tan es así que se rompió récord en el dinero acomodado en el mes de junio beneficiando casi a 100 mil trabajadores y pensionados con condiciones muy favorables. El crédito estrella es el de corto plazo, en donde se prestas hasta 9 meses de sueldo a un plazo de 42 quincenas, crecimos en 1,400 millones de pesos más en créditos, pasamos de prestar en el 2018 un total de 8 mil 500 millones de pesos, para prestar en el 2019 cerca de 10 mil millones de pesos el año pasado, con una tasa de interés en ese tipo de crédito del 6.68, muy por abajo del mercado.

P. Y del crédito hipotecario, ¿qué nos puede decir?

R. El crédito hipotecario cayó a la mitad, pero es una tendencia a nivel nacional, podemos ver cómo en todos los créditos de vivienda se disminuyó, nosotros mejoramos incluso las condiciones de la tasa con un 10.95 a 10 años y 11.76 a 15 años.

P. ¿Las inversiones riesgosas, qué tratamiento tendrán?

R. Principalmente en el tema de inversiones efectuamos una revisión muy minuciosa de las inversiones y los bonos de deuda que se tenían, reconociendo la minusvalía de 1 mil millones de pesos en los famosos bonos de deuda de Abengoa y de las inversiones en el famoso Transportes Marítimos de México. Pese a ello pudimos crecer la reserva técnica en números redondos prácticamente en 2 mil millones de pesos, esto es por el buen manejo de las inversiones y por los ahorros considerables generados en todas las direcciones del Instituto durante el 2019.

ABASTO DE MEDICAMENTOS

P. Antes el Talón de Aquiles eran las inversiones, ¿hoy es el servicio médico?

R. Hoy es un Ipejal muy diferente, pero obviamente reconociendo que traemos un gran pendiente en el tema de servicios médicos, pero muy diferente hasta en el trato a los trabajadores afiliados. Los servicios médicos y particularmente el abasto de medicamentos, es el tema a atender. Llegamos a tener hasta de un 55 o 60% en suministro de medicamentos hace aproximadamente hace 10 días y ahorita ya lo tenemos regularizado en un 74% y estaremos llegando esta misma semana a entre el 85 y 90%. Lo comento porque incluso tenemos las cartas de algunos distribuidores donde nos dicen que en todo el país no tienen ese tipo de medicamento, es compromiso hecho por el gobernador públicamente.

P. ¿Ya se resolvió el tema de las cirugías pendientes?

R. Cuando llegamos había 2 mil 800 cirugías pendientes, y los puedo decir, hoy vamos al corriente salvo el tema de oftalmología, en donde nos queda un pequeño rezago de las no urgentes. Tuvimos casi más de 300 mil consultas médicas, casi 7 mil hospitalizaciones con lo que pudimos abatir el rezago.

LAS MALAS INVERSIONES

P. Y de las inversiones fallidas, ¿qué nos puede decir?

R. De las malas inversiones, no hay ningún riesgo de que se vuelvan a repetir, porque lo primero que tenemos diferente es decencia y segundo, sí viene ya un cambio en las políticas de inversión, donde se va a blindar más aún el tema de las inversiones.

De hecho este nuevo mecanismos se estará aprobando en reunión del Consejo Directivo y se estará aprobando en el mes de marzo. Ya estaban las políticas de inversión en donde, por ejemplo, para tener una inversión en cierta compañía o en ciertos papeles es calificación triple A y ahí se marcaba claramente y es en donde se violaron estas políticas de inversión. Ahora estamos quitando estas calificación más bajas para tenerlo completamente garantizado, obviamente a mayor riesgo, mayor rendimiento, pero ahora se trata de no tener ningún, riesgo, de manejando decentemente la cartera de inversiones, con menor riesgo o sin riesgo en las inversiones y se puede crecer esta cartera como ya lo vimos en el año pasado.

P. ¿De Chalacatepec qué nos puede decir?

R. Ya se va a recibir, estamos esperando unos trámites en la Comisión Federal de Competencia Económica para que se reciba el dinero para el Ipejal. En Chala estamos a la espera de la infraestructura en la región de la Costa Sur del Estado, se trata de un plan maestro del Gobierno, para que ya la empresa pueda empezar a comercializar, y esperamos que este año ocurra, de acuerdo al proyecto que se presentó el año pasado. Aquí el porcentaje de participación del Ipejal cayó, pero solo porcentualmente hablando, ya que crecieron las inversiones, creció el proyecto con otro tipo de activos turísticos, es decir ahora somos ya inversionistas en otros hoteles en La Mandarina, Cancún y la Ciudad de México.

P. ¿Contra la corrupción, que se ha hecho en los 15 meses?

R. Metimos cerca de 20 denuncias a las que les estamos dando puntual seguimiento en Fiscalía General y Fiscalía Anticorrupción. Lo primero que hicimos cuando llegamos fue transmitir en vivo todas las sesiones del Comité de Adquisiciones, vemos que en 15 meses no tenemos una sola impugnación, no tenemos un solo escándalo en el tema de compras y son completamente transparentes. Aunque solo nos falta mejorar el sonido, que es lo que nos falta comprar equipo.

P. ¿Y a los deudores de Ipejal, qué trato les darán?

R. Tenemos conocimiento de adeudos patronales en los municipios, donde se firmaban convenios a muy largo plazo, por ejemplo en el municipio de Chapala firmaron a 20 años el convenio para que se emparejaran, nosotros ya no firmamos convenios, todo es verbal y solo damos plazo que no excedan de 2 años para que las entidades públicas patronales se pongan al corriente.

P. ¿Ipejal puede crecer a los 125 municipios?

R. Sí, de hecho eso sería muy bueno para el fondo de pensiones, aquí el gran problema con el que nos topamos es la capacidad del municipio para pagar el 20.5% correspondiente a la aportación patronal, sería prácticamente que su nómina creciera justo en esa proporción y sabemos la situación en la que están los municipios con el tema de las nóminas y con las deudas de los laudos. Hoy se tiene a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Tepatitlán, Chapala, Puerto Vallarta, Autllán y Tamazula, nos faltan 115 municipios, muchos de ellos se han acercado a tratar de consultar, pero cuando se les dice lo que tienen que pagar, el 20.5% de su nómina y el 11.5% de la aportación del trabajador, ahí es donde se detienen los trámites.

P. ¿Sobre las reformas a la Ley, qué aportaciones hará?

R. Estamos trabajando a través de la Dirección de Prestaciones y la Dirección Jurídica para ver sobre qué temas nos vamos a enfocar, por ejemplo en las Pensiones VIP, se analizará el toparlas, especialmente para los que ingresaron antes del 2009 porque de ahí en adelante de acuerdo a la ley ya tienen un límite máximo. Se incorporará a la ley el reconocimiento al Comité de Rendición de Cuentas en donde todas las federaciones estén representadas a través de su s3cretario y un suplente y en donde asociaciones de pensionados estén también representados para que puntualmente estén revisando las acciones del Instituto.

P. ¿Habrá cambio al Consejo de Administración?

R. Ya se presentó por parte de la Secretaría General de Gobierno y tengo entendido que se aprobó la semana pasada en Comisiones, para cambiar la representación y asignar el espacio a la federación mayoritaria que determine el Tribunal de Escalafón y Arbitraje.

P. ¿Los maestros mantienen su posición?

R. Los maestros son la mitad de los pensionados, llegan a 17 mil de los 37 mil que son actualmente y sí, mantienen su asiento.

P. ¿Usted aprobó las reformas del 2009, que le cambiará?

R. El análisis del 4 transitorio en donde nos exenta topar la pensión para los que cotizamos con la ley anterior, principalmente y mi postura es toparlas como es la tendencia a nivel nacional.

P. ¿Qué hacer finalmente?

R. Atender de mejor manera el servicio médico, con nuevas unidades de salud, seguir creciendo la reserva técnica para darle más años de viabilidad a la vida del fondo de pensiones y transparentar lo más que se pueda los procesos del instituto. Los tres temas a atender.

P. ¿A cuántos pensionados atiende?

R. Hoy día 550 millones de pesos se pagan mensualmente de pensiones y ese monto seguirá creciendo, la expectativa que tenemos este año es de tener 3 mil 800 pensionados más y conforme van pasando los años, más va  creciendo el número de nuevos pensionados y en consecuencia más crece el número global de pensionados

P. ¿Un Estudio Actuarial decía que vivían hasta el 2027?

R. Sí. Hay uno que daba vida hasta el 2027, se hizo en el 2017 con información del 20016 y este año se habrá de elaborar un estudio actualizado con información del 2019 y esperamos tener buenas noticias para el Instituto y los trabajadores en donde se reflejen más años de viabilidad para el Ipejal, ya con los realizado por nosotros al menos durante un año.

 

ENTREVISTAS

Contraloría, Fiscalía Anticorrupción y Auditoría Superior deben investigar manejo perverso de comunicación institucional, pide diputada local morenista Erika Pérez

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Por Diego Morales //

Las instancias encargadas de transparencia y la rendición de cuentas deben investigar el manejo perverso y corrompido de la comunicación institucional que hace el Gobierno de Jalisco con adjudicaciones directas que han hecho a tres empresas, Eutzen, Indatcom y La Covacha, como lo han documentado las investigaciones de los periodistas de NTR Guadalajara, Sonia Serrano y Lauro Rodríguez.

La Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría Estatal, así como la Auditoría Superior del Estado, deben investigar estas denuncias, ya que son cientos de millones de pesos que han recibido estas empresas de dinero que proviene de los impuestos de los jaliscienses, plantea la diputada de Morena en el Congreso del Estado, Erika Pérez García.

De la misma forma, apunta, se debe llevar a cabo una auditoría de costo-beneficio de cada uno de los proyectos que han entregado al Gobierno del Estado.

Lo que existe, es propaganda y culto a la personalidad del Gobernador Enrique Alfaro, que en su afán de cambiar la percepción negativa que la sociedad tiene de su administración, hacen un mal manejo de los recursos del gobierno destinados a generar puentes de comunicación con la sociedad”, considera la legisladora de Morena entrevistada por Conciencia pública.

Hoy gracias a la investigación del Diario NTR nos enteramos que el trío de empresas señaladas, enfocan sus tácticas a la creación de granjas de bots, noticias falsas y acoso de sus adversarios políticos, periodistas y organizaciones sociales que son contrarias a los intereses del Gobierno, y peor aún, todo esto pagado con recursos públicos”, señala y considera que este tipo de prácticas además de denigrantes, van en sentido contrario al desarrollo democrático.   

LA ENTREVISTA 

– ¿Qué opinión le merece esta investigación y denuncia pública que han realizado los periodistas del diario NTR Guadalajara, Sonia Serrano y Lauro Rodríguez sobre las empresas de comunicación preferidas por el actual gobierno den Jalisco (Indetcom, Euzen y La Cobacha) que se dedican a atacar a líderes opositores y periodistas críticos a través de granjas de bots desde el anonimato?

Es una investigación puntual, bien documentada que nos revela que en Jalisco al gobierno estatal no le preocupa tener una comunicación social efectiva con los jaliscienses. 

Lo que existe, es propaganda y culto a la personalidad del Gobernador Enrique Alfaro, que en su afán de cambiar la percepción negativa que la sociedad tiene de su administración, hacen un mal manejo de los recursos del gobierno destinados a generar puentes de comunicación con la sociedad.   

Los gobiernos de Movimiento Ciudadano han pervertido y corrompido la comunicación institucional. 

Hoy gracias a la investigación del Diario NTR nos enteramos que el trío de empresas señaladas, enfocan sus tácticas a la creación de granjas de bots, noticias falsas y acoso de sus adversarios políticos, periodistas y organizaciones sociales que son contrarias a los intereses del Gobierno, y peor aún, todo esto pagado con recursos públicos. 

Esto se logra gracias a la falta de transparencia y auditoría del trabajo que realizan las empresas privadas de marketing, imagen y producción de campañas, mismas que se contratan para llevar la comunicación de los gobiernos.  Es un punto que hay que legislar.  

LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El utilizar recursos públicos para hacer campañas de ataque desde el anonimato además de ser un delito, es un atentado a la democracia y al estado de derecho… ¿Qué se puede hacer desde el Congreso del Estado para evitar este tipo de prácticas tan denigrantes y oprobiosas atentatorias a los derechos humanos?

Primero que nada, hay que exhortar a las instancias encargadas de la transparencia y la rendición de cuentas que investiguen y exijan el cumplimento de la ley. 

A la Auditoría Superior del Estado pedirle que investigue la legalidad de cada contrato que se adjudicado a las empresas Euzen, Indatcom, La Covacha, además que se lleve a cabo una auditoría de costo – beneficio de cada uno de los proyectos que han entregado al Gobierno. 

La Contraloría Estatal deberá revisar si hay conflicto de interés, tráfico de influencias para obtener los contratos millonarios que ha ganado Euzen, Indatcom, La Covacha.

Al Instituto de Transparencia pedirle que exija puntualidad en la actualización y publicación de toda la información pública que deben tener expuestas en sus páginas el Gobierno del Estado y ayuntamientos, que hayan contratado los servicios de Euzen, Indatcom, La Covacha.

LA GUERRA SUCIA NO BENEFICIA A LA SOCIEDAD

Dichas empresas han sido señaladas de instrumentar campañas de ataques y descalificación en elecciones en diversos estados contra opositores… ¿Debemos acostumbrarnos a esas campañas de lodo utilizando recursos públicos?

La guerra sucia no beneficia a la sociedad. La gente está cansada de la manipulación mediática que este tipo de empresas de comunicación quieren imponer para influir de manera negativa en la opinión pública.

Afortunadamente tenemos una sociedad cada vez más informada y ya no es tan manipulable y ustedes lo pueden ver, hoy los usuarios de redes sociales identifican muy rápido las noticias falsas y desactivan su potencial daño en la opinión pública. 

NTR Guadalajara documentó la entrega de 660 cheques que suman pagos por 316 millones de pesos que les han pagado los gobiernos de MC a estas tres empresas… pero no hay transparencia…no se sabe qué hacen estas empresas, si realmente desquitan lo que se les paga…

Por eso insisto la Auditoría Superior del Estado debe hacer una investigación al respecto donde se analice el costo beneficio de las campañas y proyectos de comunicación que las empresas entregaron al Gobierno estatal.  

Las campañas que realizan estas empresas no son exclusivamente para difundir actividades de gobierno, lo hacen para generar tendencias en posicionamientos políticos del gobernador Alfaro…

Es delicada esta situación, porque en Euzen, Indatcom y La Covacha recayó la responsabilidad de la estrategia estatal de comunicación para la prevención de COVID-19. 

Por investigaciones periodísticas del Diario NTR sabemos que en marzo la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) les pagó más de 2.7 millones de pesos, en contratos adjudicados de manera directa, cuyo contenido a pesar de ser información fundamental, no se transparenta. 

Y tenemos como ejemplo el manejo que se da a la comunicación social para prevenir el coronavirus, las campañas se enfocan en posicionar a Enrique Alfaro y sus aspiraciones políticas y no en una comunicación asertiva que informe y oriente a la ciudadanía, es por eso hay tanta confusión en las medidas de prevención que ha comunicado el gobierno respecto a la pandemia. 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN NACIONAL

Gran parte del presupuesto de publicidad estatal se destina para proyectar la figura política de Enrique Alfaro a nivel nacional…

Por un reportaje periodístico nos enteramos que, en mayo y agosto del año pasado, el Gobierno del Estado firmó contratos por más de 61 millones de pesos para tener presencia en medios de comunicación nacionales y este año pese a la crisis de salud y economía que vivimos en Jalisco, más que comunicación social, se destinó a propaganda 108 millones de pesos a medios. 

La construcción del proyecto político de Alfaro es de contraste con nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso busca el impacto nacional. 

Y no olvidemos que Enrique Alfaro es parte del grupo de los ocho gobernadores en su mayoría panistas que forman un equipo enfocado a golpear y demeritar el proyecto de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación.

Y lo constatamos desde los primeros días del Gobierno de Alfaro, recordemos que creó una cortina de humo, especulando que el gobierno federal “no entregaría un presupuesto digno para Jalisco”.

En el tema de la pandemia ya todos conocemos la historia; Enrique Alfaro ha jugado el papel de “víctima”, ante las decisiones federales que se toman para el manejo de la emergencia sanitaria, y él creó esta percepción de victimismo, para adelantar la supuesta estrategia estatal de contención del COVID-19 una semana antes que la estrategia federal. 

El caso más reciente y descarado es haber señalado que desde los sótanos del poder en la Ciudad de México se organizaron las violentas manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio por el asesinato del joven Giovanni, dejando de lado su responsabilidad al dar la orden de hacer uso de la fuerza pública a quien no portara cubrebocas.

LEGISLAR DISCRECIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Una investigación periodística del Blog Partidero muestra que en marzo se destinaron más dinero a pauta publicitarias que a la adquisición de pruebas para detección de Covid19, fue un contrato de 26 millones 451 mil pesos, mientras que asigna 23 millones 490 mil pesos para la compra de 12 mil pruebas PCR… ¿Pareciera el mundo al revés?

Es la confirmación de que tenemos un gobierno estatal insensible a las preocupaciones y prioridades de las y los jaliscienses, aquí su prioridad no es la salud del pueblo es la imagen del gobernante. 

La discrecionalidad en el gasto del erario público es un tema que también debemos legislar. El dinero público debe estar en una caja de cristal para que la gente conozca el destino de cada peso que aporta con el sudor de su frente.  

¿Qué puede hacerse desde el Congreso del Estado para evitar que use recursos de los jaliscienses para la promoción política del Goberandor a nivel nacional?

Primero que se cumpla la reglamentación que ya existe, el Gobierno del Estado se debe apegar a lo que marca la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco que es puntual al establecer criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y perspectiva de género. 

Si hay una laguna legal en cuanto al gasto discrecional vamos a poner manos a la obra para presentar las reformas necesarias y evitar la opacidad y corrupción en el gasto del dinero del pueblo.

Ha trascendido que la fracción legislativa de Morena tiene una iniciativa de ley que vendría a poner fin a este manejo discrecional de recursos de comunicación que se utilizan como zanahoria y/o garrote para premiar lealtades y castigar a los medios críticos que los ponen en una lista negra…

Tenemos que legislar para acabar con la corrupción y el mal manejo de la comunicación social en Jalisco.

Ya existe a nivel federal la Ley General de Comunicación Social que se publicó el 11 de mayo de 2018. Y en sus transitorios obliga a los congresos locales a armonizar la ley en cada estado.

Ya en la pasada legislatura hubo una iniciativa para que Jalisco tuviera su propia ley de Comunicación Social (presentada por Kumamoto) sin embargo, fue rechazada. 

Hoy tenemos una propuesta que presentó que encabezó mi compañera diputada Norma Valenzuela y nos sumamos como fracción, en la que se prevé que la inversión en medios para comunicación social sea equitativa, sin embargo, Morena tiene enfrente a las bancadas de MC y PAN que protegen los intereses del Gobierno estatal y no es sencillo colocar el tema en la agenda legislativa. 

Por mi parte hay el compromiso de revisar las iniciativas existentes y presentar una propia que venga enriquecer las propuestas que ya están en comisiones, necesitamos garantizar que todos difundan las acciones de gobierno sin importar su línea editorial sino el alcance de su público.   

El pasado año se destinaron 134 millones de pesos en gasto de comunicación social del Gobierno de Jalisco y hasta mayo de este año han gastado 108 millones de pesos, cuyos principales beneficiarios son los medios televisivos, radiofónicos y prensa de la Ciudad de México…

Esto evidencia que no hay una comunicación social en la que se informe a la sociedad de lo que hace el gobierno: campañas de salud, educación, empleo etcétera. Lo que tenemos es una campaña de posicionamiento de la imagen del Gobernador, que evidentemente en nada beneficia a los jaliscienses.  

Se debe investigar el posible desvío de recursos públicos en el Gobierno estatal, es una prueba de fuego para el Sistema Estatal Anticorrupción y para la Contraloría Estatal, aquí se evidenciaría su capacidad e independencia para hacer cumplir la ley. 

En caso de que haya desvío de recursos federales entonces tendría que intervenir la Auditoría Superior de la Federación, incluso la Secretaría de Hacienda.

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Congelada la reforma 2.0 del Sistema Estatal Anticorrupción: Académico Jesús Ibarra

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Por Mario Ávila //

Una reforma “descafeinada” es lo que menos necesita Jalisco en la lucha contra la corrupción, de ahí que desde el Comité de Participación Social se empuje la Reforma 2.0 y el principal promotor es el académico del ITESO, Jesús Ibarra, a la vez integrante del CPS del Sistema Estatal Anticorrupción.

La propuesta de la reforma se trata de recuperar las cosas que no se hacían, que no se aceptaron o que no se incluyeron en el 2017, cuando se implementó el sistema nacional y se obligó a los estados a tener un sistema local; en el 2017 hubo unas mesas a las que convocó el entonces el gobernador Aristóteles Sandoval, invitaron a organizaciones, a universidades y la reforma salió se instaló el sistema, sin embargo muchas cosas quedaron fuera, tal cual no se aceptaron.

De ello habló con lujo de detalles el académico Jesús Ibarra, quien detalló que esas y otras observaciones sobre la marcha, se han venido cocinando durante todo el 2018 mientras se estuvo implementando el sistema, y una parte del 2019.

La reforma -dijo-, como recordarás consistió en ocho mesas en donde se discutían varios temas relacionados para incluir lo que se marginó en el 2017 y para eficientar el sistema. Por ejemplo, en el 2017 no se incluyeron las cosas que dolían a los grupos de poder en temas de corrupción”.

Una muy importante -abundó-, perseguir el dinero fruto de actos de corrupción. Para ello se proponía una unidad de inteligencia financiera a nivel local y eso no pasó, a cambio de ello aprobaron que hubiera una Fiscalía Anticorrupción supuestamente autónoma, pero lo que no pasó es que esa Fiscalía tuviera una Unidad de Inteligencia Financiera para investigación de hechos de corrupción, porque se supone que agarran tu cuenta bancaria y empiezan a rastrear el dinero y eso no pasó, por lo cual no puedes seguir la huella del dinero, no puedes recuperar activos, ni tampoco puedes acusar y condenar ante un juez, por varios de los delitos por hechos de corrupción, por ejemplo enriquecimiento ilícito”.

El académico expuso: “Si tú ante el Ministerio Público no le demuestras que equis persona se enriqueció ilícitamente con tales y cuales propiedades, con ciertas cuentas bancarias y con dinero en efectivo, el juez jamás emitirá una condena por enriquecimiento ilícito. Y como ese delito, varios más que no se podrían comprobar desde la Fiscalía, por ejemplo, tampoco el cohecho, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, que son delitos difíciles de probar si no sigues la huella del dinero”.

Y ahí qué puede hacer la Fiscalía, pues recurrir al uso indebido de atribuciones, quien firmó mal el contrato que es lo que se ha hecho al vincular a proceso por ese tipo de delitos que no llegan a los grandes corruptos, a los autores de las tramas y solo se detienen a los ‘chivos expiatorios’, detienen al de compras porque firmó el contrato, detienen al que hizo el depósito, detienen al que pagó, pero a los jefes no se les puede comprobar nada”, planteó.

Y abunda: “En ese tema, recuerdo que tampoco se aprobó el delito contra la ordenación al desarrollo territorial y urbano, porque se sabe que ahí hay una corrupción rampante entre constructoras, gobiernos, municipios, notarios, todo mundo está metido ahí. Pero imagínate, que el fiscal descubriera que efectivamente se cambió indebidamente el plan parcial de desarrollo urbano de un municipio; se autorizó que fuera para uso urbano cuando estaba prohibido porque era una zona protegida. Incluso aunque el fiscal lo demuestre, eso no es delito, ahí está la cosa, no puede ser que la corrupción urbanística no sea delito”.

En una situación de esta naturaleza, cuando mucho van a sancionar administrativamente a los empleados del municipio que cambiaron el uso de suelo, va a poner sanciones administrativas a las constructoras que participación indebidamente”, expuso.

Tal fue el caso de los más de 200 edificios que se construyeron en Guadalajara en los gobiernos de Jorge Aristóteles y Ramiro Hernández, y a la llegada de Enrique Alfaro simple y sencillamente los regularizó con una simple multa.

Así es, ese no es un delito, solo se paga con una simple multa y cuando mucho pudieron haber sancionado administrativamente a algún funcionario, cuando lo ideal eran las demoliciones para proteger al medio ambiente, pero no se hizo. Esos detalles son los que abordan la Reforma 2.0”, precisó Jesús Ibarra.

En concreto, el atorón para que esto fluya está en el Congreso del Estado, en particular en la comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, que preside Mirza Flores Gómez, en donde se ha trabajado arduamente, pero sin resultados concretos.

Puntualizó el académico que la primera mesa fue para tratar la necesidad del comité coordinador; la segunda sobre adquisiciones y contrataciones y la tercera sobre integridad empresarial en donde planteaba que solo se entregaran contratos a empresas que tuvieran sistemas de auditoría antisoborno.

Esta propuesta de reforma 2.0 se entregó al Congreso del Estado en el mes de diciembre del 2019 y de esa fecha para acá no se ha sabido nada, aunque la diputada Mirza Flores asegura que está en vísperas de la dictaminación.

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ENTREVISTAS

A mediano y largo plazo se verá reflejada la lucha anticorrupción: Epidemia de COVID frenó programas regionales, advierte Lucía Almaraz

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Por Diego Morales //

A pesar de que la corrupción les lleva décadas de ventaja, se ha venido trabajando para erradicarla, así lo indica Lucía Almaraz, presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, quien acepta que aunque la percepción es que los procesos transitan en lentitud, son apegados a la ley y se verán reflejados los resultados en el mediano y largo plazo.

Y aunque este ha sido un año atípico, destaca que han tenido que irse adaptando a la nueva normalidad para involucrar a todos los ciudadanos en la elaboración de la política pública para el combate a la corrupción.

Diciembre no lo contamos porque es un periodo de navidad y todo eso, enero es complicado pero arrancamos, pero en marzo aparece el tema de COVID19. Pero tenemos que replantear las acciones desde el Sistema Estatal Anticorrupción poniendo el ejemplo, ahora que trabajamos con la política estatal anticorrupción teníamos como objetivo salir a las regiones para ponerle voz y rostro al sistema, dejar la comodidad de la Zona Metropolitana para ir a conocer las necesidades de las regiones para la conformación de esta política”.

Agrega: “De tal forma que la dinámica tuvo que cambiar para que fuera una consulta en línea, invitando a todo ciudadano interesado en participar para la elaboración de la política pública, queremos sobre todo que en este sentido sea de todos y no se elabore desde un escritorio, uno de los grandes cambios que llevamos a cabo. Sabemos que en el tema de corrupción hay todo por hacer, somos un sistema joven, sabemos del compromiso que implica ser integrante del sistema”.

LA ENTREVISTA

¿Sirve el Sistema Estatal Anticorrupción? La gente es incrédula de su funcionamiento…

El sistema apenas va para tres años, es joven, la corrupción nos lleva décadas de ventaja, incluso ha mutado, ha evolucionado. El sistema particularmente tiene como propósito coordinar a las instancias que ya existían antes del sistema, la Contraloría, el ITEI, el Consejo de la Judicatura que tenemos los ojos en él, el Tribunal de Justicia Alternativa y la recién creada Fiscalía Anticorrupción. El alcance que tiene el sistema es coordinar a esas instancias que ya existían y que además ya realizaban esfuerzos en materia de combate a la corrupción y ahora se conjuntan. El beneficio es que las autoridades ahora sí tienen diálogo entre ellos”.

En la agenda de la reunión que tendrán este jueves del Consejo del Comité de Participación Social está el seguimiento a IPEJAL por compra de medicamentos milagrosos, el nombramiento a los consejeros de la judicatura que hizo el Congreso del Estado y la investigación del caso Giovanni López así como la represión a estudiantes… ¿Qué hay al respecto?

En el caso de los productos milagrosos adquiridos por Pensiones del Estado, este tema lo traemos desde abril, ya informamos cuáles fueron las acciones de la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción, se presentó una denuncia y se realizaron diligencias, está en el proceso de obtener mejores datos. Acordamos ir más allá, pedir información al órgano interno de IPEJAL.

En el caso de la designación de los tres consejeros de la Judicatura, no nos quedaremos en la indignación, emprenderemos acciones, son carreras de largo aliento en la carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un proceso que no es pronto, pero queremos sentar un precedente, ojos que hagan un zoom en procesos de designaciones, sobre todo los que pasan por el congreso. Y en el caso de Giovanni ya pedimos la información a la Fiscalía Anticorrupción, no nos han respondido, es un tema amplio, nos pidieron prórroga, pero son temas que no vamos a soltar”.

¿Cuáles son sus alcances contra la corrupción?

Nosotros atendemos dos aristas de la corrupción, una que tiene que ver con el tema preventivo, estar observando la transparencia, que no haya corrupción. También se atiende la parte punitiva o de sanción, que tiene que ver con que ya existe la Fiscalía especializada en combate a la corrupción y será quien le esté dando seguimiento a las carpetas de investigación. Como sistema, realizamos recomendaciones, está diseñado más en la parte de insumo técnico. Nuestros alcances son en el ámbito técnico, preventivo”.

La impresión es que pareciera que es lenta la prevención para frenar actos de corrupción, como el caso de compras directas. ¿Cómo hacer para que esto sea más rápido y acotar a los corruptos?

Entiendo esta postura, en el caso de adquisiciones directas a veces hay la justificación que la propia ley da, pero a quién le toca revisar inmediatamente es a la Contraloría, qué pasa con el tema de por qué son tan lentos, es porque la ley nos va marcando tiempos, hay un obstáculo que superar en materia legislativa y regulatoria. También, es complicado por parte del sistema entrarle al tema, va por pasos, entra la Contraloría, se denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción o se va al Tribunal de Justicia Administrativa que también tiene sus tiempos. Creo que esto es una inquietud general de los jaliscienses de por qué no somos tan rápidos, pero los tiempos procesales se deben agotar. Tal vez la respuesta no satisface, porque como ciudadana también hago esos cuestionamientos, pero cuando entramos nos damos cuenta de esto”, puntualizó.

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