OPINIÓN
Agenda impredecible
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Desde diciembre de 2018, la narrativa política y el acontecer cotidiano habían estado dominados por el discurso y la agenda presidencial introduciendo la percepción del cambio, hasta los umbrales de 2020, cuando la realidad empezó a desbordar al discurso y a mostrar las consecuencias de los arrebatos del régimen, ensoberbecido por el respaldo popular obtenido.
Las insuficiencia e ineficiencia de programas, negligentemente implementados, dieron lugar a una primera crisis en el sistema de salud que mostraba carencias aún antes de la emergencia sanitaria. La irritación por la sustitución del seguro popular, por un ente inacabado e insuficiente, empezó a cambiar la agenda oficial; simultáneamente, la inconformidad femenina tomó las calles y ni la rifa del avión presidencial y otras ocurrencias, lograron cambiar el tono de la discusión pública.
Ahora en el quinto mes del año de la pandemia, cuando se debate sobre el modelo matemático que supuestamente nos dice cuántos contagiados hay por el COVID19, se cierne sobre el país la peor crisis económica que se haya padecido en los últimos 80 años.
Las consecuencias son predecibles y muchos comienzan a hacerlo: CONEVAL ya pronosticó que hasta 10.7 millones de personas están en riesgo de caer en pobreza laboral, es decir que su salario no alcanzará para la canasta básica, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), proyecta un incremento de 4.8 puntos porcentuales en los niveles de pobreza extrema, en comparación con el año anterior, para quedar en 15.9 por ciento de la población en esta situación. Estas evaluaciones se suman a las que realizan expertos de instituciones internacionales que auguran un crecimiento negativo del PIB entre 7 y 14 puntos.
Es natural que los temas económicos y los que derivan de la atención a la pandemia tengan acaparada la agenda pública, pese a los intentos presidenciales de recuperar el dominio sobre la misma. Ni el intento fallido de pasar una iniciativa para modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, o el decreto que militariza la seguridad pública, o la ley de amnistía aprobada, han marcado la discusión pública con tanto énfasis como la ominosa crisis post pandemia.
Sobre ella y los otros temas introducidos, se advierte una narrativa polarizada, tanto en medios tradicionales como en redes sociales y medios alternativos. La discordia, deliberadamente alentada por el discurso presidencial, que insiste en clasificar a los medios según la favorabilidad que percibe en la crítica, no ayuda a identificar y mucho menos a construir, una agenda nacional que responda a las aspiraciones de todos los sectores.
El gobierno está utilizando todos sus recursos de comunicación para dar a conocer sus acciones e intenciones; diariamente, mediante tres conferencias de prensa ocupa más de 6 horas de atención de los medios tradicionales, los organismos públicos como Notimex, Canal 11 y otros, se han convertido en escaparates para las acciones y programas gubernamentales, y aun así, los proyectos prioritarios del régimen (PEMEX, Dos Bocas, Tren Maya, Tren transístmico, Santa Lucía) no han logrado el apoyo para poder ostentarse como símbolos exitosos de la cuarta transformación que se pregona.
Lastre muy pesado es cargar con la peor crisis económica de la historia, en progreso desde 2019 y agravada por la epidemia en 2020, además, padece el aumento de la violencia y la inseguridad, el comportamiento errático del mercado petrolero, la inestabilidad de la economía mundial y la desconfianza de inversionistas y agencias internacionales, por ello, el gobierno tendrá que desplegar mayores recursos técnicos y de gobernabilidad por encima de sus habilidades de comunicación y manipulación de percepciones.
No es suficiente que se quiera cambiar los parámetros de juicio, como para eludir la falta de crecimiento del producto interno bruto y trocarlos por los indicadores de bienestar, ambos están muy relacionados. Cierto es que, en la situación que se avecina se aconseja fortalecer la economía de los que menos tienen, pero para ello se necesitan recursos que provienen de la riqueza que genera el crecimiento y en México se están agotando esas posibilidades. La menguante recaudación de recursos para apoyar programas sociales no puede ser suplida por medidas draconianas de austeridad, sin que estas no impliquen una disminución de las capacidades institucionales para servir a la ciudadanía y proveer los servicios esenciales que requiere. Es una situación que amerita una mayor reflexión y la posible reconsideración del proyecto unilateral de transformación que impulsa el régimen, que no implica que renuncie a la intención, sino una necesaria adecuación de los medios, estrategias y formas para conseguirlo.
Por el momento no se advierte esa intención, solamente una lucha sorda para determinar quién establecerá la épica del 2020, si será el gobierno o sus críticos. Me inclino a pensar que al menos la narrativa la impondrá el gobierno aunque la realidad le dé la razón a los críticos.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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