OPINIÓN
A dos años del triunfo electoral
Metástasis, por Flavio Mendoza //
A dos años del triunfo electoral que llevó a la presidencia al icónico Andrés Manuel López Obrador, los mediocres resultados han desnudado la realidad del personaje que fue un gran “luchador electoral”, que algunos lo confunden con social, pero un pésimo gobernante. Ha quedado comprobado que en el país gobierna la voluntad de un solo hombre, su estado de ánimo es el insumo para tomar decisiones de gobierno, mientras el gabinete es su porra oficial.
En México las escaleras no se barren uniformemente para terminar con la corrupción, pues hay escalones vip intactos, ahí están la entrega de la mayoría de contratos sin licitaciones, pipas que se compraron y nadie sabe dónde están, padrones fantasmas de programas sociales, 12 secretarios de estado que ganan más que el Presidente, delegados federales involucrados en escándalos de corrupción y se perfilan a ser candidatos por Morena, contratos al hijo de Bartlett, al hermano de Robledo, al compadre de Nahle, las casas de los Bartlett, las casas de los Sandoval-Ackerman, el nepotismo para colocar en nómina a los familiares como los Alcalde, los Sandoval, los Turruco, los Beltrán, familiares políticos del Presidente, los Encinas o los Barlett-Abdalá.
Los referentes de corrupción a los que hoy el Presidente les ofrece ser testigos protegidos como Elba Esther Gordillo o Romero Dechamps, o incluso disfrutan de fuero presidencial como Napoleón Gómez Urrutia, sólo por mencionar algunos que demuestran lo contrario sobre corrupción.
La intención de desmantelar las instituciones ha quedado clara en los pronunciamientos desde el púlpito matutino, al ir contra Conapred, primero por un asunto familiar y posteriormente aprovechando el viaje para pronunciarse contra el INE. Pese a presumirse como demócrata, quiere imponer la penosa y miserable idea de que sólo su triunfo fue legal y legítimamente democrático, mientras todo lo demás ha sido fraudulento, una visión maniquea, pero además adelanta su intromisión directa en el proceso electoral, diciendo que será vigilante, ignorando las recomendaciones del INE, al margen y por encima de la ley, el Presidente, ya comenzó la campaña electoral del próximo año.
En materia económica un crecimiento negativo en su primer año y con proyecciones peores para este 2020, México no tenia en crecimiento económico dos años consecutivos en números negativos, nuevos impuestos, recortes presupuestales, etc. También en este rubro hay que considerar el fracaso de la política social, que dijo traería bienestar y con ello paz y tranquilidad al país, pero México sigue padeciendo el lastre de la violencia imparable y los datos para la 4T apuntan a ser los peores números en asesinato, violencia de género y un largo etcétera en materia de seguridad. La realidad es que en materia financiera, nuestro país es un desastre y puede caer hasta en dos dígitos porcentualmente en este año, lo que incrementaría la pobreza.
En política exterior, solo mencionaré el primer costo del acuerdo petrolero, por la necedad de seguir con sus proyectos faraónicos en materia de refinación, que hoy le costaron la sumisión para ir a Estados Unidos como parte de la campaña electoral de Donald Trump.
Respecto a la pandemia, mas allá del fallido manejo oficial y el pésimo ejemplo del Presidente, un supuesto plan desde inicios del año que no contempló la compra de insumos para atender los casos por Covid-19 en las instituciones de salud, un convenio fallido con hospitales privados y recursos de todos lados que no terminan de ser suficientes para la contingencia, la rifa del avión que no es el avión que ni ha llegado a México, la austeridad que recortó presupuesto a educación, el campo, la ciencia y otros rubros, como el pretender manejar el presupuesto a su libre albedrío, aunque falta que le apruebe el sumiso Congreso.
La pobreza, el objetivo del Presidente, pero lo que quizá nunca supimos entender, es la atención y crecimiento de este sector, porque todo apunta a que requiere a un pueblo pobre para sus objetivos, dicho por él, a los pobres no los secuestran, la solución contra la inseguridad, adoctrinando a un pueblo que no aspire a tener nada, con un par de zapatos y la ropa es suficiente, ha dicho que los títulos son fantochería y lujos efímeros, no sólo requiere al pueblo pobre, sino ignorante, una característica de un populistas tirano, criticando a los ricos genéricamente, como si la riqueza de todos fuese producto de la corrupción. Preparando el terreno para dividir a México en dos, los que están con él y los llama progresistas, avispados y demócratas o los que están contra él, que los llama conservadores, corruptos e hipócritas, base de su estrategia electoral, con la que pretende ganar las elecciones en el 2021, ante la evidente ausencia de resultados.
Este es el balance digno de una autocracia, populista y deshonesta, que busca la adulación personal y el bienestar por decreto.
Twitter: @FlavioMendozaMx
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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