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Villas Panamericanas: Salvador Cosío responde a acusaciones: Nos quieren amedrentar

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Por Raúl Cantú //

Ante las denuncias que el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís ha dado a conocer que es investigado por intento de extorsión y de despojo, Salvador Cosío, ex candidato a gobernador de Jalisco, responde que “es una cacería política en su contra, intimidación e intento de amedrentamiento”.

Lo veo como una cortina de humo para evitar que sigamos actuando, lo veo como una intimidación e intento de amedrentamiento para inhibirnos en el accionar como abogados y como activistas sociales en el tema de las Villas Panamericanas, en el que buscamos simplemente que se acate la ley y no haya un ecocidio, ni negocio muy lucrativo de particulares con recursos públicos a costa de los jaliscienses”.

El excandidato a gobernador de Jalisco, Salvador Cosío Gaona, presidente de Conciencia Cívica, aseguró que no conoce al empresario Francisco Cornejo, propietario de la Villa Panamericana, y a la vez advirtió que lo habrá de denunciar por daño moral.

El activista expuso que la determinación se tomó una vez que el abogado del dueño de Grupo Corey, Francisco Cornejo, dijo que se presentaron cinco denuncias contra Salvador Cosío, Alejandro Cárdenas y otras personas.

«No conozco al señor Cornejo, nunca lo he visto en mi vida, nunca he platicado con él; si lo veo algún lugar no lo identificaría, seguramente él sí a mí porque soy una figura pública», dijo el excandidato a gobernador por el PVEM.

Rechazo tal aseveración, nunca he tenido contacto ni con él o alguien de parte de él, ni en forma directa, ni tampoco como dice él, por medio de abogados, empresarios, funcionarios y otros, es falso lo que afirma, es una infamia, voy a revisar los términos para proceder conforme a lo que la ley me permite cuando se comete una infamia de esta naturaleza”.

En relación al supuesto mensaje que dice haber recibido el señor Cornejo de una amenaza y una extorsión, Cosío Gaona dijo desconocer el número. “No es mío, ni es mi lenguaje, jamás he tenido comunicación con él de ninguna naturaleza”.

En cuanto a lo que afirma el fiscal de haber realizado durante algunos años unas acciones impropias como abogado, como litigante y como actor socio-político, rechazo ese señalamiento de que son inadecuados e ilícitos, no he realizado nada, ni en mi vida personal, ni como activista político, que me lleve a avergonzarme o sentirme que he hecho algo delictivo”.

Estaré esperando para atender las investigaciones o supuestas averiguaciones, y una vez que las conozca atender los derechos que me correspondan y dejar claro que no he cometido ningún ilícito”.

Cosío Gaona aseguró que Francisco Cornejo miente y lo retó a que diga cuándo y cómo fue que tuvo el encuentro con él y se hizo el planteamiento. «El acusado está obligado a probar y el incidente se tendrá que ventilar en los tribunales. Lo voy a demandar por daño moral», concluyó.

UNA VOZ MUY CRÍTICA

Salvador Cosió desde hace diez años encabeza la lucha jurídica y política, al lado de grupos ecologistas y ciudadanos que rechazan las Villas Panamericanas, por considerar que se construyeron en forma ilegal y representan un grave daño ecológico para la gente que habita la zona metropolitana de Guadalajara.

En diversos artículos que ha publicado en medios locales y nacionales y que han tenido gran difusión en redes sociales, el presidente de Conciencia Cívica ha sido un duro crítico del gobierno que encabeza el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez.

Sobre las Villas Panamericanas recientemente en SDP Noticias calificó al inmueble y que pretende ser el desarrollo inmobiliario privado de lujo denominado “Villas del Bosque”, de “impúdica e inmoral voracidad de empresarios que pretenden formalizar un muy lucrativo negocio medrando con recursos públicos y causando severos daños al hábitat en la zona denominada como El Bajío del Arenal en Zapopan”.

COLUSIÓN Y COMPLICIDAD DE ALFARO

De la misma forma Cosío Gaona señala y acusa al gobernador Enrique Alfaro de colusión y complicidad, con sus colaboradores en el Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL) y en el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), confabulados para consolidar un truculento negocio en el que serán favorecidos algunos personajes presuntamente ligados a la actual y anteriores administraciones gubernamentales municipales y estatales lesionando el Medio Ambiente y enriqueciéndose ilícitamente a costa de los jaliscienses.

Por más que el Ejecutivo del Estado esté pretendiendo la sociedad se trague el cuento en cuanto a que su cambio radical de actitud – habiendo pasado súbitamente de formar parte de los activismos en defensa de El Bajío a encabezar la embestida gubernamental y de insaciables empresarios por aprovechar insana y dolosamente esos terrenos vedados y provocando ecocidio – es en razón de optar por el interés superior de procurar que los jubilados y pensionados del estado adscritos a IPEJAL, recuperen la inadecuada y muy polémica inversión que hicieron sus directivos en 2009 y 2010”.

La postura de la Asociación Conciencia Cívica Jalisciense, del Parlamento de Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la Fundación Cuenca Lerma Chapala, Los Vecinos de Rancho Contento y la Federación de Sindicatos del Estado, quienes desde hace más de 10 años se han opuesto a que se edifique y luego se dé alguna autorización para que se utilice como vivienda al complejo que sirvió para albergar a 7 mil 500 atletas durante los Panamericanos de 2011, sigue siendo la misma, no se permitirá por ningún motivo que se violente el orden jurídico, que se siga lesionando el medio ambiente ni que se continúen realizando acciones para generar un negocio ampliamente lucrativo para unos cuantos en perjuicio de la mayoría”.

Cosío Gaona afirma que están vigentes las suspensiones que se han interpuesto, particularmente la que se dictó tras la demanda que presentó Conciencia Cívica en 2013 y que se ha pretendido violentar al buscar formalizar ese convenio de venta y autorización para comercializar casi mil departamentos y los habiten aproximadamente 6 mil personas cuando sólo existe posibilidad legal para que esas hectáreas las habiten un máximo estimado de 300 personas.

Recordó que el pasado viernes 30 de agosto se solicitó y obtuvo de la Sexta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco una resolución que precisa a las autoridades municipales y dependencias estatales que persisten las suspensiones y aseguramientos vigentes otorgadas desde 2013 por diversos procedimientos legales en trámite y apercibiendo de sanciones administrativas y penales a servidores públicos y particulares en caso de violentarlas y otorgando cinco días hábiles al gobierno municipal de Zapopan, al Ipejal e Ijalvi para que suspendan cualquier emisión de licencias o dictámenes y que no se ejecute el contrato de promesa de compraventa y el convenio de asociación para promoción de vivienda, que se tenía previsto firmar en la opacidad el último día del mes de agosto pasado.

En caso que no se atienda la instrucción girada por la autoridad judicial, procedería una sanción administrativa que va desde arrestos hasta separación del cargo y acción penal.

Dejó en claro el presidente de Conciencia Cívica que en este tema se va a ir hasta el fondo para preservar un orden jurídico, para seguir luchando por este asunto y que se va a mantener por el tiempo que sea necesario para evitar el atropello y sigan generándose acciones de enriquecimiento ilegítimo por parte de autoridades y de empresarios voraces.

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Es hora del drenaje profundo, plantea el CICEJ

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

La solución integral de fondo a los problemas de las inundaciones que enfrenta y sufre la metrópoli cada temporal de lluvias es la implementación de un drenaje profundo, un proyecto de infraestructura magna que manejaría exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado de drenaje actual.

Este sistema, inspirado en proyectos exitosos como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans), requiere una inversión estimada de 20,000 a 25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12 a 15 años.

La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés, así lo precisa en entrevista con Conciencia Pública y señala que el CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo ya el pago de estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Esto no es algo nuevo, el estudio lo hizo en 2017 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya hay incluso los análisis de las cuencas, los análisis de dónde podría ser drenaje semiprofundo, en dónde puede ser profundo, ya hay un análisis completo”.

Entonces, lo que hay que hacer es animarse a dar el paso, porque creo que recursos siempre vamos a necesitar, pero alguien se tiene que animar a dar el primer paso. Como sociedad y como ciudad no nos merecemos esta infraestructura, pero también no nos merecemos la falta de toma de decisiones”, precisa Mirna Avilés, experta en temas hidráulicos.

El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica; no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que también permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrenta cada temporal de lluvias un desafío recurrente: inundaciones que generan pérdidas humanas, daños al patrimonio y caos en la vida cotidiana de sus más de 5 millones de habitantes.

La combinación de una infraestructura hidráulica obsoleta, con tuberías de hasta 70 años, y un crecimiento urbano desordenado ha convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.

La ingeniera Mirna Avilés, ha señalado que este problema no radica en la escasez del agua, sino en una gestión deficiente que requiere soluciones integrales y de largo plazo.

La normalización de las inundaciones, con 570 puntos críticos identificados por la Universidad de Guadalajara y 363 por el Imeplan, evidencia la urgencia de actuar para evitar que la ciudad colapse ante lluvias atípicas agravadas por el cambio climático.

El CICEJ, bajo el liderazgo de Avilés, propone un enfoque transformador que trasciende las soluciones parciales, como los vasos reguladores de El Dean y San Rafael, que, a pesar de inversiones millonarias, no han resuelto el problema de raíz.

La solución del CICEJ no se limita a la infraestructura. Avilés aboga por una gestión hídrica integral que combine infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, con la rehabilitación de colectores obsoletos y la regulación del crecimiento urbano.

La urbanización descontrolada, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración, ha aumentado la velocidad de los escurrimientos, saturando los drenajes.

El CICEJ propone incorporar soluciones basadas en la naturaleza, priorizando al ciudadano y al medio ambiente, para recuperar el equilibrio del ciclo urbano del agua. Este enfoque requiere una visión metropolitana, ya que las acciones aisladas por municipio no abordan la interconexión de las cuencas y subcuencas de la ZMG.

El CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Este modelo, desarrollado en colaboración con gobiernos, universidades y organismos operadores, busca superar la falta de continuidad en las políticas hídricas, que reinician cada sexenio o trienio. Avilés destaca la necesidad de personal técnico en la toma de decisiones y la búsqueda de financiamiento internacional, dado que los temas hídricos son prioritarios a nivel global.

La ZMG, como la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural, no puede seguir postergando decisiones que garanticen su resiliencia frente a las lluvias.

La propuesta del CICEJ, encabezada por Mirna Avilés, representa una oportunidad histórica para transformar la ZMG en una ciudad preparada para los retos del cambio climático y el crecimiento demográfico.

El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica. Con el respaldo del gobierno estatal, federal, municipal y fondos internacionales, este proyecto podría garantizar agua, seguridad y desarrollo sostenible, evitando que las lluvias sigan siendo una amenaza para los ciudadanos. El CICEJ, comprometido con esta visión, no quitará el dedo del renglón hasta que estas soluciones se materialicen.

¿Qué plan integral a mediano y largo plazo proponen los expertos para enfrentar esta problemática y evitar que el caos se agudice?

CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.

En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y sugirieron drenajes semi-profundos y profundos.

El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.

Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli cercana a los 6 millones de habitantes.

¿Se tiene estimado cuánto sería la inversión?
En 2017, el estudio del IMTA estimó una inversión de 18,000 millones de pesos, pero debe actualizarse debido a la urbanización de zonas verdes y cambios en subcuencas. La inversión podría alcanzar 20,000-25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12-15 años, similar a proyectos internacionales como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans, 18-20 años).

Mirna Avilés precisa con plena convicción: “Es esencial iniciar, aunque sea por fases, para evitar soluciones aisladas que no resuelven el problema estructural”.

¿Cómo se implementaría un proyecto integral para abordar las inundaciones recurrentes en la ZMG, considerando los más de 500 puntos críticos identificados por la UdeG y los más de 300 por el Imeplan?

La solución debe ser integral, analizando los flujos de agua en la cuenca metropolitana, identificando trayectorias, puntos de captación y desahogo. Las discrepancias entre los 570 puntos críticos (UdeG) y 363 (Imeplan) reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que requiere un plan unificado.

La presidenta de CICEJ, explica que muchos puntos críticos no solo son por escurrimientos, sino por fallas en la infraestructura actual (fugas, socavones por reblandecimiento de suelos).

Las lluvias atípicas por el cambio climático podrían colapsar la ciudad si no se actúa. Un plan metropolitano debe priorizar la rehabilitación de infraestructura y la gestión integral de cuencas.

La ZMG debe equilibrar el ciclo urbano, evitando desechar el agua de lluvia rápidamente y promoviendo su infiltración local para mantener el ciclo natural, afectado por la urbanización y el cambio climático.

¿Por qué se ha priorizado el transporte, como el Macrobús, sobre la infraestructura hídrica en la ZMG, y cómo pueden las autoridades darle mayor atención a la problemática del agua, que ha sido relegada frente a otros temas?

La infraestructura hídrica ha sido relegada porque no es visible y “no da votos”, a diferencia de proyectos como el Macrobús. Sin embargo, la falta de soluciones ahora “quitan votos” al poner en riesgo vidas y patrimonios.

Las lluvias se han convertido en una amenaza para la ciudadanía, lo que exige decisiones a largo plazo, aunque impliquen un costo político.

El gobierno estatal, con líderes como Pablo Lemus, Ernesto Marroquín, Antonio Juárez Trueva y Mario López, muestra disposición a escuchar y entender el problema, lo que representa una oportunidad para actuar.

¿Quién debe dar el primer paso para implementar estas soluciones?

El gobierno estatal debe liderar, con apoyo federal, municipal, de la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel mundial, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar proyectos de gran escala.

El CICEJ participa en un plan estatal hídrico 2024-2030 con visión a 25 años, que evitará reiniciar cada sexenio o trienio, marcando una ruta clara.

¿Espera que las autoridades tomen decisiones pronto, especialmente ante eventos como el Mundial?
Se espera que las autoridades diseñen un plan integral, no solo paliativos para el Mundial, sino una infraestructura duradera que beneficie a la ciudadanía a largo plazo.

El CICEJ no cejará en su labor de impulsar soluciones, trabajando con gobiernos y ciudadanos, ya que los profesionistas, como ciudadanos, también viven estas problemáticas.

PUNTOS FUNDAMENTALES:  SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

  • Modelo de gestión hídrica: El CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
  • Estudios previos: En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
  • Toma de decisiones: Es urgente que las autoridades den el primer paso, respaldadas por personal técnico que entienda las necesidades y soluciones.
  • Colaboración intersectorial: El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
  • Financiamiento: Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli de 6 millones de habitantes.
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Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

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Por Mario Ávila //

Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.

Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.

Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.

Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.

Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.

LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”

Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.

La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.

No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.

Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.

Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.

Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.

Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.

ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO

Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.

Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.

Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.

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Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

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Por Mario Ávila //

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.

Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.

“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.

Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.

Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.

En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.

“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.

A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.

Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.

También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.

El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.

 

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