Por Diego Morales //

Como una alternativa social demócrata, en donde las decisiones se tomen en conjunto y no por capricho de unos cuántos, es la carta de presentación que tienen y con el cual pretenden convertirse en una nueva fuerza política, expresa Edgardo Padilla, Presidente de la Fundación Alternativa APN en Jalisco, quienes están en el proceso de convertirse en Alternativa Partido Político Nacional.

El proyecto de Fundación Alternativa APN nació por el año 2000 en la Ciudad de México, encabezado por el político César Augusto Santiago Ramírez, en donde en principio se aliaron con el Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, las malas decisiones del tricolor los llevó a tomar un camino diferente. Desde Jalisco, Edgardo Padilla ha encabezado el esfuerzo de posicionar a la organización en el estado.

“Al ser una agrupación política nacional, la ley nos obligó a participar como asociación con un partido político. Nosotros elegimos al PRI, nos afiliamos al Revolucionario Institucional como socios, en ese sentido, nuestra participación fue al seno del partido en el consejo político nacional, donde aportábamos nuestras participaciones y lo propio del estado de Jalisco. Somos una asociación con tintes social demócrata”.

Subraya: “Nos salimos del PRI en razón de tantos errores de los dirigentes nacionales que han hecho insostenible la vida política y democrática del partido, consideramos que ya no nos representa, decidimos unilateralmente romper con el partido y romper nuestra sociedad, pero lo hicimos después de la campaña de 2018, de manera efectiva a partir que presentamos nuestra solicitud para crearnos convertirnos en partido político nacional, que fue en enero de 2019”.

La vida política sin el PRI ha sido mejor, señala Edgardo Padilla, pues considera que en el Revolucionario Institucional se dejó de dar la lucha por el bienestar de la sociedad. “La vida ha sido mejor, porque muchas veces al seno de la organización discutimos y dilucidamos dar el paso por diferentes razones tomamos la iniciativa, el partido quedó con una serie de personas con desfases sociales. Nosotros decidimos que el PRI ya no tiene lucha, la misma dirigencia se encargó de dejarlo en manos de ellos mismos, estamos convencidos que es mejor irnos por nuestra cuenta”.

EN CAMINO A SER PARTIDO

El proceso para convertirse en Alternativa Partido Político Nacional se ha retrasado debido a la contingencia del COVID19, sin embargo, Edgardo Padilla señala que han cumplido con todos los requisitos que les ha puesto el Instituto Nacional Electoral para que en cuanto sea posible se les otorgue la constancia como partido político.

“Las reglas salieron publicadas en el INE en enero de 2019, hemos seguido los pasos, primero fue el registro, la aprobación de la solicitud, después fue el periodo para realizar 200 asambleas distritales y el periodo se vencía en enero de 2020. A lo largo de este tiempo, realizamos 216 asambleas que la ley nos exigía, el requisito de afiliación es que nos pedían en cada asamblea 300 gentes de cada distrito por lo menos y nos pedían 234 mil afiliados. Nosotros hicimos algo más de 300 mil afiliados, cumplimos todos los requisitos que nos dio el INE. Cerramos con la gran asamblea nacional en febrero. El INE tenía hasta junio de este año para hacer los cruces y vigilar que los ciudadanos que afiliamos no estén en otros institutos políticos, bajo ese esquema de cruzar información, es lo que se suspendió por el COVID19 y no hay fechas para la reanudación de este trabajo, estamos esperando que el INE nos resuelva”.

Con seguridad, Padilla manifiesta que la intención del grupo es aparecer en las boletas del 2021 y lograr los registros a nivel federal y estatal. “Nosotros queremos trabajar con un espíritu de permanecer, nuestro primer reto será participar en las elecciones federales y estatales de 2021, como meta obtener el mínimo indispensable para tener el registro, que es el 3 por ciento a nivel nacional y el 3.5 a nivel local. Con esto, impulsar a nuestros mejores candidatos con las mejores intenciones, vigilar el buen desempeño de su desarrollo los que lleguen a obtener un espacio público”.

Uno de los puntos por los cuales considera que su proyecto es diferente al resto de los partidos, es la profundidad que tendrán en sus propuestas, como la principal que tienen en su agenda, el promover una pensión única nacional para todos los ciudadanos con el único requisito de ser mexicano.

“Realmente los partidos políticos no se han sabido dignificar por su participación. Nosotros a nivel nacional vamos por la pensión única nacional, para cada uno de los mexicanos y estar dejando de lado si te inscribes o no a los programas sociales, porque cada vez que hacemos una clasificación estamos desuniendo a la nación, tanto derecho tienen al apoyo todos los mexicanos, con el claro propósito que el estado se haga cargo de los mexicanos, que garantice el sustento básico, es algo que tenemos en nuestra agenda y estamos estudiando la manera de llevarlo a cabo y hacerlo una realidad”.

SU FUERZA EN JALISCO

En Jalisco, la fundación Alternativa APN está en la lucha por conseguir su registro, donde Edgardo Padilla se compara con otros proyectos como Futuro y Hagamos, quienes consiguieron al igual que ellos 20 mil afiliados. A la vez, expresa que ven con buenos ojos subirse a la ola de la Cuarta Transformación y trabajar con estos ejes en el estado, sin embargo, aclara que se sumarán a las causas positivas sin dejar de señalar lo que consideren son errores desde el gobierno.

“Nosotros creemos que podemos subirnos a la ola de la Cuarta Transformación en cuanto a desterrar las viejas prácticas del pasado y abrirle las puertas a una nueva realidad política donde los beneficiarios sea el pueblo de Jalisco y no dedicarse a hacer negocios unos cuantos. Estamos de acuerdo en la transparencia, en que haya licitaciones, no estamos de acuerdo a los monopolios del estado y no ver lo que está sucediendo como por ejemplo en las energías renovables”.

En cuanto al presente que vive Jalisco y el gobierno de Enrique Alfaro con su proyecto de la refundación, en Alternativa APN consideran que se está ejerciendo un esquema de gobierno similar al que se vivía con el Revolucionario Institucional y que eso los hizo alejarse del partido tricolor.

“La refundación de Jalisco me parece más retórica, se otorgan seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida importantes, sigue la misma tónica del partido gobernante, se quedaron con la escuela del PRI, espero nos sacudamos de esa parte que es lo que no queremos, por eso nos salimos, no nos gusta el mayoriteo, no nos gusta la unidirección, que los diputados obedecen a lo que diga el gobernador de Jalisco, no estamos de acuerdo con este proceso y menos en que toquen la constitución”.

OFRECE HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA

El trabajo que ha realizado en Jalisco para Alternativa APN lo convierte en candidato a presidir los esfuerzos en cuanto les otorguen su registro como partido político, Edgardo Padilla lo sabe, lo acepta y se compromete a que será una dirigencia que tendrá presidente que tomará decisiones en conjunto con todos sus afiliados.

“Yo aspiro a ser el presidente, pero no habrá oportunidad de hacer elecciones. No sabemos en qué momento el instituto nos valide ya con la calidad de partido político, si lo hace en agosto, a semanas del proceso federal estamos impedidos para hacer una convocatoria pública para venir a decir quién será nuestro primer presidente. Por tanto, creo que la definición se hará por nombrar un delegado con facultades de presidente, para que pasando el proceso del 2021 prepare ahora si los mecanismos que tengan nuestros estatutos”.

Por Víctor Flores García //

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México debe dar marcha atrás al despliegue de tropas del Ejército para operaciones de seguridad pública hasta 2024, por graves riesgos de violaciones a los derechos humanos, que es contrario a las promesas que hizo en campaña el actual presidente, señalaron analistas y defensores de víctimas.

“La decisión evidencia un engaño del presidente Andrés Manuel López Obrador al electorado mexicano, pues como candidato construyó una narrativa crítica al Gobierno del entonces mandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018) por tener a los militares en las calles, haciendo supuestas funciones de Policía”, dijo a Sputnik José Antonio Guevara, director ejecutivo de la independiente Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.

Guevara, quien también integra el grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recordó que, cuando se desempeñaba como líder de la oposición, López Obrador “condenó seriamente las graves violaciones de derechos humanos que las fuerzas militares cometieron en aquella época”

Hay abundantes discursos, entrevistas y vídeos del actual jefe del Ejecutivo cuestionando en particular la decisión de involucrar al Ejército y la Marina armada en la lucha contra el narcotráfico adoptada en 2006, cuando se desató una escalada de violencia que ha dejado cientos de miles de muertos.

López Obrador emitió la semana pasada un decreto que autoriza a que las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la Fuerza Aérea realicen durante cinco años tareas complementarias de seguridad pública con la flamante Guardia Nacional (GN), creada el año pasado e integrada fundamentalmente con militares.

El decreto señala de manera explícita que esta participación de las fuerzas militares se hará “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” a las de la Guardia Nacional e instruye para que los uniformados garanticen el respeto a los derechos humanos en sus operativos.

Pero el periodo “extraordinario” abarca hasta su último año del sexenio presidencial.

CRÍTICAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

Las instrucciones del decreto presidencial son insuficientes para los principales organismos internacionales que velan por el respeto a las garantías fundamentales.

El temor de esas instancias es que, al continuar con los militares en las calles, vuelva el incremento de graves violaciones perpetradas por uniformados en verde oliva, que ejercen toda su capacidad letal y de destrucción.

Las tanquetas, jeeps artillados, helicópteros y aviones de guerra ya estuvieron en escena en los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012), violando la Constitución

Peña Nieto lanzó a los militares al combate mediante una polémica Ley de Seguridad Interior, promulgada en 2017 y declarada inconstitucional por la suprema Corte de Justicia en noviembre de 2018, pocos días antes de que asumiera el cargo López Obrador.

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ya pidió al Gobierno que revise la decisión.

Esa instancia que encabeza Michelle Bachelet advierte que el decreto amparado en una reforma constitucional que dio vida a la Guardia Nacional militarizada, “no contiene información ni disposiciones que permitan evaluar su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales”.

Guevara, quien ha representado a México en la sede de la ONU en Ginebra, cuestiona la redacción del decreto, que califica como “una orden vaga con subordinación inexistente, sin controles e inseguridad jurídica”.

“Es la culminación de un proceso de militarización que inició Felipe Calderón, fortaleció Peña Nieto y López Obrador constitucionaliza”, cuestionó Guevara, coautor del informe “Violencia y Terror: hallazgos sobre fosas clandestinas” de 2006 a 2017.

Por su parte, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, deploró que la estrategia viole la Constitución e ignore la legislación que la propia bancada oficialista aprobó el año pasado para dar vida a la GN.

“No sólo se viola el artículo constitucional número 2, sino que la disposición que creó la Guardia Nacional obliga a emitir una legislación que regulara la posible participación militar” en las calles, reveló Sánchez en una presentación de la postura de su organización.

Las entidades que encabezan Guevara y Sánchez integran un influyente colectivo de unas 300 organizaciones y expertos bautizado #SeguridadSinGuerra, que exige desde hace muchos años que los militares regresen a sus cuarteles.

López Obrador, que se define a sí mismo como un político de izquierda nacionalista, califica ahora a los militares como “pueblo humilde uniformado” y sorprendió aún más porque presentó su estrategia contra delincuencia como un lema pacifista: “abrazos, no balazos”.

Guevara subraya que López Obrador intentó maquillar el rostro de la guerra: “es una decoración legal, al despliegue militar contra la delincuencia organizada, que antes había criticado”.

Las cifras arrojan un saldo atroz a su primer año de Gobierno: en 2019 México registró un récord histórico de asesinatos, con más de 34.500 personas muertas, casi 100 cada día desde que comenzaron las cuentas oficiales en 1997.

A pesar de la inactividad económica durante la pandemia de coronavirus, el 19 de abril pasado México tuvo su día más sangriento este año: 105 asesinatos.

Por Víctor Flores García //

(Sputnik) — La política de generación de energía eléctrica del Gobierno de México va en contra de los compromisos asumidos por el Estado en el Acuerdo de París, para reducción de gases de efecto invernadero, y cierra el paso a las energías renovables favoreciendo la quema de combustóleo, dijo un experto de Greenpeace.

Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de la organización ecologista internacional, explica en una entrevista a Sputnik que las restricciones impuestas a la operación de empresas generadoras de energías eólica y fotovoltaica “obstaculizan el desempeño y cierran el paso a las energías renovables”.

Lo que busca esa decisión política es “excluir la participación de privados y fortalecer la Comisión Federal de Electricidad [CFE, estatal]”, subraya.

Mediante dos instrumentos legales, uno emitido el 29 de abril por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), y un acuerdo ejecutivo de la Secretaría Federal de Energía, del viernes 15 de mayo, “se traza una política de generación energética que es una política pública de impedimento para las energías renovables”, con viento y luz solar.

La decisión, que ha sido presentada con matices tecnológicos, argumentando la necesidad de proteger el sistema eléctrico ante la baja demanda, por los cierres de actividades laborales y educativas ante la pandemia de COVID-19, “es una decisión bastante política, que no pasa mucho por el tema técnico”, argumenta el ambientalista.

El sector de la energía permaneció cerrado como un monopolio durante ocho décadas, tras la expropiación de compañías petroleras que dio nacimiento en 1938 a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) que fue un monopolio junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Dos monopolios estatales, Pemex y la CFE en la generación de electricidad, se mantuvieron cerrados” a pesar de las reformas económicas que abrieron a este país al libre comercio con Norteamérica, hace 26 años.

Muchos sectores de la economía fueron aceptando la participación de compañías privadas, hasta que en 2014 entra en vigor la reforma energética que abrió finalmente el sector petrolero a firmas internacionales y el sector eléctrico a la generación de empresas privadas.

El actual partido gobernante, fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) “quedó excluido completamente de la discusión, con una base ideológica nacionalista muy fuerte, con intención de rescatar sectores del Estado en temas estratégicos”, explica el activista.

El problema de esa decisión, es que “pone en riesgo el cumplimiento de compromisos internacionales”, ratificados por México en París en 2015.

Ese pacto en el seno de las Naciones Unidas establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas, ante los efectos del calentamiento global, a partir de 2020.

Para 2021 México debe generar el 30% de energía con fuentes limpias, y en 2018 ese nivel era de apenas 23,2%.

COMBUSTÓLEO EN VEZ DE VIENTO Y SOL

López Obrador ha decidido un plan para abolir las exportaciones de petróleo, y ampliar la capacidad de refinación de crudo con una nueva refinería que costará 8.000 millones de dólares, para eliminar las importaciones del 70% de las gasolinas.

Ramírez explica que, “el sistema nacional de refinación es muy ineficiente: por cada barril de petróleo procesado, 30% se genera en residuos que es combustóleo”.

Aunque tecnológicamente la reconfiguración del sistema de refinación está en discusión, “mucho del combustóleo que ya no se usa en ninguna parte del mundo, será destinado a las plantas de energía eléctrica de la CFE”, afirma el ecologista.

El combustóleo es un residuo que antes se vendía a antiguos buques.

El responsable de Greepeace advierte sin embargo que, a principios de este año, “una regulación marítima prohibió el uso de combustóleo, por tener altas concentraciones de azufre”, lo que deja al estado mexicano ante un gran dilema.

Ese combustible, resultado de los residuos de la refinación de petróleo crudo “se ha utilizado como combustible para termoeléctricas, pero es muy contaminante, y muy ineficiente en términos de baja capacidad calórica, está en desuso desde hace varios años”, prosigue el experto. 

En ese punto se entrelaza la decisión de incrementar la explotación petrolera en yacimientos fósiles, con la intención de frenar las renovables y converge con la generación de electricidad con combustóleo.

México es el segundo país con menor proporción de energías renovables en su matriz eléctrica, solo después de Barbados, según las Naciones Unidas.

Las energías renovables generan menos de 10%, indica Ramírez.

Y el compromiso de México firmado en París es que para 2021 producirá 30% de energías limpias, 35% en 2024 y 43% en 2030.

Las nuevas políticas energéticas “contravienen los esfuerzos climáticos que ya eran mínimos”.

Y aclara: “No tenemos un interés particular, no importa cómo se genere la energía renovable, si es pública o privada”.

Pero lamenta que el Gobierno “promueve todas las oportunidades de inversión en proyectos fósiles [hidrocarburos] en vez de invertir en renovables”, a la luz del derecho a la salud, al medio ambiente sano y al desarrollo sustentable.