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¿Qué hacer con Pemex? una empresa financieramente quebrada y deuda de 100 mil millones de dólares

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Por Luis Manuel Robles Naya //

Pemex es una empresa productiva del estado. El dueño es el gobierno de México que ha manifestado a través del director designado, que la intención es fortalecer el papel de PEMEX como motor del desarrollo económico del país y para recuperar la independencia energética y la soberanía del Estado.

No son conceptos nuevos, son los mismos que dieron origen a la creación de la empresa después de la expropiación petrolera, y que en el contexto de ese tiempo tenían una vigencia indiscutible. Sin el control de los hidrocarburos que tomó el estado mexicano no se hubiera dado la expansión de la economía mexicana, el despegue industrial, la electrificación rural, la ampliación de la red carretera, el incremento de la planta automotriz, la creación de instituciones para atención de la salud y el bienestar y una larga lista de etcéteras.

Durante tres décadas (1940-1970), la función de Pemex fue satisfacer la demanda energética, sostener bajos precios y la producción de insumos para la industria nacional, sus ingresos fueron el sostén del desarrollo. En la década de los 70 -80, la economía se petrolizó, se volvió dependiente de los ingresos petroleros y vulnerable ante los efectos del voluble mercado internacional, eso motivó un cambio en la política económica favoreciendo la diversificación y disminuyendo la dependencia de la renta petrolera.

Ahora el gobierno pretende retomar el papel que la empresa tuvo en el pasado y reclamar independencia energética y soberanía, sin embargo, el contexto es diferente. Ahora no hay empresas que expropiar, ni las que participan están desafiando al gobierno, el dominio de la nación sobre el petróleo es absoluto y la independencia es un absurdo en una economía global y competitiva. Sin duda hay un empeño nacionalista, pero a la luz del orden mundial interdependiente en el cual el petróleo es parte del mercado de comodities, el término de soberanía adquiere otras connotaciones.

Es otro el contexto y Pemex es ahora otra empresa muy diferente. Cierto es que el país necesita recursos para reducir la lacerante desigualdad que ha generado el capitalismo de libre mercado, pero es evidente que no será esta empresa la fuente que los produzca, al menos en la presente administración.

Actualmente más que una palanca de desarrollo es un lastre debido al volumen de su deuda y a la carga financiera que le representan pensiones y pasivos laborales, además de enfrentar altos costos de producción que le restan competitividad. Pongámoslo en cifras:

Al 31 de diciembre de 2018, la deuda total de Pemex ascendía a 105,800 millones de dólares. En enero de 2019, el gobierno federal realizó aportaciones de capital por 6,200 millones de dólares que fueron usados para reducir su endeudamiento, (El Economista- Cartera 21/01/20) mismo que para septiembre de 2019 quedó en 99,600 MDD.

De este monto de deuda, aproximadamente el 30 por ciento 30 mil millones de dólares es de corto plazo pagadera en 2019 – 2021. Para aliviar la presión, en este año la Secretaría de Hacienda emitió dos bonos de deuda por la cantidad de 5 mil millones de dólares; un bono por 2,500 pagadero a 11 años con tasa de interés de 5.95 y otro por la misma cantidad pagadero a 40 años con tasa de 6.95%.

Adicionalmente, en 2019 se le dotó de cuando menos 90 mil millones de pesos; se proyectaron 47 mil millones para 2020 y 91.6 mil millones para 2021. Es decir que en transferencias directas Pemex ha recibido aproximadamente una quinta parte del ingreso nacional y todavía carga una deuda de 99.6 mil millones de dólares.

Sumemos a esto el costo de la rehabilitación de refinerías en busca de la independencia y no importación de gasolina, que ha requerido según declaración de la Secretaria de Energía en septiembre de 2019, la aplicación de 12,500 millones de pesos que se suman al costo de la construcción de la refinería de Dos Bocas, estimado en 8 mil millones de dólares.

No obstante estos apoyos la empresa tuvo pérdidas por 346 mil 135 millones de pesos en 2019 y tan solo en el primer trimestre de 2020 ya registra pérdidas por 562 mil millones. De acuerdo al Plan de Negocios de Pemex, el EBITDA, es decir los ingresos antes de impuestos, intereses, depreciación y amortizaciones es de 551 mil millones, y aun así pierde una cantidad similar en un solo trimestre, eso indica que es un hoyo imposible de llenar o es una pérdida muy difícil de explicar.

Con esos números podemos decir que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo sin precedente para levantar una empresa que ya se reconocía insalvable y realizó inversiones cuya tasa de retorno es impensable, es decir a fondo perdido más del 20 % del ingreso nacional en solo un año.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos estimó las reservas de petróleo crudo hasta el 1 de enero de 2018 en 6,464.2 miles de millones de barriles de reservas probadas (1P); 5,816.5 en reservas probables (2P) y 7,139.1 en reservas posibles (3P).

La Relación Reserva-Producción estimada por la propia CNH indica que las reservas de petróleo crudo equivalente son para 8.5 años, 16.1 años y 25.4 años para las categorías 1P, 2P y 3P, respectivamente. Es decir que estos serían los años en que Pemex puede sostener el ritmo de producción de 2018.

La decisión del gobierno federal es incrementar el ritmo de producción, lo que reduciría esta relación y el aumento de los ingresos por exportaciones no garantiza mejor salud financiera. Asegurar la operación futura requiere invertir en exploración para incrementar las reservas y en tecnología para explotar aquellas reservas que se encuentran en aguas profundas, ya que hasta ahora se enfoca en aguas someras y se niega a nuevas técnicas como el fracking.

Es evidente que con la excesiva carga de la deuda y las pérdidas de operación, la capacidad para nuevas inversiones es virtualmente nula. Perseverar en alcanzar los objetivos enunciados de recobrar la independencia y la soberanía y apoyarse en el petróleo para impulsar el desarrollo es un sueño demasiado caro y no solo eso, es una inspiración patriótica que lleva un riesgo alto para la salud de las finanzas nacionales. La cantidad de dinero que se le ha destinado en un solo año, deteriora fuertemente los presupuestos de Educación Pública y de Salud y ha ocasionado que otros proyectos e instituciones vean disminuidas o imposibilitadas sus funciones.

Entonces, ¿Qué hacer con Pemex? La respuesta no está dentro de la administración de la empresa que debe seguir buscando disminuir costos, aumentar producción y manejar inteligentemente su deuda. Es el gobierno de México el que debe redefinir sus prioridades y dejar que Pemex sea una empresa competitiva cuya recuperación a largo plazo, obedezca a sanas prácticas empresariales. Es una ruta larga que no embona con las aspiraciones políticas del régimen, pero que no compromete las posibilidades de ayudar efectivamente a los que menos tienen,

Pemex debe dejar de drenar las arcas nacionales y para ello se requiere que en el centro de la toma de decisiones se convenzan que la retórica de campaña no es compatible con la realidad y que perseverar en inyectarle recursos públicos afectará enormemente la capacidad del gobierno para proporcionar bienestar a los mexicanos.

La reconfiguración y recuperación de la empresa lleva a un horizonte más largo que el de esta administración y solo será posible si opera con criterios de rentabilidad económica y no de reivindicaciones nacionalistas.

La solución a la que se opone, la administración actual por querer borrar los símbolos de la que llaman era neoliberal, es la apertura a la inversión privada en los términos que se había planteado en la reforma energética anterior, es decir, conservando el Estado la propiedad absoluta de los recursos naturales, compartiendo riesgos y utilidades y cobrando impuestos a las empresas asociadas.

Se reservarán para la explotación exclusiva de Pemex, las áreas y campos que producen con bajos costos y compartir riesgos en las que requieren inversiones mayores. A estas alturas ya deben haberse convencido de que bajar el precio de la gasolina o impedir que suba no está en manos del gobierno sino del mercado y que mantener artificialmente bajos los precios implica subsidios que las finanzas nacionales no pueden soportar.

Reproducir el esquema nacionalista, cerrado, seguido por Pemex en las décadas 40 al 70 es imposible en las condiciones actuales. Los ingresos de Pemex dependen fundamentalmente de la venta de gasolina y diésel y de las exportaciones de crudo, y por más que se incremente la producción no es suficiente para redimir la situación financiera de la empresa en esta administración.

Puede ser difícil para la cuarta transformación claudicar de uno de sus principales postulados políticos, pero no hacerlo gravita adversamente sobre el otro y más importante objetivo trazado que es la atención a los que menos tienen. Haber destinado en solo un año dos billones de pesos a una empresa virtualmente quebrada, impidió que esos recursos fueran destinados a mejorar hospitales, escuelas, hacer caminos rurales, extender la cobertura digital, o seguir creciendo los programas de entrega directa de recursos. El estado de bienestar al que aspira el régimen de la 4T requiere de muchos recursos que Pemex no puede aportar, ni en esta administración ni en otra.

A los empresarios privados se les aconseja que quiebren si no encuentran viabilidad en sus empresas y se les niega apoyo y en cambio a Pemex los recursos fluyen a pesar de los vaticinios negativos de calificadoras y evidencias de perdidas constantes. No hay lógica pero si mucha ideología.

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La quimera del bienestar: La promesa del fondo de pensiones

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

El tablero político de México, ese ajedrez implacable donde los peones y alfiles tejen estrategias de cara a elecciones y futuras jubilaciones, se encuentra nuevamente al centro de un huracán político y financiero: la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, promovido por Morena bajo la batuta del siempre carismático presidente Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta, envuelta en la seda de la solidaridad y el bien común, promete un paraíso pensionario a trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE, dos gigantes que resuenan en el imaginario de la seguridad social en México.

Sin embargo, la realidad, como un diablo en los detalles, sugiere una narrativa menos optimista. Los fondos prometidos, esa garantía de 40 mil millones de pesos provenientes de cuentas inactivas de trabajadores de avanzada edad, palidecen ante la necesidad colosal de 1.5 billones de pesos anuales requeridos para cubrir las pensiones prometidas a unos 25 millones de empleados. ¿No es acaso esta una promesa tan frágil como las hojas de otoño?

En un gesto que rozaría lo desesperado, diversas fuentes de financiamiento han sido sugeridas: desde las ganancias de proyectos faraónicos como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, hasta los remanentes de entidades paraestatales y adeudos públicos. ¿Pero qué certeza existe de que estos fondos estén disponibles cuando las hojas del calendario caigan en el momento de pagar las pensiones?

El esquema propuesto parece un mosaico de aspiraciones y fondos contingentes, donde la certeza financiera brilla por su ausencia. La diputada Ivonne Cisneros y el diputado Ignacio Mier, ambos estandartes de la propuesta, han hablado con la confianza de quienes ven tierras fértiles en el horizonte, pero los expertos y la crítica advierten que el terreno podría estar minado de desafíos insuperables.

España, un modelo a seguir en materia de pensiones, ofrece una tasa de reemplazo del 80% del salario, sustentado por contribuciones significativas tanto de empleadores como de trabajadores. En contraste, México aporta apenas un 9%, y los trabajadores, un mínimo del 1%. ¿Cómo se espera entonces alcanzar un ideal del 100% con aportaciones tan modestas?

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, -sí, aunque usted no lo crea hay quien cobra como secretario del trabajo en México- ha sugerido que recursos incautados y parte de las utilidades de empresas estatales podrían abonar al fondo. Aun así, las sombras de la duda se ciernen sobre la viabilidad de estas fuentes, con críticos como Rolando Silva Briceño, de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México y Carlos Ramírez, expresidente de la CONSAR, apuntando a las lagunas y los riesgos de depender de recursos que bien podrían no materializarse.

Este enfoque disperso y fragmentado hacia el financiamiento revela una estrategia más de emergencia que de planificación a largo plazo. La opacidad en el manejo y asignación de los fondos sólo añade incertidumbre a un sistema que debería caracterizarse por su previsibilidad y solidez.

A la sombra de esta propuesta se teje también una trama de urgencia electoral, percibida por observadores como un intento de ganar el favor popular sin un plan robusto que asegure la sustentabilidad financiera a mediano y largo plazo. Los trabajadores mexicanos, en su justa demanda de seguridad en la vejez, podrían encontrarse en un laberinto burocrático para reclamar derechos que, por ley, les corresponden.

El debate, enriquecido por contribuciones de instituciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), llama a una evaluación meticulosa y basada en evidencia. Se pide a los legisladores un diálogo abierto y constructivo, imperativo para garantizar que las decisiones tomadas hoy no se conviertan en las cadenas del mañana para las finanzas públicas y la dignidad de los trabajadores al final de su vida laboral.

En este escenario, lleno de promesas y sombras, el Fondo de Pensiones del Bienestar se perfila como una criatura mitológica: imponente en la narrativa, pero esquiva en la realidad tangible. La esperanza de jubilaciones dignas se entreteje con el temor de que la realidad no cumpla con las promesas hechas en tiempos de campaña.

Mientras tanto, la oposición y los expertos señalan que la propuesta podría estar más orientada a cosechar votos que a sembrar las bases de un sistema pensionario robusto y equitativo. La crítica no es menor: se alega que el plan puede llevar a un incremento de la presión fiscal sin resolver de manera fundamental las deficiencias estructurales del sistema de pensiones actual. La preocupación es palpable: ¿se está comprometiendo el futuro fiscal del país a cambio de un beneficio político inmediato?

La falta de claridad en la operatividad del fondo y la indefinición de los mecanismos para la devolución de recursos son talones de Aquiles que podrían desmotivar a los trabajadores a ejercer su derecho a reclamar los ahorros que, con esfuerzo, han acumulado durante años. La posible complicación administrativa, largos tiempos de espera y trámites excesivos podrían ser un calvario para aquellos que se aventuren a reclamar lo que es legítimamente suyo.

El análisis no termina en la crítica: el Instituto Mexicano para la Competitividad y otras voces autorizadas sugieren que la propuesta requiere un replanteamiento profundo. Se advierte sobre el riesgo de que los recursos del fondo sean insuficientes y de que las aportaciones gubernamentales adicionales necesarias distraigan fondos de áreas cruciales como educación, salud y seguridad.

La posible expropiación de cuentas inactivas, aunque negada oficialmente, sigue siendo una sombra que planea sobre la iniciativa, aumentando la desconfianza entre los trabajadores y sus beneficiarios. Las figuras prominentes en la defensa del fondo, como Carlos Ramírez y Abraham Vela, ex presidentes de la CONSAR, reiteran que, aunque la propuesta no constituye una expropiación directa, la manipulación de cuentas inactivas sin una estrategia clara es una maniobra arriesgada y potencialmente injusta.

En conclusión, el Fondo de Pensiones del Bienestar, aunque noble en su intento de proporcionar una jubilación más generosa para los trabajadores mexicanos, se enfrenta a un mar de incertidumbre y escepticismo. Requiere un debate transparente, amplio y fundamentado en análisis financieros sólidos de esos que no sabe, ni le gusta hacer a la 4T.

Los trabajadores de México merecen un sistema de pensiones que no solo sea generoso en su retórica, sino eficaz y justo en su implementación. La verdadera medida del éxito de esta iniciativa será si puede pasar de las palabras a los hechos sin sacrificar la estabilidad económica ni la equidad social. Hasta el momento, no se ve cómo.

En X @DEPACHECOS

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Segunda llamada

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Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //

A inicios de este mes se llevó a cabo el primer debate presidencial, un ejercicio poco esperado y poco visto por los votantes mexicanos. Como suele suceder las candidatas punteras se enfrascaron en descalificaciones y señalamientos y mostraron poco de sus propuestas para mejorar la situación del país, por su parte, Jorge Álvarez Maynez, con una sonrisa un poco extraña, a diferencia de sus redes sociales mostró una imagen apagada.

Los debates que deberían tener la función de comparar ideas, mostrar planes, proyectos, conectar con las y los ciudadanos, se han convertido en un show donde los candidatos que se saben abajo suelen atacar al que va a la cabeza en las encuestas.

A pesar de que la mayoría de los mexicanos son ajenos a dedicar dos horas de su día, (generalmente domingo), a escuchar propuestas de personajes que no conocen ni desean conocer, los resúmenes informativos y los videos de Tik-Tok son seguidos y replicados por bastantes ciudadanos.

Lo que vimos en el debate del 7 de abril, fue a una Claudia Sheinbaum segura, preparada y tranquila de que a pesar de tener muchos señalamientos a su gestión y a la administración federal que promueve, sigue arriba en las encuestas y parece que sus seguidores continuarán fieles a su causa. Su principal contrincante no lo encuentra en los partidos o candidatos, sino en la posible alta participación ciudadana del próximo 2 de junio.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, mostró una imagen contrariada, parece que la sobreasesoría a sus gestos, imagen personal y lenguaje corporal pesaron más de lo que ayudaron, no fue ella misma y se notó. Los partidos de oposición se decantaron por Xóchitl porque es una persona fresca, sin señalamientos y eso venía a avivar la esperanza de poder refrescar la muy dañada imagen del PRI y del PAN, sin embargo, es claro que le cuesta desmarcarse de los partidos, se encajona cuando le preguntan por Marko Cortés y sobre todo, por “Alito”.

De Máynez, se puede comentar que si bien, presenta propuestas un poco más elaboradas, es notorio que aún no consigue la atención del electorado mayor de 29 años, del ciudadano que solo ve dos opciones para votar y que piensa que decantarse por una tercera vía podría ser equivalente a desperdiciar el voto.

Es de destacar el crecimiento en las redes sociales del zacatecano, desde la jingle de su campaña que ha sido un éxito en las listas de reproducción de México y algunos países más, hasta el click que ha tenido con los jóvenes en las universidades. Aunque Máynez se ve lejos del triunfo, la campaña despunta y podría conseguir una buena cantidad de sufragios con los jóvenes que votan por primera vez y que lo ven como una opción viable o una moda. En México hay 40 millones de posibles electores de 29 años o menos.

Este domingo 28 de abril se llevará a cabo el segundo debate, para Xóchitl, es de las últimas oportunidades para repuntar, es momento de romper cadenas y hacer lo que corresponde.

En sus mismas palabras, expresa que no le han gustado las imposiciones desde la casa de campaña:

En esta campaña he vivido cosas durísimas y quizá la más dura es la que pasó con mi hijo, tengo que decirlo. Y de repente he estado pensando ‘es que la gente no te quiere de huipil, porque una presidenta no puede traer huipil’. He hecho el esfuerzo de traer traje sastre que sí lo uso, pero me incomoda, y creo que en el debate nunca estuve cómoda, la verdad me sentía fingida”.

A pesar de que los debates no tienen la mayor audiencia, lo que se replica posterior a ellos sí influye en el electorado. La participación de las candidatas y el candidato es de las últimas oportunidades para demostrar que son mejores, o al menos dejar alguna frase o concepto contundente que haga pensar al elector que vale la pena tachar su nombre en la boleta.

Si Xóchitl no es contundente en el debate, si Claudia vuelve a tener un día de campo, si Máynez sigue con su tendencia en redes sociales, se ve muy difícil que el resultado pronosticado desde hace meses para la elección presidencial, pueda cambiar.

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Los roba viejitos

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Conciencia con texto, por José Carlos Legaspi //

Aunque parezca una contradicción, los miembros de la 4ª Transformación imponen leyes, normas y reglamentos no obstante su público rechazo a la Ley. Los legisladores de MORENA se han apropiado de los cuerpos legislativos para legalizar lo que la voz del amo les ordena.

Mientras el Peje vomita ilegalidades cuando de cumplir leyes se trata, sus legisladores se afanan en legalizar lo que en su eterna campaña abominaba de los regímenes “conservadoneoliberales”.

¿Hasta qué punto los “compaleros de partido” del Prejidente deben ser sumisos, dóciles, abyectos?

La iniciativa de ley promovida por MORENA para adueñarse del dinero de las AFORES, de los ciudadanos de 70 años en adelante, es la muestra de que, cuando quieren, las leyes son inapelables, estupendas, magníficas, celestiales incluso.

Cuando las leyes les molestan es porque no les permiten hacer lo que les da la gana; porque son “obsoletas” o, como dicen en su cantaleta, confeccionadas por los conservadores.

Hasta ahora no se sabe con certeza cómo se van a pillar los 40 mil millones de pesos calculados. Mañosamente no se incluyeron mecanismos para obligar a emplearlos en la “cosa pública”; es decir no habrá manera de saber qué se hará con ese dinero; qué Secretaría lo administrará, cómo se repartiría entre las dependencias o los municipios y entidades. La tradicional opacidad de la casa, es la marca en esta “ley robaviejitos”.

No se incluyó ese candado porque lo que la 4ª Transformación necesita urgentemente es dinero. Dinero para la nómina; dinero para el Ejército y la Marina. Pero, sobre todo, urge “para ayer” dinero, mucho dinero, para la campaña de la candidata.

Pero esa huizachada no es contra el dinero “maldito” de los fifís, de los conservadores y de los ricos. Es dinero de la clase trabajadora, de los pobres, pues.

MORENA decidió, vía sus leguleyos, coger el dinero de los ancianos mayores de 70 años. Sin recato, sin pudor, vergüenza ni se diga, MORENA aprobará rapidísimo, con la mano en la cintura, esa medida que, según los expertos en Derecho, es inconstitucional.

Así que la Suprema Cortesana de la Nación tendrá que intervenir de nuevo para restaurar la legalidad en ese rubro. El” piñazo” será duro y a la cabeza. Y el revire hacia la Presidente Piña inmediato.

La esperanza de MORENA está en el tiempo. Si hay tardanza en la reacción para impedir este robo a plena luz del día contra los ancianos, podrán refaccionar sus campañas.

Todo apunta a que se echará abajo esa maniobra legaloide, pero después de las elecciones. Es decir, el gobierno de AMLO tendrá “oxígeno” financiero merced a la “ley robaviejitos”.

¡Ah!, porque cuando se apropie de esos 40 mil millones de pesos no habrá poder sobre la tierra que haga regresarlos a las AFORES.

No pocos “sesentones” están meditando si votan por los “robaviejitos”.

Hay un sentimiento de desilusión, enojo y decepción de este sector social. Seguramente la mano que mueve la cuna de MORENA calculó muy bien el daño que significa esa “expropiación” para los planes a perpetuidad que tienen en mente.

Debe ser muy grande el bache económico del partido en el poder para aventurarse a aprobar la “ley robaviejitos” en plena campaña. ¿Dirá algo al respecto la candidata Sheinbaum? ¿Seguirá con su frialdad -cual paleta de la Flor de Michoacán- y el mimetismo pejista?

¿Cómo aprovechará Xóchitl ese resbalón de MORENA? ¿Hará alguna cancioncita de sonsonete sobre los “robaviejitos” el Máynez?

Mientras tanto, en una región del occidente de México, la lucha del MC por preservar el poder tiene en ascuas a no pocos. Aunque usted no lo crea, Chema Martínez, con toda la mala fama que lo rodea como político, está a tiro de piedra de la candidata de los naranjas, Verónica Delgadillo. Ambos luchan por la alcaldía de Guadalajara. También en Zapopan” el candidato de bien muchos partidos”, Kumamoto, se acerca peligrosamente a Frangie.

Si el MC pierde los principales municipios, Lemus no la pasará muy bien, puesto que alrededor de un 65 o 70 por ciento de los votantes de Jalisco se asientan en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Señoras y señores… ¡hagan sus apuestas!

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