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Podrían llamar a declarar al Fiscal General: El Fiscal Anticorrupción Gerardo Ignacio de la Cruz promete investigación conforme a derecho

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Por Diego Morales //

Ante la responsabilidad histórica que carga sobre sus hombros para indagar y sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas que sufrieron hombres y mujeres en Jalisco durante las manifestaciones por el caso de Giovanni, en su mayoría jóvenes, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, Fiscal Anticorrupción se faja y se compromete a que las investigaciones se llevarán conforme a derecho y llegarán a las últimas consecuencias sin generar en el caso chivos expiatorios.

Sobre las carpetas de investigación que ya se encuentran en el caso, de la Cruz manifestó que son el inicio del proceso y que aunque uno ya fue vinculado a proceso, al mando policiaco aún están en las investigaciones, ambos bajo los cargos de abuso de autoridad y robo.

A uno de ellos, que ya fue vinculado, fue por abuso de autoridad, que es un elemento; al segundo, que es un mando policíaco, de abuso de autoridad y de robo. Lo que pasa es que como tal, no encontrarán un tipo penal que diga que se impondrá una pena de tanto a tanto al que ordene privar de la libertad a jóvenes y llevarlo a las afueras de la ciudad, existen tipos penales que mencionan figuras jurídicas en abstracto y la conducta típica que se adecúa es lo que tenemos que tipificar al respecto. Desde que esto inicia, se habló de una privación ilegal de la libertad, se habló de desaparición forzada de personas”.

Aunque la Fiscalía Anticorrupción no estuvo cerca del lugar, dieron cuenta de los hechos por las denuncias que hicieron los ciudadanos a través de las redes sociales, por lo cual en horas posteriores a los sucesos ocurridos en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado y en dónde aplicaban los delitos cometidos por los servidores públicos.

Nosotros tenemos como encomienda investigar delitos cometidos por la autoridad, cuando se da en la tarde noche de ese viernes esta situación que se priva de la libertad a los jóvenes, nosotros no estamos cerca del lugar, no estamos viviéndolo porque no está en nuestras facultades checar las marchas. Sin embargo, durante la noche sí nos empezamos a dar cuenta de lo que estaba pasando por redes sociales donde se hablaba del tema, literalmente lo que la gente mencionaba, levantaron a tal y así”.

Agrega: “Durante la mañana dijimos, aquí hay delitos que tienen que ver con nuestra competencia, en particular uno, el tipo penal de abuso de autoridad, establece el artículo 146 que quien lo comete, todo servidor público, sea cual fuere su categoría, avienta un montón de casos, encontramos una conducta, que un servidor público en funciones haga violencia o deje a una persona, la segunda es cuando ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la constitución”.

Además: “En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece cuáles son los derechos fundamentales que tienen las personas, entre otros tenemos el derecho a la libertad, el derecho a no ser detenidos sin que medie un procedimiento que lo justifique. Esas dos fracciones le dan origen a la competencia de la Fiscalía Anticorrupción, de forma tal que ante esa situación, me puse en contacto con el director de los ministerios públicos, lo instruyo para que convoque al ministerio público de guardia y abra una carpeta de investigación por estas dos situaciones, por la violencia que se advierte que se ha ejercido y porque se ha autorizado, ejecutado o permitido actos violatorios de derechos fundamentales”.

LA ENTREVISTA

¿Está en sus facultades citar a declarar Gerardo Octavio Solís? Ha sido señalado de dar órdenes de los levantones…

Tal como lo contempla la constitución, la Fiscalía Anticorrupción goza de autonomía técnica, operativa, respecto al otro fiscal dice la ley que no existe privilegio respecto de uno del otro. Estoy considerando que declaren todas las personas que tengan que declarar en relación a los hechos conforme se vayan generando las investigaciones, no quiero ser sensacionalista haciendo anuncios precipitados o desmedidos, sino que sea una investigación de manera seria y conforme vayan resultado se irá citando a quien se tenga que citar, de la jerarquía que resulte no importa”.

Aunque en los delitos que mencionó, no aparece que levanten gente, ¿la investigación llevará a dar con el responsable de dar la orden?

Esas son las primeras que se advierten. Cuando tenemos comunicación con la Fiscalía del Estado nos enteramos que hay dos personas detenidas que son los que fueron presentados ante el juez, ahí asumimos la competencia, digo si tienes dos personas detenidas y carpetas abiertas, entonces entrégamelas. Obviamente hay una fiscalía especializada en desaparición forzada que depende de la Fiscalía del Estado. No se descarta la existencia de un delito, pero dentro de las 48 horas que es lo que tienes para resolver cuando tienes una persona detenida, la ley marca que lo más que puedes retenerlo son 48 horas antes de presentarlo al juez, es una investigación amplia, dentro de esas horas los delitos que se lograron acreditar son los que menciono, el abuso de autoridad y el robo”.

Hay versiones de las familias de los imputados que ni siquiera salieron de Fiscalía, ¿ustedes tienen otra información?

Hay muchas versiones que hemos escuchado, no me puedo referir de manera puntual a ellas. Pero hay una, cuando llegamos ya estaban detenidos, con unas actuaciones y con un señalamiento concreto, nosotros nos trajimos esas constancias levantadas por la Fiscalía del Estado y en función de esto discutimos una legal detención. No obstante, en la investigación complementaria, en el segundo de ellos, nos dieron dos meses para investigación, vamos a recabar los videos de C5, vamos a revisar las grabaciones de cabina de la policía investigadora entonces veremos órdenes. Lo que había hasta ese momento, las pruebas nos decían que sí estaban en la calle, si en la investigación complementaria suscita que no, su situación cambiará”.

¿Habrá más acusaciones?

Necesariamente, no fueron dos personas los que llevaron a cabo este operativo, debe haber más. Por estas acusaciones nos acercamos a Derechos Humanos, me acerqué a las víctimas para generar la confianza, que se acerquen con nosotros a declarar, ya recibimos una persona en la oficina, esa es la labor. Estamos generando un ambiente para decirles, nosotros somos la Fiscalía Anticorrupción, podemos investigar pero son su apoyo. El personal estará tratando de comunicarse con ellos, acompañados de Derechos Humanos, tratando de lograr los señalamientos directos”.

LA RESPONSABILIDAD DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN 

¿Está consciente de la responsabilidad histórica que tiene ante este suceso trágico que cimbra a las estructuras del poder en Jalisco? Se le llama el halconazo tapatío…

Tengo conciencia de lo que significa ser el primer fiscal anticorrupción en la historia de Jalisco. Cuando llegamos, muchos me dijeron, te sacaste la rifa del tigre, yo les contestaba que yo compré el boleto, yo lo busqué, estaba detrás del micrófono criticando y decidí tratar de aportar. Segundo, el fabricar chivos expiatorios, tiene como origen cuando se acostumbraba sacrificar un animal para que un noble no pagara sus culpas, entonces hablamos de inocentes, en este caso, gozan de la presunción de inocentes, sí, pero lo que ellos han mencionado y lo que se dice en los pasillos es que fueron órdenes superiores, puede ser que un mando superior les de una instrucción, pero eso no los hace chivos expiatorios”, señala De la Cruz Tovar.

¿Aunque los amenacen?

Claro, si te dan una orden ilegal no la debes cumplir. El decir son muchas cosas, hay que acreditarlo. El tema de que si están con dos o tres meses de contrato, algunos, no todos, es una lógica que tiene la ley de seguridad pública como la de servidores públicos”.

CREAN AGENCIA DE MINISTERIO PÚBLICO EXCLUSIVA

En la búsqueda de agilizar la investigación de los hechos ocurridos el pasado 5 de junio y garantizando la reserva de datos personales de las víctimas por su seguridad, Gerardo de la Cruz anunció que se abrió una Agencia del Ministerio Público de manera exclusiva para el tema, en donde trabajarán en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco.

Nosotros encabezamos esto porque somos nosotros quienes nos toca investigar. Tenemos Que compartir información, hay cosas que llegan a la Comisión de Derechos Humanos y no han llegado conmigo, porque mucha gente escucha Fiscalía y piensa que somos los mismos, ahorita la sociedad no tiene confianza en la autoridad, en consecuencia muchas víctimas no se han acercado a la Fiscalía Anticorrupción, pero sí a Derechos Humanos. Entonces, mi primer contacto fue decir, necesito información de las víctimas para aportar datos a mis carpetas”.

Uno de los puntos clave para la generación de esta agencia, es que las víctimas al escuchar Fiscalía lo relacionan con la institución por la cual fueron violentados lo cual les cerraba las puertas. A la vez, el compromiso es investigar lo ocurrido ese día, pero también que se abra una investigación desde el origen de las marchas, lo ocurrido con Giovanni en Ixtlahuacán.

Ordenamos que se abriera una investigación no únicamente el viernes en la tarde, sino lo que pasó en Ixtlahuacán desde la detención de Giovanni, porque si bien es cierto la investigación le toca a la Fiscalía, la detención previa con violación a los derechos fundamentales es competencia nuestra. En este caso, dadas las condiciones, decidimos investigarlo todo nosotros desde atrás, estamos desde esta detención y volveremos a entrevistar a los policías, al director que está detenido, posiblemente al presidente, a quien sea. Si en el camino se logra acreditar una privación ilegal de libertad es una situación que se descarta porque es entre particulares, pero si se llega a acreditar una desaparición forzada habrá responsabilidades que se finquen”, puntualizó.

ENTREVISTAS

Contraloría, Fiscalía Anticorrupción y Auditoría Superior deben investigar manejo perverso de comunicación institucional, pide diputada local morenista Erika Pérez

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Por Diego Morales //

Las instancias encargadas de transparencia y la rendición de cuentas deben investigar el manejo perverso y corrompido de la comunicación institucional que hace el Gobierno de Jalisco con adjudicaciones directas que han hecho a tres empresas, Eutzen, Indatcom y La Covacha, como lo han documentado las investigaciones de los periodistas de NTR Guadalajara, Sonia Serrano y Lauro Rodríguez.

La Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría Estatal, así como la Auditoría Superior del Estado, deben investigar estas denuncias, ya que son cientos de millones de pesos que han recibido estas empresas de dinero que proviene de los impuestos de los jaliscienses, plantea la diputada de Morena en el Congreso del Estado, Erika Pérez García.

De la misma forma, apunta, se debe llevar a cabo una auditoría de costo-beneficio de cada uno de los proyectos que han entregado al Gobierno del Estado.

Lo que existe, es propaganda y culto a la personalidad del Gobernador Enrique Alfaro, que en su afán de cambiar la percepción negativa que la sociedad tiene de su administración, hacen un mal manejo de los recursos del gobierno destinados a generar puentes de comunicación con la sociedad”, considera la legisladora de Morena entrevistada por Conciencia pública.

Hoy gracias a la investigación del Diario NTR nos enteramos que el trío de empresas señaladas, enfocan sus tácticas a la creación de granjas de bots, noticias falsas y acoso de sus adversarios políticos, periodistas y organizaciones sociales que son contrarias a los intereses del Gobierno, y peor aún, todo esto pagado con recursos públicos”, señala y considera que este tipo de prácticas además de denigrantes, van en sentido contrario al desarrollo democrático.   

LA ENTREVISTA 

– ¿Qué opinión le merece esta investigación y denuncia pública que han realizado los periodistas del diario NTR Guadalajara, Sonia Serrano y Lauro Rodríguez sobre las empresas de comunicación preferidas por el actual gobierno den Jalisco (Indetcom, Euzen y La Cobacha) que se dedican a atacar a líderes opositores y periodistas críticos a través de granjas de bots desde el anonimato?

Es una investigación puntual, bien documentada que nos revela que en Jalisco al gobierno estatal no le preocupa tener una comunicación social efectiva con los jaliscienses. 

Lo que existe, es propaganda y culto a la personalidad del Gobernador Enrique Alfaro, que en su afán de cambiar la percepción negativa que la sociedad tiene de su administración, hacen un mal manejo de los recursos del gobierno destinados a generar puentes de comunicación con la sociedad.   

Los gobiernos de Movimiento Ciudadano han pervertido y corrompido la comunicación institucional. 

Hoy gracias a la investigación del Diario NTR nos enteramos que el trío de empresas señaladas, enfocan sus tácticas a la creación de granjas de bots, noticias falsas y acoso de sus adversarios políticos, periodistas y organizaciones sociales que son contrarias a los intereses del Gobierno, y peor aún, todo esto pagado con recursos públicos. 

Esto se logra gracias a la falta de transparencia y auditoría del trabajo que realizan las empresas privadas de marketing, imagen y producción de campañas, mismas que se contratan para llevar la comunicación de los gobiernos.  Es un punto que hay que legislar.  

LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El utilizar recursos públicos para hacer campañas de ataque desde el anonimato además de ser un delito, es un atentado a la democracia y al estado de derecho… ¿Qué se puede hacer desde el Congreso del Estado para evitar este tipo de prácticas tan denigrantes y oprobiosas atentatorias a los derechos humanos?

Primero que nada, hay que exhortar a las instancias encargadas de la transparencia y la rendición de cuentas que investiguen y exijan el cumplimento de la ley. 

A la Auditoría Superior del Estado pedirle que investigue la legalidad de cada contrato que se adjudicado a las empresas Euzen, Indatcom, La Covacha, además que se lleve a cabo una auditoría de costo – beneficio de cada uno de los proyectos que han entregado al Gobierno. 

La Contraloría Estatal deberá revisar si hay conflicto de interés, tráfico de influencias para obtener los contratos millonarios que ha ganado Euzen, Indatcom, La Covacha.

Al Instituto de Transparencia pedirle que exija puntualidad en la actualización y publicación de toda la información pública que deben tener expuestas en sus páginas el Gobierno del Estado y ayuntamientos, que hayan contratado los servicios de Euzen, Indatcom, La Covacha.

LA GUERRA SUCIA NO BENEFICIA A LA SOCIEDAD

Dichas empresas han sido señaladas de instrumentar campañas de ataques y descalificación en elecciones en diversos estados contra opositores… ¿Debemos acostumbrarnos a esas campañas de lodo utilizando recursos públicos?

La guerra sucia no beneficia a la sociedad. La gente está cansada de la manipulación mediática que este tipo de empresas de comunicación quieren imponer para influir de manera negativa en la opinión pública.

Afortunadamente tenemos una sociedad cada vez más informada y ya no es tan manipulable y ustedes lo pueden ver, hoy los usuarios de redes sociales identifican muy rápido las noticias falsas y desactivan su potencial daño en la opinión pública. 

NTR Guadalajara documentó la entrega de 660 cheques que suman pagos por 316 millones de pesos que les han pagado los gobiernos de MC a estas tres empresas… pero no hay transparencia…no se sabe qué hacen estas empresas, si realmente desquitan lo que se les paga…

Por eso insisto la Auditoría Superior del Estado debe hacer una investigación al respecto donde se analice el costo beneficio de las campañas y proyectos de comunicación que las empresas entregaron al Gobierno estatal.  

Las campañas que realizan estas empresas no son exclusivamente para difundir actividades de gobierno, lo hacen para generar tendencias en posicionamientos políticos del gobernador Alfaro…

Es delicada esta situación, porque en Euzen, Indatcom y La Covacha recayó la responsabilidad de la estrategia estatal de comunicación para la prevención de COVID-19. 

Por investigaciones periodísticas del Diario NTR sabemos que en marzo la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) les pagó más de 2.7 millones de pesos, en contratos adjudicados de manera directa, cuyo contenido a pesar de ser información fundamental, no se transparenta. 

Y tenemos como ejemplo el manejo que se da a la comunicación social para prevenir el coronavirus, las campañas se enfocan en posicionar a Enrique Alfaro y sus aspiraciones políticas y no en una comunicación asertiva que informe y oriente a la ciudadanía, es por eso hay tanta confusión en las medidas de prevención que ha comunicado el gobierno respecto a la pandemia. 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN NACIONAL

Gran parte del presupuesto de publicidad estatal se destina para proyectar la figura política de Enrique Alfaro a nivel nacional…

Por un reportaje periodístico nos enteramos que, en mayo y agosto del año pasado, el Gobierno del Estado firmó contratos por más de 61 millones de pesos para tener presencia en medios de comunicación nacionales y este año pese a la crisis de salud y economía que vivimos en Jalisco, más que comunicación social, se destinó a propaganda 108 millones de pesos a medios. 

La construcción del proyecto político de Alfaro es de contraste con nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso busca el impacto nacional. 

Y no olvidemos que Enrique Alfaro es parte del grupo de los ocho gobernadores en su mayoría panistas que forman un equipo enfocado a golpear y demeritar el proyecto de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación.

Y lo constatamos desde los primeros días del Gobierno de Alfaro, recordemos que creó una cortina de humo, especulando que el gobierno federal “no entregaría un presupuesto digno para Jalisco”.

En el tema de la pandemia ya todos conocemos la historia; Enrique Alfaro ha jugado el papel de “víctima”, ante las decisiones federales que se toman para el manejo de la emergencia sanitaria, y él creó esta percepción de victimismo, para adelantar la supuesta estrategia estatal de contención del COVID-19 una semana antes que la estrategia federal. 

El caso más reciente y descarado es haber señalado que desde los sótanos del poder en la Ciudad de México se organizaron las violentas manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio por el asesinato del joven Giovanni, dejando de lado su responsabilidad al dar la orden de hacer uso de la fuerza pública a quien no portara cubrebocas.

LEGISLAR DISCRECIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Una investigación periodística del Blog Partidero muestra que en marzo se destinaron más dinero a pauta publicitarias que a la adquisición de pruebas para detección de Covid19, fue un contrato de 26 millones 451 mil pesos, mientras que asigna 23 millones 490 mil pesos para la compra de 12 mil pruebas PCR… ¿Pareciera el mundo al revés?

Es la confirmación de que tenemos un gobierno estatal insensible a las preocupaciones y prioridades de las y los jaliscienses, aquí su prioridad no es la salud del pueblo es la imagen del gobernante. 

La discrecionalidad en el gasto del erario público es un tema que también debemos legislar. El dinero público debe estar en una caja de cristal para que la gente conozca el destino de cada peso que aporta con el sudor de su frente.  

¿Qué puede hacerse desde el Congreso del Estado para evitar que use recursos de los jaliscienses para la promoción política del Goberandor a nivel nacional?

Primero que se cumpla la reglamentación que ya existe, el Gobierno del Estado se debe apegar a lo que marca la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco que es puntual al establecer criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y perspectiva de género. 

Si hay una laguna legal en cuanto al gasto discrecional vamos a poner manos a la obra para presentar las reformas necesarias y evitar la opacidad y corrupción en el gasto del dinero del pueblo.

Ha trascendido que la fracción legislativa de Morena tiene una iniciativa de ley que vendría a poner fin a este manejo discrecional de recursos de comunicación que se utilizan como zanahoria y/o garrote para premiar lealtades y castigar a los medios críticos que los ponen en una lista negra…

Tenemos que legislar para acabar con la corrupción y el mal manejo de la comunicación social en Jalisco.

Ya existe a nivel federal la Ley General de Comunicación Social que se publicó el 11 de mayo de 2018. Y en sus transitorios obliga a los congresos locales a armonizar la ley en cada estado.

Ya en la pasada legislatura hubo una iniciativa para que Jalisco tuviera su propia ley de Comunicación Social (presentada por Kumamoto) sin embargo, fue rechazada. 

Hoy tenemos una propuesta que presentó que encabezó mi compañera diputada Norma Valenzuela y nos sumamos como fracción, en la que se prevé que la inversión en medios para comunicación social sea equitativa, sin embargo, Morena tiene enfrente a las bancadas de MC y PAN que protegen los intereses del Gobierno estatal y no es sencillo colocar el tema en la agenda legislativa. 

Por mi parte hay el compromiso de revisar las iniciativas existentes y presentar una propia que venga enriquecer las propuestas que ya están en comisiones, necesitamos garantizar que todos difundan las acciones de gobierno sin importar su línea editorial sino el alcance de su público.   

El pasado año se destinaron 134 millones de pesos en gasto de comunicación social del Gobierno de Jalisco y hasta mayo de este año han gastado 108 millones de pesos, cuyos principales beneficiarios son los medios televisivos, radiofónicos y prensa de la Ciudad de México…

Esto evidencia que no hay una comunicación social en la que se informe a la sociedad de lo que hace el gobierno: campañas de salud, educación, empleo etcétera. Lo que tenemos es una campaña de posicionamiento de la imagen del Gobernador, que evidentemente en nada beneficia a los jaliscienses.  

Se debe investigar el posible desvío de recursos públicos en el Gobierno estatal, es una prueba de fuego para el Sistema Estatal Anticorrupción y para la Contraloría Estatal, aquí se evidenciaría su capacidad e independencia para hacer cumplir la ley. 

En caso de que haya desvío de recursos federales entonces tendría que intervenir la Auditoría Superior de la Federación, incluso la Secretaría de Hacienda.

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Congelada la reforma 2.0 del Sistema Estatal Anticorrupción: Académico Jesús Ibarra

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Por Mario Ávila //

Una reforma “descafeinada” es lo que menos necesita Jalisco en la lucha contra la corrupción, de ahí que desde el Comité de Participación Social se empuje la Reforma 2.0 y el principal promotor es el académico del ITESO, Jesús Ibarra, a la vez integrante del CPS del Sistema Estatal Anticorrupción.

La propuesta de la reforma se trata de recuperar las cosas que no se hacían, que no se aceptaron o que no se incluyeron en el 2017, cuando se implementó el sistema nacional y se obligó a los estados a tener un sistema local; en el 2017 hubo unas mesas a las que convocó el entonces el gobernador Aristóteles Sandoval, invitaron a organizaciones, a universidades y la reforma salió se instaló el sistema, sin embargo muchas cosas quedaron fuera, tal cual no se aceptaron.

De ello habló con lujo de detalles el académico Jesús Ibarra, quien detalló que esas y otras observaciones sobre la marcha, se han venido cocinando durante todo el 2018 mientras se estuvo implementando el sistema, y una parte del 2019.

La reforma -dijo-, como recordarás consistió en ocho mesas en donde se discutían varios temas relacionados para incluir lo que se marginó en el 2017 y para eficientar el sistema. Por ejemplo, en el 2017 no se incluyeron las cosas que dolían a los grupos de poder en temas de corrupción”.

Una muy importante -abundó-, perseguir el dinero fruto de actos de corrupción. Para ello se proponía una unidad de inteligencia financiera a nivel local y eso no pasó, a cambio de ello aprobaron que hubiera una Fiscalía Anticorrupción supuestamente autónoma, pero lo que no pasó es que esa Fiscalía tuviera una Unidad de Inteligencia Financiera para investigación de hechos de corrupción, porque se supone que agarran tu cuenta bancaria y empiezan a rastrear el dinero y eso no pasó, por lo cual no puedes seguir la huella del dinero, no puedes recuperar activos, ni tampoco puedes acusar y condenar ante un juez, por varios de los delitos por hechos de corrupción, por ejemplo enriquecimiento ilícito”.

El académico expuso: “Si tú ante el Ministerio Público no le demuestras que equis persona se enriqueció ilícitamente con tales y cuales propiedades, con ciertas cuentas bancarias y con dinero en efectivo, el juez jamás emitirá una condena por enriquecimiento ilícito. Y como ese delito, varios más que no se podrían comprobar desde la Fiscalía, por ejemplo, tampoco el cohecho, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, que son delitos difíciles de probar si no sigues la huella del dinero”.

Y ahí qué puede hacer la Fiscalía, pues recurrir al uso indebido de atribuciones, quien firmó mal el contrato que es lo que se ha hecho al vincular a proceso por ese tipo de delitos que no llegan a los grandes corruptos, a los autores de las tramas y solo se detienen a los ‘chivos expiatorios’, detienen al de compras porque firmó el contrato, detienen al que hizo el depósito, detienen al que pagó, pero a los jefes no se les puede comprobar nada”, planteó.

Y abunda: “En ese tema, recuerdo que tampoco se aprobó el delito contra la ordenación al desarrollo territorial y urbano, porque se sabe que ahí hay una corrupción rampante entre constructoras, gobiernos, municipios, notarios, todo mundo está metido ahí. Pero imagínate, que el fiscal descubriera que efectivamente se cambió indebidamente el plan parcial de desarrollo urbano de un municipio; se autorizó que fuera para uso urbano cuando estaba prohibido porque era una zona protegida. Incluso aunque el fiscal lo demuestre, eso no es delito, ahí está la cosa, no puede ser que la corrupción urbanística no sea delito”.

En una situación de esta naturaleza, cuando mucho van a sancionar administrativamente a los empleados del municipio que cambiaron el uso de suelo, va a poner sanciones administrativas a las constructoras que participación indebidamente”, expuso.

Tal fue el caso de los más de 200 edificios que se construyeron en Guadalajara en los gobiernos de Jorge Aristóteles y Ramiro Hernández, y a la llegada de Enrique Alfaro simple y sencillamente los regularizó con una simple multa.

Así es, ese no es un delito, solo se paga con una simple multa y cuando mucho pudieron haber sancionado administrativamente a algún funcionario, cuando lo ideal eran las demoliciones para proteger al medio ambiente, pero no se hizo. Esos detalles son los que abordan la Reforma 2.0”, precisó Jesús Ibarra.

En concreto, el atorón para que esto fluya está en el Congreso del Estado, en particular en la comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, que preside Mirza Flores Gómez, en donde se ha trabajado arduamente, pero sin resultados concretos.

Puntualizó el académico que la primera mesa fue para tratar la necesidad del comité coordinador; la segunda sobre adquisiciones y contrataciones y la tercera sobre integridad empresarial en donde planteaba que solo se entregaran contratos a empresas que tuvieran sistemas de auditoría antisoborno.

Esta propuesta de reforma 2.0 se entregó al Congreso del Estado en el mes de diciembre del 2019 y de esa fecha para acá no se ha sabido nada, aunque la diputada Mirza Flores asegura que está en vísperas de la dictaminación.

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ENTREVISTAS

A mediano y largo plazo se verá reflejada la lucha anticorrupción: Epidemia de COVID frenó programas regionales, advierte Lucía Almaraz

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Por Diego Morales //

A pesar de que la corrupción les lleva décadas de ventaja, se ha venido trabajando para erradicarla, así lo indica Lucía Almaraz, presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, quien acepta que aunque la percepción es que los procesos transitan en lentitud, son apegados a la ley y se verán reflejados los resultados en el mediano y largo plazo.

Y aunque este ha sido un año atípico, destaca que han tenido que irse adaptando a la nueva normalidad para involucrar a todos los ciudadanos en la elaboración de la política pública para el combate a la corrupción.

Diciembre no lo contamos porque es un periodo de navidad y todo eso, enero es complicado pero arrancamos, pero en marzo aparece el tema de COVID19. Pero tenemos que replantear las acciones desde el Sistema Estatal Anticorrupción poniendo el ejemplo, ahora que trabajamos con la política estatal anticorrupción teníamos como objetivo salir a las regiones para ponerle voz y rostro al sistema, dejar la comodidad de la Zona Metropolitana para ir a conocer las necesidades de las regiones para la conformación de esta política”.

Agrega: “De tal forma que la dinámica tuvo que cambiar para que fuera una consulta en línea, invitando a todo ciudadano interesado en participar para la elaboración de la política pública, queremos sobre todo que en este sentido sea de todos y no se elabore desde un escritorio, uno de los grandes cambios que llevamos a cabo. Sabemos que en el tema de corrupción hay todo por hacer, somos un sistema joven, sabemos del compromiso que implica ser integrante del sistema”.

LA ENTREVISTA

¿Sirve el Sistema Estatal Anticorrupción? La gente es incrédula de su funcionamiento…

El sistema apenas va para tres años, es joven, la corrupción nos lleva décadas de ventaja, incluso ha mutado, ha evolucionado. El sistema particularmente tiene como propósito coordinar a las instancias que ya existían antes del sistema, la Contraloría, el ITEI, el Consejo de la Judicatura que tenemos los ojos en él, el Tribunal de Justicia Alternativa y la recién creada Fiscalía Anticorrupción. El alcance que tiene el sistema es coordinar a esas instancias que ya existían y que además ya realizaban esfuerzos en materia de combate a la corrupción y ahora se conjuntan. El beneficio es que las autoridades ahora sí tienen diálogo entre ellos”.

En la agenda de la reunión que tendrán este jueves del Consejo del Comité de Participación Social está el seguimiento a IPEJAL por compra de medicamentos milagrosos, el nombramiento a los consejeros de la judicatura que hizo el Congreso del Estado y la investigación del caso Giovanni López así como la represión a estudiantes… ¿Qué hay al respecto?

En el caso de los productos milagrosos adquiridos por Pensiones del Estado, este tema lo traemos desde abril, ya informamos cuáles fueron las acciones de la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción, se presentó una denuncia y se realizaron diligencias, está en el proceso de obtener mejores datos. Acordamos ir más allá, pedir información al órgano interno de IPEJAL.

En el caso de la designación de los tres consejeros de la Judicatura, no nos quedaremos en la indignación, emprenderemos acciones, son carreras de largo aliento en la carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un proceso que no es pronto, pero queremos sentar un precedente, ojos que hagan un zoom en procesos de designaciones, sobre todo los que pasan por el congreso. Y en el caso de Giovanni ya pedimos la información a la Fiscalía Anticorrupción, no nos han respondido, es un tema amplio, nos pidieron prórroga, pero son temas que no vamos a soltar”.

¿Cuáles son sus alcances contra la corrupción?

Nosotros atendemos dos aristas de la corrupción, una que tiene que ver con el tema preventivo, estar observando la transparencia, que no haya corrupción. También se atiende la parte punitiva o de sanción, que tiene que ver con que ya existe la Fiscalía especializada en combate a la corrupción y será quien le esté dando seguimiento a las carpetas de investigación. Como sistema, realizamos recomendaciones, está diseñado más en la parte de insumo técnico. Nuestros alcances son en el ámbito técnico, preventivo”.

La impresión es que pareciera que es lenta la prevención para frenar actos de corrupción, como el caso de compras directas. ¿Cómo hacer para que esto sea más rápido y acotar a los corruptos?

Entiendo esta postura, en el caso de adquisiciones directas a veces hay la justificación que la propia ley da, pero a quién le toca revisar inmediatamente es a la Contraloría, qué pasa con el tema de por qué son tan lentos, es porque la ley nos va marcando tiempos, hay un obstáculo que superar en materia legislativa y regulatoria. También, es complicado por parte del sistema entrarle al tema, va por pasos, entra la Contraloría, se denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción o se va al Tribunal de Justicia Administrativa que también tiene sus tiempos. Creo que esto es una inquietud general de los jaliscienses de por qué no somos tan rápidos, pero los tiempos procesales se deben agotar. Tal vez la respuesta no satisface, porque como ciudadana también hago esos cuestionamientos, pero cuando entramos nos damos cuenta de esto”, puntualizó.

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