Por Mario Ávila //

A pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación, solo sobre los abusos policiacos del 5 de junio en las inmediaciones de la Calle 14, eso podría ser suficiente para que pueda estar en el patíbulo el ex gobernador de Jalisco y actual Fiscal General del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez.

Al fiscal se le podría encontrar responsabilidad de estar detrás de los delitos de privación ilegal de la libertad, además del robo, abuso de autoridad y los demás que se pudieran encuadrar en los agravios cometidos la tarde del viernes 5 de junio en las inmediaciones de las oficinas centrales de la Fiscalía, en contra de decenas de jóvenes que pacíficamente acudían a la segunda manifestación convocada para exigir justicia por el asesinato de Giovanni López, a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Por lo pronto el juicio ciudadano así lo encuadra y lo mismo expertos que ciudadanos comunes, así como los dos policías detenidos y acusados de haber sido los instigadores de las redadas y levantones, coinciden en que la orden de atacar a los muchachos vino de lo más alto en el escalafón de la Fiscalía.

Y contra esta versión que se puede probar de manera real y certera, con testigos, con rostros, con víctimas, con hechos, con vehículos, con placas, con armas y con nombres y apellidos, solo existe la postura fantasiosa oficial del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en el sentido de que él y el fiscal dieron la orden de no agredir a los manifestantes y que “la maña” le dio a un grupo de agentes una instrucción diferente que acataron al pie de la letra.

No será difícil pues que la FGR realice su trabajo a la luz de la realidad de los hechos, de los testimonios, de fotografías, de videos y de la voz de las víctimas y los testigos presenciales. Y de encontrarse responsabilidad directa del Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, bien podría pasar a la historia como el segundo ex gobernador procesado y penalizado, como ocurrió dos décadas atrás con el ex gobernador Flavio Romero de Velasc, este por el gobierno federal del Presidente Ernesto Zedillo.

Ahí están a disposición los testigos a montones, si es lo que falta; se identifican claramente no solo los elementos del grupo de agentes de la Fiscalía sin uniforme, en vehículos particulares, algunos incluso de un servicio de banquetes; están también en las fotografías acreditada la participación de elementos de la Policía de Zapopan, de la Policía de Guadalajara y de la Policía de Tonalá, identificados claramente en el operativo de los clásicos “levantones”, al puro estilo de los cárteles del narcotráfico.

Por ello, una línea de investigación para la FGR también tendría que ser hacia el que dijo que el ataque a los jóvenes se trató de una orden venida de las filas de la delincuencia organizada, que de ser verdad, con ello dio muestras de que está más organizada que los que combaten al crimen organizado, que los conoce perfectamente o bien tiene algún nexo con ellos, para bien o para mal.

Y ahí están las fotos, los testimonios, las imágenes de los videos de los levantones en la calle, en las paradas del camión, en el cruce de las avenidas, en las banquetas y en cualquier sitio por donde transitaran los muchachos para llegar a su destino en las oficinas de la Fiscalía, a donde llegaron por la puerta trasera a las jaulas después de ser robados, golpeados y amenazados, o bien fueron tirados en las inmediaciones del Cerro del 4.

Gerardo Octavio Solís Gómez se ha mostrado hasta el momento sereno, incólume, entero, sobrio, seguramente atenido a la investidura que ostenta y al currículum que lo respalda el formar parte del grupo en el poder que se sienten intocables.

Solís Gómez trabajó para la Secretaría de Vialidad y Transporte, se integró después a la Procuraduría de Jalisco en tiempos en donde se registró otra agresión relevante en contra de los globalifóbicos en el 2004 con el mismo modus operandi, luego a la Secretaría General de Gobierno en donde la cabeza era don Héctor Pérez Plazola y llegó a ser incluso gobernador de Jalisco, cuando Francisco Ramírez Acuña solicitó licencia para retirarse del cargo, a fin de asumir el título de Secretario de Gobernación que le concedió por pocos meses el Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Pero fiel a su responsabilidad, Solís Gómez regresó al servicio público en el 2014 para hacerse cargo de la delegación en Jalisco de la PGR en la administración del priista Enrique Peña Nieto, lo que significa que ha sabido trabajar con el PAN, con el PRI, con Movimiento Ciudadano y con quien le llegue al precio.

EL PEZ POR SU BOCA MUERE

Esta semana, el Fiscal llegó con novedades que mostró en las redes a través de un video en donde comenta haber acordado con el Fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero (Morena) que la investigación por los abusos policiacos de la tarde del viernes, pasarán a esa esfera.

Sin embargo ahí podría estar está la trampa política o la tablita de salvación para el Fiscal, para el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y para el partido Movimiento Ciudadano, ya que una copia del mismo expediente se asignó también a la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, por lo que si las conclusiones de ambas instituciones no coinciden, habría problemas y diferendos políticos y seguramente se utilizarían de cara a la elección del 2021; es decir si la conclusión es acusatoria para el Fiscal, Alfaro lo utilizaría como siempre, como si se tratara de un golpeteo político del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su contra.

Por lo pronto Gerardo Octavio Solís Gómez informó en redes sociales: “Quiero comentarles que el día de ayer estuve en la ciudad de México en las oficinas del Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, el objetivo fue solicitarle oficialmente que pudieran ejercer oficialmente la facultad de atracción respecto de la carpeta de investigación iniciada el viernes pasado, en relación con los abusos cometidos en contra de estudiantes que venían pacíficamente a manifestarse a las instalaciones de la Fiscalía en la calle 14.

“Derivado de esta plática y previo análisis del expediente que se puso a su consideración, quiero informarles que el día de hoy, el expediente ya fue formal y oficialmente recibido y a partir del día de hoy la competencia la ejerce exclusivamente la FGR.

“También debo de comentarles que el día de los hechos se inició otra carpeta de investigación oficiosamente para investigar los mismos hechos, pero con la finalidad de dar competencia a los delitos de carácter estatal.

“Esta carpeta de investigación en su momento se corrió traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que con base en sus atribuciones llevara el asunto a los tribunales; derivado de esto hay dos detenidos a disposición de un juez y es esta Fiscalía Anticorrupción la responsable de continuar el procedimiento.

“Como pueden observar en el caso del abuso cometido en agravio de estudiantes que vinieron a manifestarse pacíficamente a esta dependencia, ninguna de las dos carpetas de investigación es responsabilidad de la Fiscalía Estatal, para garantizar la total y eficaz transparencia en la investigación y asegurar llegar hasta las últimas consecuencias, son competencia exclusiva de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía General de la República.

“Quiero informarles también que el día de hoy en el lamentable caso del joven Giovanni, logramos autos de vinculación a proceso relacionados con esos hechos y en los cuales se encuentran detenidos tres policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.

“Con esto queremos asegurar la total transparencia en la investigación de los hechos y que es preocupación de esta Fiscalía llegar hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan de sus actos”, sentenció en su comunicado el Fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez.

LA MESA DE ALFARO QUE INVESTIGA LOS HECHOS

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, creó una mesa de trabajo para investigar los hechos de lo que llamó una trágica tarde y aunque se ignora el futuro de esta mesa luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) decidió atraer la investigación, su integración quedó de la siguiente manera con: Gerardo Ignacio de la Cruz, titular de la Fiscalía Anticorrupción; Alfonso Barrón Hernández, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; Pablo Salcedo González, empresario inmobiliario y presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad; Enrique Ibarra Pedroza, secretario general de Gobierno; Candelaria de la Cruz, titular de la Contraloría Interna de la Fiscalía; y Yolanda López, directora de Visitaduría de la Fiscalía del Estado.

Esta mesa de trabajo encabezada por la Fiscalía Anticorrupción tiene como fin, “garantizar una objetiva, veraz, cierta y oportuna información a la sociedad sobre el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 5 de junio durante las manifestaciones en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado el ejecutivo llevó a cabo la instalación de la Mesa Interinstitucional para el esclarecimiento de los hechos.

“Esta mesa estará encabezada por el Fiscal Anticorrupción de Jalisco, Gerardo Ignacio de la Cruz, quien aprovechó para destacar que la conformación de participantes en la mesa garantizará un actuar apegado a la ley. ‘’Tener la presencia de la ciudadanía, tener la presencia de quien se encarga de vigilar al interior de la Fiscalía del Estado del actuar de los servidores públicos, desde luego de derechos humanos y de la Fiscalía Anticorrupción lo que pretendemos es hacer una labor profesional, una labor apegada estrictamente a derecho, pero también muy transparente”.

Añadió además, que no solo se está investigando por los hechos ocurridos durante las manifestaciones, sino que se dio la indicación de abrir una carpeta de investigación para indagar los hechos ocurridos en Ixtlahuacán de los Membrillos y que derivaron en las manifestaciones del pasado fin de semana.

El Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, quien también integra esta mesa, refrendó el compromiso de trabajar de la mano con todas las instituciones y brindar la información necesaria para llegar a el esclarecimiento de los hechos ocurridos.

”El Poder Ejecutivo que encabeza Enrique Alfaro, refrenda su absoluta y plena disposición para llegar al esclarecimiento y que se hagan todas las indagatorias pertinentes y por ello la instalación de esta comisión”, puntualizó.

Por su parte el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco Alfonso Barrón, argumentó que la mesa de investigación se encargará además de indagar a todas las personas que están involucradas y determinar su nivel de responsabilidad, así como garantizar el acceso a la reparación integral de los daños.

Desde el ámbito ciudadano, Pablo Salcedo, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad destacó que el principal objetivo de esta mesa debe ser el brindar la información oportuna y acceso a la información para todos los ciudadanos sobre lo que se vaya recabando, así como dar la garantía de una pronta solución.

Finalmente, en esta mesa también participarán y coadyuvarán en el seguimiento oportuno a las investigaciones, Candelaria de la Cruz, Directora de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado, Yolanda López, Directora General de Visitaduría de la Fiscalía General del Estado.

Por Lucía Barrios (Sputnik) — La corrupción, esa enfermedad percibida como endémica en América Latina, parece recrudecer en un momento donde los países enfrentan una pandemia que arruina las economías y envía a millones de personas a la pobreza.

En países como Ecuador, Paraguay, México y Colombia fueron reportadas irregularidades y casos de corrupción entre marzo y abril en procesos de adquisición de ventiladores respiratorios, bolsas para cadáveres, ambulancias y diversos insumos médicos para hacerle frente a la propagación del COVID-19.

Insumos médicos que aumentaron hasta 9.000% su precio, ventiladores que triplicaron su costo habitual, alcohol cobrado como si fuera oro y barbijos que cuadruplican su valor son algunos de los ejemplos de este ‘nuevo Odebrecht’, tal como lo denominan algunos analistas.

Mientras, el último índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020, de la organización Americas Society/Council of the Americas y la empresa de consultoría Control Risks, señala que mientras el COVID-19 aumenta el riesgo de corrupción en la región, los países relajan la lucha en contra de este flagelo.

“Semana a semana se han denunciado casos de absoluta corrupción sobre la base de funcionarios y empresas privadas que ha estado en coordinación para estafar al propio Estado y a la sociedad con sobreprecios escandalosos. Distintos sectores corruptos han aprovechado la pandemia para hacer los negocios de su vida”, dijo a Sputnik el politólogo e historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y exvicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe.

Por su parte, el antropólogo y exdiputado español Sergio Pascual, miembro del consejo ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), señaló que, según estimaciones, los estados de la región vienen invirtiendo en total unos 177.000 millones de dólares en lo que va de esta pandemia y, mientras tanto, ya hay múltiples denuncias de que un barbijo que cuesta un dólar se está vendiendo a cuatro.

“Es aterrador porque estamos hablando de que, en el medio de una pandemia, en la que uno no tiene el recurso más básico para protegerse, su Gobierno no solo no lo protege, sino que se enriquece con su drama sanitario. Es verdaderamente aterrador. Estamos ante el nuevo Odebrecht de proporciones inimaginadas”, sostuvo, en referencia al mayor escándalo de corrupción reciente en la región, que involucró a esa firma constructora brasileña y tuvo ramificaciones en varios países.

En tanto, la politóloga Teresita Chávez, asesora regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, aseguró el 9 de diciembre que la corrupción se ha vuelto endémica en América Latina porque impregna la cultura y la vida cotidiana y causa pérdidas para la economía, el desarrollo y hasta los derechos de las personas.

ECUADOR

En Ecuador, en plena crisis sanitaria por el COVID-19, son constantes las denuncias de casos de supuestos sobreprecios en compras, por parte de instituciones públicas, de fundas para embalar cadáveres, mascarillas de protección y kits de alimentos, entre otros insumos necesarios para combatir la pandemia, a tal punto que la fiscal Diana Salazar creó una fuerza multidisciplinaria encargada exclusivamente de realizar investigaciones sobre este tema.

El 11 de mayo, el contralor Pablo Celi dijo que el Estado ecuatoriano pagó sobreprecios entre el 400% y el 9.000% en la adquisición de insumos médicos y mascarillas para las redes hospitalarias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El 4 de junio, la Fiscalía de Ecuador y agentes de la Policía Nacional realizaron en Quito (norte) y Guayaquil (suroeste) 37 allanamientos y detuvieron a 17 personas involucradas en delitos de peculado, tráfico de influencias y delincuencia organizada, en la compra de insumos médicos y otros materiales durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Entre los detenidos en Guayaquil figuran el expresidente Abdalá Bucaram (2006-2007), Carlos Luis Morales, prefecto provincial de Guayas, y Luis Zunino, exgerente del Hospital del IESS de esa ciudad costera.

PARAGUAY

En los últimos meses se ha denunciado también irregularidades en la compra de insumos médicos en Paraguay.

La adquisición de artículos y camas en el marco de la lucha contra el COVID-19, que llevó adelante el Ministerio de Salud Pública, estuvo viciada de irregularidades en todas sus etapas, según un informe de Contraloría.

El contrato fue por 80.000 millones de guaraníes (12.069.120 de dólares) para las dos empresas y se realizó un adelanto de 17.000 millones de guaraníes (2.564.688 de dólares) que deben ser devueltos al Gobierno.

Ese pago fue uno de los principales puntos controvertidos, debido a que un adelanto contradice los principios de una compra de insumos por la vía de la excepción.

MÉXICO

El 17 de abril el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compró un equipo respiratorio con la compañía Cyber Robotic Solutions. Pese a los reproches por el sobreprecio del ventilador, la polémica se encendió cuando fue confirmado que la empresa comercializadora es propiedad de León Bartlett, el hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, uno de los más criticados funcionarios del Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador.

Poco después que las referencias a la venta del ventilador se volvieran virales, salió a la luz que se trataba también de la compra de 20 más, por más de un millón de dólares.

El 13 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social devolvió los 20 ventiladores.

COLOMBIA

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia colombiana se vio obligada a hacer un llamado a los gobernadores para que redoblen las revisiones a los contratos por la emergencia sanitaria en varios departamentos del país a los que se consideraba de mayor “riesgo de corrupción”.

La Procuraduría General abrió una investigación contra el gobernador de Putumayo (sur), Buanerges Florencio Rosero Peña, por un polémico contrato de compra de 10 ambulancias con el que, presuntamente, habría incurrido no solo en sobrecostos, sino también en la “vulneración al principio de planeación”.

Antes de que terminara el mes de abril, el gobernador del Chocó (oeste), Ariel Palacios, fue separado de su cargo luego de ser señalado de haber cometido supuestas “irregularidades graves” en la administración de los fondos destinados a cubrir los gastos por la emergencia.

En total, se trata de más de 43 procesos disciplinarios y 70 indagaciones por corrupción.

Por Redacción Conciencia Pública //

Frente a las exigencias y reclamos de que el fiscal Gerardo Octavio Solís debe ser separado del cargo para que se abran investigaciones con imparcialidad y al margen de intereses que existen en esta área, el gobernador Enrique Alfaro le dio este domingo el espaldarazo al controvertido funcionario en una en una entrevista con Becky Reynoso que se transmitió en el programa Las Noticias de Televisa Guadalajara.

“Va a haber justicia para quien mató a Giovanni y para quienes fueron agredidos por policías investigadores”, respondió el Gobernador Alfaro a pregunta de Becky Reynoso si habrá cambios en el gabinete de seguridad. “Jalisco está en los niveles más bajos de inseguridad en 4 años y lo que algunos elementos de Fiscalía hicieron el viernes no va a manchar ese indicador”.

El Gobernador se asume como un luchador social cuando afirma que ha estado en la calle y que él logró construir ‘el movimiento social más grande en Jalisco’ antes de ser gobernador, pero que él lo hizo sin violencia. Se asume como un luchador social.

“Faltan muchos elementos de esta historia y todo se está investigando. ¿Quién era Giovanni realmente?’, dijo el mandatario jalisciense y lamentó la manera en que se trató de ligar el caso con el movimiento #BlackLivesMatter (por la muerte de George Floyd en EU), conforme lo hizo notar en su página de Twitter el periodista Isaack de Loza.

Alfaro precisó que la prioridad sigue siendo contener la crisis sanitaria por Covid-19. “El gobierno ha hecho su chamba; ahora le toca a la gente quedarse en casa”, dijo. Mandó un mensaje para los oficiales de seguridad del Estado: “A los que quieren generar ruido, confusión y se van a querer lavar las manos: ¿Por qué los miles que sí recibieron la instrucción, menos este pequeño grupo y mando que actuó por su cuenta, la atendieron?”

“Quienes hicieron esto (desaparición forzada de personas durante las protestas afuera de la Fiscalía) van a tener que asumir su responsabilidad”, apuntó el gobernador. “¿Por qué tengo que salir yo a hablar de esto? Porque soy gobernador y no me voy a callar”.

“En Jalisco se respeta el derecho a manifestarse, pero no se puede permitir que la delincuencia gane terreno”, expresó y dijo entender que dejar en libertad a los manifestantes del jueves puede generar molestia en elementos de los cuerpos de Policía del Estado”.

“Estamos recibiendo amenazas y ataques… así es esto”, dijo Alfaro en la entrevista para Televisa Guadalajara”.

Por otro lado, comentó que no deja de llamarme la atención que estamos en el momento de más riesgo por #Covid-19 y todos como si nada. “Lo que hicimos se va a ver reflejado en 15 días”, dijo y añadió que las personas en Jalisco relajamos las medidas de cuidado frente al corobavirus los últimos 15 días de mayo.

Enrique Alfaro también mandó en la entrevista un mensaje al presidente López Obrador: “Yo no quiero pelear, pero tampoco me voy a dejar”.

AMNISTÍA INTERNACIONAL, CIDH Y CEDHJ: LA SIMPLE DISCULPA DEL GOBERNADOR NO BASTA

A todas luces insuficiente resulta la disculpa pública expresada por el gobernador de Jalisco, para resolver las flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de los elementos policiacos, en los tres días de manifestaciones realizadas en reclamo de justicia por el asesinato de Giovanni a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos el pasado 5 de mayo.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, fue claro al confirmar que hubo detenciones ilegales, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y desaparición forzada “y en todos los casos se trata de hechos notorios y evidentes”.

De ahí que resulta insuficiente la disculpa pública del mandatario estatal, a juicio de Amnistía Internacional, aunque se reconoce la labor gubernamental que permitió la localización de 17 de las personas cuyo paradero se desconoció durante 24 horas. Sin embargo, expresa su preocupación por el estado de salud en que pueden estar estas personas.

En este sentido, Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno del Estado de Jalisco a:

1.- Investigar y sancionar a quienes resulten responsables del uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, que ha sido reconocido por el gobernador Enrique Alfaro; 2.- Investigar posibles actos de tortura, tratos crueles e inhumanos durante las detenciones, especialmente en el lapso en que no se tuvo conocimiento del paradero de al menos 18 personas y 3.- Garantizar el derecho a la manifestación pacífica, velando por la seguridad e integridad física de todas las personas que ejercen ese derecho. 

Mediante sendos comunicados sobre el grave dilema en el que se encuentra Jalisco, particularmente en las 72 horas desde que se conoció el video de la detención de Giovanni en la puerta de su casa por no portar cubrebocas, Amnistía Internacional México, dice:

“Amnistía Internacional expresa su preocupación por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado de Jalisco durante las manifestaciones de los días 4 y 5 de junio, en las que se ha exigido justicia por la muerte de Giovanni López. Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que, durante casi 24 horas, se desconoció el paradero de al menos 18 personas que fueron presuntamente detenidas por policías ministeriales en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco. Hasta la fecha, una persona sigue sin ser localizada.

“El gobierno del estado es responsable de la vida, la seguridad e integridad de cualquier persona que sea detenida por sus fuerzas de seguridad, hasta que las mismas sean puestas en libertad“, señaló Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Se refiere que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) reconoce el derecho de los Estados a emplear legítimamente la fuerza para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público. Pero también ha dejado en claro que “el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades”.

Además, en el caso de la muerte de Giovanni López, Amnistía Internacional exige que se lleve a cabo una investigación profesional de los hechos, que permita sancionar a las personas funcionarias públicas responsables de su muerte, de tal forma que se haga justicia para él y su familia, y que además se adopten medidas contundentes para evitar la repetición de los hechos.

Por su parte el presidente de la CEDHJ, Hernández Barrón, denunció que la mañana del sábado, menores de edad fueron trasladados a los juzgados de menores y adolescentes en el centro penitenciario de Puente Grande, sin avisar a la comisión, como era el compromiso; además hubo otros 11 detenidos que fueron trasladados a la Fiscalía General de la República, por lo que fue necesario pedir la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que dé seguimiento a estos casos.

La comisión pidió la instalación de una mesa de diálogo en la que participen las autoridades y las víctimas y sus familias, para garantizar una reparación integral del daño por las violaciones a los derechos humanos.

“Que paguen los que son de verdad los responsables”, dijo a su vez la esposa del elemento policiaco, Raúl Gómez Mireles, quien insistió: “Que los liberen, ellos solo dan órdenes sentados en su escritorio, no dan la cara”.